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ARTÍCULO 15 LPH


Artículo 15.


1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.

Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes propietarios éstos nombrarán un representantes para asistir y votar en las juntas.

Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá al nudo propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del artículo 17 o de obras extraordinarias y de mejora.

2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley.

Artículo 15 redactado por Ley 8/1999, 6 abril («B.O.E.» 8 abril), de Reforma de la Ley 49/1960, 21 julio, sobre Propiedad Horizontal.


a) Propuesta de modificación. Nueva redacción final que se propone :


Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes propietarios éstos nombrarán un representantes para asistir y votar en las juntas.
PARA EJERCER SU DERECHO DE VOTO LOS PROPIETARIOS DE VARIOS INMUEBLES EN LA COMUNIDAD DEBERAN DE ESTAR CORRIENTE DEL PAGO POR TODOS LOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. EL ADMINISTRADOR, O EN SU DEFECTO EL SECRETARIO DE LA COMUNIDAD, AL INICIO DE LA JUNTA DARÁ CUENTA DE LOS PROPIETARIOS QUE CONFORME A LA CONTABILIDAD COMUNITARIA NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE DE SUS PAGOS CON LA COMUNIDAD. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley.
EL PRESIDENTE CUIDARÁ DE QUE LOS PROPIETARIOS PRIVADOS DE SU DERECHO DE VOTO NO LO EMITAN, NI QUE SE COMPUTEN EN LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS, TANTO DE LOS QUE PRECISEN MAYORIA, COMO DE LOS QUE PRECISEN UNANIMIDAD.

b) Motivos de la propuesta:

En su momento, una novedad, incardinada en la tendencia de evitar la morosidad en las Comunidades, fue disponer que los propietarios que en el momento de iniciarse la Junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la Comunidad podrán participar en sus deliberaciones, si bien no tendrán derecho de voto. Se trata de excluir de la vida comunitaria, y, por tanto, de evitar concurrir a la formación de la voluntad comunitaria, a quienes no cumplan con una de sus obligaciones fundamentales como copropietario: la contribución al sostenimiento de la propia Comunidad del art 9 LPH..
En la actualidad se han superadas las dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la privación del derecho de voto a los comuneros morosos, y que algún autor había sostenido al entender que pudiera ser contrario al art 14 CE o al art 18 CE, pues responde a una finalidad legítima como es la de tratar de impedir la morosidad en las comunidades de propietarios, y en todo caso, la privación del derecho de voto no es absoluta, sino que se permite la subsanación del impago antes del inicio de la junta, bien mediante el pago de la deuda, bien mediante su consignación judicial o notarial. De todas formas, esta privación del derecho de voto no es exclusiva de la propiedad horizontal, sino que en otros ámbitos está igualmente contemplada. Así, en el Real Decreto-Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, se priva del derecho de voto al accionista que se hallare en mora en el pago de los dividendos pasivos. El problema ya había llegado a los Tribunales anteriormente, concretamente la S. A. P de CÓRDOBA, de 7 diciembre 1993 resolvió que «no había vulneración del honor de los «morosos», porque la referida publicación en el tablón de anuncios se limita a revelar la intimidad económica de la Comunidad, sin que ello pueda reprocharse a la noticia desprestigio profesional, porque el honor de las personas no puede estar en función de su categoría profesional cuando no es ésta la que la noticia poner en tela de juicio».
Dicho esto, debe de significarse que la importante novedad que supuso la privación del derecho al voto de los comuneros morosos ha potenciado el cumplimiento de las obligaciones económicas de los comuneros y ha cumplido, en principio, la finalidad buscada por el legislador, pero también ha creado otros problemas que es preciso apuntar y buscar soluciones en orden a la eficacia real de la lucha contra la morosidad, pues ante la pluralidad de situaciones posibles y el carácter indubitadamente conflictivo de la vida comunitaria es necesario potenciar la redacción del art 15-2 LPH y establecer mecanismos eficaces para el control del voto del deudor comunitario.
Para ello, es preciso clarificar los puntos donde concurre un mínimo criterio de uniformidad, para después desentrañar los puntos de divergencia y las posturas doctrinales y jurisprudenciales contradictorias en orden a obtener una propuesta de reforma ponderada y adecuada, tanto al derecho del comunero de pagar la cantidades que realmente procedan conforme al art 9 L.PH, como al derecho de los demás comuneros a que la morosidad no paralice la vida comunitaria. Con ello, se trata de evitar que lo que constituyó, tanto en el ámbito procesal como, en el ámbito sustantivo una reforma valorada de forma positiva, se convierta en un semillero de problemas de aplicación que contribuya a la confusión, y, en definitiva, a la inoperancia de la reforma dejando resquicios a los morosos para poder seguir incumpliendo sus obligaciones comunitarias.

1.-Las cuestiones sobre las que concurre una uniformidad de doctrina en su interpretación. Estas serían esencialmente las siguientes:

1.1.-Las medidas especiales que otorga la Ley de privación del voto no se pueden ampliar a otros supuestos, por lo que no se podrá privar del voto a aquel propietario que adeude cantidades a la comunidad por conceptos distintos a los gastos comunes o extraordinarios de la misma, como pueden ser, a título de ejemplo, el pago por la comunidad de reparaciones en elementos privativos, pues en estos casos la comunidad es un tercero acreedor. S. A. P. de CANTABRIA. Sección 4ª. 4-10-2002 “Sin embargo dicho pago de la obra en elementos privativos por la comunidad de propietarios, debe reputarse no como un pago necesario u obligado por parte de la comunidad, sino como un pago por tercero, artículo 1.158 del Código Civil. La negativa de los actores, al pago del precio de la obra en elementos privativos, ¿autoriza a la comunidad a privarles de voto en junta de propietarios?, esta Sala entiende que no. Cuando el artículo 15 de la nueva ley de propiedad horizontal hace referencia a "Todas las deudas vencidas con la comunidad" debe entenderse que se trate de deudas derivadas de gastos comunes o extraordinarios aprobados en junta de propietarios y que el propietario se niegue a pagar. Y ello porque leyendo la exposición de motivos de la Ley, las medidas contra los llamados morosos, tratan de evitar que un propietario que no contribuye económicamente al buen funcionamiento de la comunidad, pueda sin embargo impedir con su voto, el funcionamiento de misma. La ley esta dando a la comunidad una serie de medidas especiales para que obtenga el cobro de los gastos de la comunidad, pero dichas medidas especiales no pueden ampliarse a aquellos casos en que, por cualquier motivo, la comunidad paga un gasto privativo de un propietario concreto, ejemplo el pago de una entrega particular porque el propietario que debe recibirla no esta. En este supuesto, la comunidad es un tercero que pago y, por tanto, deberá acudir al procediendo de cualquier acreedor para reclamar la deuda a su deudor".

