LLAVE EN MANO
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del mundo inmobiliario

Nº 48
Marzo/2008


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NOTICIAS

La promesa de eliminar los costes en la ampliación de las hipotecas debería ir acompañada de una tramitación telemática.

Los costes a eliminar tienen que ver con notarios, registradores, gestorías y entidades financieras, por ello  será  precisó ‘ hablar con los agentes’ antes de formalizar la propuesta.
 

Hipotecas multidivisa: Aumenta un 28% la solicitud de información

El perfil del solicitante es el de una pareja española -de entre 35 y 46 años de edad- y con residencia en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante, que con frecuencia ocupan los primeros puestos entre las ciudades con más alto coste de vida de España. Asimismo, merece destacar que el demandante suele contar con estudios superiores y ocupa puestos de funcionario, ingeniero y demás cargos de responsabilidad.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Con los datos del euribor de febrero de 2008, un plazo de 26 años con un diferencial de 0,50 puntos sobre el Euríbor, la cuota mensual pasará de los 819,1 euros en febrero de 2007 a los 840,79 euros que pagará ahora al mes, lo que supone un incremento mensual de 21,69 euros en las cuotas y una subida anual de 260,28 euros.

Sin embargo, el Euríbor ha ralentizado su crecimiento interanual, por lo que las hipotecas que se revisen según el indicador de febrero se encarecerán menos que las que se tuvieron que actualizar el pasado mes de enero, ya que con el indicador del pasado mes (4,498%) la cuota mensual de la hipoteca se situó en 896,93 euros.

Por el contrario, los usuarios que revisen sus hipotecas semestralmente sí notarán un ligero alivio en sus bolsillos, ya que en agosto la cuota mensual de los consumidores con este tipo de hipotecas se situaba en 868,94 euros, cuando el Euríbor se situaba en el 4,666%, frente a los 840,79 euros que tendrá que pagar ahora, es decir, abonarán 28,15 euros menos cada mes y un total de 337,8 euros menos al año.

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ACTUALIDAD


La crisis inmobiliaria es 'grave',
durará hasta cinco años
y se destruirán hasta 400.000 empleos

valcap

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CONSULTA

 ELEMENTO COMUN EN PROPIEDAD HORIZONTAL: SUBSUELO. Una propiedad horizontal tiene como uno de los elementos independientes parte del solar. Ahora el propietario de esa parte de solar pretende hacer una excavación, y se plantea si el subsuelo que hay bajo esa parte de solar es privativo o común, y por tanto si es necesario consentimiento de la Junta de propietarios.


Conforme al art. 396 CC, los elementos comunes lo pueden ser por naturaleza, por haberlo establecido así el título, o residualmente por no haber sido configurados en el título como elementos privativos.


sub

En el presente caso al constar en el título como elemento privativo el solar parece que el subsuelo tendrá también carácter privativo, ya que lo que está bajo un elemento privativo se considera privativo.

Esto último sucede con frecuencia en las casas adosadas que cuentan con jardín. Para ello será preciso describir el jardín como una parte más del elemento independiente, ya que si constara atribuido a la casa únicamente el uso del mismo se habría partido, en ese caso, de la previa consideración del mismo como elemento común.

 

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LEGISLACIÓN

EMBARCACIONES DE RECREO. Resolución de 15 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista séptima del Registro de matrícula de buques.
PDF (2008/01708; 6 págs. - 117 KB.)

barca


PAISAJE. Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.
PDF (2008/01899; 5 págs. - 52 KB.)

*REGLAMENTO REGISTRO MERCANTIL. Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil central.
PDF (2008/02248; 3 págs. - 89 KB.)

PILAS Y ACUMULADORES. RESIDUOS. Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
PDF (2008/02387; 12 págs. - 130 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»
PDF (2008/02389; 5 págs. - 62 KB.)

MALASIA. Convenio entre el Reino de España y Malasia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 24 de mayo de 2006.
PDF (2008/02484; 10 págs. - 98 KB.)

malasia

BUQUES. Orden APA/320/2008, de 6 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la inclusión en el censo de la flota pesquera operativa de los buques de pesca españoles objeto de regularización en virtud de la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de buques y empresas navieras y en el censo de la flota pesquera operativa.
PDF (2008/02594; 10 págs. - 233 KB.)

SUDÁFRICA. Convenio entre el Reino de España y la República de Sudáfrica para evitar la doble iimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 23 de junio de 2006.
PDF (2008/02672; 9 págs. - 78 KB.)

AUDITORÍA DE CUENTAS. Orden EHA/331/2008, de 8 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
PDF (2008/02673; 3 págs. - 69 KB.)

MERCADO DE VALORES. Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales.
PDF (2008/02678; 4 págs. - 50 KB.)  Suplemento PDF

valores

 

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Real Decreto 215/2008, de 15 de febrero, por el que se modifica el artículo 59 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

            El Reglamento modificado flexibilizó el régimen aplicable a las instituciones de inversión colectiva  inmobiliaria. Sin embargo, las normas referidas a la financiación ajena recibida por estas instituciones han generado algunos obstáculos para su adecuado funcionamiento, obstáculos que ahora se trata de remover. Es concreto:

            - Se aclara que las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria no habrán de computar en los límites al endeudamiento el derivado de cualquier régimen de protección pública a la vivienda, para garantizar que estas instituciones pueden también hacer un uso pleno de las facilidades de financiación contempladas en esos regímenes.

            - Se aclara el régimen aplicable al endeudamiento para resolver dificultades de tesorería, estableciéndose explícitamente un límite al mismo del 10 por ciento del activo y un plazo de vencimiento de dieciocho meses.
PDF (2008/02822; 2 págs. - 62 KB.)

ENTIDADES FINANCIERAS. Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.    

