LLAVE EN MANO
Las últimas novedades y noticias
del mundo inmobiliario

Nº 47
Febrero/2008


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TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

La implantación de la Televisión Digital Terrestre en los edificios de viviendas colectivas, requiere, como quedó ya patente en las reuniones informativas impartidas por Impulsa TDT, la colaboración de los administradores de fincas, a fin de dar a conocer a la Administración los edificios que están convenientemente adaptando su instalaciones.
La colaboración que se precisa de los administradores es sencilla y no requiere la entrega de boletines, como en un principio se exigía. Basta para cubrir el trámite con enviar el formulario que se adjunta con la presente, en el que se relacionen aquellos edificios que han adaptado sus instalaciones a la TDT, a través de los siguientes canales:
Por Fax: 902 526 888
Por formulario web: www.promocomtdt.es

 En estos momentos  en Valencia, el convenio de empleados de fincas urbanas de esta provincia o Comunidad , se está aplicando por extensión el del 2006 de Barcelona, ya que , de momento, no se solicitado (o aprobado) la extensión del convenio del 2007, en este caso ya 2008.


APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESTATAL DE VIVIENDA 2005-2008

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero,
por el
que se modifica el Real Decreto 801/2005,
de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda
 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02301-02310.pdf  

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda 2005-2008 elaborado por el Ministerio de Vivienda. La reforma se produce una vez transcurridos los dos primeros programas anuales del Plan con el objetivo de mejorar la regulación de algunos aspectos del mismo y contiene las sugerencias y aportaciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como de las asociaciones y organizaciones más representativas del sector. 

Los cambios introducidos tienen como principales objetivos que más familias con rentas bajas y medias puedan beneficiarse de las políticas de vivienda, impulsar el mercado de alquiler y, a su vez, la rehabilitación.
Además, esta reforma pretende incentivar al sector inmobiliario para que incremente su actividad en el mercado de la vivienda protegida.

 Entre las principales novedades que incluye el Real Decreto de la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 cabe destacar: El impulso del mercado del alquiler.

El fomento de la compra de viviendas usadas.
La flexibilización de las condiciones de la promoción de viviendas protegidas de precio concertado.
La mejora de las condiciones de préstamo para la rehabilitación integral de viviendas y de centros históricos y urbanos.
La posibilidad de calificar como viviendas protegidas ciertas viviendas libres que cumplan las condiciones necesarias La ampliación del concepto de áreas de rehabilitación, creando una nueva como es el de áreas de renovación urbana.
La fijación del precio básico y tipo de interés de los préstamos convenidos. Impulso del alquiler.  
La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 pretende dar un mayor impulso al alquiler, mejora la financiación de las promociones de viviendas de nueva construcción en alquiler y ofrece una mayor capacidad de financiación a los promotores a través de préstamos subvencionados, todo ello, además de las ayudas directas para la promoción de viviendas de alquiler social que siguen vigentes en el Plan. 

Del mismo modo, para incrementar la oferta de alquiler se flexibilizan las condiciones que hasta ahora debían cumplir los propietarios de viviendas vacías que decidieran ponerlas en alquiler y quisieran beneficiarse de la ayuda de seis mil euros.

En este sentido, se suprime el requisito de superficie máxima y se eleva el importe que pueden percibir por el alquiler.  La renta máxima que podrán percibir será equivalente a la del precio de la VPO nueva de renta concertada durante diez años (el importe varía en función de las comunidades autónomas).

Por ejemplo: en el caso de un piso de 70 m2 en Madrid, la renta máxima que podrá percibir el propietario a partir de ahora será de 960 euros mensuales.  
Además, se amplía esta ayuda directa de seis mil euros a los promotores que alquilen las viviendas de nueva construcción que lleven más de un año puestas en venta. 

Respecto a las ayudas a inquilinos, para poder obtener las subvenciones de hasta un máximo de 240 euros al mes que ya contemplaba el Plan de Vivienda 2005-2008, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale aproximadamente a 1.273 euros al mes. La novedad que introduce la reforma es que facilitará la percepción de la ayuda a colectivos que ahora tenían dificultades bien por la renta que pagaban, bien por la superficie de la vivienda.
Además, ahora las Comunidades Autónomas podrán complementar estas ayudas y flexibilizar las condiciones de los beneficiarios dependiendo de la demanda que exista en cada una de ellas.  Asimismo, las viviendas de alquiler de renta básica, es decir las destinadas a familias con menores recursos, se consideraran como viviendas de régimen especial a efectos del IVA superreducido. 

Alquiler con opción a compra  
La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 introduce la figura del alquiler protegido con opción a compra. En este caso, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda. En esta modalidad tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido, al menos, cinco años en régimen de arrendamiento en dichas viviendas. 

Fomento de la compra de viviendas usadas  
Asimismo, la reforma del Plan fomenta la compra de viviendas usadas, para lo cual se incrementan los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, al tiempo que se reducirá a un año el plazo para que una vivienda libre nueva pueda ser considerado usada.  
Con esta medida, las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el Plan de Vivienda.

Zona

Ciudades

Incrementos

Max. anterior euros/m2

Max. Actual euros/m2

A

Madrid, Barcelona, Valencia…

20,56%

2213,12

2668,16

B

Alicante, Guadalajara, Zaragoza…….

19%

1630,72

1940,48

C

Sevilla, Almería, Santander…..

12,8%

1397,76

1576,64

 Viviendas protegidas de régimen especial y de precio concertado  
Asimismo, el Real Decreto flexibiliza las condiciones para la promoción de vivienda protegida de régimen especial y de precio concertado, ajustando los precios del Plan Estatal a los que tienen la mayoría de Comunidades Autónomas. El objetivo es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (con ingresos hasta un máximo de 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a ingresos de aproximadamente 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a las familias con menores ingresos (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale, aproximadamente, a 1.273 euros mensuales por hogar).  Con la modificación de las condiciones de financiación de las viviendas de precio concertado se pretende favorecer la venta de viviendas libres que están actualmente en "stock" y que podrán ser vendidas como protegidas. A continuación, se ofrece un ejemplo del incremento de los precios máximos de la vivienda de precio concertado por zona.

Zona

Ciudades

Incrementos

Max. anterior euros/m2

Max. Actual euros/m2

A Madrid, Barcelona, Valencia……. 20,56% 2489,76 3001,68
B Alicante, Guadalajara, Zaragoza 28,15% 1703,52, 2183,04
C Sevilla, Almería, Santander….. 17,70% 1506,96 1773,72

Con la modificación del límite de precios de viviendas de régimen especial, se pretende promover la construcción de las viviendas destinadas a las familias con los ingresos más bajos y que son fundamentalmente promovidas por las empresas públicas de vivienda y suelo. El precio de estas viviendas se situará en 1.137 euros/m2 para el ámbito territorial normas. A estas viviendas se les aplica el tipo superreducido del IVA del 4 por 100. 

Centros históricos y urbanos y áreas de renovación urbana  
Otro de los objetivos relevantes de la reforma del Plan de Vivienda es mejorar la financiación de la rehabilitación, posibilitando que los promotores y propietarios de las viviendas rehabilitadas puedan acceder a préstamos protegidos (con un interés del 5,09 por 100, inferior al que ofrecen las entidades financieras), haciendo más viables las operaciones de rehabilitación de los centros históricos y urbanos.
Además, se amplia el concepto de áreas de rehabilitación, creando uno nuevo, áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.
Conviene recordar que todas las actuaciones relacionadas con los procesos de rehabilitación en sus distintas variantes son las más intensivas en mano de obra del conjunto del sector. Además, se posibilita el acceso de los promotores que lleven a cabo los procesos de renovación urbana a los préstamos protegidos, lo que hasta el momento no era posible. 

Mejora de la vivienda rural  
La modificación del Plan de vivienda adapta la vivienda rural existente en el Plan a la regulación incluida en la recientemente aprobada Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de 13 de diciembre de 2007, e incorpora a la financiación los anejos que se dediquen a actividades agrarias.

Con esta modificación el Ministerio de Vivienda financiará también la superficie que se destine en la vivienda para el ejercicio de las actividades agrarias en cada vivienda autopromovida hasta veinticinco metros cuadrados de superficie útil. 

Precio básico y tipo de interés de los préstamos convenidos  
Asimismo, el Real Decreto que hoy se aprueba incluye las nuevas cuantías de precio básico y tipo de interés para incentivar la construcción y financiación de las viviendas protegidas. El precio básico nacional (PBN) queda establecido en 758 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un incremento del 4,12 por 100. 

El tipo de interés se establece de acuerdo con el sistema pactado con las entidades financieras y recogido en la normativa en vigor, de forma que para los préstamos que se financien con cargo al plan de vivienda el tipo de interés será del 5,09 por 100. Este tipo de préstamos es sustancialmente inferior al ofrecido por las entidades financieras en el mercado libre.  

Aumento del plazo de amortización de los préstamos  
A efectos de facilitar a los ciudadanos la adquisición de viviendas financiadas en el marco del Plan de Vivienda, la reforma del Plan introduce la posibilidad de ampliar el periodo de amortización de los préstamos convenidos más allá de los veinticinco años

 

ACTUALIDAD


Interés legal del dinero
Queda establecido en el 5,5 % hasta el 31 de diciembre del año 2008.
  

Interés de demora
Durante el mismo período, el interés de demora a que se refiere
el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, será del 7 %
.

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CONSULTA

GARAJE POR CUOTAS CON DERECHO A USO DE PLAZA

Se presenta una escritura de división de un local en participaciones indivisas con derecho a uso de plazas de garaje; la escritura se otorga exclusivamente por el propietario del local, y en ella se describen perfectamente las plazas con sus correspondientes linderos

 

  Se plantea la Registradora si es necesario acuerdo de la Junta, y si es inscribible una de las cláusulas de las normas de utilización que recoge una reserva a favor del propietario del local para aún después de vender las plazas, realizar operaciones de división y segregación. También se plantea la necesidad o no de licencia municipal.

 En principio la resolución de la DGRN de 20 de febrero de 1989 entiende que el destino de un local a garaje con adscripción de uso de plazas a las respectivas participaciones indivisas no implica subdivisión de local y no requiere acuerdo de la Junta.

  La DGRN también admite la creación de subcomunidades dentro de un concreto elemento privativo en propiedad horizontal, conservando éste su objetividad jurídica como elemento independiente dentro de la total propiedad horizontal y sin modificación de la composición personal de la Junta de Propietarios, solución frecuente en los casos de locales destinados a plaza de garajes.

  Sólo se plantearían problemas si a los locales resultantes de la subdivisión se les señalasen cuotas en relación con el total valor del inmueble, lo cual, sin duda, para admitirse requerirá del acuerdo de la Junta del edificio.

  En cuanto a la reserva de facultades por el propietario único en los estatutos, los mismos, resultan inscribibles. Sin embargo, para la propiedad horizontal, la DGRN considera de modo restrictivo la introducción de reservas a favor del propietario único.

  Ahora bien, en el caso de los garajes, dicho propietario único puede reservarse tales facultades de división o segregación a fin de facilitar la puesta en el mercado de las plazas y para facilitar posteriores operaciones registrales, por lo que a esos limitados fines se observa un criterio favorable a la inscripción.