1.2 - No se puede privar al moroso de otros derechos propios del comunero distintos del voto. Es claro, que al interpretación de normas restrictivas de derechos debe de hacerse de forma ponderada y limitada al supuesto concreto de privación del derecho, y por ello la única privación posible de derechos al comunero moroso se refiere al derecho de voto, pero en ningún caso se extiende a su derecho de intervenir en la junta o de que sus manifestaciones consten en acta, pues se refieren a derechos estatutarios vinculados con la libertad de expresión. En este sentido, mucho menos se podrá impedir al comunero moroso a participar en los órganos de gobierno de la Comunidad. En este sentido, la S. A. P. de VIZCAYA Secc. 4ª 20-2-2002 dice: " La segunda de las cuestiones es si tal privación del derecho a voto podía extenderse a un acuerdo por el cual se les excluía de los órganos de gobierno de la comunidad mientras mantuvieran su posición morosa. Debe tenerse presente que el precepto establece que "la persona y cuota de participación en la comunidad (del propietario privado de su derecho al voto) no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley"; por tanto habremos de determinar: a) si el acuerdo por el cuál se priva en una comunidad de la posibilidad de acceso a los órganos de gobierno es legítimo y b) si cabe adoptarlo por mayoría. Como bien refleja la parte recurrente en su escrito de recurso una cosa es privarles de su derecho de voto y otra bien distinta la privación de otros derechos, económicos y políticos, que les corresponden dentro de la Comunidad. La Ley, en punto a limitación de derechos de comuneros, debe ser interpretada restrictivamente en el sentido de que se les priva de aquello que la Ley establece específicamente sin que quepa una interpretación extensiva de las normas limitativas de los derechos de los comuneros en la Comunidad General. Máxime cuando como es el caso no estamos en presencia de propietarios individuales que pueden anteponer intereses privativos frente a los más generales de la colectividad; estamos en presencia de presidentes de comunidades de copropietarios que lo que vienen es a trasladar a la comunidad general o macrocomunidad la decisión alcanzada por mayoría dentro de su comunidad, pero que en absoluto tal decisión es representativa de la personal de ellos ni de la minoritaria de los miembros de su comunidad. Por ello coincidimos en considerar que el Acuerdo de la Junta por el que se priva a las comunidades demandantes de su derecho a ser órganos de representación de la Comunidad General es contrario a derecho y en tal sentido es procedente la revocación de la sentencia con anulación del acuerdo n° 4 de la Junta impugnada”.
1.3 - No debe extenderse la privación del derecho de voto a aquellos casos en los que la Ley de Propiedad Horizontal exige el consentimiento expreso del propietario afectado, y en concreto en los siguientes supuestos: 1.- Consentimiento para la división de los elementos privativos (art 8-2 LPH). 2.- Innovaciones que hacen inservible alguna parte del edificio para el uso de un propietario ( art 11-3 L.P.H.) 3.-Arrendamiento de elementos comunes que afectan a un miembro en su cualidad de propietario (art 17-1 LPH)
1.4- Es admisible que propietarios que no se encuentren al corriente en el pago de sus deudas con la comunidad puedan asistir y votar en las Juntas de Propietarios en dos supuestos muy concretos: 1- Si el propietario moroso hubiera impugnado judicialmente la deuda que tuviese con la Comunidad. En este supuesto, el propietario deberá haber procedido a la presentación de una demanda contra la comunidad impugnando judicialmente el acuerdo de la junta aprobatorio de la liquidación de la deuda con la comunidad. De esta manera, el propietario deudor con la comunidad, según la contabilidad de ésta, que pretenda ejercitar su derecho de voto deberá presentar testimonio de la resolución judicial de admisión de la demanda impugnatoria. 2.- El propietario que constando en la convocatoria como moroso hubiera procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, aportando al inicio de la junta la documentación que acredite el cumplimiento de los presupuestos establecidos en al art 15-2 LPH
1.5- Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
Para impugnar los acuerdos de la Junta, el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios ( art 18-2 LPH ).
Así, lo viene entendiendo la Jurisprudencia. Sentencia de la S.A.P. de GRANADA Secc. 4ª 17-7-2002 "El moroso no puede impugnar el acuerdo de la junta en la que se le impide votar si no da cumplimiento a lo previsto en el art. 18.2 y paga o consigna judicialmente la deuda". S.A.P. de CADIZ. Sección 7ª. 25-3-2002 "... la cuestión litigiosa no es si el actor podía o no asistir o votar en la Junta de agosto de 1.999, sino si puede o no impugnar sus acuerdos.(.....). Ciertamente, no pudo ser incluido en esa lista, y no lo fue; por ello, podía participar en la Junta; cuestión distinta es que cuatro meses después, cuando ya se había aprobado el incremento del que se derivaba su deuda, existiendo, pues, tal deuda, el actor pudiera impugnar el acuerdo sin haberla satisfecho. El art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal se lo impedía. Si el actor pretendía impugnar el acuerdo comunitario, debió haber satisfecho la deuda, sin perjuicio de que, en caso de estimarse su impugnación, y anularse el acuerdo comunitario, le fuera restituido dicho pago. Pero no podía recurrir sin pagar. En todo caso, el art. 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal establece la ejecutividad de los acuerdos comunitarios, que no se suspenden por ser impugnados, salvo la excepción prevista en el mismo precepto, que no se dio en este caso...."
2.º- Cuestiones sobre las que han suscitado dudas interpretativas del art 15-2 LPH, que es preciso analizar y sobre las que se propone la reforma del citado art 15 LPH.
1.- Existe una discrepancia doctrinal sobre si la privación del derecho de voto del moroso se extiende a todos los acuerdos posibles de la comunidad o solo a los que precisan de mayoría, aún cualificada.
Siendo claro que el art 15-2 LPH otorga al propietario moroso la facultad de participar en las deliberaciones de la Junta, y siendo este un derecho no susceptible de privación, si bien no tendrá derecho de voto, el propietario deudor se debe considerar como presente al objeto de formar las mayorías para poder constituir la junta, ya que la única limitación que se deriva del impago es la del derecho de voto, no la del derecho de deliberar y de participar en las juntas, por lo que se entiende que se le debe considerar incluido entre los asistentes a la junta de propietario, la cuestión que se plantea es si la no consideración ni de la persona deudora ni de su cuota de participación se extiende a los acuerdos que precisen de unanimidad del art 17-1 LPH.
Algunos autores se consideran de aplicación la privación del derecho de voto como extensible respecto de estos acuerdos, ya que de esta manera se evita que la presencia de morosos pueda paralizar la vida comunitaria o dificulte extraordinariamente la adopción de acuerdos, ya que sería imposible alcanzar la unanimidad. Como ha escrito Vicente Magro Servet, de no ser así, un moroso podría establecer la imposibilidad de adoptar acuerdos, en determinados casos importantes para la comunidad. Añadiendo el autor citado, que una cosa es que la cuota de participación del moroso se compute, por ejemplo, para formar la mayoría que exige la primera convocatoria de la Junta (art. 16.2, parr. 3.º LPH). Nada lo prohíbe, pero sí que se prohíbe valorar su presencia para votar en asuntos que exijan la unanimidad, ya que queda excluido de la posibilidad de votar ni a favor ni en contra del acuerdo. ¿Por qué permitir al moroso incumplidor con sus obligaciones con la Comunidad articular un régimen de oposición a la adopción de un acuerdo para el que se exige unanimidad y vetar a la Comunidad misma frente a la que es moroso? Indudablemente, si se ha ido restringiendo el régimen de la exigencia de la unanimidad y sancionado jurídicamente al moroso no tiene sentido interpretar el art. 15.2 LPH, en el sentido de entender que la expresión «mayorías» del art. 15.2 PH está referido exclusivamente al art. 17.1 LPH a partir de los apartados 2.º y siguientes y normas 2.ª y 3.ª y excluir su aplicación al apartado 1.º de este art. 17.1 LPH. Ello por coherencia con el espíritu del legislador al modificar el sistema de adopción de acuerdos en cuanto a la ruptura del veto paralizante y a la imposición de las sanciones jurídicas al moroso.
Otros autores entre los que me encuentro, por el contrario, consideran que la redacción del art 15-2 LPH permitiría una interpretación tendente a dejar fuera de la regla los acuerdos comunitarios sometidos a unanimidad. Así, he tenido ocasión de considerar que aún cuando una primera lectura del inciso inicial del apartado 2 del art. 15 LPH pudiera hacer pensar en que la exclusión del derecho de voto al propietario moroso se refiere a cualquier decisión de la vida comunitaria, lo cierto es que un análisis detenido del problema lleva a considerar más adecuada, a la letra y el espíritu de la norma, una interpretación restrictiva de la cuestión y a considerar que la exclusión de derecho de voto no se extiende a las más relevantes decisiones para la vida comunitaria y para las que es precisa la decisión unánime. Téngase en cuenta que, en otro caso, por el mero hecho de ser deudor, de poca o mucha cantidad, a uno le podrían modificar el Título, incluso su propio coeficiente, así como fijar normas de uso del piso o local, con grave perjuicio para la propiedad privativa.
Este criterio se sustenta en las siguientes razones: 1.ª La dicción literal de segundo inciso de punto 2 del art. 15 LPH claramente indica que la exclusión del cómputo se refiere a los efectos de alcanzar «las mayorías» y no se refiere a la exclusión del comunero moroso de la vida comunitaria en otro tipo de votaciones, ni para otro tipo de decisiones que precisen, por su trascendencia para la vida comunitaria, de unanimidad. Es decir, no se le priva de su derecho orgánico de voto en todo tiempo y condición, sino únicamente para formar las mayorías. 2.ª Cuando un acuerdo requiere, para su válida adopción, la unanimidad, es evidente que no está sometido al régimen de las mayorías y, por lo tanto, tal régimen no le será de aplicación: ni para determinar los votos, ni para su cómputo, ni para ningún otro posible efecto. 3.ª El régimen de las mayorías se concreta en el art. 17 LPH en función del doble criterio de la persona y de la cuota; pues bien, si se observa el art. 15.2 LPH se comprueba que la exclusión del derecho de sufragio del comunero moroso se articula en torno a esos dos parámetros, paralelismo que no sería preciso si la exclusión afectara a todos los supuestos posibles de ejercicio del derecho de voto. 4.ª La interpretación teleológica del precepto y el análisis de su fundamento, indican que la justificación de la privación del derecho de voto nace de la actitud incumplidora del comunero en lo relativo al pago de los servicios y prestaciones de la Comunidad, lo cual lleva a la reciprocidad de que si no cumple con sus obligaciones no podrá ejercitar sus derechos. Ahora bien, si se privara al comunero moroso de su participación en las decisiones que exceden de la vida ordinaria de la Comunidad y de la determinación de sus prestaciones y servicios, se estaría rompiendo esa reciprocidad entre: incumplimiento y sanción, y esa sanción de no poder votar en las decisiones esenciales para la vida comunitaria que requieren unanimidad, sería desproporcionada y arbitraria. 5.ª Si se privara al comunero moroso de su derecho de voto en las decisiones que afecten al Título Constitutivo o a los estatutos, se produciría un perjuicio enervante del derecho de propiedad que, por carecer de justificación, podría ser contrario al art. 33 C.E y que, además, podría vulnerar el art. 24 C.E., por ser contrario al derecho de defensa, ya que la Comunidad, con la exclusión del voto del comunero moroso, podría aprobar, por unanimidad de los restantes comuneros, cuestiones relevantes que afectaran la moroso, como, por ejemplo, que se modificara su cuota de participación o que se le privara de alguna servidumbre reconocida a favor de su inmueble en el Título Constitutivo, lo que podría suponer la limitación injustificada y desproporcionada de su derecho de propiedad y su «muerte civil» en la vida comunitaria, lo cual no es querido: ni por la letra, ni por el espíritu de la norma.

