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Nº 49
Abril/2008


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Un innovador sistema implantado por la compañía especialista en Hogar Digital Domodity, permite ahorrar un 50% de agua en el riego de parques y jardines. El conjunto compuesto por riego centralizado, evapotranspiración y recogimiento de aguas pluviales es la mejor alternativa las restricciones actuales.


ANTE EL  GRAN DEBACLE  DE LAS INMOBILIARIAS EN ESPAÑA, REYAL-URBIS NO SE SALVA , AUNQUE NO QUIEBRA,  PIERDE SU LIDERAZGO PERDIENDO 34 MILLONES DE EUROS. La carga financiera que soporto para comprar URBIS, hace tambalear a la Inmobiliaria, riesgo que el  fundador de REYAL, pensamos, no hubiese asumido, como tampoco, creemos, habría aprobado la separación o disgregación del activo que se produjo a su fallecimiento. Mientras fue REYAL,  sus viviendas eran lider en la Comunidad de Madrid, por una calidad superior en sus  acabados. La empresa tenia una cartera de clientes extraordinaria, pues el comprador o sus hijos, de un pisos  que en un futuro pudiesen necesitar o necesitaban una segunda vivienda,  eran clientes potenciales de REYAL, clientes ganados a pulso por su trato afable y su atención personalizada a la entrega de  las fincas, trato marcado, desde su comienzo como un signo de identidad, por el fundador de la firma. Actualmente hacen una apuesta por  los servicios de asesoramiento y gestión a los colectivos –cooperativas de viviendas y comunidades de bienes- que elijan el sistema de autopromoción para el acceso a su vivienda;. apuesta que Nozar, directo competidor, hizo en su momento fundando DIMORA.


ACTUALIDAD

Documentación que es preciso entregar a los adquirentes de una vivienda según la la  Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda  de Cataluña

En su articulo  65. dice:

   - En los actos y contratos de transmisión de viviendas nuevas, los transmitentes deben entregar a los adquirentes la siguiente documentación:

a) El plano de situación del edificio.

b) El plano de la vivienda, con especificación de la superficie útil y de la construida, en caso de viviendas de nueva construcción, con las mediciones acreditadas por técnicos competentes. Si existen anexos, las mediciones deben ser diferenciadas.

 c) La memoria de calidades.

d) La cédula de habitabilidad, o la cédula de calificación definitiva en el caso de una vivienda de protección oficial.

e) El certificado de aptitud en el caso de que el edificio haya sido obligado a pasar la inspección técnica del edificio.

f) Una nota simple informativa del Registro de la Propiedad, actualizada.

g) La documentación relativa a las garantías de la vivienda, con especificación de los garantes, los titulares de la garantía, los derechos de los titulares y el plazo de duración.

h) La documentación relativa a la hipoteca, si se ha constituido.

i) La escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, y de los estatutos de la comunidad de propietarios, si ya han sido otorgados, en su caso.

j) La documentación necesaria para contratar los servicios y suministros de la vivienda.

   - En los actos y contratos de transmisión de viviendas de segunda transmisión o sucesivas transmisiones, es preciso entregar a los adquirentes los documentos señalados por las letras d, e, f, i y j referidas y, en el caso de una vivienda en régimen de propiedad horizontal, el certificado relativo al estado de deudas de los transmitentes con la comunidad, en el que deben constar, además, los gastos ordinarios aprobados pendientes de repartir.

Gastos. No deben correr a cargo de los adquirentes.

Entrada en vigor: El 9 de abril de 2008.

 PDF (2008/03657; 44 págs. - 302 KB.)

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CONSULTA

EXCESO DE CABIDA.
La primera inscripción en el Registro de un local, de 4 de junio de 1973, señala que éste tiene 350,70 m2. La inscripción 6ª se inicia en un tomo nuevo mecanizado, se trata de una inscripción de hipoteca de 27 marzo 1986, y en ella se describe el local señalando también que tiene la misma superficie.

  Posteriormente tiene lugar una segregación de parte del local, y ésta se hace constar por nota al margen de aquella primera inscripción de dominio, en el tomo antiguo; la nota marginal de segregación es de 15 de febrero de 1988 y dice: “Segregados 47’58 m2 y una cuota de 1,18 % denominados Nº 8: lonja comercial en planta baja, letra A, que ha pasado a formar la finca XXX, al folio XXX del libro XXX, inscripción 1ª, quedando un resto de 303,12 m2, y según el título que se inscribe 321,71 m2 y una cuota de 9,19% con los mismos linderos excepto por el Norte, que lo hace con el local segregado.”

  La inscripción 8ª, de 15 de marzo de 1988, es de compraventa, en la que al describir la finca se limita a decir: “descrita en la inscripción 6ª” sin referencia alguna a la nota de segregación al margen de la inscripción 1ª.

  La escritura que causó la inscripción 8ª describía el local con una superficie de 321,71 m2 (recordemos que según el Registro tras la segregación habían quedado 303,12 m2); pero en el Registro simplemente se hizo constar que el local se describía en la inscripción 6ª, y en la nota de despacho o de calificación del documento no se advirtió que se inscribía con los 303,12 m2 que resultan del Registro tras la segregación.

  Ahora, el titular de la finca, confiando en que su local tiene una medida de 321,71 m2 ya que nada se le advirtió en el momento de la compra, lleva a cabo una nueva segregación de 124,12 m2, quedando un resto, siempre según título, de 197,59 m2 que vende a un tercero.

  Se pretende inscribir en el Registro esa segregación de 124,12 m2, y la venta del resto de 197,59 m2, sin embargo según el Registro el local sigue midiendo 303,12 m2 con lo que una segregación de 124,12 m2 daría lugar a un resto de 179 m2, es decir, casi 19 m2 menos de lo que el tercero cree que ha adquirido.

  Se plantea como sería posible regularizar la situación, pues los particulares entienden que la superficie del Registro no se ajusta a la realidad, y proponen para acreditarlo, un informe técnico, que tratarían que fuera del mismo arquitecto encargado de la obra nueva, una escritura en la que comparezca el presidente de la comunidad del edificio donde preste su conformidad a que se hagan constar esos metros de más, o un certificado del Ayuntamiento. Alegan que un acuerdo por unanimidad de la junta de propietarios es de todo punto inviable.

 

  Las divergencias de superficie en los elementos independientes de una propiedad horizontal se venían despreciando en el mercado por razón de que los mismos se transmitían como cuerpo cierto sobre la base de que la fe pública registral no alcanza a los datos físicos del inmueble.

  Sin embargo, la creciente financiación de la adquisición de la vivienda por medio de créditos y préstamos hipotecarios da lugar a que el tasador realice su valoración conforme a la superficie registral con preferencia a la real.

  A su vez, esa valoración sirve para determinar el volumen de crédito que será concedido para el negocio de adquisición. Resulta patente entonces el interés de los particulares porque en el Registro conste la verdadera superficie de los elementos, por lo menos, en el caso de que la superficie real sea superior a la registral.

  En cuanto al modo de hacer constar el exceso de cabida en el Registro de la propiedad, “Existen dos medios posibles que son el acta notarial de notoriedad complementaria tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial a que se refiere el artículo 298 número 2 del Reglamento Hipotecario o el acta notarial de presencia y notoriedad que incorpore plano e informe técnico tramitada conforme al artículo 203 de la Ley Hipotecaria a que se refiere el artículo 53 número 10 de la Ley 13/1996.”

  Conforme a la resolución de 2 de marzo de 2001, cuando no existan dudas sobre la identidad de la finca, por no haberse modificado los linderos y no se modifique el título constitutivo de la propiedad horizontal, sino que se trate de un supuesto de rectificación de una errónea descripción, cabe acudir también al expediente de dominio.

  Debe tenerse presente, además, que para rechazar el documento por dudas sobre la identidad de la finca es el registrador quién debe aportar los fundamentos y justificaciones en los que se base dicha duda, sin que el interesado deba acreditar la identidad, lo que implica una inversión en la carga de dicha acreditación.

EXCESO DE CABIDA AL TRANSFORMAR UN LOCAL EN VIVIENDA.
Se presenta una escritura de transformación de local en vivienda con la correspondiente licencia municipal. En el Registro se describe el local señalando que tiene cincuenta y tres metros cuadrados de superficie construida, sin hacer referencia a sus linderos.

  En la descripción que se da en la escritura tras la transformación se señala que ocupa actualmente una superficie construida de cincuenta y nueve metros cuadrados y útil de cuarenta y siete.

  Se plantea si debe tener acceso al Registro pero suspendiendo en cuanto al exceso por no quedar acreditado, o si debe acceder al mismo con la superficie registral, pero añadiendo lo que ocupa según el título, o incluso si debe hacerse constar sin más la nueva superficie descrita por considerarse como una rectificación de error en la descripción. En caso de exigirse la acreditación de la identidad del exceso se plantea que medios de acreditación debería admitir el Registro.

