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Liberalizado el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria (España)

Según el RD.Ley 4/2000 de 23-VI, de Medidas Urgentes de liberalización en el Sector Inmobiliario y Transporte, publicado en la página 22437, y cuyo texto íntegro es consultable desde la web del Boletín Oficial del Estado http://www.boe.es, y según reza el artículo 3 de dicha norma, se matiza que la obligación de titulación y colegiación para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria.

Según recoge el citado texto legal, y a propuesta del Ministro de Fomento se detallan una serie de normas tendentes a la liberalización del suelo, en cuanto a su Régimen y Valoraciones y sobre el ejercicio de la profesión inmobiliaria.

Fuentes del Ministerio de Fomento han declinado realizar comentario alguno, en espera del regreso del titular que, aunque en estos momentos se encuentra de viaje en China, es probable que hasta allí haya oído la explosiva interrogación liberada.

No obstante las seguras ampollas que la medida levanta, entre los Colegios Oficiales de API, otros Colegios que ven las barbas del vecino pelar, academias de capacitación y colegiados u opositores a quienes el mismo Ministerio de Fomento exigió pago de tasas para acceder a exámenes, la norma no hace más que reflejar una realidad en que la Administración ya era tolerante: el hecho de que cualquiera se ha estado dedicando a la intermediación inmobiliaria, equiparando ahora su estatus al de diplomados universitarios ejercientes conforme a derecho.

Pese a las bondades de la desregulación, que indudablemente activará la competencia empresarial e incentivará la eficacia de las asociaciones profesionales si desean subsistir, la norma aparece como un bandazo que obvia la previsión sobre los intereses del ciudadano.

De esta forma, parece incongruente que mientras la reciente normativa acentúa la responsabilidad de los profesionales intervinientes en la edificación obligando a suscribir un seguro decenal de acuerdo a la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, el último escalón de la cadena- el intermediario- queda exonerado de prestar cualquier garantía, ni de conocimiento ni de aseguramiento.