2.- Otra cuestión importante es la relativa a la validez del acuerdo adoptado en Junta por el que se autoriza o permite de forma expresa o tacita a los propietarios morosos a emitir sus votos.
La opinión doctrinal y jurisprudencial, nuevamente, está dividida en cuanto a la consideración del art 15 LPH como un precepto de carácter imperativo, aunque parece predominar la postura que así lo considera, por lo que no sería admisible la validez del acuerdo adoptado por mayoría permitiendo que el propietario incumplidor emita su voto. No obstante existen también opiniones que defienden la no imperatividad de la norma, permitiendo el acuerdo de la junta en el sentido de permitir el voto del deudor.
El tema tiene especial relevancia, pues en muchas ocasiones, por la mala contabilidad de la comunidad que no permite conocer con precisión la relación de deudores como pone de manifiesto la S. A. P. DE BARCELONA secc. 16 de 28/06/2004, por la desidia del Presidente, por la falta de control, o por la postura intransigente de algún comunero, se termina permitiendo el voto del comunero cuando no estaba al corriente de las cuotas comunitarias. Por ello, es preciso reformar el precepto en un doble sentido. En primer lugar, para clarificar la cuestión y evitar la Jurisprudencia contradictoria sobre los efectos del voto emitido por el moroso, pues unas Audiencias entienden que acarrea la nulidad radical del acuerdo, y otras entienden que solo tendrá efectos si afecta al resultado de la votación. En segundo lugar, para controlar adecuadamente que no emitan el voto los deudores, tanto mediante la dación de cuenta del administrador o secretario sobre los morosas acreditados según la contabilidad comunitaria, como mediante la expresa atribución la Presidente de la comunidad de la facultad de evitar que voten los morosos, bien entendido que sin perjuicio de su impugnación con los requisitos del art 18 LPH, la decisión del Presidente es ejecutiva. Así la S. A. P. de MALAGA Secc. 5 de 3-2-2004 dice "El examen de las actuaciones permite concluir que ha quedado demostrada la injustificada prohibición a la parte actora de su participación en la Junta de la Comunidad de Propietarios... celebrada el día 23 de Marzo de 2002. (…)La exclusión de un Comunero es reputada por la jurisprudencia como causa suficiente para acordar la nulidad de Junta. (.)Con respecto a la falta de acreditación de la actora de estar al corriente de pago en las cuotas de Comunidad es de ver que en el acta de Junta obrante en autos no aparece que por parte de la presidencia se alegara nada sobre su situación de pago de cuotas como motivo para denegarle la participación en la junta, por lo que carece de sentido traer tal cuestión a colación en el pleito y en el recurso, amen de que ha quedado probado que antes de la Junta la actora se encontraba al corriente de pago de sus cuotas".