  Por lo que se refiere a la necesidad de licencia, las resoluciones de 6, 7 y 8 de septiembre de 2000, señalan que la transmisión de una cuota indivisa de una finca con asignación del uso exclusivo de un espacio determinado implica una verdadera división cuando cada una de las partes es susceptible de constituir físicamente finca absolutamente independiente de las otras, estando sujeta por ello al requisito de la licencia municipal o a justificar la innecesariedad de la misma.

  Ahora bien, en ese caso se trataba de fincas rústicas, es decir, para un supuesto radicalmente diverso del que contemplamos. Por eso en el presente caso no se aprecia que exista exigencia legal alguna en cuanto a la necesidad de presentar licencia de división para su inscripción.

 

OBRA NUEVA: LIBRO DEL EDIFICIO EN EL PAÍS VASCO

Se plantea al Decanato del País Vasco por diversos promotores cuales serán
las exigencias notariales y registrales referentes al Libro del Edificio
destinado a Vivienda y las exigencias derivadas de la Legislación del suelo
a la luz de la Resolución-Circular de la DGRN de 26 de julio de 2007.

  En particular interesa esa disposición en relación con la legislación vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a saber, la LSUE y el Decreto 250/2003 del 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a Vivienda de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales, donde no se requiere ni la protocolización notarial del libro para el otorgamiento de la escritura, ni cualquier tipo de actuación física o documental respecto a la inscripción registral.

 

  

 

El art. 7 de la Ley 38/1999, de Ordenación a la Edificación obliga a la constitución del Libro del Edificio, disponiendo en su párrafo tercero que “toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.”

  La resolución-circular de la DGRN de 26 de julio de 2007 dispone que el mismo debe ser objeto de depósito ante cualquier notario, quién “deberá hacer constar en la correspondiente escritura, la existencia del Libro del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su obligación de entregar un ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios del edificio”.

 

En el País Vasco, el Libro del Edificio fue objeto de regulación por medio del indicado Decreto 250/2003, que vino a regular la materia en orden a asegurar los derechos de los usuarios finales de las viviendas.

  En el Libro del Edificio de Euskadi, no sólo se contendrá la documentación relativa a las características físicas y técnicas del edificio, sino también las circunstancias relativas a su régimen jurídico, de modo que en el Cuaderno de registro del Libro en su capítulo de datos iniciales habrán de contenerse datos relativos a la inscripción de la declaración de obra nueva y, en su caso, de la inscripción del régimen de propiedad horizontal con la cuota de participación de los elementos independientes.

 

Por su parte el art. 9 del indicado Decreto, dispone que los manuales de la vivienda se entregarán de forma individualizada e independientemente en el momento de la entrega de las llaves de cada vivienda y de la firma de escrituras.

  Caso de que la transmisión del edificio se realice en bloque en el acto de la transmisión el promotor deberá entregar el Libro al adquirente. En caso de propiedad horizontal, cuando se constituya la misma el promotor entregará el libro al administrador.

  Se indica también que en todo caso deberá quedar constancia de la existencia del Libro en el cuerpo de la escritura de compraventa. Además, el art. 13 establece que el citado Libro se ubicará en un armario anclado a elementos fijos del edificio, en una zona o espacio común de fácil accesibilidad.

  A la vista de ello, una parte de los asistentes consideró que la vigencia en el País Vasco del Decreto 250/2003 de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio Destinado a Vivienda choca con el pronunciamiento de la DGRN sobre su depósito notarial previo, por distintas razones. Vamos a examinarlas a continuación.

 

 

En primer lugar, como se ha dicho, en el libro edificio han de constar los datos de la escritura de obra nueva (art. 4.3 b y c y 8.1) y, en su caso, los de división horizontal e inscripción en el Registro.

  Dicha constancia habrá de realizarse en el capítulo de datos iniciales del Cuaderno de registro del Libro, mientras que las incidencias que se presenten con posterioridad en el edificio se harán constar de forma sucesiva, en el capítulo del Registro de incidencias.

 De ambas circunstancias se desprende que la inscripción de la declaración de obra nueva y de la constitución del régimen de propiedad horizontal son anteriores y no posteriores a la constitución del Libro.

  En segundo lugar, el art. 10 obliga al promotor a entregar el libro al administrador y no al notario, a quien la norma encomienda su llevanza. Finalmente, el Libro del Edificio deberá estar guardado en el armario regulado en el artículo 13 y no en la Notaría.

  De otro lado, parece más lógica, en cuanto a la ubicación del Libro, la solución del Decreto que el depósito notarial, teniendo en cuenta que el autorizante de la escritura de obra nueva puede no ser el mismo que el de las escrituras de compraventa posteriores.

  Esa divergencia dificultaría o incluso impediría el cumplimiento por el notario de su obligación de entregar el libro a los usuarios, pues no se adivina en virtud de qué podría el Notario facilitar copias del libro a personas ajenas al otorgamiento del acta de depósito.

  Como hemos visto, el art. 10.2 del Decreto indica que “en todo caso deberá quedar constancia de su existencia [del libro] en el cuerpo de la escritura de compraventa.” Aunque la falta de tal constancia, por sí sola, difícilmente será causa de nulidad o anulabilidad del contrato ni de suspensión de la inscripción, se considera que la expresión de la misma no plantea dificultades, supuesta la existencia del Libro.

  En definitiva, la interpretación de la exigencia del art. 19 LS de acreditación documental, para la inscripción de la declaración de obra nueva, del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios, ha servido de fundamento a la Instrucción de la DGRN, pero se trata de un fundamento problemático.

 

Por una parte, el depósito se halla en contradicción con la legislación autonómica aplicable, por otra, la exigencia del cumplimiento de requisitos necesarios para la entrega de la edificación a sus usuarios es temporalmente incoherente, ya que se trae al momento de la declaración de obra nueva requisitos pertinentes para la entrega de la edificación a sus usuarios.

 

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LEGISLACIÓN

 

PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL.- Real Decreto 1756/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2008 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.

PDF (2008/00113; 113 págs. - 650 KB.)

 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Orden EHA/3967/2007, 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales.

PDF (2008/00249; 5 págs. - 452 KB.)

 

MERCADO DE VALORES. Circular 2/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de los consejeros y directivos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos.

PDF (2008/00328; 39 págs. - 472 KB.)

 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.

PDF (2008/00513; 2 págs. - 53 KB.)

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008.

PDF (2008/00514; 2 págs. - 53 KB.)

 

*VIVIENDA. Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

PDF (2008/00520; 10 págs. - 198 KB.)

 

PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

PDF (2007/21490; 53 págs. - 344 KB.)

 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS. Circular 4/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas.

PDF (2008/00592; 24 págs. - 2498 KB.)

 

ELECCIONES GENERALES. Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.

PDF (2008/00641; 2 págs. - 65 KB.)

 

EMBARGOS DE CUENTAS. Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la cuantía de las diligencias de embargo y determinados aspectos de la Resolución de 14 de diciembre de 2000, por la se que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros.

PDF (2008/00644; 6 págs. - 183 KB.)

 

 

TRANSPARENCIA FINANCIERA. Real Decreto 1759/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los modelos y el procedimiento de remisión de la información que deben presentar las empresas públicas y determinadas empresas en virtud de lo establecido en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.

PDF (2008/00746; 5 págs. - 164 KB.

 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

PDF (2008/00755; 9 págs. - 262 KB.)

 

VIETNAM. Aplicación provisional del Convenio de Cooperación en materia de adopción entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre de 2007.

PDF (2008/00898; 4 págs. - 137 KB.)

 

 INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Orden EHA/35/2008, de 14 de enero, por la que se desarrollan las normas relativas a la contabilidad de las instituciones de inversión colectiva, la determinación del patrimonio, el cómputo de los coeficientes de diversificación del riesgo y determinados aspectos de las instituciones de inversión colectiva cuya política de inversión consiste en reproducir, replicar o tomar como referencia un índice bursátil o de renta fija, y por la que se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su desarrollo.

PDF (2008/01091; 3 págs. - 95 KB.)

TASAS: PAGO TELEMÁTICO. Resolución de 10 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

Qué tasas: Esta Resolución establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas con código 006 «Tasas Administrativas del Ministerio de Justicia», las cuales gravan los siguientes hechos imponibles por expedición de certificados:

                 - Certificados por el Registro Central de Penados y Rebeldes

                 - Certificados del Registro General de Actos de Última Voluntad.

                 - Certificados por el Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.

            Pago telemático de esta última tasa cuando el solicitante sea un notario. Se trata en los apartados décimo y undécimo, haciendo referencia al supuesto contemplado en el artículo 4.1.e) del Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Dice este artículo 4.1 e):

              “e) Producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario procederá a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo abono para la Administración, generando el justificante acreditativo de su pago, todo lo cual podrá realizarse por los procedimientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin perjuicio de su pago anticipado a través de la institución notarial correspondiente. El notario incorporará a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electrónico de pago, en caso de haber sido emitido, que tendrá efectos de carta de pago.”

                  - El Notario interviniente comunicará a la Organización Corporativa Notarial los datos relativos a la identificación del sujeto pasivo así como de los asegurados.

                  - La Organización Corporativa Notarial efectuará el pago por cuenta del sujeto pasivo por vía telemática a través de «Oficina Virtual» de la Agencia Tributaria.

                 - Efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completa (NRC) que será enviado al Terminal de la Organización Corporativa Notarial pagadora la cual comunicará al Ministerio de Justicia el pago de la tasa correspondiente para autorizar la expedición del certificado.

                 - El mensaje de confirmación al Ministerio de Justicia por parte de la Organización Corporativa Notarial permitirá la generación de la carta de pago por parte del notario al sujeto pasivo de la tasa. Esta carta de pago firmada por el notario servirá como justificante del pago y producirá los efectos del modelo 790.

                 - En la carta de pago así impresa figurará el NRC y los datos identificativos del sujeto pasivo, asegurado y Notario interviniente. Este justificante será puesto a disposición del Sujeto Pasivo a su solicitud a través del Notario interviniente

            Modelo normalizado. El modelo normalizado de tasas administrativas es el modelo 790.        

            Dirección de Internet. La declaración, liquidación y el pago de la tasa prevista en la presente Resolución podrá realizarse a través de la página web: www.mjusticia.es.

            Voluntario: El pago telemático tendrá carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento presencial.

            Entrada en vigor: el 1º de febrero de 2008.

PDF (2008/01334; 3 págs. - 104 KB.)

 

IPREM. Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

PDF (2008/00977; 3 págs. - 98 KB.)

 

REGISTRO DE FUNDACIONES. Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.

PDF (2008/00978; 13 págs. - 395 KB.)

 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

PDF (2008/00979; 34 págs. - 239 KB.)

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

PDF (2008/01337; 8 págs. - 608 KB.)

 

REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. Real Decreto 64/2008, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

PDF (2008/01403; 3 págs. - 101 KB.)

 

SEGURIDAD SOCIAL 2008. Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

            Esta Orden desarrolla el artículo 122 de la Ley 51//2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, donde se establecen las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2008.

