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Los propietarios que retengan suelo sin urbanizarlo perderán sus derechos en favor de otros promotores

El Gobierno aprobó ayer la que será su nueva ley del suelo. El presidente regional la calificó de «vanguardista» y recordó que incluye la supresión de las subastas de terrenos por parte de los Ayuntamientos en favor de los concursos. Asimismo, una de las novedades del texto es la pérdida de derechos sobre el suelo para los propietarios que no lo ordenen, tal y como establecen las normas. La nueva regulación del suelo de la Comunidad establece tres clases de terrenos: urbano, que debe disponer de ciertos servicios o estar consolidado por la edificación en sus dos terceras partes; no urbanizable de protección, que tiene que estar protegido por el planeamiento o por ley sectorial; y urbanizable, que es el resto. Asimismo, unifica los instrumentos del planteamiento urbanístico de ámbito municipal en la figura del Plan General, suprimiendo las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planteamiento existentes hasta ahora y que, junto con la figura del Plan de Sectorialización, constituyen los instrumentos de Planeamiento General. De este modo, el Plan municipal armonizará dos derechos constitucionales, como son la ordenación urbanística entendida como desarrollo social y económico, y la protección del medio ambiente en todas las promociones que se planifiquen. IMPACTO AMBIENTAL De hecho, una de las novedades de esta normativa es la exigencia, a partir de su aprobación, de un informe medioambiental que acompañe a todos los proyectos urbanísticos, lo que obligará a los planeamientos realizados por los municipios a observar el respeto por el impacto ecológico de los nuevos ensanches. Una determinación novedosa es la obligatoriedad por parte de los promotores de dedicar una parte de su suelo a satisfacer las necesidades supramunicipales que establezca la Comunidad de Madrid. Tal y como explicó ayer a ABC el vicepresidente autonómico, Luis Eduardo Cortés, «los promotores de desarrollos urbanísticos tendrán que abordar obras como carreteras, ferrocarriles o viviendas sociales del Ivima, con vistas a las necesidades no sólo del municipio donde construyan sino de los limítrofes». Esto no quiere decir que los promotores tengan que ceder más suelo para dotaciones, sino que se han revisado y modificado en su totalidad los estándares de cesiones, así como los propios fines que las cesiones pretenden. Pero si hay una medida revolucionaria con respecto al actual sistema de adjudicación del suelo por parte de las Administraciones públicas, es la que que obligará a los Ayuntamientos a vender el suelo para construir mediante concurso, y no por subasta como hacen ahora, con el objetivo de abaratar el precio final de la vivienda. El presidente regional reconoció que esta medida provocará «alguna reducción» de los ingresos que obtienen los ayuntamientos mediante la venta de terrenos, pero lo justificó porque «los beneficiarios van a ser los adquirientes de viviendas». De hecho, y según ha sabido ABC, el Gobierno local de Madrid obtuvo durante el año 1999 por este concepto unos ingresos de más de 10.700 millones de pesetas, dinero que con la nueva ley en la mano podría reducirse sensiblemente. «Les pedimos a los Ayuntamientos y a nosotros mismos un sacrificio en beneficio de los ciudadanos», dijo Ruiz-Gallardón, que por otra parte se mostró partidario de no ir con «prisas» en la tramitación de este proyecto, que ahora es trasladado al CES, si con ello se consigue el consenso. SUBASTAS NO; CONCURSO SÍ La sustitución de la fórmula de subasta por la de concurso para la adjudicación de los terrenos persigue el mismo objetivo que otra de las medidas novedosas de este texto legal: la introducción de la competencia entre promotores si un determinado suelo urbanizable no es desarrollado por su propietario en un plazo de uno o dos años. Otra novedad de esta ley, que será una de las más importantes y de mayor trascendencia de las que se aprobarán en esta legislatura, según el presidente regional, es la que permitirá a las administraciones obtener un aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a dotaciones, infraestructuras o equipamientos públicos que hubieran sido adquiridos mediante expropiación o por cualquier otro título oneroso. Esto, explicó, beneficiará el desarrollo de operaciones urbanísticas en marcha, como las de Chamartín, Campamento o Abroñigal, y futuras, como el aprovechamiento que se de en su día a Barajas. 50 POR CIENTO DE CASAS SOCIALES En el anteproyecto de ley se establece también, como adelantó ABC, que el 50 por ciento de las viviendas que se construyan en sectores residenciales, con una superficie media de 100 metros cuadrados, tengan algún tipo de protección. Este porcentaje es el mismo que está actualmente vigente, aunque éste se refiere a todo un término municipal, mientras que la futura Ley impondrá este porcentaje en cada nuevo sector que se desarrolle, con el objetivo de reequilibrar la ubicación física de las viviendas protegidas para evitar que, por ejemplo, en un sector no se concentren todas y en otros desarrollos urbanísticos no haya ni una sola vivienda protegida. Por otro lado, la transformación del suelo se podrá llevar a cabo por los propietarios que cumplan con el programa de gestión, que consiste en la ejecución del planteamiento en el plazo de un año en suelo urbanizable con ordenación pormenorizada y de dos años en suelo no delimitado no con condiciones de desarrollo. Transcurridos los plazos, los propietarios podrán seguir desarrollando su suelo pero con la posible competencia de otro