3.- El propietario de varios pisos o locales en la misma comunidad puede encontrarse al corriente de pago por las cuotas correspondientes a algunos de ellos y ser según la contabilidad amoroso por las cuotas de otros inmuebles. Piénsese en los propietarios de una vivienda y de un local de negocio, que por cualquier razón (de ordinario una cláusula estatutaria de exclusión de gastos) considera que no debe de abonar un gasto o una obra (por ej. la colocación de un ascensor) siendo deudor para con la Comunidad por lo que a los gastos de al instalación o de su mantenimiento se refiere.
Es este otro punto aún con discrepancias, unos autores consideran que parece razonable pensar que el carácter limitativo del art 15-2 LPH restringe la privación del derecho de voto al piso o local de los que dimana la deuda, pudiendo el propietario ejercer su derecho al voto por los pisos o locales que se encuentren al corriente de pago. Por el contrario, otros entienden que la norma se refiere textualmente a "los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad"
Sobre este particular, aún con divergencias entre las Audiencias, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia acepta la interpretación que asigna un voto a cada propietario, ya lo sea de un solo piso o local o de varios dentro del mismo inmueble, al margen, de la mayor o menor cuota de participación de que disponga, bien sea por un piso o local, bien sea como resultado de la suma de las correspondientes a varios pisos o locales. Como indica la S.T.S. de 10/02/1995, a cada propietario le corresponde un voto, ya sea titular de uno o varios pisos, abstracción hecha de la mayor cuota de participación de que dispone a los efectos de las mayorías económicas. Debe establecerse una interpretación restrictiva de la norma, al tener carácter sancionatorio como medida que es restrictiva de derechos. Cuando la ley habla, para privar del derecho de voto, del "propietario que no se encontrase al corriente de todas las deudas vencidas con la comunidad" no se está refiriendo al supuesto de un comunero que sea propietario de varios pisos, sino del débito de cada piso con la comunidad.
Incluso se ha apuntado una solución intermedia que sería conceder al moroso el derecho de voto, pero no incluir la cuota de participación relativa al piso del que es deudor en la mayoría segunda.
4.- No existe unanimidad doctrinal respecto de si cabe privar del voto a los propietarios que al tiempo de celebrarse la Junta no se hallen al corriente de pago, en el caso de que la convocatoria de la misma no contenga una relación de los propietarios deudores:
Una parte de la doctrina considera que el impago y la condición de deudor con la comunidad por deudas del art 9 LPH en si mismo no conlleva directamente la privación del derecho de voto en la junta de propietarios que se ha convocado, pues para ello se exige la constancia en la convocatoria de la Junta, de la relación de propietarios deudores con la comunidad de propietarios, con el fin de advertirles de la aplicación de la privación del derecho de voto.
En consecuencia, si se produce esta circunstancia del incumplimiento de lo establecido en el art. 16.2 LPH, se habrá privado al deudor de la posibilidad de consignar judicial o notarialmente la deuda que fija la Comunidad. Por ello, deberá impugnar judicialmente los acuerdos que se adopten (art. 18.2 LPH), aunque deberá proceder previamente a la consignación judicial, lo que resulta una paradoja, porque es lo que no pudo hacer con anterioridad al no hacerse constar su nombre, o el de ningún deudor, en la convocatoria de la Junta, circunstancia que le hubiera permitido poder consignar judicial o notarialmente la deuda para poder ejercitar el derecho de voto. La omisión de este requisito formal llevaría, en estos casos, a la estimación de la impugnación judicial por la inobservancia de un presupuesto formal en la convocatoria de la Junta. No podría privárseles, en consecuencia, del derecho de voto, y si lo hicieran tendría el comunero abierta la vía impugnativa con el cumplimiento del requisito antes expuesto La falta de esta premisa puede determinar el ejercicio del derecho de voto, pese a estar el propietario en deuda con la comunidad.
Existe otra posición doctrinal con la que muestro mi preferencia, que considera, sin embargo, que el deudor de la comunidad por el mero hecho de serlo pierde su derecho a voto, con independencia de que aparezca o no en la relación de propietarios deudores que debe contener la convocatoria de la Junta. Aún cuando la dicción literal del art. 16.2 LPH y la vinculación de la lista de morosos a la privación del derecho de voto pudiera suscitar alguna duda, debe de entenderse que la privación del derecho de voto no deriva de estar o de no estar en la lista de morosos previa a la Junta, sino que deriva del incumplimiento de las obligaciones comunitarias que establece el art. 19 LPH en relación con el art. 15.2 LPH.
La relación de morosos es un mero requisito de ordenación de la Junta y de su debida documentación, así como un medio de publicidad en la Comunidad de los propietarios deudores, ello no supone que el propietario moroso recupere su derecho al voto. Tal derecho desapareció cuando incumplió sus obligaciones comunales y si llega el momento de la Junta sin estar al corriente, no tendrá derecho de voto y así se refleja en el Acta. En definitiva, la privación del derecho de voto nace del impago de las obligaciones con la Comunidad (art. 9, e y f LPH) y no del hecho de estar en una documentación administrativa previa a la Junta (lista de morosos) que tiene meras funciones de preparación y documentación de la Junta, pero que no constituye requisito de procedibilidad para privar al comunero moroso de su derecho al voto; de tal manera que, con independencia de la relación de propietarios que no están al corriente de sus obligaciones, si llegado el día de la Junta se consta su incumplimiento y la existencia de deudas a favor de la Comunidad, se les privará del derecho al voto en los términos del art. 15 LPH.
Lo que ocurre, en una omisión que debe de suplirse y así lo propongo, es que no se establece en la LPH a quién corresponde el control efectivo de que todos los asistentes a la Junta se encuentren al corriente del pago, aunque esta tarea parece que deberá de ser asumida por el administrador, quien deberá informar al Presidente de las personas que resulten deudores conforme a al contabilidad comunitaria para hacer efectiva la advertencia previa en la convocatoria. Si no existiera administrador en la Comunidad corresponderá al Secretario aportar la contabilidad comunitaria y determinar los morosos con la comunidad. Todo lo cual, debe de ir acompañado de una expresa facultad y una terminante habilitación al presidente de la capacidad de excluir al moroso de la adopción de los acuerdos.