            Este Real Decreto, destinado a transponer normativa comunitaria sobre la materia, recoge en su título primero disposiciones relativas a entidades financieras y, en su título segundo, disposiciones relativas a empresas de servicios de inversión. Dentro de este título está el art. 88:
            Artículo 88. Recursos propios computables en la definición general.
            1. Los recursos propios computables de las empresas de servicios de inversión estarán formados por los siguientes elementos: …
            c) Las reservas de regularización, actualización o revalorización de activos, previa verificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la corrección de su cálculo y de su sometimiento a las normas contables. Las reservas de esta naturaleza asociadas a procesos de fusión no se contabilizarán como recursos propios antes de la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, restándose entre tanto de los activos revalorizados a efectos del cálculo de los requerimientos de recursos propios.
PDF (2008/02823; 40 págs. - 262 KB.)

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
PDF (2008/02824; 29 págs. - 207 KB.)

ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO. Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
PDF (2008/02825; 4 págs. - 133 KB.)

1

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos de pensiones en materia financiero-actuarial, del régimen de inversiones y de procedimientos registrales.
PDF (2008/03170; 13 págs. - 205 KB.)

ACUERDOS INTERNACIONALES. Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
PDF (2008/03302; 29 págs. - 239 KB.)

VENTAS A DISTANCIA. Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia.
PDF (2008/03303; 2 págs. - 39 KB.)

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
PDF (2008/03527; 15 págs. - 132 KB.)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
PDF (2008/03528; 5 págs. - 144 KB.)

discapacidad


IRPF Y PATRIMONIO. Orden EHA/481/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión, rectificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
PDF (2008/03741; 93 págs. - 1960 KB.)

RECAUDACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Resolución de 18 de febrero de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la caja general de depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
PDF (2008/03743; 3 págs. - 98 KB.)

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCIA

ANDALUCÍA. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
PDF (2008/02492; 13 págs. - 121 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
PDF (2008/02493; 13 págs. - 122 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
PDF (2008/02494; 25 págs. - 202 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
PDF (2008/03178; 31 págs. - 523 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
PDF (2008/03179; 20 págs. - 340 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
PDF (2008/03180; 11 págs. - 158 KB.)

ANDALUCÍA. Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
PDF (2008/03530; 18 págs. - 142 KB.)

andalucia

*NIF. Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

            Invariabilidad. El  número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que asigne la Administración tributaria será invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma jurídica o nacionalidad.

            Composición. Serán nueve caracteres

                 a) Una letra, que informará sobre la forma jurídica, si se trata de una entidad española, o, en su caso, el carácter de entidad extranjera o de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.
               - A. Sociedades anónimas.
               - B. Sociedades de responsabilidad limitada.
               - C. Sociedades colectivas.
               - D. Sociedades comanditarias.
               - E. Comunidades de bienes y herencias yacentes.
               - F. Sociedades cooperativas.
               - G. Asociaciones.
               - H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
               - J. Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica.
              -N. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de la nacionalidad española.
                 - P. Corporaciones Locales.
                 - Q. Organismos públicos.
                 - R. Congregaciones e instituciones religiosas.
                 - S. Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
                 - U. Uniones Temporales de Empresas.
                 - V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.
                - W. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español. Cuando una persona jurídica o entidad no residente opere en territorio español por medio de uno o varios establecimientos permanentes que realicen actividades claramente diferenciadas y cuya gestión se lleve de modo separado, cada establecimiento permanente deberá solicitar un NIF distinto del asignado a la persona o entidad no residente.

                 b) Un número aleatorio de siete dígitos.
                 c) Un carácter de control.

            Situación transitoria. NIF asignado antes del 1º de julio de 2008. Durante el año 2008 la Agencia Tributaria comunicará a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden, deban tener una letra distinta, el nuevo NIF que les corresponda. A partir del 1º de julio de 2008, lo pueden solicitar también las entidades afectadas, sin esperar a la comunicación.

            Discrepancia. Si llega el 1º de enero de 2009 y no se ha recibido comunicación, las entidades que crean que les corresponde un NIF distinto del asignado, deberán dirigirse a la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal para actualizar la información censal y obtenerlo.

            Entrada en vigor. El 1 de julio de 2008.    PDF (2008/03580; 3 págs. - 95 KB.)

 

AragÓn

ARAGÓN. Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2008.
PDF (2008/03308; 35 págs. - 325 KB.)

ARAGÓN. Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
PDF (2008/03309; 68 págs. - 440 KB.)

ARAGÓN. Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
PDF (2008/03310; 3 págs. - 43 KB.)

aragon

 

CANTABRIA

CANTABRIA. Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2008.
PDF (2008/02598; 28 págs. - 206 KB.)

CANTABRIA. Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
PDF (2008/02599; 41 págs. - 266 KB.)

 

cantabria

 

GALICIA

GALICIA. Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
PDF (2008/02988; 101 págs. - 1138 KB.)

galicia

 

MADRID

MEDIDAS DE FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID NORMATIVA: ORDEN 1/2008, de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Vivienda, por la que se establecen las medidas de fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid.

PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID DE 21 DE ENERO DE 2008.

ENTRADA EN VIGOR: 22 DE ENERO DE 2008.

TEXTO:

La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda.

En el ejercicio de esta competencia, la Comunidad de Madrid viene realizando un importante esfuerzo para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, el alquiler constituye una opción especialmente adecuada para facilitar el primer acceso a la vivienda, favorecer la emancipación de los jóvenes y resolver estados transitorios de necesidad en determinados supuestos como pueden ser, por ejemplo, el cambio de residencia o situaciones de separación o divorcio.

La dinamización del mercado de alquiler de viviendas existentes requiere que propietarios e inquilinos cuenten con las garantías apropiadas. La presente Orden tiene como finalidad establecer una serie de medidas que aporten una mayor seguridad al arrendamiento de viviendas existentes destinadas a domicilio habitual, en el marco del Plan de Dinamización del Mercado del Alquiler, así como los requisitos necesarios para poder acogerse a las mismas.

Al objeto de ofrecer las mayores garantías a las partes, es imprescindible que los contratos de arrendamiento que se acojan a estas medidas se ajusten al modelo de contrato que figura como anexo y que incluye, entre sus cláusulas, el sometimiento de las partes al sistema de arbitraje que determine la Comunidad de Madrid.