            A través de ella se reproducen las bases y tipos de cotización reflejados en el texto legal citado, pero también  se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.

            En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales habrá de estarse a la disposición final decimocuarta de la Ley 51//2007, de 26 de diciembre.

            Su entrada en vigor se retrotrae al 1º de enero de 2008.  

PDF (2008/01466; 14 págs. - 457 KB.)

 

PLAN DE INSPECCIÓN 2008. Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2008.

PDF (2008/01543; 9 págs. - 167 KB.)

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2008.

PDF (2008/01546; 16 págs. - 124 KB.)  Corrección de errores.

 

*REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD. Instrucción de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre solicitud y expedición telemática de certificaciones del Registro de Actos de Última Voluntad.

PDF (2008/01626; 9 págs. - 210 KB.)

 

*BLANQUEO DE CAPITALES. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

PDF (2008/01627; 4 págs. - 103 KB.)

 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

PDF (2008/01628; 17 págs. - 561 KB)

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCIA

ANDALUCÍA. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

PDF (2008/01184; 35 págs. - 248 KB.)

 

CANARIAS

CANARIAS.- Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

PDF (2008/00745; 15 págs. - 512 KB.)

 

CANARIAS. Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008.

PDF (2008/01339; 64 págs. - 3492 KB.)

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN. Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras.

PDF (2008/00907; 7 págs. - 231 KB.)

 

EXTREMADURA

EXTREMADURA. Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2008.

PDF (2008/01634; 16 págs. - 128 KB.)

ISLAS BALEARES

BALEARES. Decreto 145/2007, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2008 a efectos de plazos administrativos.

PDF (2008/00758; 1 págs. - 34 KB.)

 

BALEARES. Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2008.

PDF (2008/01027; 22 págs. - 552 KB.)

LA RIOJA

LA RIOJA. Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2008.

PDF (2008/00905; 214 págs. - 2251 KB.)

 

LA RIOJA. Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2008.

PDF (2008/00906; 23 págs. - 717 KB.)

 

MADRID

SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES NORMATIVA: ORDEN 223/2007, de 20 de diciembre, de la Consejería de Vivienda, por la que se aprueba para el ejercicio 2008 la convocatoria de subvenciones prevista en la Orden 679/2007 de 2 de marzo, (Circular 28/07) por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de la Comunidad de Madrid.

PUBLICACIÓN: B BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID DE 14 DE ENERO DE 2008.ENTRADA EN VIGOR: 15 DE ENERO DE 2008 .

DATOS DE INTERÉS :
- Subvención instalación de ascensores o aparatos elevadores en edificios de vivienda colectiva con más de tres plantas, incluida la baja y más de quince años de antigüedad y que carezcan de ascensor.
- La subvención será el 70 por 100 del coste real de la instalación con el límite de 50.000,00 €. Se considera coste real la suma del aparato más el precio total de la ejecución de las obras, de instalación honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos.
- Con carácter previo a la instalación, podrá solicitar la calificación de actuación protegible de la instalación ante la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Entre la documentación exigida, se deberá aportar al menos tres ofertas de proveedores diferentes.
- Finalizadas las obras de instalación y en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de asignación del número de registro de aparatos elevadores (RAE) podrá solicitar la subvención prevista, mediante impreso normalizado, adjuntando la documentación que se indica en el artículo 10 de esta Orden.
- El crédito correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2008, asciende a 17.000.000,00 de €.

TEXTO :
Primero . - Aprobar la convocatoria de las subvenciones para el año 2008 previstas en la Orden 679/2007, de 2 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecían las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores o aparatos elevadores en edificios de vivienda colectiva con más de tres plantas, incluida la baja, ubicados en la Comunidad de Madrid, publicada en el «Boletín Oficial de la comunidad de Madrid» número 79, de 3 de abril de 2007.
Segundo
.- El crédito previsto en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2008, al que se imputarán las subvenciones reguladas por la presente Orden, consta en el Programa 651, partida 78410 «Plan de Vivienda Comunidad de Madrid, ayudas con cargo a fondos Comunidad de Madrid». Todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para esta finalidad en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2008.
Tercero
.- El procedimiento de concesión de las subvenciones será la concesión directa, resolviéndose su concesión por riguroso orden de fecha de entrada de la solicitud.
Su concesión estará condicionada a las correspondientes autorizaciones del gasto y a los créditos presupuestarios establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y con el límite de sus respectivas disponibilidades presupuestarias. Cuarto.- Las subvenciones están dirigidas a sufragar la instalación de ascensor o aparato elevador por un importe del 70 por 100 del coste real de su instalación con el límite de 50.000 euros por ascensor.
A estos efectos, se considera coste real de la instalación del ascensor el determinado por la suma del precio total del aparato elevador más el precio total del contrato de ejecución de las obras de instalación, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones. El crédito aprobado consta en el Programa 651 «Arquitectura», partida 78410, y asciende a 17.000.000 de euros.
Quinto.- 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria los propietarios de edificios o las comunidades de propietarios de edificios de vivienda colectiva en altura sitos en la Comunidad de Madrid con más de quince años de antigüedad que carezcan de ascensor.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones previstas las personas o entidades que se encuentren incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrá realizarse mediante declaración responsable en la propia solicitud de la subvención.
3. No podrán percibirse las subvenciones por quienes tengan deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que el pago de dichas deudas estuviera debidamente garantizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, por los órganos instructores de los expedientes de concesión de las subvenciones, y con carácter previo a la propuesta de concesión, se obtendrá de la Consejería de Hacienda el certificado que acredite la inexistencia de apremio por parte del beneficiario.
Sexto.- Los requisitos para solicitar las subvenciones son los previstos en la Orden 679/2007, de 2 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecían las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores o aparatos elevadores en edificios de vivienda colectiva con más de tres plantas, incluida la baja, ubicados en la Comunidad de Madrid.
La instrucción de los expedientes relacionados con la concesión de subvención prevista en la presente Orden corresponde a la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y el artículo 8 del Decreto 142/2007, de 8 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda. Toda solicitud se cumplimentará por duplicado en el modelo oficial facilitado por la Consejería de Vivienda y se presentará en su Registro General o en cualquier otro registro ya sea de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos al Convenio Marco Ventanilla Única, o en cualquier otro de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirá a la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación de la Consejería , acompañada de la documentación exigible en cada caso.
Si tras el examen de la documentación del expediente se comprueba que no reúne los requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
El plazo de resolución de las solicitudes de subvención prevista en la presente Orden será de seis meses, a contar desde su presentación, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución expresa podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
Dicha Resolución será notificada a cada uno de los solicitantes, publicándose en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» la relación de adjudicatarios a los que se ha otorgado subvención con cargo a la convocatoria. La resolución contendrá, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Séptimo.- 1. Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y en particular a: a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación y a las de control de la actividad económico-financiera que correspondan a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid u otros órganos competentes y, en particular, a las derivadas de lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
b) Comunicar a la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención de subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales.
2. El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones derivadas de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, dará lugar a la pérdida de las mismas y, en su caso, al consiguiente reintegro a la Tesorería General de la Comunidad de Madrid de las cantidades percibidas más los intereses de demora, devengados desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. A su vez, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios por el artículo 14.1 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, determinará la instrucción, en su caso, del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de dicha Ley. 3.
El importe de las subvenciones concedidas conforme a lo dispuesto en la presente Orden, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones concedidas por cualquier entidad, así como toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las previstas en la presente Orden, podrá dar lugar a la modificación de las mismas.
Octavo
.- Las subvenciones previstas en la presente Orden son incompatibles con las ayudas económicas previstas para la Rehabilitación con Protección Pública en el Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008) y con las previstas para las actuaciones protegidas de rehabilitación en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en cuanto estas subvencionen obras de rehabilitación de edificios que incluyan entre sus partidas la instalación de ascensor. A estos efectos, cuando en una actuación de rehabilitación dispersa de edificio o integral en Zona o Área de Rehabilitación se incluya como obras a realizar la instalación de ascensor, esta última deberá excluirse de dicha actuación de rehabilitación, a los efectos de que por el propietario del edificio o por la comunidad de propietarios del edificio se solicite separadamente la subvención prevista en la presente Orden.
Noveno.- 1. El solicitante, a efectos de lo regulado en el artículo 5.1 de esta Orden, con carácter previo a la instalación del ascensor, podrá solicitar la calificación de actuación protegible de la instalación ante la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación mediante impreso normalizado al que deberá acompañar la documentación a que hace referencia la Orden 679/2007, de 2 de marzo.
2. A la vista de la solicitud y documentación presentada, la Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación, en el plazo máximo de tres meses, notificará la calificación de actuación protegida de la instalación de ascensor.
3. El promotor de la instalación del ascensor, finalizadas las obras de instalación del mismo y en el plazo máximo de los tres meses siguientes a la fecha de asignación del número de registro de aparatos elevadores (RAE) por parte de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, podrá solicitar la subvención prevista en la presente Orden, mediante impreso normalizado al que se unirá documentación a que hace referencia la Orden 679/2007, de 2 de marzo.
4. En el supuesto de que no se hubiera solicitado con carácter previo la calificación de actuación protegible de la instalación del ascensor, a la documentación señalada en el apartado anterior deberá acompañarse la relacionada en el artículo 9.1 de la Orden 679/2007, de 2 de marzo.
5. A la vista de la solicitud presentada, y previo informe del órgano instructor en el que conste que se ha aportado la totalidad de la documentación exigida, y tras su examen se comprobará su idoneidad, aprobándose en su caso la concesión de la subvención mediante Orden de la Consejera de Vivienda. Dicha Orden determinará la cuantía de la subvención total concedida a la comunidad de propietarios o al propietario del edificio, en su caso, con especificación de los compromisos asumidos por cada miembro de la comunidad determinados conforme a su coeficiente de participación, de conformidad con lo previsto en el artículo 11, apartado 3, de la Ley 38/2003.
Décimo.- Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Vivienda, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la comunidad de Madrid». 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los promotores de actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública al amparo del Decreto 12/2005, de 27 enero, o de actuaciones protegidas de rehabilitación al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, respecto de las cuales no se haya otorgado aún calificación provisional a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, podrán solicitar la exclusión de dicha actuación de la partida de obra correspondiente a la instalación de ascensor a los efectos de poder solicitar posteriormente y respecto de dicha instalación la subvención prevista en la presente Norma.

Segunda. Las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria correspondiente al año 2007, con arreglo a lo regulado en la Orden 679/2007, de 2 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que se encuentren pendientes de resolución, mantendrán su validez a efectos de la presente convocatoria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

INSPECCIONES Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN ASCENSORES
NORMATIVA: ORDEN 3711/2007, de 11 de diciembre, de l Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Orden 13235/2000 de 29 de diciembre, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores
PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID DE 16 DE ENERO DE 2008.
ENTRADA EN VIGOR: 17 DE ENERO DE 2008.