5.- Para que el moroso pueda votar en la junta debe de proceder al pago o consignación de la suma adeudada, según las cuotas acordadas en junta, sin que el mismo pueda hacer pago de las cantidades que estime, sino de las cuotas acordadas y que debe según la contabilidad comunitaria.
No obstante, se debe puntualizar que no bastará con la consignación o pago de la suma que el propietario estime debida de forma unilateral y con su propio criterio como adeudada a la comunidad, sino que deberá de consignar la cantidad fijada a tal efecto por la comunidad en su estado de deudas y conforme a la contabilidad comunitaria según al correspondiente certificación del Administrador o Secretario. Por ello, el comunero moroso según la contabilidad, deberá de acreditar que no debe de cantidad alguna o que ha realizado las consignaciones oportunas al inicio de la junta que es el momento que tiene el propietario para evitar la privación del derecho de voto, no siendo válida su acreditación en un momento posterior al inicio de la junta.
En definitiva, el comunero que no haya pagado o que no consigne lo que debe a la comunidad, según los libros de contabilidad no para votar, y tendrá la consideración de moroso, aunque luego pueda impugnar la junta conforme al art 18 LPH, cuya única salvedad se refiere a la obligación de consignar, pero en ningún caso permite el voto del moros, aún en acuerdos referentes a las cuotas de participación y a su establecimiento o alteración.

c) Jurisprudencia que avala la necesidad de esta reforma. Cita de resoluciones contradictorias de las Audiencias Provinciales que resuelven de distinta manera el problema planteado.

1.- Voto del moroso y acuerdos por unanimidad.
S. A. P. de ZARAGOZA de 14/01/2003 "Olvidan los recurrentes que el que los mismos, o el representante de la propiedad del piso principal izquierda, se ausentase de la susodicha Junta General de 30 de marzo, no pudiendo votar los acuerdos que en ella se discutieron y aprobaron, carece de la relevancia pretendida, toda vez que ellos mismos han reconocido, y así se hizo constar en el acta levantada (folio 20 de las actuaciones) que se hallaban privados de voto al no estar al corriente en el pago de las cuotas de la Comunidad, circunstancia legalmente prevista en el art. 15-2- de la Ley de Propiedad Horizontal, y que comporta que su persona y cuota de participación no sea computada a los efectos de alcanzar las mayorías previstas en la Ley, como así aconteció en el supuesto enjuiciado. Por tanto, careciendo aquellos de su derecho de voto en la Junta referida y adoptado el acuerdo por unanimidad de los restantes propietarios, presentes en la Junta y ausentes, como D. Santiago, a los que le fue notificado el acuerdo, sin que formulase posterior impugnación, suscribiendo el acta, incluso Dª Primitiva, madre de los demandantes y nuda propietaria del 50% del piso, y usufructuaria del mismo, según consta en el folio 21 vuelto de la causa, y ha reconocido la misma en el acto del Juicio, es por lo que no cabe apreciar el vicio de nulidad achacado y pretendido, debiendo en consecuencia, desestimarse el recurso y confirmarse la Sentencia dictada, por sus propios fundamentos.

-S. A. P. de VALENCIA de 17/10/25001 "Por lo que se refiere al segundo motivo de apelación, argumenta el apelante que el acuerdo adoptado en la junta de 10 de enero de 2000, de modificación de elemento común del edificio, requería del acuerdo unánime de los propietarios, unanimidad que no se logró por cuanto fue adoptado tan sólo por el 39% de la finca, habiendo privado del derecho al voto al 30% por morosidad. Entiende el apelante que se ha infringido lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto en el tenor literal del mismo se prevé la privación del derecho al voto de aquellos copropietarios que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de las cuotas de la comunidad, si bien se hace referencia a la adopción de acuerdos que requieran mayorías, pero no se hace mención alguna de aquellos acuerdos, como el presente, que requiere de la unanimidad de los propietarios. Se trata de una interpretación de los términos utilizados por la ley, entendiendo el apelante que la unanimidad no puede considerarse un tipo de mayoría, puesto que la propia Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Horizontal, en su reforma del año 1999, considera la unanimidad como un requisito en exceso riguroso, a diferencia de las mayorías previstas en esta nueva ley. Por el contrario, esta Sección entiende que no es estimable este motivo de apelación, con base en las siguientes argumentaciones: en primer lugar, con referencia a la junta de 10 de enero de 2000, hemos de significar que el asunto recogido en el punto 2º del Orden del Día, no era la adopción de acuerdo alguno, sino la acotación de un acuerdo ya tomado en la junta de 25 de noviembre de 1999, que no fine impugnado oportunamente por el apelante, lo que implica de por sí su falta de legitimación en este punto. Con ello ya procedería la desestimación de la presente apelación; no obstante, y a mayor abundamiento, hemos de decir, al hilo de los argumentos esgrimidos por el apelante con relación a la segunda Junta, que no compartimos la interpretación que realiza sobre que la unanimidad en sí implica el reconocimiento de todos los votos de la comunidad (morosos o no morosos), por los siguientes motivos: en primer lugar, se deriva de la propia Ley de Propiedad Horizontal que la privación del voto al propietario moroso es un método coercitivo para condicionar el pago de las deudas pendientes, pues de ello deriva la sanción civil que en sí misma supone tal privación de derechos a quien no cumple con las obligaciones que contempla el artículo 9 de dicha ley. No se trata por tanto de una negación, en términos absolutos, del derecho al voto, pues ello supondría una clara indefensión del comunero a fectado, sino de un mecanismo dirigido a favorecer el estado de cuentas de toda la comunidad, y que en concreto sólo afecta a quien, de modo voluntario, se encuentra en la situación de impago, de la que además puede salir en el momento que libremente quiera, recuperando automáticamente el derecho al voto que le había sido provisionalmente retirado. En segundo lugar, la sistemática del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, refleja todas las mayorías requeridas para la adopción de los distintos tipos de acuerdos que afecten a la comunidad, en cuya escala se encuentran integradas, sin solución de continuidad, y sin separación alguna de títulos o rúbricas, tanto la mayoría simple, como las mayorías cualificadas, como la propia unanimidad. Finalmente, la propia Exposición de Motivos de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Propiedad Horizontal, en contra de la interpretación mantenida por el apelante, en su párrafo segundo integra igualmente la unanimidad en la distribución de mayorías requeridas para la adopción de acuerdos, por cuanto considera la unanimidad como una medida en algunos aspectos excesivamente rigurosa, y por ello "se ha considerado así conveniente flexibilizar el régimen de mayoría para el establecimiento de determinados servicios. Así pues se deduce de la propia ley, tanto por razones de orden sistemático, como lógico jurídico, como del propio espíritu del legislador que justifica su reforma, que la unanimidad es considerada a los efectos de contabilización de votos, como un tipo de mayoría, y en consecuencia le es de aplicación lo previsto en el artículo. 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal"

2.-Jurisprudencia sobre la condición de moroso del propietario de distintos inmuebles en la comunidad cuando no esta al corriente del pago de todos ellos.