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Estos contratos de alquiler se beneficiarán de los servicios previstos en esta Orden, en particular: la gestión del contrato desde su firma hasta su resolución; la mediación en caso de conflicto entre las partes; un seguro, con una cobertura de veinticuatro meses, para los riesgos de impago de rentas, defensa jurídica en caso de desahucio, desperfectos y reparaciones de la vivienda; un servicio de puesta en uso y un servicio de reformas, para la recuperación de viviendas, con cargo a las rentas futuras del alquiler.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, dispongo:

Artículo 1. Objeto

La presente Orden tiene por objeto establecer las medidas de fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid en el marco del Plan de Dinamización del Mercado del Alquiler.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Podrán acogerse a las medidas de fomento del alquiler los arrendadores de viviendas situadas en el territorio de la Comunidad de Madrid y los arrendatarios, personas físicas, que celebren contratos de arrendamiento en este ámbito territorial, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Que las viviendas en arrendamiento estén destinadas a ser domicilio habitual y permanente del arrendatario durante todo el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento.

b) Que se cumplimente el modelo de contrato de alquiler que figura como Anexo Único de la presente Orden.

c) Que se deposite la correspondiente fianza en el IVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósitos de fianzas de arrendamientos de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3. Medidas de fomento del alquiler

Las medidas de fomento del alquiler de viviendas incluyen una serie de servicios prestados por la Consejería de Vivienda, directamente o a través de su Administración Institucional, para incentivar el alquiler de viviendas susceptibles de arrendamiento en la Comunidad de Madrid, de los que podrán beneficiarse tanto los arrendadores como los arrendatarios que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Orden.

Artículo 4. Medidas de fomento destinadas a los arrendadores

Los arrendadores podrán beneficiarse de las siguientes medidas:

a) Disponer del contrato de arrendamiento que figura como modelo en el Anexo Único.

b) Asignación de un gestor personal que mediará y servirá de apoyo en caso de desacuerdo o conflicto, entre arrendador y arrendatario, en la interpretación y aplicación del contrato.

c) Contratación, durante los dos primeros años del contrato, de los siguientes seguros:
-Seguro de impago que garantice el cobro de las rentas, con un límite de 1.200 euros mensuales, incluida la contratación de una cobertura de asistencia jurídica en caso de tener que acudir a procedimientos judiciales de desahucio.
-Seguro de daños que garantice la recuperación de la vivienda en el mismo estado en el que se alquiló.

d) Contratación, durante los dos primeros años del contrato, de un seguro multirriesgo de hogar y apoyo en la tramitación de cualquier siniestro que pudiera surgir, salvo que ya estuviera cubierto dicho riesgo por otra póliza de seguro.

e) Servicio de Agenda Personal del contrato para su seguimiento permanente.

f) Servicio de Puesta en Uso, de ser necesario, para facilitar la adecuación de la vivienda para su arrendamiento.

g) Asesoramiento especializado y apoyo profesional en los procesos de arbitraje para laresolución extrajudicial de conflictos, asegurando la mayor celeridad.

h) Servicio de financiación de reformas de la vivienda arrendada con cargo a rentas futuras del alquiler.

i) Gestión del depósito de la fianza en el IVIMA.

j) Asesoramiento personalizado sobre las reducciones en los rendimientos del capital inmobiliario por alquiler, de las que puedan beneficiarse en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

k) Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda pública a la que se tenga derecho como arrendador de una vivienda.

Artículo 5. Medidas de fomento destinadas a los arrendatarios

Los arrendatarios podrán beneficiarse de las siguientes medidas:

a) Disponer del contrato de arrendamiento que figura como modelo en el Anexo Único.
b) Asignación de un gestor personal que mediará y servirá de apoyo en caso de desacuerdo o conflicto, entre arrendador y arrendatario, en la interpretación y aplicación del contrato.
c) Disponer de un seguro multirriesgo del hogar para cubrir las posibles averías o desperfectos, y apoyo en la tramitación de siniestros.
d) Asesoramiento jurídico relativo a la interpretación y aplicación del contrato del alquiler.
e) Asesoramiento personalizado sobre las deducciones fiscales al alquiler de las que puedan beneficiarse en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

f) Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda pública a la que se tenga derecho como arrendatario de vivienda.

Artículo 6. Acceso a las medidas de fomento del alquiler.

1. Los interesados podrán dirigirse a las dependencias de la Oficina de Vivienda, sita en la avenida de Asturias, número 30, de Madrid, así como a las que la Consejería de Vivienda habilite al efecto.

2. Para inscribirse en el registro de arrendatarios, bastará con presentar el documento nacional de identidad o pasaporte, o, en su caso, tarjeta de residencia y cumplimentar elmodelo de inscripción en el que se acreditarán los ingresos y quedarán reflejadas las preferenciasy características de la vivienda a alquilar.

3. Los arrendadores de viviendas, que deseen inscribirlas en el registro de viviendas para alquilar, deberán aportar la siguiente documentación:
-Escritura de la vivienda o nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
-Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda que es objeto de arrendamiento.
-Póliza multirriesgo hogar o seguros análogos que cubran los riesgos de la Vivienda, en casode estar vigentes.
-Calificación definitiva de la vivienda, en el caso de que se trate de una vivienda protegida.
-Además, de los documentos anteriores, los que acrediten la identidad y capacidad jurídica y de obrar de los arrendadores o apoderados que suscriben los contratos: DNI o CIF del propietario o propietarios, escritura vigente del poder y DNI del apoderado, según se trate de personas físicas o jurídicas.
-En supuestos especiales de comunidades de propietarios, comunidades de bienes y entidades del artículo 35.4 de la vigente Ley General Tributaria: Las actas de los acuerdos adoptados por los órganos competentes, donde se recoja la decisión de arrendar la viviendas conforme a sus estatutos, DNI del presidente comunidad, administrador o administradores, según se trate en cada caso y sin perjuicio de las escrituras de poder y DNI del apoderado, si procede.

Artículo 7. Gestión de los servicios.