TEXTO :La Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, estableció el procedimiento de inspección y corrección de deficiencias en los ascensores que, a lo largo de los años, ha contribuido a alcanzar altas cotas de seguridad en el parque de ascensores existentes en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la publicación del Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente, supuso un avance importante para que los ascensores más antiguos adquirieran cotas de seguridad similares a las que ya incorporan los ascensores de más reciente instalación.
Sin embargo, los requisitos de esta disposición se encuentran, en ocasiones, con limitaciones técnicas propias de cada ascensor para los que el propio Real Decreto contemplaba como alternativa y en casos debidamente justificados, su sustitución por las medidas alternativas de seguridad equivalentes.

A lo largo de los años de experiencia de aplicación de la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, se ha comprobado que, efectivamente, en determinadas ocasiones, existen soluciones alternativas a las medidas recogidas en la citada Orden, incluidas las medidas adicionales de seguridad del Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, que proporcionan idénticas condiciones de seguridad, pero que no son aplicadas al no aparecer tal posibilidad recogida en su articulado.

Para avanzar en el procedimiento de inspección y corrección de deficiencias en ascensores se hace preciso, por ello, flexibilizar el proceso actual permitiendo que, en casos debidamente justificados en los que no resulte factible otra solución, sea el centro directivo con competencias en materia de industria el que evalúe otras soluciones alternativas con similares cotas de seguridad a las contempladas, y en su caso, resuelva en consecuencia.

Se hace igualmente necesario garantizar la máxima transparencia para los usuarios en el proceso de inspección de los ascensores que vayan a utilizar, por lo que se regula la exigencia de que los mismos cuenten con un distintivo identificativo sobre su estado de inspección.

El artículo 26.3.1.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid atribuye a la Comunidad competencias exclusivas en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, sobre inspecciones y corrección de deficiencias en ascensores.

Uno. Se introduce un nuevo artículo 5 en la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, que queda redactado como sigue: «Artículo 5 En aquellos ascensores puestos en servicio con anterioridad a la exigencia de los requisitos del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, cuando existan condiciones objetivas, debidamente justificadas, que impidan la aplicación de las medidas establecidas en el Anexo I de la presente Orden, se deberá solicitar al órgano competente en materia de industria su exoneración. Junto con la solicitud y la justificación de la imposibilidad mencionada se propondrán las medidas alternativas de seguridad equivalentes. La Dirección General con competencia en materia de industria podrá, previa solicitud de los informes que estime conveniente, autorizar la adopción de medidas sustitutorias que proporcionen similares niveles de seguridad a las inicialmente contempladas, dejando a salvo las condiciones de seguridad exigibles en la reglamentación en vigor cuando fueron autorizados».

  Dos. Se introduce un nuevo artículo 6 en la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, que queda redactado como sigue: «Artículo 6 Realizada la correspondiente inspección periódica, el Organismo de Control Autorizado encargado de su realización, colocará una identificación oficial en la parte superior del dintel de la puerta de lacabina y en el cuadro de maniobras del ascensor, como reconocimiento de que los aparatos elevadores la han superado.

La identificación oficial se ajustará al modelo que establezca la Dirección General con competencias en materia de industria y en ella se consignarán, mediante impresión mecánica, los siguientes datos: número de registro de aparatos elevadores, plazo de validez de la última inspección periódica efectuada (día, mes y año), domicilio de la instalación, ubicación del ascensor y contraseña del Organismo de Control Autorizado.

En las revisiones mensuales la empresa de mantenimiento comprobará la existencia de la identificación en la cabina del ascensor. Si, por cualquier causa, hubiese sido retirada o estuviese deteriorada y no se pudiese leer los datos impresos, la empresa de mantenimiento realizará un duplicado con los datos de la pegatina existente en el cuadro de maniobra, incluyendo, en lugar de la contraseña del Organismo de Control Autorizado, la indicación "D" de duplicado».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA..- Única. Régimen transitorio

La presente Orden será de aplicación a todos los procesos de inspección de ascensores que no hayan concluido a la entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES.- Primera. Habilitación normativa
Se faculta al titular de la Dirección General con competencias en materia de industria para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

PAÍS VASCO

CONCIERTO ECONÓMICO VASCO. Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
PDF (2008/00747; 6 págs. - 197 KB.)

VALENCIA

VALENCIA. Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

VALENCIA
. Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008.
PDF (2008/01469; 69 págs. - 585 KB.)

 

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RESOLUCIONES DE LA DGRN

REQUISITOS SUSTANTIVOS DE LA CALIFICACION y DE SU NOTIFICACION. NIE DE EXTRANJEROS Y TARJETA DE RESIDENCIA. Resolución de 1 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid, don José Luis Martínez-Gil Vich, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Valdemoro, a inscribir una escritura de compraventa. Vinculante.

            La calificación registral no puede notificarse al Notario por fax o por vía telemática -si no consta la aceptación de este medio por el notario- pues por estos medios se desconocerá la fecha de recepción. Si la notificación ha sido defectuosa el recurso no será nunca extemporáneo al no haberse iniciado el cómputo del plazo por no haber día inicial (dies a quo), aunque ello no es obstáculo para que se pueda tramitar el recurso, pues al haberse dado por enterado el notario del contenido de la calificación queda subsanado el defecto.

            La calificación puede ser escueta, pero ha de estar suficientemente motivada y para ello no basta la mera cita de un precepto legal, sino que ha de expresarse las razones por las que se considera dicho precepto de aplicación al caso concreto, ya que solo de este modo, conociendo estas razones,  se puede combatir adecuadamente la calificación negativa.

            El número de la tarjeta de residencia para extranjeros es el NIE y por tanto el NIF. Basta por tanto expresar en la escritura el número de la tarjeta de residencia para entender expresado el NIF.

     EL NUMERO DE LA TARJETA DE RESIDENCIA ES EL NUMERO PERSONAL DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO Y POR TANTO EL NIE. Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Benalmádena doña María Nieves García Inda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Málaga n.º 10, a inscribir una escritura de compraventa.  Vinculante.

            HECHOS: Se presenta en el Registro una escritura de compraventa, en la que aparece como compradora una ciudadana británica, respecto de la que la Notario indica que “tiene tarjeta de residencia, cuyo número se reseña (integrado por la letra X seguida de siete dígitos y la letra final Z), y que está vigente”.

            REGISTRADOR: Suspende la inscripción, porque en el título objeto de calificación no se ha consignado el número de identificación de extranjero (NIE) respecto de la compradora. Defecto subsanable.

            NOTARIO: Alega que de igual forma que cuando comparece un español no se indica su número de identificación y su NIE, sino que basta indicar el primero, con la letra correspondiente, en las tarjetas de residencia de extranjeros, aparecen dos números, uno el número de la tarjeta que comienza por E y otra su número de identificación fiscal NIE que comienza por X, y que es el que se ha trascrito. Y la forma de acreditar su NIE un  no nacional, y portador de tarjeta de residencia, es mediante dicha tarjeta.

            DIRECCION GENERAL: La DG estima el recurso del Notario, en base a que, conforme al art 2.c del Real Dto 338/1990 de 9 de marzo –vigente en el momento de la calificación- para las personas físicas que carezcan de nacionalidad española, el Número de Identificación Fiscal, será el número personal de identificación de extranjero que se les asigne o se les facilite, de acuerdo con la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (el mismo criterio siguen los arts 18.2 y 20.1 del Real Dto 1065/2007 de 27 de julio, de Gestión Tributaria, que ha entrado en vigor el 1 enero 2008). Y según el art 4.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, todos los extranjeros a los que se haya expedido una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero. De esta normativa específica resulta con meridiana claridad que el número de la tarjeta de residencia reseñado en la escritura es el número personal de identificación de extranjero, y por tanto es el número de identificación fiscal.

            COMENTARIO: En el fondo el problema no debería, a mi juicio, haber llegado a la DG, ya que es evidente para notario y registrador, que los dos están hablando del mismo tema, y que el número de toda tarjeta de residencia comienza por E, y que todo NIE comienza por X, y además que si se tiene la tarjeta de residencia vigente, tiene el NIE incorporado. Por tanto la cuestión es puramente terminológica. La DG sale del paso como puede, ya que es evidente que lo constatado en la escritura es el NIE, y que el mismo está incorporado a la tarjeta de residencia.

            Hoy día con el nuevo certificado de Ciudadano Comunitario que expide el Ministerio de Interior (una hoja verde con el NIE) ha desaparecido para muchos de estos ciudadanos comunitarios la tarjeta de residencia, con lo cual deben acreditar su personalidad además con su carta de identidad nacional o el pasaporte. Sin perjuicio de ello, ahora con el nuevo modelo 030, se podrá parece, a partir de 1 abril 2008, acreditar un número fiscal que dará para no residentes, que no tengan actividad comercial o profesional en España, el Ministerio de Hacienda.

            Sigue pendiente un tema que nadie creo tiene claro, el de la “residencia fiscal”. ¿Es bastante para no efectuar la retención del 3% la simple exhibición de la tarjeta de residencia o el certificado de Registro como comunitario, o se precisa acreditar, la residencia fiscal, con un certificado de Hacienda? (JLN)

PDF (2008/00684; 2 págs. - 89 KB.)

 

7. EL NUMERO DE LA TARJETA DE RESIDENCIA ES EL NUMERO PERSONAL DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO Y POR TANTO EL NIE. Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Benalmádena doña María Nieves García Inda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Málaga n.º 10, a inscribir una escritura de cambio de uso de un inmueble.           

PDF (2008/00685; 3 págs. - 123 KB.)

http://www.notariosyregistradores.com/

          

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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Recurso de amparo 5025-2004. Promovido por Síntoma Galán, S.L., frente a la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que desestimó su demanda contra el Ayuntamiento de Benidorm sobre multa, clausura de establecimiento y suspensión de licencia de apertura de local.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador: sanción administrativa fundada en denuncia de la policía local, no ratificada ni adverada con análisis pericial hasta el posterior contencioso judicial.

TC 243/2007, de 10 de diciembre de 2007 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente

S E N T E N C I A
En el recurso de amparo núm. 5025-2004, promovido por Síntoma Galán, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Myriam Alvarez del Valle y Lavesque y bajo la dirección letrada de don Manuel López-Astilleros y Machado, contra la Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm de 28 de mayo de 2003 sobre imposición de sanción de 601 €, clausura de establecimiento y suspensión de licencia de apertura por tiempo de seis meses, así como ratificación de medida cautelar de cierre por tiempo de tres meses, y contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante de 24 de mayo de 2004 desestimatoria del recurso deducido contra aquélla. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de julio de 2004 la Procuradora de los Tribunales doña Myriam Álvarez del Valle y Lavesque, en representación de la entidad mercantil Síntoma Galán, S.L., dedujo demanda de amparo contra las resoluciones de las que deja hecho mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos de los que la presente demanda de amparo trae causa son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) El 9 de marzo de 2003 agentes del Ayuntamiento de Benidorm practicaron dos inspecciones (a las 20:00 y a las 00:45 horas) en el local “Pub Yo Ke Se” propiedad de la entidad recurrente, levantándose sendas actas donde consta la incautación de veintidós trozos de sustancia estupefaciente, al parecer hachís, y diecisiete colillas de cigarrillos ‘porros' con sustancia estupefaciente, en la primera de las actas, y un trozo de sustancia estupefaciente, al parecer hachís, en la segunda de las actas, así como otra acta por tenencia de sustancia estupefaciente en poder de un menor

Incoado el correspondiente expediente administrativo sancionador, dentro del término de quince días conferido para formular alegaciones y pruebas la ahora demandante de amparo presentó escrito de descargo, en el cual negaba tajantemente que en el establecimiento se tolerase el consumo de cualquier tipo de droga, y se afirmaba que no existía declaración alguna de los agentes actuantes en el sentido de que en el momento de entrar ellos en el local se estuvieran consumiendo las sustancias incautadas o fumando las colillas halladas en el suelo del local, sino que probablemente los trozos de hachís fueron arrojados al ver a los policías, a fin de evitar toda sanción por tenencia de drogas. Las colillas debieron tirarse al suelo por los clientes del establecimiento al entrar en él, precisamente porque en su interior no se tolera su consumo. Por lo demás niega que se incautara sustancia alguna, pues ninguna intervención se dio a los encargados del local y, aun cuando a efectos dialécticos así se admitiese, ningún análisis ni pesaje de las referidas sustancias se habría efectuado a fin de acreditar su naturaleza y si, en función de su cantidad, eran significativas o importantes.