S. A. P. de ASTURIAS Secc 1ª de 2/01/2002 " La legitimación de ...tampoco es admisible. La realidad que ahora en el recurso acepta la apelante es que siendo titular de una vivienda y de un bajo, es deudora de la Comunidad por cuotas del local aunque no de la vivienda. En consecuencia, pretende sea considerada legitimada para la impugnación de cualquier acuerdo como titular de una de las dos propiedades.
En consecuencia, para estar legitimado, sea el comunero titular de un inmueble, lo sea de un número plural de ellos, habrá de estar al día en el pago "de la totalidad" de sus deudas vencidas, y no estándolo -como es el caso- para alcanzar tal legitimación se le exige consignar aquellas
Sin embargo, de distinta opinión es la S. A. P. de Las PALMAS de fecha 23 de Febrero de 2004 , ya Que. señala que Esta Sala no afirma ni niega que los actores pudieran ser deudores de esta última cantidad pero, aunque lo fueran, no por ello podían haber sido privados del derecho de voto en la Junta litigiosa por cuanto ni coincide el importe señalado en la "relación de deudas" respecto a dicho local con lo ahora mantenido ni, lo que es más importante, las razones de la privación del derecho de voto expuestas por la "Junta Directiva" tienen nada que ver con la argumentación ahora razonada en el recurso. Para que la privación del derecho al voto hubiera sido correcta, que por cierto debiera haberse ceñido exclusivamente respecto a la oficina 54C y no a los restantes locales lo cual ya sería suficiente para desestimar en este punto el recurso, debería haberse expresado en la relación de deudas no una cuantía alzada sino los débitos mensuales especificándose en función de las distintas cuotas ordinarias, o en su caso gastos extraordinarios, de cada una de las anualidades a fin de posibilitar al propietario el análisis de su presunto débito y actuar en consecuencia.

3.- Jurisprudencia contradictoria sobre los efectos de la falta de la lista de morosos al iniciarse la sesión de la Junta.
3.1 Sentencias que no declaran la nulidad de la convocatoria pese a no aportarse lista de morosos.
S.A.P. de LAS PALMAS. Sección 4ª. 5-2-2001.
"Por lo que respecta a la falta de acompañamiento de listado de los comuneros morosos, esta Sala considera perfectamente aceptable la razón aludida por la parte demandada de que debido a que en la relación de comuneros deudores que figuraba en la Comunidad (cuya confección dependía única y exclusivamente de dicho Secretario) existían innumerables errores, ya que se atribuía la condición de moroso a numeroso propietarios que habían abonado sus cuotas, pero cuyo pago no se había reflejado en la información suministrada, fue por lo que, ante el riesgo más que evidente de privar ilegítimamente de su derecho de voto a un importante número de comuneros, se optó por depurar tal listado solicitando de los propietarios que figuraban como deudores que, en caso de haber abonado las cuotas que aparecían como pendientes, acreditaran dicho pago en un tiempo prudencial, si bien resultó imposible llevarlo a efecto antes de la celebración de la referida Junta General Extraordinaria.
S. A. P. de ASTURIAS. Sección 1. 18-2-2003.
"... El motivo desvela sin duda un ejercicio de la acción contraria a la buena fe que debe regir esta suerte de cuestiones. El error existe ciertamente, lo que no se pude sostener con un mínimo de rigor ni de lógica es que el actor no conocía el contenido de la junta que se iba a celebrar, como se consta de la documentación que el mismo aporta con su demanda. Se advierte, por otra parte, que la única protesta que hizo en la Junta fue por la privación del voto en razón a no adeudar las cuotas que le reclamaba la Comunidad, no por el motivo que ahora se esgrime. Por lo demás, la jurisprudencia es clara al negar la acción de nulidad por parte de quien toma perfecto conocimiento de lo que ahora impugna, es decir de su inclusión en la lista de morosos y como tal privado del derecho de voto, como exige el artículo 16 de la LPH. ...".

S.A.P. de ASTURIAS. Sección 1. 11-5-2004
"... esta privación del derecho de voto no se produce de forma automática, sino que es preciso para que tenga lugar que se cumplan los requisitos establecidos en los artículo 15 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, que la convocatoria contenga una relación de los propietarios que no están al corriente en el pago de las deudas vencidas, en la que se haga la advertencia de la privación del derecho al voto y que en el acta de la Junta queden reflejados los propietarios privados de este derecho.; no cumpliéndose estos requisitos ningún propietario podrá ser privado del derecho a votar. Pues bien, con independencia de que en la demanda no se identificaron los propietarios morosos al objeto de facilitar la necesaria contradicción, la impugnación formulada carece de sentido pues si no se cumplieron estos presupuestos con respecto a alguno de los propietarios asistentes a la Junta impugnada, debe entenderse que no quedaron privados de este derecho, con independencia de que tuviesen o no deudas vencidas y liquidas con la Comunidad, por lo que el acuerdo adoptado deben considerarse en este sentido perfectamente valido…."

S. A. P. de CANTABRIA. Sección 3. 10-12-2003
"... Es cierto que en el documento aportado como Nº 4 con la demanda (la hoja de convocatoria) no se hace esa relación nominal de los propietarios que no se encontraban al corriente de pago, pero no lo es menos que, como consta en el punto 4º del Orden del Día, se acompañaban a la convocatoria las Cuentas del ejercicio 2000/2001 y el presupuesto para la siguiente anualidad, documentos que la parte actora, interesadamente, ha adjuntado a su demanda como documento Nº 12 (folios 35 a 45, ambos inclusive), es decir, separados de la convocatoria. Lo cierto es que ambos documentos van unidos (la demandada sí que los ha aportado como realmente se enviaron, unidos), y es en estos documentos separados en los que constan, por un lado, la liquidación y las cuentas del ejercicio 2000/2001 y, más importante aún, la liquidación de ingresos y gastos por propietarios individualizados (folios 44 y 45), en la que, claramente y sin que se requieran conocimientos especializados ni resulte indescifrable o de difícil comprensión su presentación -como sugiere la sentencia de instancia-, se hace una relación de todos los propietarios especificando sus nombres y apellidos y el garaje o piso respectivo y a la derecha, bajo el epígrafe "saldo actual", se dice lo que han pagado o lo que deben, y los que deben -es decir, los propietarios que no están al corriente en el pago de las deudas vencidas a la Comunidad -, aparecen nítidamente con su deuda precedida de un signo negativo. De este documento se infiere que, a la fecha de inicio de la Junta, eran deudores de la Comunidad seis personas, entre las que estaban los hoy actores. ...” “... Consecuentemente a ello, conociendo perfectamente su condición de deudores y no habiendo impugnado las deudas vencidas ni consignado judicial o notarialmente las cantidades adeudadas - que era lo que debían haber hecho, como señala el artículo 15 LPH-, la privación del derecho de voto en la Junta que ahora se impugna fue correcta. ..."