La gestión y prestación de todos los servicios establecidos como medidas de fomento al alquiler en la presente Orden los asumirá y realizará directamente la empresa pública «Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, SA» (INVICAM), adscrita a la Consejería de Vivienda, con arreglo a los fondos destinados a tal fin en su presupuesto, de acuerdo a su Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación y dentro los límites y disponibilidades presupuestarias establecidas en la las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Artículo 8. Control y seguimiento

Los partes intervinientes en los contratos de arrendamiento que se celebren con arreglo a lo establecido en la presente Orden permitirán la realización de las comprobaciones y facilitarán la documentación que se les requiera al efecto para conseguir el buen fin de las medidas descritas para el fomento al alquiler.

Artículo 9. Obligaciones de los arrendadores y arrendatarios

Los arrendadores y arrendatarios, que se acojan o disfruten de las mencionadas medidas de fomento al alquiler, están obligados a notificar, en el plazo máximo de quince días hábiles, a la Oficina de la Vivienda, sita en la avenida de Asturias, número 30, 28029 Madrid, así como en las dependencias habilitadas al efecto por la Consejería de Vivienda, cualquier alteración o modificación que se produzca en el contenido del contrato de arrendamiento de la vivienda, suscrito y presentado con la solicitud, así como la resolución o rescisión del mismo.

dinero

 

Artículo 10. Incumplimiento

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior por el arrendador o arrendatario, así como la falsedad o inexactitud en los documentos aportados por los mismos, supondrán la inmediata pérdida de la prestación de todos los servicios establecidos como medidas de fomento en la presente Orden, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.

Artículo 11. Compatibilidad

Las medidas de fomento previstas en la presente Orden serán compatibles y complementarias de otras ayudas establecidas o que puedan establecerse al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid, con independencia de la Administración que las conceda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.Habilitación normativa
Se faculta al titular de la Dirección General de Vivienda para dictar cuantas Resoluciones resulten necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Orden.

Segunda.Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

MADRID.- Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2008.
PDF (2008/03746; 22 págs. - 184 KB.)

NAVARRA

NAVARRA. Ley Foral 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008.
PDF (2008/03584; 17 págs. - 141 KB.)

NAVARRA. Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
PDF (2008/03585; 32 págs. - 200 KB.)

navarra

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RESOLUCIONES DE LA DGRN

NO EXISTE RETRACTO ARRENDATICIO URBANO EN LA DACIÓN EN  PAGO DE DEUDA. Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.º 8 a inscribir la adquisición de determinados mediante adjudicación en pago de deuda. Vinculante.

            El Registrador de la Propiedad suspende la inscripción de la transmisión de inmuebles urbanos arrendados porque, a su juicio, habida cuenta del negocio traslativo formalizado -una dación en pago de deuda-, cabe la posibilidad de que el arrendatario ejercite el derecho de adquisición preferente conforme a los artículos 1.521 del Código Civil y 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que considera necesaria la justificación de que dicha transmisión ha sido notificada fehacientemente al arrendatario.

            La DGRN estima lo contrario y revoca la calificación, con los siguientes argumentos:

            a. la dación en pago es una forma especial de pago por el que el deudor o un tercero, con el consentimiento del acreedor, realiza con finalidad solutoria una prestación distinta de la debida («aliud pro alio»). Y, aunque puedan aplicarse por analogía algunas de las normas de la compraventa, no por ello pueden ser identificados a todos los efectos ambos negocios jurídicos.

            b. Las normas que regulan el derecho de adquisición preferente del arrendatario en materia de arrendamientos urbanos han de ser objeto de interpretación estricta en cuanto limitan las facultades dispositivas inherentes al dominio de los bienes arrendados. El artículo 25.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece el derecho de adquisición preferente únicamente para el caso de venta de la vivienda arrendada, por lo que, al no extenderlo el legislador a supuestos distintos al de la venta (como, por el contrario, hace el artículo 22 de la Ley de Arrendamientos Rústicos), no cabe aplicar dicha limitación legal del dominio.

cuentas

            c. Cuestión distinta es que, no obstante la literalidad de la norma del artículo 25.1 de la Ley, deba reconocerse al arrendatario el derecho de adquisición preferente en casos en que la adjudicación en pago constituya un negocio simulado o se trate de un negocio indirecto con propósito de aparentar externamente un realidad jurídica distinta a la venta realmente perseguida por la partes. Pero la apreciación de tales circunstancias excede del ámbito de competencias del Registrador en el reducido marco del procedimiento registral.  (JDR)

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.º 8 a inscribir la adquisición de determinados mediante adjudicación en pago de deuda. (JDR)

PDF (2008/00688; 3 págs. - 116 KB.)
www.notariosyregistradores.com        

GUIA DEL PROPIETARIO

MERCADO HIPOTECARIO. LEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

LEYES AFECTADAS:


Su contenido se refiere fundamentalmente a lo siguiente:

- Modificación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios. Arts. 2, 4 (con Disp. Tr), 8 y 9. Se deroga la disposición adicional décima.

- Regulación de la hipoteca inversa fuera de la Ley Hipotecaria. D. Ad. 1ª y 4ª

- Modificación de la Ley Hipotecaria. Arts 12, 130, 149 y 153 bis.

- Se modifica la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 1954. Arts. 2, 8 y 54. Por la D. Final 3ª.

- Régimen de compensación por amortización anticipada. Arts. 7, 8 y 9 (con Disp. Tr). No modifican formalmente ninguna ley.

inmueble



- Modificación de la ley 2/1981, de 25 de marzo, reguladora del mercado hipotecario.

- En el capítulo de Mecanismos de refinanciación, los arts. 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17 (con Disp. Tr) y 18.

- En el dedicado a las Entidades de tasación, el art. 3 y se incorporan el 3 bis, 3 bis I y 3 ter.

- En el de Mejora y flexibilización del mercado hipotecario (que incluye la reforma de la de la Ley Hipotecaria), los arts. 4, 10, 15, añadiéndose los arts. 26 y 27

- Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Art. 48

- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 135, 151, 154, 162, 267, 268, 274, 276, 278, 318 y 693.3. Desaparece, respecto del Anteproyecto, la modificación de los arts. 656 y 688 sobre certificaciones y nota marginal.