  No es posible para la constatación de la nueva superficie acudir a algunas de las vías que se contemplan en el art. 298.3 RH ya que, respecto de su párrafo primero la inmatriculación se ha producido con otra cabida menor, respecto del segundo y cuarto el exceso es mayor de la vigésima parte.

  Sin embargo, quedaría entonces abierta la vía del párrafo cuarto, es decir, por medio de expediente de dominio o en virtud de acta de presencia y notoriedad recogida en el apartado décimo del art. 53 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

  En todo caso, será necesario que el Registrador no tenga dudas fundadas sobre la identidad de la finca, para lo cual cabe acompañar certificación del arquitecto expresiva de que no ha variado entre una y otra inscripción la línea perimetral de la finca.

 

 

ARRENDAMIENTO Y RENUNCIA ANTICIPADA AL RETRACTO.

Se presenta una escritura de venta en la que se dice que hay un arrendatario, que no comparece.

Se señala que "la finca esta arrendada a X en virtud de contrato de fecha Y en la que la parte arrendataria renuncia a los tanteos y retractos regulados en la LAU. Fotocopia de dicho contrato se incorpora a la presente.”

  Efectivamente se incorpora fotocopia, y en la estipulación novena del contrato se señala: "El arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto de los artículos 25 y 31 de la LAU." Se plantea si es inscribible la venta.

  Conforme al art. 25.8 LAU, el pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años.

  Por una parte, se aprecia que no hay fehaciencia, en el documento privado que se incorpora, cuyas firmas, por otra, no pueden ser legitimadas por el Notario. Además, si la mera manifestación se considera suficiente para decir que la finca no está arrendada, o que la finca está arrendada a una u otra persona, por coherencia, deberemos entender que vale para justificar la renuncia del arrendatario a los derechos de tanteo y retracto.

  Por otro lado, si pudiéramos apoyarnos en el documento privado para justificar la manifestación del vendedor es preciso tener en cuenta, conforme al art. 1228 CC, que el que quiera aprovecharse del documento privado deberá aceptarlo también en la parte que le perjudique, es decir, que lo deberá tener en cuenta en su integridad.

 

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LEGISLACIÓN

 

COLOMBIA. Instrumento de ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005.

PDF (2008/04057; 9 págs. - 294 KB.)

ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO. Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.

PDF (2008/04058; 8 págs. - 242 KB.)

BIENES INMUEBLES. VALORACIÓN. Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

PDF (2008/04204; 1 págs. - 29 KB.)

TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Resolución de 21 de febrero de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para el registro de los contratos concertados por los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

PDF (2008/04206; 1 págs. - 29 KB.)

INDIA. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de la India al Convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya, el 18 de marzo de 1970.

PDF (2008/04332; 1 págs. - 29 KB.)

INCENTIVOS REGIONALES.- Real Decreto 161/2008 (al 173/2008), de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de…

Galicia.
Andalucía
Asturias
Cantabria.
Murcia.
Comunidad Valenciana.
Aragón
Castilla-La ManchaCanarias.
            Extremadura
            Castilla y León
            Ceuta
            Melilla

       RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS. Instrucción 1/2008, de 27 de febrero, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria y para la aplicación de determinados artículos del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

PDF (2008/04608; 5 págs. - 48 KB.)

DERECHOS HUMANOS. Instrumento de ratificación del Protocolo numero 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Número 177 del Consejo de Europa), hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000.

PDF (2008/04891; 6 págs. - 221 KB.)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.- Corrección de errores de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

PDF (2008/04892; 2 págs. - 89 KB.)

  SÁBADO SANTO. Orden JUS/707/2008, de 21 de febrero, por la que se dispone que no estarán abiertas al público las oficinas de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles el día siguiente a Viernes Santo, a todos los efectos.

Nota: Disposición publicada en la Sección III.

PDF (2008/05058; 1 págs. - 43 KB.)

    CATASTRO. Orden EHA/821/2008, de 24 de marzo, por la que se establecen las condiciones del suministro de la información relativa a los bienes inmuebles de características especiales objeto de concesión administrativa.

PDF (2008/05721; 2 págs. - 32 KB.)

PIGNORACIÓN DE CRÉDITOS. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se responden las consultas presentadas por la Asociación Española de Banca y por la Confederación Española de Cajas de Ahorro relativas al párrafo tercero del artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento según la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.

            Nota: realmente se publicó en la Sección 3ª

.

PDF (2008/05809; 4 págs. - 65 KB.)

IRPF. Orden EHA/848/2008, de 24 de marzo, por la que se aprueban el modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen y se modifican otras disposiciones en relación con la gestión de determinadas autoliquidaciones.

PDF (2008/05828; 30 págs. - 781 KB.)

KUWAIT. Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 8 de septiembre de 2005.

PDF (2008/05878; 5 págs. - 58 KB.)

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CASTILLA Y LEÓN

PRESUPUESTOS CASTILLA-LEON.- Ley 10/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2008.

PDF (2008/05071; 24 págs. - 5885 KB

NAVARRA

BALEARES. Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas.

PDF (2008/05651; 24 págs. - 173 KB.)

madrid

MADRID. Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

PDF (2008/04062; 21 págs. - 146 KB.)

 

RESOLUCIONES DE LA DGRN

INSCRIPCION DE EXCESO DE CABIDA Y ACTA NOTARIAL COMPLEMENTARIA. CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD DE LAS OBRAS.  R. 21 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 20 de octubre de 2007. Notario de Úbeda –Registro de Orcera.

            Se pretende la inscripción de un exceso de cabida que se declara sobre una finca urbana la cual pasa de 144 m2 a 242 m2; se acompaña un Acta de Notoriedad relativa al exceso tramitada conforme al antiguo artículo 209 del Reglamento Notarial, sin citación de colindantes ni publicación de anuncios, con un certificado catastral concordante, pero con un certificado de técnico del que resulta una superficie menor (223 m2).

            La DGRN resume las posibilidades de inscripción de los excesos de cabida así: 

            .-  Con certificado catastral, de técnico, o la mera manifestación del titular, según el exceso sea superior al 20% de la superficie inscrita, inferior al 20 % pero superior al 5%, o menor que el 5%.  Este supuesto no es objeto de análisis en la presente resolución, aunque se sobreentiende que dichos documentos son complementarios a un título declarativo del exceso.

            .-  Con los requisitos exigidos por el artículo 298 del Reglamento Hipotecario para una inmatriculación de finca, es decir: título –entiendo que traslativo- de declaración del exceso, más el título traslativo previo que refleje el exceso, más el certificado catastral, o, alternativamente al título previo, Acta de Notoriedad tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial, que con anterioridad a la reforma de Febrero de 2007 no exigía citación a colindantes y publicación de edictos. La notoriedad ha de ir referida no solo a la existencia e identificación del exceso, sino también a la titularidad de la finca con dicho exceso por el anterior titular.

            .-   Por la vía prevista en el artículo 53 de la Ley 13/96 relativo a la concordancia Catastro- Registro, que -recordemos- es para los casos en que la rectificación de la cabida o el cambio de alguno de los linderos fijos hacen dudar de la identidad de la finca. Es decir, al título declarativo del exceso habrá que acompañar un Acta de Presencia y Notoriedad, con los requisitos exigidos por el artículo 203 de la Ley Hipotecaria pero con las siguientes peculiaridades: ha de ser además de Presencia, debe de incorporar plano de situación y certificado de técnico y no necesita, sin embargo, de su aprobación judicial

            En el caso concreto el notario tramita el Acta conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial, y el registrador exige requisitos previstos en artículo 203 de la Ley Hipotecaria (citación de colindante y edictos). La DGRN reconoce, efectivamente, que el Acta Notarial está bien tramitada por el artículo 209, pero, sin embargo, le achaca dos defectos:

            1).- que no queda suficientemente identificado el exceso de cabida, pues se solicita respecto de la diferencia entre 144 y 242 m2, pero se aporta un plano de un técnico que solo justifica hasta 223 m2, (sin embargo se solicita por el requirente y se declara por el notario la notoriedad respecto de 242 m2).

            2).- que no se acredita y declara la notoriedad de la titularidad de la finca con el exceso respecto del anterior propietario (defectos que, sin embargo,  no había puesto el registrador).

            Por otro lado se declara una obra antigua y se aporta un certificado de antigüedad de la obra existente en dicha finca que no expresa el número total de m2 construidos, y la superficie ocupada de la parcela, requisitos que no cumple el citado certificado, por lo que se confirma el defecto. (AFS)

PDF (3 págs. - 107 KB.)