S.A.P. de SEVILLA SECC.5 26/11/2003.
"... la privación del derecho de voto a los propietarios que en el momento de iniciarse la Junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad no se produce de forma automática, sino que es preciso para que tenga lugar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, que la convocatoria contenga una relación de los propietarios que no están al corriente en el pago de las deudas vencidas, que contenga la advertencia de la privación del derecho al voto y que en el acta de la Junta queden reflejados los propietarios privados del derecho de voto. Si no se cumplen estos requisitos ningún propietario podrá ser privado del derecho a votar. Por tanto, como estos requisitos no se cumplieron en el caso de autos con respecto a ninguno de los propietarios asistentes a las Juntas impugnadas, debe entenderse que no quedaron privados del derecho de voto, con independencia de que tuviesen o no deudas vencidas y liquidas con la Comunidad, lo que por otro lado a la vista del testimonio del Administrador en el acto del juicio es cuando menos dudoso, por lo que los acuerdos adoptados deben considerarse válidos. ..." En igual sentido, S.A.P. de LAS PALMAS. Sección 3. 14-2-2002.
2.- Sentencias que declaran la Nulidad de la Junta por falta de lista de morosos.
S. A. P. VALENCIA. Sección 8. 16-7-2001.
"... Por lo que se refiere al recurso de apelación planteado por la parte demandada, la resolución recurrida declara la nulidad de la convocatoria de la Junta de 14 de agosto de 1999, porque no se había hecho constar en la misma la relación de propietarios morosos que por tal circunstancia podrían verse privados del derecho de voto. Frente a tal apreciación la parte recurrente ha insistido, en la vista del recurso, en que no podía hablarse de copropietarios morosos porque las cantidades debidas por algunas de ellos al tiempo de celebrarse la Junta no estaban vencidas, pero las razones impugnatorias esgrimidas al efecto no pueden conducir al éxito del recurso, pues dado el tenor del artículo 16.2 de la L.P.H., la omisión de tal mención en la convocatoria da lugar a la nulidad de la misma, y los términos en que se pronuncia el Secretario-Administrador de la Comunidad en dicha Junta, según acta obrante al folio 116, desvela la existencia de morosos al tiempo de la liquidación practicada al 30 de junio de 1999, confirmado ello por la certificación acompañada como documento n° 16 de la demanda (folio 88), con lo que al tiempo de celebrarse la Junta, el 14 de agosto de 1999, había propietarios morosos que estaban privados del derecho de voto al no habérseles dado oportunidad de pagar o consignar las cantidades debidas antes de la celebración de la Junta.

S. A. P. de MURCIA Secc. 5ª DE 5/04/2004.
"En cuanto a la primera cuestión, la Jueza de Instancia considera probado que la junta se convocó sin acompañar la lista de propietarios morosos que no podían ejercer su derecho al voto, en base al análisis pormenorizado de la prueba practicada, como es la documental correspondiente a la citación efectuada que ha sido reconocida por otros propietarios como real, y a la testifical, que acredita que efectivamente la citación a la junta general no iba acompañada de la lista de morosos a que se refiere el art. 16.2 de la L.P.H. (EDC 1960/55).
En cuanto a las consecuencias jurídicas que tal defecto pueda tener en la validez de la junta así convocada, hay que considerar que el artículo citado establece que la convocatoria de las juntas la hará el Presidente, y en su defecto, los promotores de la reunión con indicación de los asuntos a tratar, el lugar y hora en que se celebrará en primera en su caso, en segunda convocatoria practicándose las citaciones en la forma establecida en el art. 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el art. 15.2 del citado texto legal.
La Jurisprudencia dictada por las Audiencias en casos similares no es unánime, así y a título de ejemplo la A.P. de Huesca en Sentencia de 23-10-2002 (EDJ 2002/58083) considera que la omisión de la relación nominal de todos los propietarios morosos es un defecto formal que no tiene relevancia suficiente para la nulidad de la convocatoria. Así en el mismo sentido también la A.P. de Salamanca S. 05-03-2002 (EDJ 2002/15088). En contra, sin embargo, la A.P. Provincial de Toledo Sección 2ª S. de 25-10-2001 (EDJ 2001/68678) considera que los preceptos que rigen la convocatoria de la Junta son de carácter imperativo, sin que quepa que la comunidad pueda modificar su sentido incluso a pesar de estar todos los propietarios de acuerdo. Nosotros entendemos, que se debe de cumplir lo dispuesto preceptivamente por la Ley de Propiedad Horizontal en orden a la convocatoria de la Junta, porque las exigencias legales en el cumplimiento de los procedimientos por ella establecidos, son garantías impuestas por el Legislador, que en modo alguno pueden ser obviadas, porque garantizan el buen funcionamiento de la institución que regulan"

S. A. P. de VIZCAYA secc 3º de18/12/2001.
"... así en cuanto a la falta de designación nominal de vecinos morosos resultando que el ahora apelante resulta ser consciente de su falta de abono de las cuotas reclamadas en virtud del argumento expuesto en su propia demanda resultando que se opuso a la reclamación judicial del ejercicio del año 1995-de la que es consecuencia, la aprobación de los gastos de la comunidad de los años sucesivos y que se aprobó por mayoría en esta junta de Mayo de 2000 y que ahora impugna, resulta obvio su conocimiento de la reclamación deudora y de la cantidad que se reclamaba, por lo que resulta intrascendente la ausencia de relación nominal de los morosos ...""... la excepción establecida en el apartado 2 del artículo 15 por cuanto en él se establece que se haya impugnado la deuda con carácter judicial, esto es, que el deudor hubiera ejercitado la acción judicial previamente; no siendo suficiente la mera oposición a la relación de la comunidad, mas cuando las sentencias aportadas no estiman el procedimiento establecido por cuestiones de fondo sino meramente formales en relación a la falta de liquidez de la deuda reclamada pero no decreta su inexistencia o exceso de reclamación ..."

4.-Efectos de permitir de forma expresa o tácita votar al moroso que estaba en la lista o cuando no se confecciona lista al inicio de la sesión. Doctrina contradictoria.