- Modificación de la Ley de Procedimiento Laboral, arts. 44, 46 y 56.

- Modificación del art. 34 le la Ley sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para imponer la autoliquidación en Cataluña. D. Final 7ª.

- Regulación del seguro de dependencia. D. Ad. 2ª.

- Acontecimiento «33ª Copa del América».Ventajas fiscales y arancelarias.

- Modificación de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. D. Final 1ª.

- Modificación en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. D. Final 2ª.

- Modificación de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción. D. Final 4ª.

- Se regula el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. D. Final 5ª

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HACIENDA


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

V1567-07
ÓRGANO :
SG de Tributos

FECHA SALIDA : 16/07/2007
NORMATIVA: Ley 58/2003, arts. 93 y 94; RD 2027/1995, arts. 1, 2 y 3
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La consultante es una Comunidad de Propietarios en Régimen de Propiedad Horizontal.
CUESTIÓN-PLANTEADA: TObligación de presentar la Declaración anual de operaciones con Terceras Personas (Modelo 347)
CONTESTACIÓN-COMPLETA : El artículo 93 apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, regula con carácter general las obligaciones de información en los siguientes términos:
“1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidas de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
…”.
El Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, desarrolla lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (actualmente, artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), en lo relativo al suministro de información en relación con las citadas operaciones.
El artículo 1º del citado Real Decreto establece los requisitos subjetivos relativos a esta obligación, es decir, los sujetos obligados a cumplirla, señalando:
"1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, que desarrollan actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.
A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, tendrán la consideración de actividades empresariales o profesionales todas las definidas como tales en el apartado dos del artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, tendrán esta consideración las actividades realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el apartado uno del mismo artículo 5 de la precitada Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e).
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, la Administración del Estado y sus organismos autónomos, las Comunidades Autónomas y los organismos que dependan de éstas, así como las entidades integradas en las demás Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional, las sociedades estatales, autonómicas, provinciales o municipales, las cámaras y corporaciones, los colegios y asociaciones profesionales de carácter público, las Mutualidades de previsión social de naturaleza pública y las demás entidades públicas, incluidas las Gestoras de la Seguridad Social, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, incluirán en la declaración anual de operaciones a que se refiere el apartado anterior, las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales o, incluso, cuando no realicen actividades de esta naturaleza.
Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional deberán relacionar, además, en la declaración anual de operaciones, las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus Presupuestos Generales o gestionen por cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas.....".
Por su parte, el artículo 2º del citado Real Decreto, al regular las exclusiones a la obligación de presentar esta declaración anual, establece:
“No estarán obligados a presentar la declaración anual de operaciones regulada en el presente Real Decreto:
a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio español la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal.
b) Las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el régimen de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de los expresados regímenes.
c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 € (500.000 pesetas) durante el año natural correspondiente o de 300,51 € (50.000 pesetas) durante el mismo período, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales u otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los de autor.
d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 3 de este Real Decreto”.
Por su parte, el mencionado artículo 3º recoge en su apartado 2, como operaciones excluidas del deber de declaración, entre otras, las siguientes:
“a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar la factura o documento equivalente, consignando los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario.
(….)
h) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal a través de declaraciones específicas diferentes a la regulada en el presente Real Decreto…”
En consecuencia, en principio las comunidades de propietarios no se encontrarían entre los sujetos que, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1º, estarían obligados a presentar la declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas, al no realizar una actividad empresarial o profesional.
Si la citada comunidad realizara actividades económicas tendría la obligación de presentar la declaración, únicamente por las operaciones realizadas en el ámbito de dichas actividades, sin perjuicio de que fuera aplicable alguna causa de exoneración del deber de declaración a tenor de lo establecido en el artículo 2º del citado Real Decreto.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

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SENTENCIAS

Id Cendoj:28079110012007101094
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3071/2000
Nº de Resolución: 1115/2007
Procedimiento: Casación
Ponente:ANTONIO GULLON BALLESTEROS
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen: Derecho de sobreelevación: perecimiento del edificio que era objeto del mismo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, elrecurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de laAudiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000, como consecuencia de los autos de juicioordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Baracaldo;cuyo recurso ha sido interpuesto por la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., representada por elProcurador de los Tribunales D. Pedro Rodríguez Rodríguez; siendo parte recurrida D. Valentín y D. LuisCarlos , asimismo representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Mercedes Pérez García.

derrumbe

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Baracaldo, fueron vistos los autos de juicioordinario declarativo de menor cuantía, instados por D. Valentín y D. Luis Carlos , contra D. Pedro Jesús , D.Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra ; y contra Arenales de Las Palmas, S.L.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "estimando la demanda en su totalidad, declarando: a) La extinción de derecho real de sobreelevación de dos plantas y camarote, que grava la casa, sita en la CALLE000 , NUM000 de Baracaldo. b) La inexistencia de derecho de vuelo o sobreelevación que recaigan sobre solar sito en Baracaldo, CALLE000 nº NUM000 . Y ordenando la cancelación del asiento registral a que se refiere el hecho quinto de la demanda, imponiendo las costas del juicio a quienes se oponga a los pronunciamientos que se postulan".

