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LA COMPRA-VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

DOS NOTICIAS: UNA DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y LA OTRA DE 25 DE ENERO 2002
 
EL SUPREMO DICTAMINA A FAVOR DE LA VENTA DE UNA VIVIENDA POR UN PRECIO SUPERIOR AL OFICIAL
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia preliminar de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la cual se declaraba válido el precio de una vivienda de protección oficial, que resultaba superior al permitido por la Administración en estos casos.
El comprador del inmueble acudió a los tribunales para denunciar que el contrato de compraventa estipulaba una cantidad tres veces superior al máximo permitido. El demandante presentó ante el Tribunal de Primera Instancia la denuncia pertinente para conseguir la nulidad del contrato de compraventa de la vivienda.
El precio del inmueble era tres veces superior al máximo establecido para la Administración en el caso de inmuebles sometidos al régimen de Protección Oficial.
Este Tribunal resolvió a favor del demandante, recurriendo la parte acusada a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, quien declaró válido el precio fijado en el contrato.
El Supremo confirma ahora la sentencia de la Audiencia Provincial, distinguiendo entre efectos administrativos y civiles, producidos por el régimen de Protección Oficial.
Según la sentencia del Alto Tribunal, los efectos civiles no implican la nulidad del contrato en atención al principio de libertad contractual si el comprador conociera el carácter oficial de las viviendas.
En cuanto a los efectos administrativos, la vivienda podría ser descalificada como Protección Oficial y por tanto se deberían reintegrar los beneficios concedidos y las exenciones fiscales de las que ha dispuesto
LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA ACORDO AYER CEDERLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (EMVIASA) LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO SOBRE CASI MIL VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA..
La decisión se ha tomado después de que Urbanismo haya detectado que muchos de los adjudicatarios están vendiendo las casas y escriturándolas por entre 8 y 10 millones de pesetas, aunque el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, considera que la cifra de la escritura no corresponde realmente con la de la operación.

El acuerdo adoptado ayer afecta a 22 viviendas situadas en el barrio de Torreblanca, 25 de San Luis y 843 de los Bermejales; en estas últimas es en las que, según Carmona, se han detectado la mayoría de las ventas.

En los primeros 10 años, los adjudicatarios están obligados a notificarle a la Gerencia cualquier transacción, que nunca puede superar el precio de vivienda de protección oficial, y el organismo municipal puede ejercer su derecho de adquisición preferente