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LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS ASEGURAN QUE LA NUEVA LEGISLACIÓN BENEFICIA A LOS MOROSOS

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS ASEGURAN QUE LA NUEVA LEGISLACIÓN BENEFICIA A LOS MOROSOS

La ley de enjuiciamiento civil rectifica a la de propiedad horizontal de
reciente aprobación

JOSÉ PARRILLA .Valencia

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas ha denunciado algunos
apartados de la nueva ley de enjuiciamiento civil por
modificar el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal (LPH) aprobada
hace cinco meses para combatir, preferentemente, a los
morosos.

Según el presidente del colegio de Valencia, Manuel Roberto Enguídanos, en
los cinco meses de funcionamiento de la LPH, la
morosidad ha caído un 40%, «no por ninguno de sus apartados en concreto,
sino por el efecto que tuvo en los deudores saber que
ahora podrían ser perseguidos con mayor facilidad», explicó.

Al aprobarse la ley de enjuiciamiento civil, sin embargo, se vuelve a
beneficiar a los deudores, que en marzo de este año sumaban
85.000 en la Comunidad Valenciana con una deuda de 3.400 millones de
pesetas.

Para empezar, la ley de enjuiciamiento civil establece distintos tipos de
juicios según la cuantía de la deuda. Así, limita la
celebración del juicio monitorio -una suerte de acto de conciliación entre
las partes- a las deudas inferiores a cinco millones de
pesetas «y parece que dicho importe puede reducirse sensiblemente». Por
tanto, para las deudas que superen esta cantidad habrá
de recurrirse siempre a un juicio ordinario, «lo que en la práctica supone
acabar con la agilidad que había introducido la normativa
anterior».

Las costas

En segundo lugar, la ley de enjuiciamiento civil determina que el moroso no
tendrá que cargar con las costas del proceso, de
forma que «muchas comunidades seguirán sin recurrir a los tribunales porque
pagar a un abogado supone más dinero que lo que
van a recuperar».

También desaparece la posibilidad de acumular las deudas que vayan
venciendo en el curso del proceso judicial, es decir, que si
un proceso dura dos años, el dinero que debía haber pagado en ese tiempo no
se acumula en este proceso, sino que tiene que
recuperarse en otro juicio distinto.

Respecto al lugar donde deben celebrarse los juicios monitorios, la ley
anterior ordenaba que se hiciera en el juzgado del lugar
donde esta la finca, mientras que la nueva ley exige que se haga en el
juzgado donde resida el moroso. «Esto significa -dice
Enguídanos- que para cobrar las deudas de los centros turísticos habrá que
salir de procesión por toda España».

Giro de 180 grados

Finalmente, desaparece la obligación del moroso de poner la cantidad
adeudada a disposición judicial cuando decide recurrir la
sentencia, «con lo que la situación del deudor experimenta un giro de 180
grados respecto a la situación creada con la reforma de
la LPH».

En términos generales, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas
cree que con la nueva redacción del artículo 21 de la
ley de propiedad horizontal «el proceso especial para la reclamación de las
deudas comunitarias queda limitado, restringido y
suprime garantías y facultades ya reconocidas en la redacción anterior».

Uno de los puntos que siguen vigentes tras la aprobación de la ley de
enjuiciamiento civil es la posibilidad de quitar a los morosos
su derecho a voto en las juntas de vecinos, uno de los aspectos que mayor
efecto disuasorio, junto con el pago de las costas del
juicio, había tenido entre los morosos.

Una ley antidemocrática

J. P. .Valencia

Al margen del «retroceso» que la nueva ley de enjuiciamiento civil
supone en la lucha contra la morosidad, el Colegio
Territorial de Administradores de Fincas lamenta que finalmente no se
hayan tenido en consideración a los 830.000
ciudadanos que apoyaron la iniciativa legislativa popular que hizo
posible la última ley de propiedad horizontal.

«La reforma de la LPH supuso un hecho histórico al ser la primera vez
desde que se aprobó la Constitución que una ley
se reforma gracias a la iniciativa legislativa popular. Era por
tanto -dice el colegio- una ley con un espíritu democrático sin
igual, por ello si eso no se mantiene los ciudadanos entenderán que su
derecho a impulsar o modificar una ley no es un
derecho democrático real. Todos los ciudadanos que apoyaron la
iniciativa popular se sentirán burlados por quienes tienen
la obligación de atender sus demandas», concluye.