Admitida a trámite la demanda y emplazadas las mencionadas partes demandadas, compareció únicamente la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., que mediante su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dictase sentencia "desestimatoria y estimar en su integridad la demanda reconvencional formulada, declarando expresamente el reconocimiento y vigencia del derecho de sobreelevación que esta parte ostenta en relación con el futuro edificio que se va a construir, procediendo a asignar de forma prudencial las cuotas que a cada uno de los diferentes propietarios pudieran corresponder en relación con el solar sito en el nº NUM000 de la CALLE000 de Baracaldo, con expresa imposición de las costas a la parte actora/demandada en reconvención, tanto las relativas al procedimiento principal, como al reconvencional por esta parte formulada. No habiéndose personado los demandados D. Pedro Jesús , D. Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra , fueron declarados en rebeldía".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 26 de enero de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que desestimando íntegramente la demanda, debo declarar y declaro la no extinción del derecho real sobre elevación de dos plantas y camarote que recae sobre la casa hoy derribada sita en la CALLE000 nº NUM000 de Baracaldo y consecuentemente no procede su cancelación registral, condenando al mismo tiempo a la actora al pago de las costas causadas en la presente demanda".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de D. Valentín y D. Luis Carlos y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000 , dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Bajo Auz, en la representación que ostenta, contra la sentencia de fecha 26 de enero de 1.998, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Baracaldo, en menor cuantía 139/97, de que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos la referida resolución, consecuentemente, con estimación de la demanda, declaramos, que no existe derecho de edificación sobre vuelo o sobreelevación, en relación con el posible edificio sobre solar sito en el Municipio de Baracaldo, en su CALLE000 nº NUM000 , antigua calle La Victoria, ordenando la cancelación del asiento registral a que se refiere el hecho quinto de la demanda. Las costas de la instancia se imponen a la demandada oponente, no existiendo expresa imposición en relación con las ocasionadas en la presente alzada".

TERCERO.- El Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000, con apoyo en los siguientes: El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 396 Cód . civ. en relación con los arts. 3 y 11 de la LeydePropiedadHorizontal de 1.960.- El motivo segundo , al amparo del art. 1.692.4º LEC , por inaplicación del art. 16.2 del Reglamento Hipotecario .

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, Pedro Rodríguez Rodríguez, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 9 de octubre de 2.007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.- D. Valentín y D. Luis Carlos demandaron por las reglas del juicio declarativo de menor cuantía a: D. Pedro Jesús , a D. Claudio o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de D. Claudio , a Dª. Sandra o Herencia Yacente, sucesores y hermanos de Dª. Sandra ; y a Arenales de Las Palmas, S.L.

Se solicitaba la declaración de que se había extinguido el derecho real de sobreelevación de dos plantas y camarote, que grava la casa, hoy derruida, sita en la CALLE000 , NUM000 , de Baracaldo, y la declaración de la inexistencia de derecho de vuelo o sobreelavación sobre el solar de dicha casa derruida.

En el procedimiento solamente compareció Arenales de Las Palmas, siendo declarados rebeldes los restantes codemandados. Aquella entidad suplicó la desestimación de la demanda y estimación de la reconvención, en la que solicitaba que se declarase expresamente el reconocimiento y vigencia del derecho de sobreelevación que ostenta en relación al futuro edificio que se va a construir, procediendo a asignar de forma prudencial las cuotas que a cada uno de los diferentes propietarios pudiera corresponder en relación con el solar sito en el nº NUM000 de la CALLE000 , de Baracaldo.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda, declarando la no extinción del derecho real de vuelo, y la improcedencia de su cancelación parcial en el Registro de la Propiedad.

La ratio decidendi es la de que nos "encontramos ante un derecho real, y como a falta de regulación específica de los derechos reales y así, los derecho reales se extinguen por pérdida de la cosa, consolidación, renuncia y abandono, revocación y expropiación forzosa, siendo el más discutible en este caso la primera de ellas, la pérdida de la cosa, pero esta ha de ser total, en caso de pérdida parcial se produce una nueva modificación del objeto del derecho real, que es lo que ha ocurrido en el presente caso, se produce una transformación del derecho de vuelo en una copropiedad del suelo a la hora de efectuar una nueva edificación, de tal manera que los demandados pasan a ostentar un derecho de sobre elevación en la parte que les corresponda de su titularidad sobre la edificación que en su momento se efectúe, partiendo del reconocimiento jurídico del derecho sobre elevación lo que se le otorga al adquirente es la propiedad sobre el vuelo del edificio, desde el punto ya construido hasta el límite fijado en la escritura de constitución en este caso dos pisos".

La sentencia fue apelada por los actores, siendo estimado por la Audiencia el recurso, revocando aquélla con estimación de la demanda, y, en consecuencia, declaró la inexistencia de derecho de vuelo o sobreelevación en relación con el posible edificio sobre solar sito en Baracaldo, en CALLE000 nº NUM000 .

La ratio decidendi de la sentencia dictada por la Audiencia es doble. Por una parte sostiene que el vuelo es un elemento común en un edificio sujeto a la propiedad horizontal, y es necesario para su concesión el consentimiento de la Junta de Propietarios. No basta que el derecho de elevación se mencione en las escrituras de venta de los diferentes pisos (que es lo ocurrido en el caso de autos, en que la vendedora del piso se lo reservaba), dada la indisponibilidad institucional y aislada de elementos comunes.

Por otra parte, segunda razón, que en este litigio no existe el edificio, es un solar tras la declaración de ruina y posterior demolición, por lo que el derecho se había extinguido.

Contra la sentencia de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación Arenales de Las Palmas, S.L. Los actores, en trámite de impugnación del mismo, se opusieron previamente a su admisión.

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PRIMERO.- Alegan los actores y recurridos que la parte apelante presenta como documento de que fundamenta la titularidad de su derecho de vuelo o sobreedificación la escritura pública en que se recoge la aportación de dicho derecho por su anterior titular a una ampliación de capital social. En ella, de fecha 14 de octubre de 1.993, se valora en dos millones de pesetas. Por lo tanto, el litigio no supera la cuantía de seis millones de pesetas, incurriendo en causa de inadmisión del recurso de casación (art. 1.687, 1º c LEC de 1.881 ).

Se rechaza la oposición a la admisión del presente recurso de casación, porque los hoy recurridos manifestaron en su demanda que "en principio" la cuota era indeterminada, lo que fue aceptado por la codemandada recurrente, sin que conste que aquéllos hayan realizado algo para salir de la inconcreción con que se pronunciaban "en principio". La Audiencia tuvo por preparado el recurso de casación sin cumplir lo preceptuado en el párrafo 2º del art. 1.694 LEC . Así las cosas, esta Sala ha de atenerse a la regla 4º del art. 1.710 LEC de 1.881 , y admitir el recurso dado que no se está en el caso previsto en él de inadmisión por no haberse determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables, siendo la cuantía notoriamente no superior a los límites legales, sino más bien en el contrario, la cuantía es notoriamente superior a los seis millones de pesetas. Si el derecho de vuelo fue valorado en 1.993 en dos millones de pesetas, no hay duda razonable de que el derecho a construir dos pisos y camarote sobre un edificio en una ciudad como Baracaldo tenía un valor muy superior en la fecha de la demanda (17 de marzo de 1.998), cuando se inicia la nueva oleada de subida de precios en esos bienes.

SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 396 Cód . civ. en relación con los arts. 3 y 11 de la LeydePropiedadHorizontal de 1.960. Según la recurrente, la sentencia recurrida interpreta erróneamente el citado precepto civil, pues parte del presupuesto de que el edificio sobre el que recaía el derecho de vuelo se encontraba sometido a la Ley de Propiedad Horizontal como base para la desestimación de las pretensiones de la recurrente, reconviniente en su día, pues si se repasan los títulos de propiedad que tienen por objeto los diferentes posos del inmueble se observa que en ninguno de ellos se recoge la participación que tienen los propietarios en los elementos comunes porque no existía título constitutivo de la propiedad y por ello no tenían asignada cuota alguna. En opinión de la recurrente estaba sometido a una simple comunidad de bienes, formada por los propietarios de los pisos y ella como titular del litigioso derecho de vuelo sobre el edificio.

Para el enjuiciamiento de este motivo ha de partirse de la base de que efectivamente nunca ha existido título constitutivo de propiedad horizontal sobre el edificio, sino sólo declaración de obra nueva por la única propietaria del suelo en el Registro de la Propiedad en el año 1.931, previa a una inscripción de hipoteca sobre el edificio, que fue cancelada. Ha sido su única dueña Dª. Emilia Llorente y Fuentes la que ha ido transmitiendo la propiedad de cada piso. Pero el hecho de que no hubiera escritura pública nada obsta para que exista una propiedad horizontal dado que tienen salida propia a un elemento común o a la vía pública, como requiere el art. 396 Cód . civ. e inevitablemente unos elementos comunes. Ello hace que su regulación jurídica se someta a la Ley de Propiedad Horizontal . La Ley 8/1.999, de 6 de abril , de reforma de la LeydePropiedadHorizontal de 21 de julio de 1.960 , ha recogido este criterio unánime en la doctrina y jurisprudencia, y por ello dispone el art. 2º , apartado b), que se aplica a las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el art. 396 Cód . civ. y no hubiesen otorgado título constitutivo de la propiedad horizontal.

Por todo ello el motivo se desestima.

TERCERO.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC , acusa infracción del art. 16.2 del Reglamento Hipotecario por inaplicación. Bajo este enunciado la recurrente trata de la cuestión de si el derecho de vuelo o sobreelevación pervive una vez llevado a cabo el derribo del edificio sobre el que se constituyó, que en el caso de autos tuvo lugar previa tramitación de expediente de ruina. Entiende que no se ha producido la extinción, sino que su titular lo sigue ostentando sobre la edificación que en su momento se efectúe, hasta el límite fijado en la escritura de constitución. Dice la recurrente: ".... no existiendo limitación urbanística alguna a tal elevación del edificio, y habida cuenta la comunidad de bienes originariamente formada en relación con el edificio objeto de derribo, es obvio que en estos momentos nos encontramos ante un solar que pertenece en proindiviso no sólo a los propietarios de las antiguas viviendas y locales, sino también al titular del derecho de vuelo, todo ello por mor de la transformación registrada en el objeto del mencionado derecho real".

Los razonamientos que apoyan el motivo cuyo contenido se ha expuesto no son precisamente llamativos por su corrección gramatical. La inexistencia de ésta los hace contradictorios. En efecto, unas veces dice que el vuelo recae sobre una cuota del solar, y otras sobre el edificio cuando vuelve a construirse. Por otra parte, señala acertadamente el objeto de este litigio: perecimiento del edificio sobre el que recae el derecho del titular y, en consecuencia, suerte que ha de correr este derecho. La sentencia recurrida declaró su extinción, salvo que constase para su supervivencia con la totalidad de los propietarios, dado el carácter de elemento común que tiene el vuelo.

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No es reprochable que el motivo se apoye en el art. 16 RH, apartado 2 , pues es la única norma dedicada al derecho de sobreelevación, si bien tiene como finalidad la fijación de su contenido a efectos de su publicidad en el Registro de la Propiedad. Pero tema del perecimiento del edificio sobre el que recae el derecho obviamente no es abordado por el antedicho precepto, dado lo limitado de su finalidad.

El apartado 2 del art. 16 RH . no describe más que su contenido: el derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o de hacer construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes. De ello nada puede obtenerse para la resolución del tema planteado, pues nada se dice allí, ni en los párrafos siguientes, sobre las causas de la extinción del derecho de vuelo o sobeedificación. Por tanto, no pasan de ser afirmaciones abstractas las de la recurrente en base a una norma legal que se hubiere infringido, por lo que el motivo se desestima.

Aunque se entendiera que el derecho de sobreelevación ha de durar hasta el término por el que se constituyó, y que la destrucción del edificio sobre el que recae no implique más que una imposibilidad de ejercicio del derecho, el motivo no puede dar lugar a la casación de la sentencia, pues su ratio decidendi no sólo es la extinción del derecho por perecimiento del edificio, sino la de que la concesión del vuelo ha de hacerse por todos los propietarios del inmueble por ser aquél un elemento común del edificio, y que el consentimiento tácito de los adquirentes de las viviendas no es suficiente, dada la indisponibilidad institucional o aislada de los elementos comunes. No se han impugnado estas declaraciones en este recurso, por lo que esta Sala no puede entrar en su legalidad motu propio, no es una cuestión de orden público.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la entidad Arenales de Las Palmas, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Rodríguez Rodríguez contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con fecha 25 de febrero de 2.000. Con condena en costas en este recurso a la recurrente. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.-

Antonio Salas Carceller.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

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RECORDATORIO

¿SABIAS QUE EN EN ALGUNA COMUNIDAD AUTONOMA, COMO ES EL CASO DE  MADRID CON SU LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN,  QUE  SU LEY DEL SUELO ESTABLEZCA COMO REQUISITO PREVIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, EL DEPOSITO DEL LIBRO DEL EDIFICIO EN EL AYUNTAMIENTO?