Sin dictar resolución alguna en relación con la solicitud de práctica de prueba, se formuló propuesta de resolución calificando los hechos como infracción grave del art. 23 i) de la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana (“La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos”) y proponiendo sanción de 601,00 euros de multa y clausura del establecimiento y suspensión de la licencia por plazo de seis meses, además de clausura cautelar del local por tres meses.

Tras la formulación de nuevo escrito de alegaciones frente a dicha propuesta, el 29 de mayo de 2003 se adoptó resolución sancionadora de acuerdo con los términos de la propuesta previa.

b) La entidad recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, solicitando en el escrito de demanda la nulidad del acto atacado, con revocación de todos sus efectos, y que se condenara a la Administración recurrida al pago de 13.500 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del tiempo de clausura del local. Tras precluir el trámite de contestación a la demanda se recibió el proceso a prueba y, en lo que ahora interesa, la parte demandada aportó al ramo correspondiente dos actas de 27 de diciembre de 2003 en las cuales los policías locales intervinientes en los hechos sancionados se ratificaban en las denuncias que en su día efectuaron. Igualmente aportó copia de los informes emitidos el 12 de marzo de 2003 y remitidos a la Subdelegación del Gobierno, en los cuales, tras los pertinentes análisis, se acreditaba que las sustancias intervenidas eran hachís y las colillas contenían tabaco mezclado con hachís.

c) Finalmente el Juzgado núm. 2 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, dictó Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto. En lo que ahora interesa el Juzgado razona del siguiente modo:

“En la propuesta de resolución el instructor del expediente, de conformidad con los antecedentes de hecho, consideró probada la conducta infractora y aunque no consideró la propuesta de que se abriera período de prueba, para verificar el análisis químico y pesaje de las sustancias, ni reputó necesarias las pruebas testificales para adverar las declaraciones juradas, sino que se basó en las actuaciones de las Actas de los Agentes de Policía, dicha actuación, conforme a lo expuesto no provocó la indefensión del interesado; y aunque formalmente debió rechazar de forma motivada la práctica de las pruebas que consideraba improcedentes dicha irregularidad o no puede determinar la nulidad de la resolución que se solicita, ya que no se produjo, indefensión y en vía jurisdiccional se practicó la prueba de pesaje y análisis de las sustancias, constando en los informes analíticos remitidos en fase de prueba por la Dependencia del Área de Sanidad, de la Subdelegación del Gobierno en Alicante el peso y la naturaleza de las sustancias identificadas, que era hachís y tabaco mezclado con hachís”.

“En cuanto a la ratificación de los agentes, los mismos se ratifican en fase de prueba en el recurso contencioso-administrativo, si bien la resolución sancionadora se fundamenta en el art. 137.3 de la Ley 30/92; siendo de tener en consideración que cualquier información y su valoración queda sometida a la prueba practicada, habiéndose probado en el recurso contencioso-administrativo por las pruebas practicadas la comisión de la infracción”.

3. La entidad demandante de amparo considera que la resolución administrativa vulneró su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) porque fue dictada sin la existencia de prueba de cargo, al basarse exclusivamente en la denuncia formulada por los policías locales intervinientes.

Aduce al efecto que, pese a que la demandante negó los hechos imputados, y a que en tales supuestos de negación de los hechos la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, condiciona su presunción de veracidad a su ratificación, la denuncia de los policías locales no fue ratificada en el curso del expediente administrativo sancionador, que concluyó con la resolución de 28 de mayo de 2003, sino con posterioridad el día 27 de diciembre de 2003. Por otro lado la solicitud formulada por la demandante en el expediente sancionador para que se procediera al análisis y pesaje de las sustancias intervenidas no fue atendida por el órgano instructor, de modo que la resolución sancionadora se dictó desconociendo la naturaleza y peso de las sustancias intervenidas. Sólo en la fase probatoria del proceso judicial fueron incorporados los referidos análisis a solicitud del Ayuntamiento recurrido, el cual desconocía su contenido al tiempo de dictar la resolución sancionadora.

Por lo que se refiere a la Sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo afirma la entidad demandante que no reparó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia producida por la resolución administrativa, pues, en lugar de enjuiciar si tal vulneración tuvo lugar o no, procedió a suplantar a la Administración al subsumir y valorar los hechos a partir de la prueba practicada en el proceso judicial, esto es, la ratificación de la denuncia y la incorporación al proceso del análisis y pesaje de las sustancias intervenidas realizado con anterioridad.

En segundo lugar denuncia la demandante la vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE), porque los hechos descritos en la resolución sancionadora no describen ninguna conducta de consumo o tráfico de estupefacientes que haya sido observada por los agentes denunciantes y cuya tolerancia constituye el núcleo de la conducta infractora, sino que hacen referencia actos de mera tenencia de estupefacientes por algunos de los clientes del local, los cuales se deshicieron de ellas cuando observaron la presencia policial. Por lo demás la Sentencia, no sólo incide en la misma vulneración que la resolución administrativa, sino que además parece haber tomado los hechos de otro expediente distinto al enjuiciado, pues se refiere a otro local distinto y afirma, incluso, que el denunciado no negaba que cada vez que acudía la Policía Local ésta encontraba personas en posesión de drogas y consumiéndolas, lo cual está en abierta contradicción con todos los escritos presentados a lo largo de la tramitación del expediente.

4. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2006 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder al Ministerio público y a la sociedad demandante plazo de diez días para que formulasen alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo.

5. Formuladas las alegaciones a que se ha hecho mención en el apartado anterior por el Fiscal y la entidad demandante, a cuyo contenido se hará referencia con posterioridad, la Sala Segunda de este Tribunal, mediante providencia de 20 de febrero de 2007, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 CE de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante a fin de que, en plazo de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 209-2003, debiendo emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso, excepto a la parte demandante de amparo, para que en el término de diez días pudiesen comparecer en el presente recuso de amparo.

6. Por diligencia de ordenación de 11 de junio de 2007 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a la parte demandante y al Ministerio público, por término de veinte días, para que formulasen las alegaciones pertinentes.

7. El Ministerio público formuló alegaciones el 19 de julio de 2007, en las cuales, abundando en la argumentación vertida en el trámite ordenado al amparo del art. 50.3 LOTC, interesó la desestimación de la demanda de amparo.

Tras resumir los hechos más relevantes de los que este recurso de amparo trae causa, así como las quejas formuladas por la entidad demandante, advierte el Fiscal que ésta en ningún momento ha cuestionado que la actividad probatoria desplegada en el conjunto integrado por el expediente administrativo sancionador y el proceso contencioso-administrativo sea insuficiente para destruir la presunción de inocencia, sino más bien que cuando se dictó el acto administrativo sancionador el material probatorio acumulado hasta entonces era insuficiente. Ahora bien, advierte el Fiscal, siendo cierto que la resolución sancionadora se basó exclusivamente en los boletines de denuncia formulados por los agentes, también lo es que los datos básicos de la conducta sancionada se encontraban recogidos en ellos, y que ya en fase judicial quedó demostrada la realidad de las afirmaciones de los agentes a través de la prueba de análisis y pesaje de las sustancias intervenidas. Lo cual le conduce a afirmar (literalmente) que: “Esa pretendida limitación en el conocimiento, que la recurrente adjudica al órgano judicial, hasta el extremo de parecer que niega la posibilidad de nueva prueba, choca frontalmente con las disposiciones de la LJCA, cuando regula este precepto, pues el art. 60 se refiere a la proposición y práctica de la prueba, a instancia de parte, y el art. 61 regula la prueba acordada de oficio”.

Concluye en este punto su razonamiento argumentando que la decisión última de apreciar la infracción administrativa y de imponer la sanción correspondiente se apoyó sobre una prueba de cargo que así figura recogida en la Sentencia, constando minuciosamente detallada y razonada en su existencia y en su aplicación al caso de autos, sin que, de otra parte, se haya generado a la demandante ninguna indefensión real y efectiva, pues dispuso de la posibilidad efectiva de proponer prueba en el proceso judicial correspondiente.

En cuanto a la segunda vulneración de derechos fundamentales que aduce la sociedad mercantil demandante de amparo, esto es, del principio de legalidad por la inadecuada subsunción de los hechos imputados en el art. 23 i) de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, entiende el Fiscal que no se trata de una cuestión relativa a la tipicidad de la conducta, sino de valoración de la prueba practicada, cuyo cuestionamiento resulta impracticable en el ámbito de un recurso de amparo salvo que la subsunción de los hechos en el precepto sancionador carezca de toda razonabilidad, haciéndola imprevisible. Y en el presente supuesto no lo es deducir la tolerancia al consumo de estupefacientes del dato del hallazgo de 20 trozos de hachís y 17 colillas con semejante sustancia, así como de lo absurdo que sería que cada vez que la policía local acude al establecimiento sorprenda a personas consumiendo drogas sin que ni los demandantes ni los testigos se enteren.

8. La representación procesal de la demandante de amparo formuló alegaciones exclusivamente en el trámite conferido en cumplimiento del art. 50.3 LOTC, insistiendo en la argumentación vertida en la demanda de amparo.

9. Por providencia de 5 de diciembre de 2007 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo es si la de si la Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm de 28 de mayo de 2003, por la que se sancionó a la entidad demandante como autora de una infracción administrativa recogida en el art. 23 i) de la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana por tolerar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en un establecimiento público por ella regentado, así como la Sentencia del Juez de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante, de 24 de mayo de 2004, que desestimó el recurso deducido contra aquella, vulneraron o no los derechos de la demandante a la presunción de inocencia y a la legalidad sancionadora (arts. 24.2 y 25.1 CE).

