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Leopoldo Marcos Mayor

Arquitecto
Profesor de Arquitectura Legal de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura  de Madrid. Presidente de la Junta Directiva  de la Agrupación de Peritos y Forenses del Colegio Oficial  de Arquitectos de Madrid.
www.valcap.es
e-mail: info@valcap.es

EXPROPIACION FORZOSA

 1* ANTECEDENTES
Los expedientes de expropiación se basan en la Ley de 16/12/1954 y el Reglamento de 26/4/1957 que la desarrolla.

 Entre las causas involuntarias de perder la propiedad por motivos legales, está la Expropiación Forzosa.

 Estos motivos se expresan en  el Art. 33-3 de la Constitución Española 1.978:

 " Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

Y en el Art. 349 del Código Civil de contenido similar:

"Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización".

En resumen considerando el interés social, como solución se exige la transmisión de la propiedad (del derecho privado en beneficio común para utilidad pública.

En el Art. 3 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (L.E.F.) se determinan los elementos intervinientes en el proceso de expropiatorio, como:

"Expropiante": El titular de la potestad expropiatoria, según sean el Estado, la Provincia y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias.

"Beneficiairo": El sujeto que representa el interés público o social, para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiado. (Art. 5)

"Expropiado": El propietario o titular de derechos reales e interés económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación (Art. 6)

 2 * FASES DE PROCEDIMEITNO GENERAL

Las divergencias entre Administración "expropiante" y propietario "expropiado",  quedan encuadradas en el desarrollo del procedimiento general de la expropiación cuyo problema fundamental radica -al final- en la fijación de la indemnización con la determinación del justiprecio.

 Tal y como se cita en la exposición de motivos de la L.E.F., el procedimiento juridico-administrativo lleva consigo cuatro fases:

  a)       Autorización

b)       Aplicación a un bien o derecho concreto

c)        Fijación de la indemnización

d)       Pago y toma de posesión.

 Dichas fases del procedimiento general, se determinan en los cuatro primeros capítulos (Titulo II) de la L.E.F. y el Reglamento ya citado.

 En esquema son:

 1.- Autorización.  Requisitos previos a la expropiación:

 Con declaración previa de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

 Sin los bines objeto de expropiación son inmuebles, dicha declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

 El interés social deberá  ser declarado expresa y singularmente mediante Ley en cada caso.

 2.- Aplicación. Necesidad de ocupación de los bines o de adquisición de derechos:

 Declarados de interés social y la utilidad pública, la Administración resolverá sobre la necesidad de ocupar los bines o adquirir derechos indispensables para la expropiación.

 La Administración o el beneficiario de la expropiación (a través de ella), formulará relación concreta e individualizada de los bienes o derechos, con los datos y nombres de los propietarios o sus representantes.

 El acuerdo de necesidad de ocupación publicado y notificado individualmente a los expropiados inicia el expediente expropiatorio. A dicha fecha se referirán las tasaciones y valoraciones a efectos de justiprecio.

 3.- Indemnización. Determinación del justo precio:

 De no llegarse al acuerdo inicial entre Administración y expropiado, se sigue con el procedimiento de fijación del justo precio con expedientes para cada propietario.

 La administración les requerirá para que en plazo de veinte días presenten hoja de aprecio, cuya valoración (motivada) podrá estar suscrita por Perito con titulo profesional expedido por el Estado.

 En el mismo plazo de veinte días; la Administración puede:

  -          Aceptar la valoración de los propietarios, con ello queda fijado el justiprecio definitivo, y procederá a su pago.

  -          No aceptarla, emitiendo su hoja d aprecio, que notificada al propietario ( y en diez días) la aceptará o no. En este caso, se pasa el expediente al Jurado Provincial de Expropiación.

 4.- Pago.  Toma de posesión:

 Determinado y aceptado el justiprecio, se levanta acta de pago y de abono ( en el plazo máximo de seis meses) en metálico.

 De rehusar el propietario su cobro, se consignará el justiprecio en la Caja General de Depósitos a disposición del Tribunal competente.

 Una vez pagado (o consignado el justo precio) y una vez extendida el acta de ocupación, se podrá ocupar la finca objeto de expropiación.

En todos los casos de expropiación sobare el importe final del justiprecio fijado, se abonará al expropiado un 5 por 100, como "precio de afección".

 3*  REVERSION

 Según el Art. 63 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, procederá la "reversión de los bines o derechos expropiados" cuando:

  a)       No se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación.

b)       Realizada la obra o establecido el Servicio, quede alguna parte sobrante de los bines expropiados.

c)       Desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Dichos casos son procedentes según Art. 64 y 65 del citado Reglamento.

 De no ser modificado por la Administración, y si han transcurrido  cinco años desde que los bienes o derechos expropiados quedaron a su disposición y no ha ejecutado la obra  o establecido el servicio, los titulares de aquellos bienes, solicitará la reversión.

 Todo ello sin detrimento que conlleva la regulación del derecho de reversión planteado en la disposición adicional 5ª de la recientemente aprobada  LEY DE ORDERNACION DE LA EDIFICACIÓN (21/10/99)

 4* PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

 Cuando la administración  por causar excepcionales determine la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación; procederá esa declaración (mediante acuerdo del Consejo de Ministros) que se podrá hacer en cualquier momento con las consecuencias,  de:

 1.- Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según proyecto y replanteo aprobados, y dará derecho a su inmediata ocupación.

 2.- Previa notificación a los interesados, y en presencia de estos, se levantará  " acta previa" a la ocupación.

 3.- Considerando la documentación del expediente, y según plazo fijado, la Administración formulará  "hojas de depósito previo" a la ocupación; considerando la capitalización del líquido imponible para ese depósito.

 4. - La administración fijará las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la urgente  ocupación.

Contra su determinación no cabe recurso alguno.

 5.- Realizando el depósito y abonada (o consignada) la indemnización por perjuicios; la Administración en el plazo máximo de quince días, procederá a la inmediata ocupación.

 6.- Efectuada la ocupación de las fincas, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de "justiprecio" y "pago" correspondientes.

 Las Actas " de pago" y " de ocupación" que se extiende a continuación, acompañada del justificante de la consignación del precio o resguardo del depósito; será el título suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca, con la cancelación - en su caso- de cargas, gravámenes y derecho reales correspondientes.