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CINCO DIAS

El Tribunal Superior de Valencia ha empezado a cuestionarse la validez de algunas prerrogativas del agente urbanizador -que actúa en suelo ajeno- y, por primera vez, ha suspendido un plan por presunta colisión con el derecho de los propietarios. El número de recursos supera los cien al año.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estudia con lupa la figura del agente urbanizador, creación autóctona de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística que está originando más de cien recursos al año de pequeños propietarios de suelo.

La ley atribuye al urbanizador la facultad de presentar un plan sobre cualquier terreno urbanizable, fijar el precio de la urbanización y la cantidad de terrenos que debe cederles el propietario y realizar la reparcelación. El presidente de la Sala, José Díez, confirmó a Cinco Días que se están estudiando diversos aspectos poco claros de la ley y de su aplicación, en especial la situación de desventaja en la que se ha colocado al propietario. Según Díez, el tribunal estudia la validez de la norma por la cual se expropia al propietario que no quiere participar en el plan y, además, al precio del suelo inicial, es decir, rústico, cuando la legislación marco estatal establece que se le pagará a precio de mercado del suelo urbano.

Otra de las cuestiones que se plantea la Sala ya ha provocado la suspensión cautelar de un plan urbanístico, la primera que se produce, en Cullera (Valencia). El ayuntamiento eligió el plan de un agente urbanizador frente al que presentaron los propietarios, cuando la ley estatal dice que la iniciativa de los propietarios debe prevalecer. La efectividad del urbanizador a la hora de liberar suelo frente a los propietarios que quieren retenerlo ha sido reconocida por todos los operadores del sector, pero muchos de ellos han alertado sobre la práctica cada vez más extendida de otorgar la urbanización al agente en contra de unos propietarios que sí estaban dispuestos a hacerlo o apoyaban otra propuesta. Entre los recursos que está recibiendo el Tribunal Superior destacan los de particulares que denuncian convenios abusivos y reparcelaciones -los propone el agente urbanizador-, que los ayuntamientos pocas veces rechazan, así como cuestiones de procedimiento, como la aprobación de planes sin exposición pública.

Canarias y Andalucía copian la figura

Como predijo en marzo de 1997 el ex consejero valenciano de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, el resto de comunidades autónomas han empezado a inspirarse en la ley valenciana, aprobada por el Gobierno socialista en diciembre de 1994 con el voto en contra del PP. La primera fue Canarias, que en la Ley del Territorio, aprobada en abril de este año, recoge la figura del urbanizador con el objetivo de impedir que los propietarios especulen con el suelo. Andalucía ha anunciado que la incluirá también en su Ley del Suelo, cuyo anteproyecto está elaborándose.

La eficacia del agente es evidente, ya que en 1997 y 1998 se presentaron planes para urbanizar 35,5 millones de metros cuadrados, frente a los 8,5 millones de 1995 y los 9 de 1996. Según datos de la Generalitat, el número de viviendas contempladas en los planes -360.000 entre 1995 y 2003- son suficientes para satisfacer casi el doble de las necesidades previstas. Lo que no ha logrado la ley es el objetivo de evitar la concentración de suelo, ya que grandes grupos están acaparando Bolsas en numerosas localidades, gracias a la falta de un reglamento que acote sus prerrogativas y a la colaboración de muchos ayuntamientos.