CANCELACIÓN DE EXCESO DE CABIDA. R. 30 de mayo de 2005, DGRN. BOE del 10 de agosto de 2005.

            Se inscribió en su día una mayor cabida sobre una finca mediante expediente de dominio seguido con la persona que vendió el inmueble a los actuales titulares registrales.

            Se trata ahora de inscribir el testimonio de un Auto y un mandamiento dictados por la Audiencia Provincial que dejó sin efecto el auto que motivó la inscripción del exceso de cabida, ordenándose la cancelación de la  inscripción de exceso de cabida.

            El Registrador suspende la cancelación al no haber sido citados en el expediente los actuales titulares registrales.

            La DGRN confirma su criterio, pues, una vez inscrita esa mayor cabida, la inscripción queda bajo la salvaguardia de los Tribunales y sólo podrá rectificarse mediante consentimiento del actual titular registral o resolución judicial dictada en procedimiento en que el mismo haya sido parte en aplicación del principio constitucional de tutela judicial efectiva en consonancia con los principios de legitimación registral, tracto sucesivo y las reglas sobre rectificación de asientos.

            De paso cuestiona –aunque no pueda entrar en el asunto- la procedencia de la inscripción del exceso de cabida en virtud de expediente de dominio en el cual no han intervenido los actuales titulares registrales a favor de quienes se ha practicado la inscripción. (JFME)

[Documento PDF]

MODIFICACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y TERCEROS. Resolución de 9 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Gesdesol Gestión y Consultoría, A.I.E., frente a la negativa del registrador de la propiedad de Majadahonda n.º 1 a inscribir una escritura de modificación de descripción de elementos de una propiedad horizontal.

            En una propiedad horizontal se pretende modificar por el propietario único la descripción de varios  elementos privativos, a los que se les incluye un anejo. La escritura no se inscribe en su momento por determinados defectos relativos a la descripción de los anejos; posteriormente aparecen inscritos terceros adquirentes de otros elementos privativos del inmueble. Ahora se vuelve a intentar la inscripción de la modificación combatiendo dichos defectos.

            La DGRN rechaza la inscripción de la modificación pues alega que es reiterada doctrina que habiendo terceros inscritos deben prestar su consentimiento a dicha inscripción, pues sus derechos pueden verse perjudicados; y ello aunque el acuerdo de modificación sea de fecha anterior a la inscripción de los terceros. (AFS)

PDF (2008/04264; 2 págs. - 102 KB.)

www.notariosyregistradores.com

 

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HACIENDA


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

ÓRGANO : SG de Impuestos sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 30/07/2007
NORMATIVA: TRLIRPF RD Leg 3/2004, Arts. 10-1, 14-2, 35-1, 39, 89, 90, 91
DESCRIPCIÓN-HECHOS: El consultante adquirió su vivienda habitual en el año 2001. Una vez entregada observó una serie de defectos en la construcción, así como unas calidades notoriamente inferiores a las contratadas. Ante esta situación, que era la misma en todas las viviendas de la promoción, la Comunidad de Propietarios interpuso una demanda judicial al promotor. La Sentencia, que adquiere firmeza en noviembre de 2006, condena al promotor a:
- Volver a hacer el enfoscado exterior de las viviendas y a sustituir algunos elementos que no coincidían con la memoria de calidades, por un valor global de 90.000 euros, y
- Pagar a la Comunidad de Propietarios 90.000 euros para indemnizar las diferencias de calidades.
La Comunidad de Propietarios tiene previsto repartir la indemnización económica en el año 2007, una vez detraído el importe de las minutas de los abogados y procuradores que han intervenido en el pleito.

CUESTIÓN-PLANTEADA:
1ª. Obligaciones fiscales de la Comunidad de Propietarios por el hecho de recibir la indemnización y posteriormente repartirla entre los propietarios.
2ª. Tratamiento a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tanto de la indemnización económica recibida como de la obligación de reparar que se ha valorado económicamente
.
CONTESTACIÓN-COMPLETA : 1ª. El artículo 91 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10 de marzo), regula las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas de la forma siguiente:
“1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar una declaración informativa, con el contenido que reglamentariamente se establezca, relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español.
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o por sus miembros contribuyentes por este Impuesto o sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las entidades constituidas en el extranjero.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, la renta total de la entidad y la renta atribuible a cada uno de ellos en los términos que reglamentariamente se establezcan.
4. El Ministro de Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a que se refiere este artículo.
5. No estarán obligadas a presentar la declaración informativa a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las entidades en régimen de atribución de rentas que no ejerzan actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.”
Esta declaración informativa se efectuará mediante el modelo 184, aprobado por la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero (BOE de 4 de febrero).
2ª. En cuanto las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal constituyen comunidades de bienes, para analizar el tratamiento tributario de la indemnización obtenida por una comunidad de propietarios se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 10.1 de la Ley del Impuesto, donde se determina que “las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del título VII de esta Ley”.
Por su parte, la mencionada sección 2ª en sus artículos 89 y 90 establece lo siguiente:
- Artículo 89.
“Las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos”.
- Artículo 90.
“1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, y no serán aplicables las reducciones previstas en los artículos 21.2, 21.3, 24.2, 30 y 94.2 de esta ley, con las siguientes especialidades:
(…)
3. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.
(…)”.
Al determinarse las rentas de la comunidad de propietarios con arreglo a las normas del IRPF, la calificación tributaria de la indemnización no puede ser otra que la ganancia o pérdida patrimonial, en cuanto se corresponde con el concepto que de las mismas establece el artículo 31.1 de la Ley del Impuesto: “Las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos”.
Desde esta consideración, la determinación de su valoración viene dada por lo dispuesto en el artículo 35.1.g) de la misma ley, en el cual se dispone que cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda “de indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, se computará como ganancia o pérdida patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de mercado de los bienes, derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Sólo se computará ganancia patrimonial cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente”.
Conforme con lo expuesto y, en particular, teniendo en cuenta la última frase del precepto anterior (sólo se computará ganancia patrimonial cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente), existirá una ganancia patrimonial respecto a la parte de la indemnización que excede del coste de reparación del edificio, ganancia que procederá atribuir a cada copropietario en función de su cuota de participación, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley del Impuesto, y con independencia del destino que la comunidad acuerde para ese exceso: cuenta de la comunidad, fondo de reserva o reparto entre sus miembros.
En cuanto a la imputación temporal de esta ganancia patrimonial, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley del Impuesto, según el cual “cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.”
Por tanto, cada uno de los propietarios deberá imputar la ganancia patrimonial que proporcionalmente les corresponda al período impositivo en que la resolución judicial hubiera adquirido firmeza, es decir, al año 2006, no al año en que la comunidad de propietarios reparte la indemnización.
La ganancia patrimonial se integrará en la parte general de la renta del periodo impositivo, en la forma prevista en el artículo 39 de la Ley del Impuesto.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

ÓRGANO : SG de Impuestos sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 23/01/2008
NORMATIVA: Ley 35/2006, Arts. 8-3, 21, 22, 23, 88, 89, 90, 96
DESCRIPCIÓN-HECHOS: El consultante es copropietario junto con su madre de la vivienda que constituye su residencia. Por acuerdo de la comunidad de propietarios se procedió a alquilar la vivienda portería, sin que el consultante haya conseguido recibir información alguna sobre las rentas percibidas por el arrendamiento.
CUESTIÓN-PLANTEADA:
1. Si existe obligación de declarar tales rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Si la comunidad de propietarios tiene obligación de presentar el modelo 184, relativo a las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas
.