4.1. Sentencias que defienden la nulidad del acuerdo adoptado.

S. A. P. de TOLEDO. Sección 2. 25-10-2001.
"La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el art. 15.2. Tal artículo es claro en manifestar que: los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley.
Es indudable que si una Junta de Propietarios admite que voten propietarios que constan fehacientemente como morosos de la Comunidad, se está incurriendo en una infracción legal, pues es evidente que su voto puede ser utilizado para alcanzar una determinada mayoría, que es precisamente lo que se quiere evitar con los preceptos anteriormente aducidos. De estar forma, si es cierto que en la anterior Junta se decidió que todos los comuneros pudieran votar, a pesar de deber cuotas a la comunidad, tal irregularidad jurídica debe estar sujeta a un posible procedimiento de impugnación, como es el caso de autos ..."

S. A. P. de LAS PALMAS. Sección 3. 25-5-2004.
"... pretende el apelante que dado que una gran mayoría de los asistentes votó a favor de la acción de cesación en contra del ahora apelado, no afecta a la validez del acuerdo el hecho de que se admitieran votos de comuneros que no tenían derecho a voto. Sin embargo, esta apreciación es especulativa, ya que no existe prueba de cuántos comuneros carecían o no de derecho a voto. Es más, fue la parte demandante la que instó la aportación de la documentación contable para acreditar cuáles comuneros carecían de ese derecho, no habiendo atendido la Comunidad el requerimiento judicial para aportar tales documentos. Por tanto, reconocido de contrario que se infringió la prohibición de derecho de voto, sin que por la propia negligencia de la parte apelante se haya podido comprobar si ese error afecta o no a la mayoría necesaria.

4.2 Sentencias que defienden la validez del voto del moroso si no afecta al resultado.

S. A .P. de PALENCIA. Sección 1. 24-5-2004 .
" Planteada la litis en estos términos, se hace preciso entrar a valorar en primer lugar, si es pertinente decretar la nulidad de la convocatoria. En principio debemos de tomar en consideración la vinculación del artículo 15.2, 16.2 y 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido cabe entender que los dos primeros preceptos no son sino garantías, de lo que es la esencia del tercero, es decir del acuerdo que se adopte en la Junta de Propietarios. Y en garantía de este cumplimiento, se establece en el artículo 16.2 de dicha Ley, que la convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la Comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2 de la mencionada Ley. En este sentido lo trascendente es otorgar la posibilidad de usar el voto, a quien resulte moroso, recordándole su situación y permitiéndole saldar su deuda. Pero decimos que lo esencial no es la convocatoria, sino el acuerdo, de la Junta. El legislador ha querido, que a aquellos propietarios, que al tiempo de iniciarse la Junta, no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la Comunidad, y no hubieran impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, se les impidiese no la participación en la deliberación, sino el voto. De ahí la importancia de que el acta de la Junta, tenga que reflejar los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la Comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en la Ley. El que se recoja este listado tiene como fin advertir a los demás comuneros que en caso de participar en la votación un propietario, sin haber cubierto su deuda, su voto no deberá computarse. De esta forma lo relevante, es que se alcance un acuerdo, con las mayorías exigidas por la Ley, y que pueda alcanzarse sin que lo impidan u obstaculicen los que resulten morosos con la Comunidad."
S. A. P. de MURCIA secc 5 5/04/2004.
" Ello no obstante, cuando el defecto advertido, no tenga incidencia alguna en orden a la finalidad prevista en la norma, su mero incumplimiento defectuoso, no implica por sí la nulidad del acto, a no ser que incida en el desarrollo o solución del mismo".

S. A. P. de VALENCIA Secc. 8 5-10-2002.
"Y por lo que respecto a la irregularidad puesta de manifiesto por la parte recurrente de que en la Junta votaron dos propietarios que tenían prohibido su derecho a voto por no hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Comunidad, conforme a lo establecido en la regla 2 del artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal, hay que estimar, conforme se razona en la sentencia recurrido, que dicha irregularidad no puede provocar la nulidad del acuerdo alcanzado en dicha Junta, sino, en todo caso, la exclusión de los votos de dichos propietarios al objeto de computar si el acuerdo alcanzado tuvo el voto favorable de la mayoría. Y en el presente caso se alcanza dicha mayoría excluyendo los votos de dichos copropietarios, por lo que hay que concluir que el acuerdo alcanzado en la Junta de fecha 16 de octubre de 2000 no adolece de vicio de nulidad como pretende la parte recurrente".

S. A. P. de MADRID. Sección 13. 20-1-2004
"... todos los acuerdos adoptados (el segundo y cuarto transcritos y tres más) podían ser aprobados en segunda convocatoria por mayoría de asistentes que, a su vez, represente mayoría de cuotas de los presentes (artículo 17, norma tercera, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Horizontal) y los cinco acuerdos fueron adoptados por unanimidad de los ocho propietarios presentes que representaban el 44,42 de las cuotas, de forma que el eventual voto en contra de las demandantes (dos propietarias representando el 10,54 -5,13 más 5,41- de las cuotas) no hubiese de ningún modo alterado el resultado. ..."


5.- Pago de lo efectivamente debido y no de lo considerado por el propietario.
S.A.P. de ASTURIAS Secc. 1ª de 18-12-2002.
"El primero de los motivos debe rechazarse. Como con claridad consta en la sentencia y se deduce de la documental, en concreto de las Actas aportadas desde el 19 de febrero de 1992, ésta vino acordando, con independencia de la cuota de participación, una única para todos los comuneros, precisamente por los problemas surgidos para determinar los porcentajes; cuota que vino rigiendo desde esa fecha al ser aprobada, con elevaciones igualmente fijadas en Junta, como la acaecida en 1996 a la que se refiere el apelado. Cualquiera que fuese la tesis sobre la corrección del sistema adoptado, éste se hizo imperativo desde el instante en que no fueron impugnados los acuerdos, sujetos a la caducidad señalada en el artículo 16 de la LPH en su anterior redacción. La falta de oposición en plazo hizo válidos y eficaces tales acuerdos e incorrecta la actuación del apelante al decidir unilateralmente la contribución a los gastos, conforme al título y no de acuerdo a la cantidad acordada en la junta, de modo que la diferencia entre ambas cantidades la adeuda y adeudaba en el momento en que fue privado del derecho al voto, sin que, conocida su condición de moroso, como se deduce de sus propios actos y de la constancia de tal situación en las Actas, se impongan mayores requisitos para negar el derecho al voto, en concreto no se exige la reclamación judicial de la deuda, sino su existencia y por el contrario, es al comunero a quien se impone el deber de consignarla o impugnar judicialmente los acuerdos en que se sustentan, lo cual no hizo en plazo, debiendo desestimarse el motivo".