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DEFINICIONES DE INTERÉS
 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.

 

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- Riberas son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.

                 - Márgenes son los terrenos que lindan con los cauces.

                 - Servidumbre:

                 - Fines: La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes: a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. c) Varado y amarre de embarcaciones.

                - Obras: Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados.

                 - Zona de policía: En la zona de policía de 100 metros de anchura (modificables) medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento, entre otros, las siguientes actividades y usos del suelo: a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. b) Las extracciones de áridos. c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

                 - Zonas inundables: son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen.

            Titular de presa: Será considerado como tal la persona física o jurídica, de derecho público o privado, que tenga inscrito en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses el título para construir o explotar una presa o un embalse. En ausencia de inscripción o cuando, por cualquier circunstancia, la inscripción no estuviera actualizada y así se acreditara, se considerará titular a la persona física o jurídica que realice la construcción o lleve a cabo la explotación. Nada se dice de las titularidades que obren en el Registro de la Propiedad.

            Registro de Seguridad de Presas y Embalses. A él se dedica el art. 363, previendo que la Administración pública competente en materia de seguridad de presas y embalses creará un Registro de Seguridad de Presas y Embalses.

                 - En él se inscribirán todas las presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir.

                 - El contenido mínimo de este Registro, en el ámbito de la Administración General del Estado, será establecido por el Ministro de Medio Ambiente mediante orden.

                 - En dicho Registro se anotarán, en todo caso, las resoluciones administrativas que se dicten en relación con la seguridad de las presas y embalses, así como los informes emitidos en materia de control de seguridad.

                  - Ha de existir un Registro Nacional de Seguridad de Presas y Embalses al que se remitirán datos por cada una de las administraciones públicas competentes en materia de seguridad de presas y embalses.

            Obligaciones del titular. Los titulares de las presas y balsas referidas estarán obligados a solicitar su clasificación y registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en el plazo máximo de un año. 

            Transmisión de una presa. En el supuesto de que se transmita la titularidad de la presa, el nuevo titular se subrogará en todas las responsabilidades y obligaciones que este título atribuye al anterior titular. El titular deberá comunicar a la administración pública competente la transmisión de la presa que se propone realizar y solicitar su inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses.

 

ANECDOTARIO

Curiosidades

Al Presidente de una Comunidad de propietarios se le pregunta, en un Juzgado durante una demanda contra la comunidad que preside, cual es su profesión y contesta:

bombero

- Productor antipirotécnico graduado.

- Oiga, ¿y esto qué es?

- Lo que el vulgo llama bombero

 

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CONSEJO

¿Qué documentación le va a hacer falta para solicitar una subvención para rehabilitación de una vivienda?

Como documentación general, siempre se precisará:

n



· Fotocopias compulsadas del DNI del solicitante y cónyuge.

· Fotocopias compulsadas del Libro de Familia, en su caso.


· Fotocopia compulsada de la Declaración o Declaraciones de la Renta de la Unidad Familiar, correspondientes al período (al año) inmediatamente anterior al momento en que se solicita.

· Copia compulsada de la escritura pública de propiedad de la vivienda (si es el caso), debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

· Documentación que exija el Ayuntamiento para la obtención de la licencia municipal de obras (puede ser un documento técnico o no, luego se explicará).


Además, si la persona que pretende promover la rehabilitación no es el propietario de la vivienda, sino un inquilino, entonces deberá entregar también:

· Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.

· Permiso del propietario para realizar las obras.

El promotor puede ser también una comunidad de propietarios o de vecinos de un bloque; en ese caso, también se acompañará:

· Acta acreditativa de la titularidad del Presidente, o acuerdo de los vecinos de la comunidad nombrando representante a tal efecto.

· Acta donde se especifique el número de vecinos que componen la comunidad y cuota de participación de cada uno de ellos.

· Acta de la comunidad de aprobación de realización de obras, o acuerdo de los vecinos para tal realización de obras y el pago de las mismas.

Si el edificio o vivienda tiene interés histórico-artístico o está dentro del perímetro delimitado por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (en otro lugar de esta página puede consultar si lo está), también entregará:

· Certificación municipal (previa instancia de Vd solicitándola) de que el inmueble está incluido en dicha delimitación, esto es, que pertenece al Área de Rehabilitación Integral .

· Informe favorable de Ayuntamiento (previa solicitud) sobre el valor patrimonial o ambiental del inmueble a rehabilitar. Usted precisará este informe cuando su vivienda o inmueble se encuentre dentro del ARI . También lo debe pedir si intenta acogerse al régimen que posibilita unas ayudas singulares en casos en que, no estando en ARI, el valor histórico o artístico del inmueble lo justifique (singularidad que se concreta en que no se le apliquen, por ejemplo, los condicionantes y límites de ingresos económicos del solicitante que rigen para el régimen general de ayudas).


Si Vd. adquiere el inmueble o vivienda con la intención de su inmediata rehabilitación (máximo un año desde la compra), también documentará:

· Fotocopia compulsada de contrato de compraventa. A la finalización de obras deberá presentar escritura pública de compraventa, una vez registrada o el justificante de haberla presentado en el Registro de la Propiedad.

Finalmente, si el promotor no va a vivir en la vivienda o inmueble, sino que lo destinará a venta o alquiler posteriores, deberá tenerse en cuenta:

· Que si se trata de persona jurídica, deberá acreditarse la personalidad del solicitante y la representación que pueda ostentar, así como fotocopia del CIF de la entidad.


· Que no hará falta entregar los documentos 3 y 4 del primer grupo, documentación general.

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

 

valcap

"CASAMIENTO Y MORTAJA DEL CIELO BAJAN "

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