CONTESTACIÓN-COMPLETA : 1ª. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las comunidades de propietarios del régimen de propiedad horizontal no constituyen contribuyentes de este impuesto, sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen, tributando en su respectivo impuesto sobre la renta, las rentas generadas en la entidad, tal como establece la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en su artículo 8.3.
Para la calificación de las rentas habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley del Impuesto, según el cual “las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, comuneros, herederos o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos. Y su cálculo deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89 de dicho texto legal:
“1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, se aplicarán las siguientes reglas:
1ª Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, y no serán aplicables las reducciones previstas en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32 de esta ley, con las siguientes especialidades:
(…)
3. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.
4. Los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean contribuyentes por este Impuesto podrán practicar en su declaración las reducciones previstas en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32 de esta ley.
(…).”
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley del Impuesto “tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por el mismo.”
Y según el artículo 22 de la misma Ley:
“1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.
2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario.”
El rendimiento neto derivado del arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda se reducirá en un 50 por 100, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto. Añade este precepto que esta reducción será del 100 por 100, cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el periodo impositivo superiores al indicador público de renta de efectos múltiples.
Por otro lado, el artículo 96 de la Ley del Impuesto regula la obligación de declarar:
“1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
(…).”
Por tanto, el consultante estará obligado a declarar los rendimientos del capital inmobiliario que debe atribuirle la comunidad de propietarios de acuerdo con lo anteriormente expuesto, salvo que tales rentas, junto con los rendimientos íntegros del trabajo, de capital mobiliario, de actividades económicas y ganancias patrimoniales, que hubiera podido obtener en el periodo impositivo, no superasen los 1.000 euros anuales.
2ª. El artículo 90 de la Ley del Impuesto regula las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas de la forma siguiente.
“1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar una declaración informativa, con el contenido que reglamentariamente se establezca, relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español.
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o por sus miembros contribuyentes por este Impuesto o sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las entidades constituidas en el extranjero.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, la renta total de la entidad y la renta atribuible a cada uno de ellos en los términos que reglamentariamente se establezcan.
4. El Ministro de Economía y Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a que se refiere este artículo.
5. No estarán obligadas a presentar la declaración informativa a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las entidades en régimen de atribución de rentas que no ejerzan actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.”
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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SENTENCIAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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STC 25/2008, de 11 de febrero de 2008

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 6540-2004, promovido por don Agustín Iranzo Reig y otros, representados por el Procurador de los Tribunales don Álvaro García San Miguel Hoover y asistidos por el Abogado don Andrés Morey Navarro, contra las Sentencias de 1 de junio de 1999 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y 14 de septiembre de 2004 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. Ha sido parte el Ayuntamiento de Valencia y doña Estefanía Pitarch Guillard, que fue coadyuvante del Ayuntamiento de Valencia en el proceso de instancia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 3 de noviembre de 2004, el Procurador de los Tribunales don Álvaro García San Miguel Hoover, en nombre y representación de don Agustín Iranzo Reig y otros, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso y relevantes para su resolución son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) Los recurrentes en amparo (familia Iranzo Tatay) formularon recurso contencioso- administrativo para la protección de sus derechos fundamentales, previsto en la hoy derogada Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, junto con otros miembros de la Comunidad de propietarios de la finca sita en la Plaza La Legión Española núm. 13 de Valencia, contra la inactividad del Ayuntamiento de Valencia frente a los continuos ruidos y perturbaciones causados por una discoteca situada en los bajos del edificio.

b) La Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, estimó el recurso para los miembros de la Comunidad de propietarios pero lo inadmitió respecto de la familia Iranzo Tatay por falta de legitimación activa. La Sentencia consideró que la citada familia tenía su domicilio en la C/ Diputació de Barcelona núm. 256, donde además trabajaba el cabeza de familia.

La objeción de inadmisibilidad había sido puesta de manifiesto por el Ayuntamiento de Valencia. Los recurrentes alegan que en la instancia se vieron sorprendidos por el señalamiento de fecha para dictar Sentencia en diciembre de 1998, sin que se les hubiera dado traslado de la contestación de la demanda, por lo que presentaron un escrito de 23 de diciembre de 1998 solicitando el trámite de contradicción respecto de las excepciones introducidas por el Ayuntamiento en su contestación a la demanda, documento del que sí tenían copia. Por providencia de 29 de diciembre de 1998 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia indicó que no estaba previsto un trámite de conclusiones en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre. Los recurrentes presentaron recurso de súplica el 7 de enero de 1999 contra la anterior providencia insistiendo en la necesidad del trámite de alegaciones para combatir las excepciones introducidas por el Ayuntamiento en su contestación a la demanda. Por Auto de 12 de marzo de 1999 la Sala estimó el recurso de súplica y los recurrentes pudieron alegar en contra de la excepción planteada por el Ayuntamiento sobre el domicilio que constaba en el poder notarial utilizado por el matrimonio Iranzo, aportando el certificado de 30 de abril de 1997 de empadronamiento del cabeza de familia en Valencia desde el 17 de octubre de 1994. Documento que, aunque inicialmente admitido, fue inadmitido posteriormente por Auto de 10 de mayo de 1999, tras la impugnación del Ayuntamiento de Valencia.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1 de junio de 1999 declaró la falta de legitimación activa de los recurrentes inadmitiendo su recurso contencioso-administrativo. La Sala consideró que la familia Iranzo Tatay no había justificado con certeza la residencia en el inmueble, que tampoco estaban empadronados en Valencia y que constaba en la escritura pública de poder para pleitos que acompañaron al escrito de interposición del recurso que su domicilio estaba en Barcelona. La Sentencia tuvo en cuenta, además, que la familia Iranzo Tatay, salvo en una ocasión, no había presentado escrito de denuncia o queja por las molestias provocadas por la discoteca.

c) Frente a la Sentencia de 1 de junio de 1999 los recurrentes formularon recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el escrito de interposición se dijo, entre los motivos que servían de base al recurso de casación, que se interponía por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales (art. 88.1.3 LJCA), produciendo indefensión para la parte y habiéndose solicitado la subsanación en la instancia cuando se tuvo ocasión, tal como consta en el apartado anterior.

La Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación declarando que la inadmisión del recurso contencioso-administrativo se había fundado en hechos, como los relativos a que la familia no había justificado con certeza su residencia en la finca afectada por los ruidos, que son intangibles en casación, ya que ese recurso no permitía una nueva valoración de la prueba (fundamento de derecho 9). Tampoco admitió la Sala las alegaciones sobre la legitimación de los hijos del matrimonio, puesto que a ellos se extendió la oposición invocada por el Ayuntamiento por falta de legitimación activa, al no considerárseles perjudicados al igual a que a sus padres. Al respecto, la Sala señaló que la Sentencia impugnada no había producido indefensión a los demandantes de amparo, puesto que la inadmisión del recurso era una respuesta jurisdiccional tan válida como cualquier otra cuando se concreta en la ausencia de un presupuesto procesal como es la falta de legitimación activa de los recurrentes.

3. Los recurrentes fundamentan su demanda de amparo en la vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE), producida por la inactividad de la Administración frente a las denuncias constantes de ruidos en su domicilio y, además, aducen la lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), producida por la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, con la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa. Según la demanda de amparo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia incurrió en error patente al considerar que los recurrentes no residían en la finca donde se producían los ruidos, todo porque en el poder notarial otorgado por los recurrentes figuraba por error un domicilio en Barcelona y porque el certificado de empadronamiento del cabeza de familia fue inadmitido por extemporáneo por Auto de 10 de mayo de 1999. La lesión de sus derechos fundamentales habría sido confirmada por la Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación formulado contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por ser los hechos controvertidos una cuestión intangible en casación.

4. Por providencia de 17 de octubre de 2006, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 7250-1999. Asimismo, como obraban ya en esta Sala las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 728-1998, se ordenaba dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.

5. Por diligencia de ordenación de 23 de enero de 2007, la Sala Segunda de este Tribunal tuvo por personados y partes a los Procuradores doña Raquel Rujas Martín y Don Carmelo Olmos Gómez, en nombre y representación, respectivamente, de doña Estefanía Pitarch Guillard y del Ayuntamiento de Valencia, concediéndoles asimismo, junto con el Ministerio Fiscal, el plazo de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.

6. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 16 de febrero de 2002 presentó alegaciones don Carmelo Olmos Gómez, Procurador de los Tribunales y del Ayuntamiento de Valencia, interesando la denegación del amparo solicitado. Alega el representante procesal del Ayuntamiento de Valencia que los recurrentes en amparo obtuvieron un pronunciamiento de fondo con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, así como por la Sentencia del Tribunal Supremo, porque la falta de legitimación apreciada por la primera resolución judicial no es una falta de legitimación ad processum, sino ad causam. Según el representante procesal del Ayuntamiento de Valencia, en las Sentencias impugnadas la falta de legitimación de los demandantes de amparo no se deduce únicamente del hecho de que los mismos no hubieran acreditado su residencia en el edificio, como pretenden los recurrentes de amparo, sino del hecho de que los demandantes de amparo no hubiesen acreditado con suficiente certeza que habían sido perjudicados por los ruidos y molestias de la discoteca, que es, en definitiva, lo que constituye el fundamento de la indemnización que se concede a favor del resto de los demandantes. Además, este pronunciamiento no deriva únicamente de la inadmisión del certificado de empadronamiento del Sr. Iranzo, sino también de la ausencia en el expediente administrativo de reclamaciones y denuncias por parte de los demandantes de amparo. La Sala valoró todas las alegaciones realizadas en el curso del proceso teniendo en cuenta esa falta de denuncias en el expediente administrativo.