La sociedad mercantil demandante de amparo denuncia que la lesión del derecho a la presunción de inocencia se habría producido porque la resolución sancionadora se basó, exclusivamente, en los boletines de denuncia de los policías locales intervinientes, sin que, pese a que por ella se negaron los hechos, los indicados boletines fueran objeto de ratificación por los agentes de policía intervinientes, y sin que, además, se contase en el momento de dictarse la resolución sancionadora con el análisis y pesaje de las sustancias ocupadas a diversos clientes del establecimiento o halladas en él, cuyo consumo se afirma que era tolerado en el establecimiento. Tanto la ratificación de las denuncias por los policías locales intervinientes como el informe sobre el análisis y pesaje de las sustancias intervenidas se incorporaron a instancia del Ayuntamiento en la fase probatoria del proceso contencioso-administrativo, momento inidóneo para suplir el déficit probatorio del que adolecía la resolución sancionadora, razón por la cual la Sentencia impugnada vulnera también los derechos fundamentales invocados.

Adicionalmente la demanda de amparo denuncia que la resolución administrativa, al subsumir los hechos en la infracción apreciada, quebrantó el principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).

Por el contrario el Ministerio público interesa la desestimación de la demanda de amparo al considerar que no se produjo indefensión real y efectiva para la entidad mercantil demandante, toda vez que en el proceso judicial pudo proponer la prueba que hubiera estimado oportuna y, en todo caso, se practicó prueba suficiente para entender que en el conjunto formado por el expediente administrativo y el proceso judicial se desvirtuó la presunción de inocencia. Por lo demás considera que, bajo la invocación de haberse vulnerado el derecho a la legalidad penal, se revela la discrepancia de la recurrente con la subsunción de los hechos en el tipo sancionador, subsunción sólo fiscalizable a través del recurso de amparo cuando rebase el límite de la irrazonabilidad, haciendo imprevisible el sentido de la resolución judicial pronunciada.

2. Comenzando por el análisis de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia denunciada, es necesario advertir que el acto del poder público al cual se reprocha la vulneración del derecho fundamental es la resolución administrativa sancionadora. A la Sentencia que desestimó el subsiguiente recurso jurisdiccional tan sólo se le imputa no haber reparado la vulneración producida por el acto administrativo cuya legalidad fiscalizaba, si bien es cierto que este secundario reproche tiene una doble dimensión: la más inmediata consiste en censurar que la Sentencia no apreciase directamente que el acto sancionador no había respetado la presunción de inocencia, a lo cual se une la consideración de que no resulta constitucionalmente admisible acumular las pruebas practicadas en el expediente sancionador por las producidas en el proceso judicial de su impugnación para, en atención a su conjunto, valorar si enervan o no la presunción de inocencia.

Pues bien, la presencia de la segunda de las dimensiones apuntadas en el reproche formulado a la Sentencia del Juez de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante no impide que, en consideración a hallarnos en presencia de un recurso de amparo de los contemplados en el art. 43 LOTC, proyectemos nuestro enjuiciamiento directamente sobre el acto de la Administración que se reputa lesivo del derecho fundamental, pero sí hace conveniente anticipar que, en el caso de estimarse que la resolución administrativa ha vulnerado el derecho de la entidad demandante a la presunción de inocencia, tal vulneración no habría podido ser subsanada en el proceso judicial subsiguiente a base de sustituir a la Administración completando con la de los Jueces o Tribunales la actuación propiamente administrativa, de modo que la conclusión a la que lleguemos en relación a si se produjo o no tal vulneración por la Administración que impuso la sanción resulta definitiva a los efectos de estimar la demanda de amparo.

3. Sobre la inadecuación constitucional de considerar que el proceso judicial de impugnación de una sanción administrativa subsane las lesiones del art. 24.2 CE causadas en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador supliendo sus deficiencias en el seno del propio proceso judicial, sustituyendo así en sus funciones propias a la Administración autora del acto, fiscalizado en el proceso, existe ya doctrina constitucional consolidada (entre las últimas la STC 175/2007, de 23 de julio), que así lo afirma porque: “no existe un proceso contencioso-administrativo sancionador en donde haya de actuarse el ius puniendi del Estado, sino un proceso contencioso-administrativo cuyo objeto lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de una sanción. En consecuencia, no es posible concluir que sean los Tribunales contencioso-administrativos los que, al modo de lo que sucede en el orden jurisdiccional penal, ‘condenen' al administrado. Muy al contrario, la sanción administrativa la impone siempre la Administración pública en el ejercicio de la potestad que le reconoce la Constitución. De otra manera no se respetaría la exigencia constitucional de que toda sanción administrativa se adopte a través de un procedimiento que respete los principios esenciales reflejados en el art. 24 CE”. Esta misma Sentencia constitucional continúa afirmando que la vigencia de las garantías constitucionales que ordenan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración se predica precisamente del procedimiento administrativo sancionador, en el cual debe garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de relieve constitucional.

Consecuencia de lo anterior es que, como ya hemos anticipado, abordemos directamente si la resolución administrativa vulneró o no el derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE, pues desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), hemos declarado la aplicabilidad a las sanciones administrativas, no sólo de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE (considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado), sino que también hemos proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE; no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE. En particular, respecto del derecho a la presunción de inocencia, este Tribunal ha declarado con reiteración que “rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador, garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad” (por todas, STC 341/1993, de 18 de diciembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad relativo a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, aplicada en el procedimiento administrativo sancionador aquí sometido a enjuiciamiento).

4. En el supuesto sometido ahora a nuestra consideración los medios de prueba de los que dispuso el órgano administrativo a la hora de dictar la resolución sancionadora fueron exclusivamente dos denuncias formuladas por los agentes de la policía local, en las cuales daban cuenta de que, al entrar en el establecimiento de la entidad demandante de amparo el día 9 de septiembre de 2003, los clientes del mismo arrojaron 2 trozos de hachís y 8 colillas con sustancia estupefaciente a las 20 horas, y 22 trozos de hachís y 17 colillas semejantes a las 0:45 horas cuando acudieron al local por segunda vez.

Ahora bien, pese a que la entidad demandante de amparo negó tanto el aspecto fáctico de la denuncia, hallazgo de sustancias estupefacientes, en cuanto no constaba que en el expediente administrativo se realizara análisis cuantitativo o cualitativo alguno de aquéllas, como las consecuencias que de tales hechos se extraen (tolerancia en el consumo de sustancias estupefacientes en su establecimiento), pues se adujeron otras explicaciones alternativas al hallazgo de trozos de sustancia estupefaciente y de colillas, no se propició en el seno de procedimiento administrativo la ratificación de tales denuncias, según dispone el art. 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, que resultaba de aplicación (“En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”), sino que la ratificación de los agentes denunciantes sólo se produjo una vez que la resolución sancionadora había sido dictada y se encontraba pendiente del recurso contencioso-administrativo oportunamente interpuesto.

A ello se une que al tiempo de imponerse la sanción tampoco se contaba con el análisis de las sustancias ocupadas en las dos intervenciones policiales de cuya naturaleza estupefaciente se deriva la conclusión de que en el establecimiento de la entidad recurrente se tolera su consumo, que es, a la postre, la infracción por la que se impuso la sanción. Estas dos deficiencias, ya significativas por sí mismas, alcanzan valor superlativo si se toma en consideración que el análisis y pesaje de las sustancias aprehendidas fue propuesta como prueba por la demandante en el expediente administrativo, junto con la declaración de otros testigos que habrían de ratificar las declaraciones juradas escritas que la sociedad mercantil demandante aportó junto con el escrito de alegaciones, sin que sobre tal proposición probatoria recayera nunca resolución expresa del órgano instructor del expediente.

Lo hasta ahora expuesto conduce a la estimación de la demanda de amparo, pues el análisis externo propio de esta jurisdicción constitucional acerca del material probatorio en el que encuentra soporte la sanción administrativa impuesta revela su clara insuficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia. El concepto de suficiencia de la prueba de cargo es, sobra casi decirlo, circunstancial, de modo que habrá de atenderse a las circunstancias del caso concreto para valorarlo, y en el presente supuesto existen dos circunstancias a tener en cuenta:

a) La primera, que habiéndose negado la realidad de los hechos denunciados y propuesto la prueba de análisis y pesaje de las sustancias intervenidas, la Administración sancionadora disponía de la posibilidad de aportar prueba que justificase la imposición de la sanción en términos constitucionalmente admisibles, como hubieran sido los concretados en la práctica del análisis interesado y la ratificación de los policías locales intervinientes. Al dictarse la resolución sancionadora sin más base que la denuncia de los agentes policiales bien puede decirse que la sanción se impuso, prácticamente, sin seguir procedimiento alguno, en el sentido material y no puramente formal del término.

b) Una segunda circunstancia, en este caso de carácter normativo, independiente de la anterior, es que la infracción venía tipificada en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, de modo que la necesidad de ratificación de la denuncia y de acopiar los elementos de prueba que razonablemente acreditaran los hechos por los que se impone la sanción no deriva solamente de la directa aplicación de los preceptos constitucionales, sino que es el propio legislador el que impone a la Administración el deber de contar con la ratificación de los agentes denunciantes para poder fundar la resolución sancionadora en la denuncia formulada por éstos. Así se desprende del tenor del art. 37 de la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, ya transcrito, y de la interpretación de este precepto que, para su acomodación a las exigencias constitucionales, impuso este Tribunal en la STC 341/1993, de 18 de noviembre, al afirmar que: “A falta de prueba en contrario, las informaciones de los agentes tampoco dan, por sí solas, base para ‘adoptar la resolución que proceda' (eventualmente sancionatoria), eficacia que sólo podrán llegar a alcanzar con el asentimiento tácito del expedientado al contenido fáctico del informe o, caso de negar éste los hechos, mediante la necesaria ratificación de los informantes en el expediente”.

5. La estimación de la demanda por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia conduce a la anulación de la resolución administrativa sancionadora, como forma de restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, y, como lógica consecuencia de ello, a la de la Sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra ella, a la par que hace innecesaria toda consideración sobre la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora denunciada.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar la demanda de amparo presentada por Síntoma Galán, S.L. y, en consecuencia:

1º Declarar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) de la entidad mercantil demandante de amparo.

2º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm de 28 de mayo de 2003 sobre imposición de sanción de 601 €, clausura de establecimiento y suspensión de licencia de apertura por tiempo de seis meses, y ratificación de la medida cautelar de cierre por tiempo de tres meses, así como la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante de 24 de mayo de 2004 desestimatoria del recurso deducido contra aquélla.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a diez de diciembre de dos mil siete.

 

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HACIENDA


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

V1258-07
ÓRGANO :
SG de Impuestos
sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 18/06/2007
NORMATIVA: TRLIRPF RD Leg. 3/2004, Art. 27
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Los consultantes son propietarios proindiviso de varias parcelas resultantes de la actuación urbanística sobre una parcela de 118.656 metros cuadrados, objeto de un plan parcial, siendo el sistema de actuación a emplear el de compensación. Al pertenecer todos los terrenos incluidos en la unidad de actuación a una comunidad de propietarios, ésta se considera como propietario único a los efectos del sistema de compensación, por lo que los integrantes de la comunidad no se constituyeron en Junta de Compensación.
En escritura de 4 de julio de 1994, los propietarios de la finca, única incluida en el plan parcial referido, formalizaron el proyecto de compensación para su ejecución, el cual fue aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento en su sesión de 28 de septiembre de 1994, en el que también fue aprobado el proyecto de urbanización.
Como consecuencia del citado proyecto de compensación se formaron 87 parcelas, de las cuales una parte se cedió gratuitamente a la Administración.
El 24 de octubre de 2005 los consultantes entregaron una parte de las parcelas resultantes del proyecto de compensación a una sociedad a cambio de las obras de urbanización de las restantes.
A lo largo del ejercicio 2006, cada uno de los propietarios ha ido vendiendo determinadas parcelas en curso de urbanización.

