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 Alberto Bello. Sevilla.

Las nuevas construcciones de inmuebles deben tener una instalación que permita al propietario optar por antenas colectivas, satélite o cable sin que eso suponga que las fachadas se llenen de cables o parabólicas. Según Fomento, el precio de la construcción se encarecerá un 0,5% por este motivo.

La liberalización de las telecomunicaciones ha situado a arquitectos, ingenieros, constructores y administradores de fincas ante la obligación legal de crear conductos comunes en inmuebles de nueva planta para el cableado de televisión por antena o satélite, telefonía fija o Internet. El Ministerio de Fomento ha anunciado que en los próximos 15 días se publicará una orden ministerial que cerrará el marco legal creado por el Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación (conocido como ICT) y desarrollado por el reglamento aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero.

La orden ministerial anunciada quiere acabar con el olvido de algunos arquitectos e ingenieros de reservar un hueco en la obra para el proyecto de ICT. La orden establecerá cómo debe reseñarse en el certificado y boletín de fin de obra y señalará las pruebas a las que se someterá a las instalaciones para garantizar su calidad. La nueva orden creará, además, un registro de instaladores de telecomunicaciones autorizados y especificará sus requisitos de formación.

Las claves de la legislación sobre infraestructuras de telecomunicaciones en inmuebles son las siguientes:

Libertad de elección: Los operadores de cable o telefonía terminan su instalación en el portal, los de satélite en la azotea. Allí unas regletas o cuadros recogen las distintas señales. Otra regleta que conduce a las viviendas u oficinas recogerá el servicio que contrate el propietario o inquilino que no correrá con el coste individual de la instalación. La comunidad de vecinos es propietaria y responsable de su mantenimiento lo que hasta hace unos años era exclusivo del operador único, Telefónica. El artículo primero del reglamento establece que de haber un único propietario de la ICT, éste autorizará su uso por otros operadores.

Cable: Los plazos de expansión de los operadores de cable son a muy largo plazo, por lo que no es obligatorio para el instalador llevar el cable hasta la vivienda y oficina. Basta con reservar el hueco para su cableado posterior.

Coste: Fomento estima que la nueva normativa incrementa un 0,5% el precio de la vivienda, pero que su desarrollo repercute positivamente en el valor de tasación. "A la larga, supone un abaratamiento para el usuario", asegura Miguel Ángel Argüelles, gerente de la patronal de instaladores Fenitel.

Honorarios: Los consejos de colegios de arquitectura y telecomunicaciones cierran en estos días un convenio para evitar la duplicación de honorarios por el proyecto de ICT. Se impone el principio, "al arquitecto, el ladrillo, y al ingeniero, el cable".

Vivienda no nueva: La ley obliga a la creación de ICT en vivienda no nueva cuando un tercio de los propietarios tiene instalado satélite, antena o cable. El Plan de Vivienda 1999-2004 establece subvenciones por este concepto.

Seguridad: Las operadoras de telefonía ya no son responsables del secreto de las telecomunicaciones por escuchas. El tramo que conduce del portal al aparato es responsabilidad de la comunidad de vecinos.

Marco: El Real Decreto Ley 1/1998 sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones estableció el marco jurídico. Publicado en forma de decreto por la urgencia que generó la liberalización fue fruto del consenso político a condición de su posterior tramitación como ley. El Reglamento aprobado por el Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero desarrolla esta ley e incorpora las alegaciones presentadas a la misma de forma que sea compatible con la ley en trámite, actualmente en el Senado.

Consenso: "En su conjunto se trata de una legislación en la que hay un alto grado de consenso aunque obviamente no convence al cien por cien a ninguno de los implicados", resumió en unas jornadas de Telecomunicaciones Pedro Luis Romero, técnico del Ministerio de Fomento, que ha participado en la redacción de las nuevas normas legislativas.

Zanjas estándar

Concluido el proceso normativo de las infraestructuras comunes a la vivienda, Fomento estudia regular la instalación urbana, proyecto que puede llevar de 18 a 24 meses, lo que lo sitúa en la próxima legislatura. El proyecto normalizaría el grosor del cable, el proceso de apertura de zanjas y otras medidas según el tamaño y densidad de población. Para la llamada normalización de la planta exterior sería precisa la colaboración de ayuntamientos, comunidades autónomas, operadores y profesionales implicados, según el Ministerio de Fomento.

Publicado en página 31

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