7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 22 de febrero de 2007 presentó alegaciones la representante procesal de doña Estefanía Pitarch Guillard, coadyuvante del Ayuntamiento de Valencia en el procedimiento contencioso-administrativo, interesando la denegación del amparo solicitado. Alega esta parte, en primer lugar, que el recurso de amparo es extemporáneo porque debió interponerse en el plazo de veinte días desde que se notificó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y no esperar hasta que se resolvió el recurso de casación, recurso que era manifiestamente improcedente ya que carecía de fundamentación porque pretendía la revisión de los hechos, lo que excede del objeto del recurso de casación. Pero, además, en segundo lugar, alega esta parte que el error patente aducido se debió, no a la actuación del órgano judicial, sino a la de los demandantes de amparo, que dejaron consignar el domicilio de Barcelona en el poder notarial otorgado sin presentar su empadronamiento en el domicilio de Valencia junto con la demanda contencioso-administrativa.

8. La representación procesal de los demandantes de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro de este Tribunal el día 22 de febrero de 2007, en el que sustancialmente se reproducen los argumentos ya expuestos en la demanda.

9. El día 28 de febrero de 2007 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando el otorgamiento del amparo solicitado. En síntesis alega el Ministerio público que las resoluciones judiciales impugnadas, incluido el Auto de 10 de mayo de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, realizaron una interpretación formalista y rigorista de los preceptos legales que regulan el procedimiento contencioso-administrativo. A pesar de que, formalmente, se abrió el trámite de audiencia y alegaciones frente a la contestación de la demanda del Ayuntamiento de Valencia, finalmente se impidió que los demandantes de amparo aportasen el certificado de empadronamiento donde constaba su domicilio en la finca de Valencia. Una vez inadmitido el certificado de empadronamiento por Auto de 10 de mayo de 1999, la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo para los demandantes de amparo por falta de certeza sobre su residencia en el domicilio de Valencia.

A pesar de que en la Sentencia se declara que los recurrentes no habían realizado denuncia a título privativo, salvo la que constaba en el folio 213 del expediente, a juicio del Ministerio Fiscal la revisión del expediente administrativo pone de manifiesto que los recurrentes en amparo estuvieron apoyando todas la iniciativas de la Comunidad para denunciar los ruidos de la discoteca, al igual que el resto de los vecinos. De ahí que, según alega el Ministerio público, la interpretación que realizó el órgano judicial no resultase conforme, ni con el concepto de domicilio de la doctrina constitucional, que no exige habitualidad porque puede ser un domicilio de fines de semana, que además es cuando las molestias por ruidos de la discoteca eran más intensas, ni con el canon reforzado que debe aplicarse para enjuiciar el respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) cuando se impetra para la defensa de derechos sustantivos fundamentales, como ocurre en el caso de autos, que tiene su origen en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en defensa de los derechos fundamentales de los recurrentes a la integridad física (art. 15 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (18.2 CE; SSTC 159/2006, de 22 de mayo, FJ 2; 108/2006, de 3 de abril, FJ 2, entre otras).

10. Por providencia de 7 de febrero de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 11 del mismo mes y año.
 

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si se han lesionado los derechos fundamentales de los recurrentes en amparo a la integridad física (art. 15 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18. 2 CE) por la inactividad de la Administración frente a las denuncias constantes de ruidos en su domicilio y, además, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), supuestamente producida por la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, según se aduce en la demanda de amparo por error patente inadmitió el recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa de los recurrentes en amparo, debido a ausencia de certeza sobre su residencia en la finca donde se producían los ruidos por la discoteca. Lesión que la demanda de amparo imputa implícitamente además al Auto de 10 de mayo de 1999 del mismo órgano judicial, que inadmitió el certificado de empadronamiento del cabeza de familia por extemporáneo. La Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación, se impugna en cuanto confirmatoria de las lesiones producidas anteriormente.

El representante legal del Ayuntamiento de Valencia interesa la denegación del amparo solicitado porque en las Sentencias impugnadas la falta de legitimación de los demandantes de amparo no se deduce, únicamente, del hecho de que los mismos no hubieran acreditado su residencia en el edificio, sino del hecho de que los demandantes de amparo no hubiesen acreditado con suficiente certeza los perjuicios sufridos por los ruidos y molestias de la discoteca, que es la base de la indemnización otorgada al resto de vecinos del inmueble. Esta falta de acreditación deriva no sólo de que no se les hubiese permitido aportar el certificado de empadronamiento en el inmueble, sino de la ausencia de reclamaciones y denuncias de los recurrentes en el propio expediente administrativo.

La representante procesal de doña Estefanía Pitarch Guillard, coadyuvante del Ayuntamiento de Valencia en el procedimiento contencioso-administrativo, interesa la denegación del amparo solicitado. En primer lugar por ser extemporáneo el recurso de amparo, ya que debió formularse una vez recaída la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, en segundo lugar, porque la indefensión aducida se debe a la actuación de los demandantes de amparo, que no aportaron el certificado de empadronamiento en el momento procesal oportuno.

El Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo solicitado porque la interpretación del órgano judicial sobre el momento procesal para aportar documentos decisivos, como el certificado de empadronamiento, resulta contraria a la efectividad del principio pro actione y lesiona el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Esa interpretación no tuvo en cuenta, ni el concepto constitucional de domicilio, ni el canon reforzado aplicable al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión cuando éste se impetra para la defensa de derechos fundamentales sustantivos, como en el caso de autos respecto de los derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE).

2. En la demanda de amparo se aduce la lesión de derechos fundamentales de los recurrentes a la integridad física (art. 15 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) imputada a la inactividad de la Administración, pero, además, se aduce, asimismo, la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) producida por las resoluciones judiciales impugnadas. Nos encontramos ante un recurso de amparo de los denominados mixtos (arts. 43 y 44 LOTC), en el que el orden de enjuiciamiento de las quejas debe, de acuerdo con la doctrina constitucional, dar preferencia a aquella que de estimarse supondría la retroacción de las actuaciones. En el caso de autos corresponde, por tanto, iniciar nuestro enjuiciamiento examinando la queja sobre la supuesta lesión del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), que de estimarse haría innecesario continuar el enjuiciamiento sobre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales sustantivos porque comportaría la nulidad de las resoluciones judiciales y la retroacción de actuaciones (SSTC 116/2006, de 24 de abril, FJ 2; 73/2006, de 13 de marzo, FJ 2; 57/2006, de 27 de febrero, FJ 2).

Ahora bien, con carácter previo al enjuiciamiento de fondo de las quejas debemos examinar el óbice procesal formulado por la representante procesal de doña Estefanía Pitarch Guillard sobre la extemporaneidad del recurso de amparo, para continuar, en su caso, con el análisis de fondo de las quejas por el orden referido.

3. La representante procesal de doña Estefanía Pitarch Guillard, coadyuvante del Ayuntamiento de Valencia en el procedimiento contencioso-administrativo, interesa la inadmisión del recurso de amparo por extemporáneo, ya que se interpuso el 3 de noviembre de 2004, después de recaída la Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo que, según consta en las actuaciones, fue notificada a los recurrentes el 4 de octubre de 2004. Según alega esta parte, los recurrentes debían haber formulado el recurso de amparo una vez notificada la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o bien haber simultaneado el recuso de amparo con el recurso de casación, aduciendo ante este Tribunal la indefensión que les causaba la valoración de la prueba realizada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y formulando el recurso de casación para depurar cuestiones que el Tribunal Supremo sí podía analizar y resolver. Lo que pretendían los demandantes de amparo al formular el recurso de casación, según alega esta parte, era una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia que subsanase el error cometido cuando el cabeza de familia presentó un poder notarial donde figuraba su domicilio de Barcelona, lo que excede del objeto del recurso de casación, como demuestra el hecho de que la Sentencia de 14 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo lo desestimase.

Pues bien, contrariamente a lo que alega la representante legal de doña Estefanía Pitarch Guillard, el recurso de amparo debe formularse una vez agotada la vía judicial previa (arts. 43.1 y 44.1.a LOTC), requisito insubsanable que, de incumplirse, daría lugar a la inadmisión del recurso de amparo (art. 50.1.a LOTC) y que tiene por finalidad preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo respecto de los recursos ordinarios legalmente previstos para garantizar la correcta articulación entre las competencias de este Tribunal y de los órganos integrantes del Poder Judicial, a quienes primeramente corresponde la reparación de las posibles lesiones de derechos invocadas por los ciudadanos (SSTC 178/2002, de 14 de octubre, FJ 4; 156/2006, de 22 de mayo, FJ 1). No son admisibles, por tanto, los recursos de amparo formulados simultáneamente con algún recurso en los Tribunales ordinarios.

Cuestión distinta es que pueda considerarse el recurso de casación como remedio manifiestamente improcedente a los efectos de considerar, como hace esta parte, el recurso de amparo extemporáneo. Para contextualizar esta alegación debemos remitirnos a lo expuesto en los antecedentes de hecho, recordando lo que este Tribunal tiene declarado, sobre el carácter manifiestamente improcedente de un recurso, esto es que la armonización de las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) conducen a una aplicación restrictiva del concepto de recurso improcedente, limitándolo a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal (STC 53/2003, de 24 de marzo, FJ 2 y, más recientemente, 325/2006, de 20 de noviembre, FJ 2, y 6/2007, de 15 de enero, FJ 2). En el caso de autos no es posible afirmar que la improcedencia del recurso de casación era manifiesta. En primer lugar, porque los recurrentes lo formularon al amparo de lo dispuesto en la letra b) del apartado segundo del art. 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, que establece que las Sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación “cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales”, como era en el caso de autos. Pero, además, en segundo lugar, porque el recurso de casación fue, en principio, admitido aunque fuese posteriormente desestimado. Estos datos nos permiten concluir que, de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, no nos encontramos ante un recurso manifiestamente improcedente. En consecuencia, no es posible considerar el recurso de amparo extemporáneo, en contra de lo alegado por la representante procesal de doña Estefanía Pitarch Guillard, por lo que procede enjuiciar las quejas aducidas por los recurrentes en amparo.

4. Una vez rechazado el óbice procesal debemos comenzar el enjuiciamiento de la queja sobre la lesión del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), que supuestamente habría provocado la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al inadmitir el recurso contencioso-administrativo de los recurrentes por carecer de legitimación activa.

Se aduce en la demanda de amparo que el Auto de 10 de mayo de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana privó a los recurrentes de la posibilidad de desvirtuar la excepción opuesta por el Ayuntamiento de Valencia sobre su falta de legitimación activa al rechazar la aportación del certificado de empadronamiento del Sr. Iranzo en el domicilio de Valencia, limitando el debate a rebatir la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo alegada por el Ayuntamiento. Según lo aducido en la demanda de amparo, la impugnada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia habría causado indefensión a los recurrentes porque la Sala, sin respetar el principio pro actione, interpretó de forma rigorista y formalista las disposiciones que regulaban la aportación de documentos en el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona establecido por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, impidiendo con el Auto de 10 de mayo de 1999 la aportación del certificado de empadronamiento porque no era el momento procesal oportuno para, posteriormente, dictar Sentencia declarando la falta de legitimación activa de los recurrentes en amparo porque no habían acreditado, con certeza, su residencia en el domicilio de Valencia. El error cometido al consignar el domicilio de trabajo del cabeza de familia en Barcelona en el poder notarial no pudo ser reparado por los recurrentes debido a la actitud del órgano judicial que les causó indefensión, según sostienen en la demanda de amparo.

Respecto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) este Tribunal tiene declarado que garantiza el derecho a obtener una resolución de fondo “razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes” (SSTC 86/2000, de 27 de marzo, FJ 4; 243/2005, de 10 de octubre, FJ 3; 117/2006, de 24 de abril, FJ 3; 1/2007, de 15 de enero, FJ 2), con independencia de que ésta sea favorable o desfavorable a los intereses de la parte recurrente, pero que este derecho también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión fundada en la existencia de una causa legal que lo justifique, siempre que esa causa sea aplicada razonablemente por el órgano judicial (STC 132/2005, de 23 de mayo, FJ 4). Tenemos declarado que el primer contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales es el derecho de acceso a la jurisdicción (STC 124/2002, de 20 de mayo, FJ 3), “con respecto al cual el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada” (STC 132/2005, de 23 de mayo, FJ 4). En general, el control sobre la concurrencia de los requisitos procesales y materiales para la válida constitución del proceso constituye una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde realizar a los Jueces y Tribunales en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por el art. 117.3 CE. Este Tribunal es competente, a su vez, para controlar aquellas decisiones judiciales en las que la interpretación efectuada por el órgano judicial sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, en los casos en que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican (SSTC 231/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; 132/2005, de 23 de mayo, FJ 4; 243/2005, de 10 de octubre, FJ 3).

5. Para determinar si en el caso enjuiciado se ha producido una vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción es necesario recordar brevemente los términos en los que las Sentencias impugnadas resuelven el asunto litigioso. Los recurrentes presentaron un escrito el 24 de marzo de 1999 al que acompañaban diversa documentación, entre ella el certificado de empadronamiento de la familia en el domicilio de Valencia, con el fin de combatir la excepción de falta de legitimación activa planteada por el Ayuntamiento de Valencia. Por providencia de 25 de marzo de 1999 la Sala accedió a la incorporación de esos documentos pero la representación procesal del Ayuntamiento de Valencia interpuso recurso de súplica contra la citada providencia. El Auto de 10 de mayo de 1999 anuló la providencia rehusando incorporar el certificado de empadronamiento del Sr. Iranzo porque no lo aportó en el momento procesal oportuno a pesar de que el certificado estaba en su poder desde el 30 de abril de 1997. Posteriormente la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana inadmitió el recurso contencioso-administrativo respecto de la familia Iranzo Tatay por falta de legitimación activa, al no haber justificado con certeza su residencia en el inmueble de Valencia donde se producían los ruidos de la discoteca, todo ello a la vista de que en el poder notarial aportado se consignó un domicilio en Barcelona y de la ausencia de escritos de queja o denuncias por parte de esta familia en el expediente administrativo. La Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación formulado por los recurrentes, declarando que el Auto de 12 de marzo de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana subsanó toda omisión procesal sin que los recurrentes hubiesen sufrido indefensión en ningún momento, y que, además, la apreciación de la no certeza de la residencia es intangible en casación.

Resulta claro ya en este punto que la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no incurrió en error patente al considerar que los recurrentes no residían en el domicilio de Valencia, tal como se aduce en la demanda de amparo. Y ello porque, de acuerdo con la doctrina constitucional, para que el error tenga relevancia constitucional este Tribunal exige que el error sea determinante de la decisión adoptada; esto es, que constituya el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi); que sea atribuible al órgano judicial, así como que no sea imputable a la negligencia de la parte, ya que, en caso contrario, no existirá en sentido estricto una vulneración del derecho fundamental; ha de ser de carácter eminentemente fáctico, además de patente, es decir, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y, por último, ha de producir efectos negativos en la esfera del ciudadano, de modo que las meras inexactitudes que no produzcan efectos para las partes carecen de relevancia constitucional (SSTC 37/2006, de 13 de febrero, FJ 3; 117/2006, de 24 de abril, FJ 4).

En el caso de autos la aportación del poder notarial con el domicilio del cabeza de familia en Barcelona fue, en su caso, un error de los recurrentes que no es atribuible al órgano judicial. Además, como alega el Ministerio Fiscal, del expediente administrativo no se deduzca la ausencia de escritos de quejas y reclamaciones formuladas por la familia Iranzo Tatay que, además de soportar los ruidos de la discoteca y la pasividad de la Administración al respecto, como reconoció la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia respecto de los otros vecinos del inmueble, tuvo que soportar un exceso de rigor y formalismo en la interpretación que realizó la Sala sobre el momento procesal oportuno para aportar el certificado de empadronamiento que, cuando se produce el Auto de 10 de mayo de 1999 que lo inadmite, resultaba un documento clave para apoyar la legitimación activa de los recurrentes en amparo. Legitimación activa que, en todo caso, se deriva del interés legítimo que ostentaban los demandantes de amparo en la cesación de los ruidos de la discoteca que se estaban produciendo en su domicilio y no del certificado de empadronamiento en el mismo.

6. Ahora bien, lo que sí se deduce de las actuaciones es que el órgano judicial realizó una interpretación rigorista y formalista de las reglas que regulaban el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona establecido en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, que no fue respetuosa con el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Y ello porque, si un contenido de este derecho es el principio pro actione, la Sala debió tener en cuenta que la inadmisión del certificado de empadronamiento del Sr. Iranzo por ser aportado en un momento procesal posterior al oportuno, esto es, cuando se puso de manifiesto la excepción de falta de legitimación activa por parte del Ayuntamiento de Valencia en la contestación a la demanda, podía derivar en la inadmisión del recurso contencioso-administrativo que se había formulado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 15 y 18.2 CE y, en definitiva, podía suponer, como así fue, la lesión del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24. 1 CE).

Las Sentencias impugnadas no tuvieron en cuenta que el canon del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) se refuerza cuando se impugna un acto o, como en este caso, una omisión de la Administración por lesión de derechos fundamentales sustantivos, como los derechos fundamentales a la integridad física (art. 15) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) de los recurrentes. Este Tribunal tiene declarado que, en estos casos, “el control del pronunciamiento judicial que deniega la tramitación de la demanda y su resolución de fondo requiere, así pues, un mayor rigor (STC 112/1996, de 24 de junio)” (STC 10/2001, de 29 de enero, FJ 4).

La Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana accedió a la excepción opuesta por el Ayuntamiento de Valencia sobre la falta de justificación del empadronamiento de los recurrentes declarando que la familia Iranzo “no ha justificado, con certeza, la residencia en dicho inmueble, constando en la escritura pública de poder para pleitos que éstos acompañaron al escrito de interposición del contencioso que su domicilio (30.1.1998) es el de la calle Diputación 256 de Barcelona y sin que aparezca en el expediente administrativo que éstos presentaron escrito privativo alguno de queja o denuncia ante el funcionamiento molesto de la discoteca Jardines del Real más allá del que obra en el folio 213” (fundamento de Derecho undécimo). En contra de lo alegado por el representante procesal del Ayuntamiento de Valencia, no podemos afirmar que la Sala declarase la falta de legitimación de los recurrentes porque no estaba justificado que habían sufrido las molestias y ruidos producidos por la discoteca que lo hizo, sino porque no se consideró justificada su residencia en el domicilio, cuando previamente la Sala inadmitió el certificado de empadronamiento del cabeza de familia en Valencia por presentarse fuera del trámite procesal oportuno y, además, cuando de las actuaciones se deduce, de acuerdo con lo alegado por el Ministerio Fiscal, que la familia Iranzo participó en todo el proceso de denuncia de las molestias y ruidos que causaba la discoteca (dejando entrar a la policía, etc.) aunque no fuera a título individual con la presentación de escritos de denuncia, algo lógico, si tenemos en cuenta que el problema afectaba a todos los vecinos y no sólo a la familia Iranzo Tatay, integrados en la comunidad de propietarios de la casa núm. 13 de la calle de la Legión Española de la ciudad de Valencia.

Pero, además, la interpretación formalista y rigorista de las disposiciones que regulaban el proceso especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona que realizó la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que impidió a los recurrentes aportar el certificado de empadronamiento, no tuvo en cuenta, lo alegado aquí por el Ministerio Fiscal, de que “el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual” (STC 10/2002, de 17 de enero, FJ 7). Eventualidad que, de seguirse la tesis sostenida por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sería predicable del Sr. Iranzo y su esposa, pero no de sus hijos, quienes otorgaron poder apud acta designando el domicilio de Valencia como residencia habitual ante el Secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

7. En función de lo expuesto, debemos concluir que la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lesionó el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Lesión que no fue subsanada por la Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación.

Por otra parte la lesión del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) que produjeron las resoluciones judiciales impugnadas determina la retroacción de las actuaciones para que los recurrentes obtengan una resolución sobre el fondo de su pretensión por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De ahí que debamos detener aquí nuestro enjuiciamiento y no continuar con el examen de las quejas sobre la lesión de los derechos fundamentales de los recurrentes reconocidos en los arts. 15 y 18.2 CE.
 

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por don Agustín Iranzo Reig y otros y, en consecuencia:

1º Declarar que se ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión desde la perspectiva de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).

2º Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de 1 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, exclusivamente en cuanto a la falta de legitimación activa de los recurrentes al inadmitir su recurso contencioso-administrativo, así como anular la Sentencia de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 7250-1999, exclusivamente en cuanto confirmó la inadmisión del recurso contencioso-administrativo de los demandantes de amparo, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse el Auto de 10 de mayo de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con el fin de que se dicte otro respetuoso con el derecho fundamental de los recurrentes.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a once de febrero de dos mil ocho.

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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

SENTENCIAS

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

 

Sentencia del Tribunal  Superior de Justicia de Cataluña, de 20 de septiembre de 2007. En la transmisión de la licencia de apertura no se puede exigir una tasa. Se cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria al devengo de dicha tasa.

Las licencias personales, en cuya concesión se tienen en cuenta primordialmente las cualidades personales del sujeto autorizado, no son transmisibles. Al contrario, las licencias reales, en las que dichas cualidades no tienen relevancia, son libremente transmisibles, salvo aquellas cuyo número sea limitado.

Las licencias urbanísticas son libremente transmisibles, debiéndose comunicar el hecho al Ayuntamiento. La licencia no es un derecho real ob rem del terreno en el que ha de ejecutarse el contenido de la licencia. La falta de comunicación de la transmisión no repercute en la validez del acto de transmisión. Las licencias urbanísticas se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros, no requiriéndose acreditar la propiedad del terreno o título suficiente para su obtención, salvo en la legislación de algunas Comunidades Autónomas. La cuestión está estudiada por J.G. Gómez Melero en el trabajo publicado en el número 235 de la Revista de Derecho Urbanístico, año 2007, titulado “El alcance del control de la legalidad de las licencias urbanísticas. Un ejemplo: la cláusula salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”.

La Sentencia del Tribunal  Supremo de 11 de enero de 2002, excluye la exigibilidad de la tasa cuando la licencia urbanística no llegó a expedirse por desistimiento de la entidad interesada. Lo mismo ocurre en caso de denegación de lo solicitado. Las licencias obtenidas por acto presunto no producen devengo de la tasa. En caso de caducidad de la licencia debe solicitarse nueva licencia, degenerándose el devengo de una nueva tasa. Aquí nos remitimos, entre otras obras, a la publicada por el Profesor Felipe Iglesias González, titulada “Licencias urbanísticas”, 2007.

No obstante lo expuesto, señala M.J. Mora González en su trabajo “La transmisión de las licencias urbanísticas”, publicado en el número 23 de “El Consultor”, 2007, “no resulta difícil encontrar municipios, como Madrid, cuyas Ordenanzas Fiscales gravan la transmisión de licencias y por un importe nada desdeñable”.

La Sentencia del Tribunal  Supremo de 15 de octubre de 1998, declaró la no sujeción a tasa de la transmisión de licencia urbanística concedida para la construcción de viviendas condenando a la Administración Local a la devolución de lo indebidamente cobrado.

La transmisión del proyecto lleva consigo normalmente la transmisión de la licencia de obras; siendo el transmitente empresario o profesional la operación está sujeta a IVA, sobre el tema nos remitimos a la Sentencia del Tribunal  Superior de Justicia de Aragón de 20 de diciembre de 2005.

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DEFINICIONES DE INTERÉS
VALCAP

Exceso de Cabida =Tener unos metros mas reales en la finca de los que constan en el registro de la Propiedad

¿cómo se regularizan esos metros?

Si el exceso de cabida solicitado no excede de la vigésima parte de la superficie ya inscrita, se solicitará al registrador que, al mismo tiempo que inscribe la compraventa inscriba también, de oficio, como modificación de superficie, el exceso de cabida registrado por la medición real ultimamente efectuada.
Si el exceso de cabida solicitado no excede de la quinta parte de la superficie ya inscrita, se solicitará del registrador que inscriba también de oficio, el excedo de cabida registrado por la medición real ultimamente efectuada, acompañando certificado de Técnico competente, que permitan la perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida, sin necesidad de título translativo.
Si el exceso de cabida excede de la quinta parte se solicitará del registrador, que al mismo tiempo que inscribe la compraventa inscriba también el exceso de cabida registrado por la medición real ultimamente efectuada, acompañando la certificación catastral correspondiente.
También podrá solicitarse la inscripción del exceso de cabida a través de la incoación de un expediente de dominio.
 me explico, esto es un acto de jurisdicción voluntaria (no litis) se tramita ante el Juzgado, mas concretamente ante el Secretario Judicial.

EXCESO DE CABIDA

Acta notarial. Requisitos según su modalidad.

Cancelación de exceso de cabida que se practicó en expediente de dominio sin intervención de los titulares registrales. Para cancelarlo es necesario consentimiento del titular registral o resolución judicial en procedimiento en que haya sido parte.

Defecto mal formulado.  Al no expresar sus dudas sobre la identidad de la finca.

Deslinde. El acta judicial de deslinde no puede convertirse en un medio privilegiado que sirva para eludir los requisitos que habría de superar una escritura pública que documente un exceso de cabida y pretenda acceder al Registro.

Diferencia con inmatriculación. El exceso de cabida es una rectificación de un erróneo dato registral y la inmatriculación trata de incorporar una nueva realidad física al folio registral. 

Doble inmatriculación. No cabe inmatricular una finca que ya figura inscrita a favor de un tercero como exceso de cabida de otra. La cancelación de la inscripción del exceso requiere consentimiento del titular registral o resolución judicial.

Dudas fundadas de identidad: cuantía del exceso, cambio de linderos y procedencia de división material. 

Compraventa, exceso de cabida y agrupación de fincas no colindantes en el Registro.

 Discrepancia en más de tres veces sobre la cabida inscrita, sin justificar la adquisición del exceso por el transmitente, sin perjuicio de poder practicar la inscripción con la cabida inscrita.

 El art. 298.3 1 y 2 RH exige no solo la perfecta identificación de la finca sino también de su exceso de cabida. Solo así podrá conseguirse que el Registrador no tenga dudas fundadas sobre la identidad de la finca.

 Finca procedente de otras con cabida exacta.

 No pueden dirimirse en un recurso gubernativo.

 Venta de tres fincas señalándose que se corresponden con la resultante de la agrupación en escritura posterior. Única certificación catastral.

Dudas ubicación. Concordancia parcela catastral y registral. Véase 

Folio cerrado. No cabe inscribir un exceso de cabida sobre una finca cuyo folio figura cerrado por haberse aportado a una Junta de Compensación.

Identidad. Apareciendo ubicadas en parajes de distinto nombre no puede apreciarse la identidad de la finca registral y catastral.

Identificación perfecta. El art. 298.3 1 y 2 RH exige no solo la perfecta identificación de la finca sino también de su exceso de cabida. Solo así podrá conseguirse que el Registrador no tenga dudas fundadas sobre la identidad de la finca.

Inmatriculación. El exceso de cabida es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación.

 Excesos de cabida notorios y con dudas de identidad.

Linderos. Informe técnico. La identificación de la finca y su exceso de cabida ha de hacerse con referencia a los linderos que resulten del Registro, permitiéndose su actualización (p.ej cambio de los titulares colindantes), pero no su alteración, expresándose que lo que se pretende  es rectificar la superficie de la finca que se contiene dentro de los linderos registrales.

Medios. Diferentes medios para hacerlo constar.

Montes públicos. Andalucía. No es inscribible un acta de notoriedad de declaración de un exceso de cabida de finca colindante con monte público sin informe favorable del Ayuntamiento y con informe negativo de la Junta.

Menciones. Es mención la referencia a disminuciones de cabida derivadas de actos no inscritos (expropiación, cesión).

Montes públicos. Para inscribir excesos de cabida en fincas colindantes con montes públicos es necesario el informe favorable del organismo administrativo competente.   

Naturaleza. Presupone siempre la rectificación de un error de cabida previo a la finca inscrita, por lo que si el exceso se corresponde con una finca colindante no inscrita lo procedente es inmatricular la colindante y agruparla a aquella.

 Supone, en rigor, una rectificación de un erróneo dato registral. En otro caso ha de inmatricularse la superficie adicional colindante y agruparla con la registrada.

Reducciones de cabida. La Ley 13/1996 hace referencia a la rectificación de superficie en general, por lo que la reducción de cabida también ha de justificarse.

RECORDATORIO

¿Sabias que , para los excesos de cabida por inmatriculación, el acta notarial que ha de utilizarse es la del art. 209 RN, debiéndose considerar notorio que el adquirente era tenido por dueño con la superficie correcta; pero, si no es por inmatriculación, se acudirá al acta de presencia del art. 203 RN que exige la citación de colindantes

 ¿Sabias que, las reducciones de cabida que constan en los asientos registrales por meras manifestaciones de sus titulares -como haber tenido lugar una expropiación parcial- han de ser consideradas menciones cancelables, siendo la verdadera superficie registral la originaria, previa a dichas menciones ?

 

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CONSEJOS
PRIMERA DOCUMENTACIÓN  O DOCUMENTACIÓN DE URGENCIA  DE LA COMUNIDAD QUE DEBE ENTREGAR UN ADMINISTRADOR CUANDO DEJA SU CARGO EN LA COMUNIDAD.
1º Listado de propietarios, coeficientes, propietarios , teléfonos, direcciones y forma de pago de los recibos, con especificación de las domiciliaciones bancarias.

2º Listado de las últimas cuotas emitidas, con indicación de posibles modificaciones o emisión de otras con carácter extraordinario, debiendose indicar el mes.

3º Fotocopia legible de la última nomina de los empleados (si los tuviere la comunidad), debiendo mencionar el mes.

4º Fotocopia legible de los últimos seguros sociales pagados. Debe indicarse el mes.

5º Tarjeta de identificación Fiscal y etiquetas.

6º Contrato de la cuenta corriente de la comunidad, con indicación de las personas que disponen de firma, así como de su carácter si es solidario o mancomunado.

7º Entrega de los talonarios y/0 pagarés, con indicación de la cantidad, entidad bancaria a la que pertenecen y la numeración de los cheques.

8º Listado de proveedores, incluyendo el teléfono de contacto.

9º Contrato de la póliza de seguro que se tuvieran contratadas, con indicación del próximo  vencimiento, asi como del telefono de asistencia si se tuviera contratada dicha cobertura.

10º El Libro de Actas

11º Copia de la  Escritura de Obra Nueva y División Horizontal, y los estatutos si no estuviesen incluidos en dicha escritura.

12º Copia de la ultima liquidación de los recibos  que se pagan en la finca, debiendose indicar el mes al que corresponden

13º Sello de la Comunidad.

 

ANECDOTARIO

Hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad como dice la letra de la zarzuela, y los avances que esto supone no son fácilmente asumidos por las personas de a pie, que al fin y a la postre somos los destinatarios de los mismos.

Con la regulación automática de los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, ocurre esto, y llega a tal nivel que, en ocasiones, da la impresión que siquiera los técnicos especialistas de las instalaciones conocen bien su funcionamiento para que el rendimiento sea óptimo.

Sobre esta cuestión es la historia que le ocurrió a nuestro administrador en esta ocasión. La instalación de calefacción de la comunidad se encontraba en un estado deplorable y las averías eran la constante de todos los inviernos. Como siempre sucede, esos problemas no ocurrieron en el mes de mayo, donde como las cigarras, todos disfrutaban del buen tiempo, sino que comenzaban en “el puente de los santos”, cuando el frío se impone y las calderas se rompen. La instalación tenía más de 25 años, bastantes menos que la mayoría de los propietarios que ya superaban los 65-

Reunidos en junta...
 

Llegó el momento en que el servicio había sido tan rematadamente malo durante el invierno que el administrador manifestó en Junta General:

- “O se reforma el sistema de calefacción, o tienen mi cargo a su disposición ahora mismo, porque no estoy dispuesto a soportar otro invierno como el pasado” dijo con autoridad. Y, cosa extraña, le hicieron caso.

Se inició el proceso de pedir presupuestos a varias empresas de calefacción, se solicitaron sistemas alternativos en los combustibles, se estudiaron sistemas de control de consumo en cada vivienda y, finalmente, se dispuso de un enorme dossier lleno de planos, fotografías y gráficos, que al final arrojaban el importe de la inversión que debía realizarse: muchos miles de euros.

La comunidad se reunió mas de ocho veces entre los meses de marzo y julio. En todas las juntas surgían nuevas propuestas, ideas, sugerencias, mejoras…, en definitiva pretextos y maniobras para no afrontar la dolorosa realidad. Era necesario realizar un desembolso muy importante.

... Y se tomó un acuerdo
 

Finalmente se logró acuerdo decidió confiar la obra a una empresa instaladora que en el futuro se encargaría de la conservación del sistema con la colaboración del empleado de la finca, como se llamaba ahora al portero de casi toda la vida.

Pero todavía era necesario retocar, pulir, afilar y reducir el coste que esta empresa presentaba. Por ejemplo, ¿para qué hacía falta instalar una Central Digital de Control de Temperaturas con Válvula de Tres Vías?. Para que el funcionamiento de las calderas se regule automáticamente, contestó paciente el administrador, ¿Y esa central cuanto cuesta?. Pues la cantidad que figura en el presupuesto que ya se ha aprobado. Y, ¿para que tenemos entonces al portero, sólo para mirar?

El presidente, repetidor de toda la vida, con autoridad y mando en plaza, dijo:

- “Esto lo arreglo yo. Para controlar la temperatura y saber cuando vamos a encender o apagar la calefacción vamos a instalar un termómetro, en el ático donde yo vivo, orientado al norte, como mi casa, y cuando baje de la temperatura que acordemos, se enciende, y cuando suba de esa temperatura, se apaga”.

- ¿Y cuando usted, que viaja mucho, no esté en casa?

- Cuando yo esté y cuando no esté, la lectura la hará el portero, que para eso le pagamos, al que le iba a comprar unos prismáticos para que viera el termómetro, pero no hace falta porque ya tiene unos, o sea que otra cosa que nos hemos ahorrado...

No nos han explicado que opinó el portero, que seguro, más razón que un santo, optó por llamar a la empresa instaladora. Más vale prevenir, que lamentar.

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

 

"La verdadera amistad es una planta de desarrollo lento"

(G.Washington)

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