CUESTIÓN-PLANTEADA:
Tributación de la transmisión de las parcelas, tanto las realizadas en el ejercicio 2005 a la sociedad a la que se encarga la urbanización, como las adjudicadas y vendidas en curso de urbanización en el año 2006.
CONTESTACIÓN-COMPLETA :
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), define el concepto de rendimientos íntegros de actividades económicas en su artículo 27.1., señalando que:
“Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas”.
La formalización de un proyecto de compensación sobre un terreno, la elaboración de un proyecto de urbanización y el encargo a una entidad mercantil de las labores de urbanización del mismo, todo ello con el fin de llevar a cabo la venta de parcelas, constituyen actuaciones propias del ejercicio de una actividad económica de promoción de terrenos.
Por tanto, y de acuerdo con lo señalado en el precepto trascrito, los consultantes desarrollan una actividad económica de promoción de terrenos en la que la transmisión de las parcelas con carácter previo a su urbanización constituirá una venta de existencias en curso y la transmisión de las parcelas urbanizadas tendrá la consideración de ventas de existencias terminadas. En ambos casos, tales transmisiones supondrán para los consultantes la obtención de rendimientos de la actividad económica.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

V2754-07
ÓRGANO :
SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA SALIDA : 21/12/2007
NORMATIVA: Ley 37/1992 arts. 4, 5, 92, 97, 164-uno-3º
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La entidad consultante es un Colegio Profesional de Administradores de Fincas, cuyos asociados tienen como actividad profesional la administración de comunidades de propietarios.
CUESTIÓN-PLANTEADA:
Deducción por los copropietarios de las comunidades que administran, de las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por las citadas comunidades.
CONTESTACIÓN-COMPLETA : 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), están sujetas a dicho Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Según establece el artículo 5 de la misma Ley, tendrán la consideración de empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

El mismo precepto señala que, en particular, tienen la consideración de actividades empresariales o profesionales las extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesionales liberales y artísticas.

2.- El artículo 92, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:

“Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o satisfecho por las siguientes operaciones:

1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto.
2º. Las importaciones de bienes.
3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9, número 1º, letras c) y d), 84, apartado uno, número 2º, y 140 quinque, todos ellos de esta Ley.

4º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, número 1º, y 16 de esta Ley.”

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley, los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, no podrán deducir las cuotas que no hayan soportado por repercusión directa.

3.- Las comunidades de propietarios (comunidades de vecinos), con carácter general, no reúnen los requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para atribuirles la condición de empresarios o profesionales.

Dichas comunidades tienen por tanto la condición de consumidores finales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, no pudiendo repercutir dicho impuesto sobre los comuneros con ocasión del cobro de las derramas que efectúan a los mismos, ni deducir las cuotas del Impuesto soportadas en la adquisición de bienes o servicios.

Por consiguiente, los empresarios o profesionales que pertenezcan a una comunidad de propietarios (comunidad de vecinos) no podrán, en principio, deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiesen sido soportadas por la comunidad. La razón es que dichas cuotas han sido repercutidas directamente a la comunidad de propietarios, no a los comuneros. Es decir, los comuneros no soportan ninguna cuota por repercusión directa. Ello implica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 37/1992, dichos comuneros no podrán deducirse estas cuotas que no les han sido directamente repercutidas, aunque tengan la condición de empresario o profesional.

4.- La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 21 de abril de 2005, HE (asunto C-25/03), en el caso de una sociedad matrimonial que como tal no realizaba actividades empresariales o profesionales y que adquiere un bien de inversión (inmueble) para afectarlo a la actividad ejercida por uno de los cónyuges, a efectos de la deducción de las correspondientes cuotas soportadas, ha señalado lo siguiente :

“75. Esta cuestión trata esencialmente de que se dilucide si los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva exigen que, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad, o si, a tal fin, basta que la factura se dirija indistintamente a los cónyuges que forman una sociedad conyugal, sin que conste tal desglose.

(…)


81. Pues bien, en un caso como el controvertido en el litigio principal, no existe riesgo alguno de fraude o abuso, ya que este caso afecta a un tipo muy concreto de copropiedad, a saber, la copropiedad de hecho entre cónyuges, que carece en sí misma de la condición de sujeto pasivo y dentro de la cual sólo uno de los cónyuges ejerce una actividad económica, de modo que queda excluido que las facturas, aun emitidas a nombre del «Sr. y la Sra. HE» y sin hacer constar las fracciones de precio y de IVA correspondientes a la cuota de copropiedad de cada uno de los cónyuges, puedan utilizarse por el cónyuge no sujeto al impuesto o por la sociedad conyugal para obtener otra vez la deducción del mismo importe de IVA.

82. En estas circunstancias, denegar al cónyuge sujeto al impuesto el derecho de deducción por el mero hecho de que las facturas no incluyen las indicaciones que exige el Derecho nacional aplicable sería incompatible con el principio de proporcionalidad.

83. Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión que los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva no exigen, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, que el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad. A tal fin, basta que la factura se dirija indistintamente a los cónyuges que forman la sociedad conyugal, sin que conste tal desglose.”

5.- El artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se ocupa de regular los requisitos formales para el ejercicio del derecho a la deducción, dispone lo siguiente:

“Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho.

A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:

1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente

2º. La factura original expedida por quien realice una entrega que de lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al Impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6º del apartado uno del artículo 164 de esta Ley.

3º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación.

4º. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 165, apartado uno, de esta Ley.

5º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 134, apartado tres, de esta Ley.

Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.
Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada que haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.

Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción, en su caso, de la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de la factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los destinatarios.”

El artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.

El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE del 29), por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El artículo 12 del mencionado Reglamento, regula la expedición de duplicados de las facturas o documentos sustitutivos de la siguiente forma:

“1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura o documento sustitutivo.

2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas o documentos sustitutivos únicamente será admisible en los siguientes casos:

a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.

b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.

3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales.

4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión "duplicado".”

Por tanto, si en las facturas que documentan las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios cuya destinataria sea la comunidad de propietarios se consigna, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los citados propietarios, éstos podrán deducir el Impuesto que les ha sido repercutido, siempre que se trate de empresarios o profesionales y se cumplan los demás requisitos para efectuar la deducción, de conformidad con lo previsto en los artículos 92 y siguientes de la Ley 37/1992.

Alternativamente, y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se ha transcrito, los miembros de una comunidad de propietarios que por si misma no tiene la condición de empresario o profesional, que sí tengan dicha condición, podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas a través de la citada comunidad, para lo cual deberán estar en posesión de un duplicado de la factura expedida a nombre de aquella, aunque en la misma no consten los porcentajes de base imponible y cuota tributaria que les correspondan en función de su participación en la comunidad. Dichos porcentajes podrán acreditarse mediante otro tipo de documentos (escritura de división horizontal y obra nueva, estatutos de la comunidad, etc.)

Esta alternativa, excepcional, y que trae su causa de la jurisprudencia comunitaria, únicamente se considera ajustada a derecho en la medida en que la comunidad que aparece como destinataria en la factura no tiene la condición de empresario o profesional, de forma que no cabe, en ninguna medida ni cuantía, la deducción por ésta de las cuotas que soporta, por lo que no hay posibilidad alguna de fraude, evasión o abuso.

En cualquier otra circunstancia, el ejercicio del derecho a la deducción estará condicionado al cumplimiento de los requisitos formales en los términos que se han señalado en los demás apartados de esta contestación.

No resulta ajustado a derecho el procedimiento que se señala en el escrito de consulta para acreditar el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los comuneros de una comunidad de propietarios, consistente en que los administradores de fincas custodiasen los originales de las facturas recibidas por la comunidad y certificasen a cada uno de los comuneros el coeficiente de participación de cada uno de ellos, facilitando un listado de las facturas recibidas por la comunidad con el desglose de base imponible y cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido de cada una de ellas.

6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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SENTENCIAS

Id Cendoj: 28079110012007101138
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4282/2000
Nº de Resolución: 1191/2007
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen: PROPIEDAD HORIZONTAL. ELEMENTOS COMUNES: NO LO ES EL PATIO DE UNA VIVIENDA AJENA AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL PREVIAMENTE ESTABLECIDO ENTRE OTRAS DOS.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Noviembre de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía 82/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Ocaña, cuyo recurso fue interpuesto por la Procuradora Doña María del Mar Moreno Hernández, en nombre y representación de Doña Clara , Don Narciso y Doña Valentina, y como parte recurrida la Procuradora Doña Beatriz Ruano Casanova, en nombre y representación de Don Juan Luis y Doña Lorenza .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procuradora Doña Nieves Martí Fuertes Colastra , en nombre y representación de Don Gregorio interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra Don Juan Luis y Doña Lorenza y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que 1º.- Se declare que el patio existente entre la casa número NUM000 propiedad de los demandados, y la casa nº NUM001 , propiedad de mi mandante de la CALLE 000 de Tembleque no es privativo de ninguna de las dos fincas, sino que es un elemento común a ambas pudiendo ser utilizado por ambas partes. 2º.- Que se condene a los demandados a que retiren de dicho patio los elementos de su propiedad que se encuentran en el mismo como son caldera, depósito de gas-oil y tendedero y a que en lo sucesivo se abstengan de introducir elementos o ejercer actividades en dicho patio fuera de las habituales de un patio común de luces, permitiendo su uso por mi mandante. 3º.- Condenar a los demandados al pago de las costas de este procedimiento.

2.- La Procuradora Doña María de los Remedios Ruiz Benavente, en nombre y representación de Don Juan Luis y Doña Lorenza, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestime la demanda , con expresa condena a la parte demandante de las costas de este juicio.

3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.
Unidas estas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos.

La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Ocaña , dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando íntegramente la demanda promovida por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martín Fuentes-Colastra, en nombre y representación de D. Gregorio contra Don Juan Luis y Doña Lorenza , debo declarar y declaro que el patio existente entre la casa nº NUM000 propiedad de los demandados y la casa nº NUM001 , propiedad del actor sitas en la calle/ CALLE000 de Tembleque no es privativo de ninguna de las dos fincas, sino un elemento común a ambas , al tiempo que debo condenar y condeno a Don Juan Luis y a Doña Lorenza a que retiren los elementos de su propiedad que allí se encuentren como son la caldera depósito de gas-oil y tendedero, así como que en lo sucesivo se abstengan de introducir elementos de su propiedad o de ejercer actividades fuera de la habituales de un patio común de luces, permitiendo su uso el actor, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada .

SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de Don Juan Luis y Doña Lorenza , la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo , dictó sentencia con fecha 21 de julio de 2000 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de D. Juan Luis y Doña Lorenza , debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm 2 de Ocaña, con fecha 27 de mayo de 1999 en el procedimiento núm 32/98 de que dimana este rollo, y en su lugar, debemos desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de Don Gregorio y Doña Lorenza , imponiendo al actor las costas causadas en la primera instancia y sin efectuar pronunciamiento sobre las de ésta segunda.

TERCERO .- 1.- La Procuradores Doña María del Mar Hornero Hernández, en nombre y representación de Doña Clara , Don Narciso y Doña Valentina , interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS : PRIMERO .- Al amparo del apartado 3º del artículo 1692 de la L.E .C . por quebrantamiento de las formas esenciales del Juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. SEGUNDO .- Al amparo del artículo 1692.3º de la L.E .C . por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo resultado infringidos el artículo 396 del Código Civil , el artículo 3º de la Ley de Propiedad Horizontal y la jurisprudencia sentada sobre dichos preceptos. TERCERO .- Al amparo del artículo 1.692.3º de la L.E .C por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo resultado infringido el artículo 392 del Código Civil y la jurisprudencia sentada sobre dicho precepto. CUARTO .-Al amparo del artículo 1692. 3º de la L.E .C . por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo resultado infringidos los artículos 1.281 y 1.218 del Código Civil y la jurisprudencia sentada sobre dichos preceptos.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora Doña Beatriz Ruano Casanova , en nombre y representación de Don Juan Luis y Doña Lorenza , presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 31 de octubre del 2007, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El ahora recurrente adquirió el pleno dominio de un solar al núm. NUM002 de la CALLE 000 de Tembleque, así como la nuda propiedad (las transmitentes se reservaban el usufructo vitalicio) de una casa al número 4 de dicha calle, finca que, a su vez, se dividió en dos, adjudicándose una parte y quedando gravada la otra con el usufructo reseñado. Con la intención de edificar sobre el solar resultante de la agrupación del solar número 2 y de la total casa del número 4, el actor proyectó una obra en dos fases, consistente en la construcción de tres viviendas adosadas, materializándose la primera fase con la construcción de las viviendas A y B, y quedando pendiente para la segunda la C. Lógicamente las viviendas colindantes habrían de tener elementos comunes (patios de luces), si bien al ejecutar la vivienda que lindaba con la C (aún no construida), el patio que se llevó a cabo (el hoy litigioso) se cerró, y con esa configuración, tanto física como jurídica (se logró licencia de habitabilidad y se otorgó escritura pública y se inscribió en el Registro de la Propiedad ), se vendió al hoy demandado. Pasados varios años y extinguido el usufructo, el actor procede a construir la vivienda pendiente, y sin bien no guarda similitud con el proyecto inicial de las tres viviendas adosadas, ni en la zona de patios conserva la planimetría originaria, pretende en el presente procedimiento, ejercitando acciones acumuladas de carácter declarativo de dominio y reivindicatoria, que el patio que existe entre las actuales casas número NUM000 (del demandado) y número NUM001 (del actor) de la CALLE 000 , no es privativo a ninguna de las partes, sino común a ambas, con derecho de utilización compartido, y condena a los demandados a que retiren los objetos y/o elementos en él colocados (caldera, depósito de gasoil, tendedero, etc.), así como que se abstengan de realizar actividades que excedan el aprovechamiento común como patio de luces. La sentencia de la Audiencia Provincial , revocando la del Juzgado, estimatoria de la demanda, declara probado que el matrimonio demandado adquirió del actor mediante escritura pública de 14 de febrero de 1992 (existiendo otra de subsanación de errores de 12 de junio) una vivienda unifamiliar en la CALLE 000 número NUM000 (antes número NUM002 ), con entrada independiente desde la calle, con la distribución, superficie y linderos que en dicho documento consta, y que da lugar a inscripción registral independiente, haciéndose expresamente constar que "tiene una cuota de participación, en el valor total del edificio, elementos comunes y gastos, de cincuenta enteros por ciento", siendo su título el de declaración de obra nueva y división horizontal otorgada el 3 de agosto de 1985, y en cuya escritura expresamente se dice, que "sobre solar sin edificaciones en la CALLE 000 número NUM002 el señor compareciente ha construido a sus expensas la siguiente obra nueva: urbana, edificio en Tembleque, en la CALLE 000 , señalado con el número NUM002 , compuesto de dos viviendas unifamiliares adosadas ..."; las que son susceptibles de aprovechamiento independiente, pasando luego a describirlas, y expresamente señalando que a cada una de ellas se le asigna una cuota de participación, en el valor total del edificio, elementos comunes y gastos, de cincuenta enteros por ciento (es decir, queda consumido el cien por cien de la superficie construida con esas dos viviendas unifamiliares). Con estos datos, sostiene que: "la designada con el número NUM002 fue adquirida, de buena fe y según el contenido del Registro de la Propiedad , por el matrimonio demandado con la configuración que en ese momento tenían, es decir, con el patio cerrado en la forma que resulta del doc. 13 que se aporta con la demanda, y sin que en la escritura de venta se hiciera mención o reserva alguna en relación a que dicha finca debía soportar servidumbre alguna o compartir patio con otra vivienda, ya que por mucho que el proyecto inicial contemplara la construcción de tres viviendas unifamiliares adosadas, físicamente solo se llevaron a cabo dos, y exclusivamente sobre las mismas se efectuó declaración de obra nueva y se constituyó el edificio que formaban en régimen de propiedad horizontal, teniendo así acceso al Registro, por lo que por acto de voluntad unilateral del constructor o transmitente, no pueden crearse servidumbres, gravámenes o elementos comunes no contemplados en la escritura originaria, pues lo contrario supondría ir contra sus propios actos" y que "la descripción de la vivienda litigiosa en su título constitutivo es acorde con la situación actual en que ahora se encuentra, sin que el actor pueda invocar sobre ella derecho dominical alguno, debiendo respetar la misma en la situación física en que se encuentra, no ya por el hecho de que así fue transmitida en escritura pública y tuvo acceso al Registro, sino por la también circunstancia de que en igual forma fue comprada de buena fe por el adquirente".

SEGUNDO .-El primer motivo del recurso denuncia la contradicción existente entre lo expresado en el último párrafo de su fundamento jurídico primero y el fallo de la sentencia al decir que: "En definitiva, al no concurrir los elementos y/o requisitos necesarios para declarar que el patio litigioso es privativo de los demandados, sino común a otro del actor, debe decaer la acción ejercitada". Se desestima puesto que tal afirmación no es más que la conclusión simplemente errónea de una fundamentación clara y expresamente dirigida a negar la pretensión contenida en la demanda sobre la titularidad del patio litigioso que la recurrente saca de su contexto para procurar una solución contraria al sentido del fallo que es, además, el que sirve de argumento de impugnación a los demás motivos.

TERCERO .- El segundo denuncia infracción del artículo 396 del CC y 3 de la Ley de Propiedad Horizontal , junto con la jurisprudencia que los interpreta, porque la sentencia determina que el patio es privativo puesto que los demandados adquirieron una vivienda a través de escritura pública con la distribución, superficie y linderos que en la misma constan y conforme a los datos obrantes en el Registro de la Propiedad , sin que en dichas escrituras se reconociese el patio como común. El motivo se desestima. Es cierto que en la escritura se describen como elementos comunes aquellos que no se hallan configurados como privativos. Ocurre, sin embargo, que la vivienda para la que reclama la cuota de propiedad del patio pertenece a un edificio diferente al que se dividió horizontalmente y lo que se pretende es que se aplique el régimen de propiedad horizontal conjuntamente a una de las dos viviendas que lo integran y a una tercera construida con posterioridad y que no pertenece al edificio declarado y construido en la escritura otorgada el día de 3 de agosto de 1985, lo que no es posible.

CUARTO .-Tampoco la sentencia infringe el artículo 392 del CC al establecer que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece proindiviso a una persona puesto que no existe tal comunidad entre ambas propiedades. Y es que por más que se proyectara inicialmente la construcción de tres viviendas adosadas, lo cierto es que se construyeron dos, y exclusivamente sobre las mismas se efectuó declaración de obra nueva y se constituyó el edificio que formaron en régimen de propiedad horizontal, teniendo así acceso al Registro.

QUINTO .- El cuarto denuncia infracción de los artículos 1281 y 1218 del CC , relativos a la interpretación de los contratos y a la prueba documental pública y a su eficacia. En realidad, bajo la infracción de las reglas relativas a una y otra cuestión, el recurrente pretende que se reproduzca la valoración de la prueba hecha en la sentencia de la primera instancia cuando no es esta la que se recurre, ni el recurso de casación constituye una tercera instancia que permita reproducir la prueba efectuada y valorada para lo que el juzgador de instancia tiene plena capacidad y competencia, como también la tiene para interpretar los contratos, conforme a doctrina consolidada de esta Sala, siendo únicamente revisable en casación cuando fuera contraria a las reglas de la lógica o contradiga abiertamente el espíritu o la letra del texto interpretado, lo que aquí no sucede puesto que la conclusión que obtiene la Audiencia es absolutamente correcta a la vista del propio documento, de la realidad constructiva y, en definitiva, de lo que fue objeto de transmisión y conformación del régimen jurídico de la Propiedad Horizontal.

SEXTO .-Los principios de la buena fe y de los actos propios son complementarios de una resolución que tiene como fundamento determinante el hecho de que la descripción de la vivienda litigiosa en su título constitutivo es acorde con la situación actual en que se encuentra, careciendo el actor de derecho dominical alguno. Esta situación debe respetarse en la forma en que se encuentra, tanto porque así fue transmitida en escritura pública y tuvo acceso al Registro, como por la circunstancia de que fue comprada de buena fe por el adquirente y de que el actor, al constituir un edificio en régimen de propiedad horizontal, previa declaración de obra nueva, con los elementos privativos y comunes que en las escrituras de su constitución constan, no puede variar el carácter originario del patio litigioso convirtiendo en común lo que en su escritura no se reconoce como tal.

SEPTIMO .-La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS

Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Maria del Mar Hornero Hernández, en la representación que acredita de Dª Clara , Don Narciso y Doña Valentina , contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo de fecha 21 de Julio de 2000 , con expresa condena a la parte recurrente de las costas causadas.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de apelación.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Román García Varela .- José Antonio Seijas Quintana..-Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.-Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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RECORDATORIO


¿QUÉ ES UN DOCUMENTO PUBLICO?

Aquel  que reune los requisitos exigidos al efecto por el articulo 1216 del Código Civil y el articulo 3 de la Ley Hipotecaria,  con las excepciones que marca la LH

Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por la Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes en la forma que prescriban los reglamentos. Las fotocopias no reunen dichas condiciones aunque sean de  documentos judiciales o de cualquier tipo de documentos.  

Según lo anterior , como consideraríamos el Libro de Actas de una Comunidad.  
ART. 3 LH
Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos

ART .1216 CÓDIGO CIVIL

Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

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DEFINICIONES DE INTERÉS
 

La superficie, hablando siempre de los elementos privativos de una propiedad horizontal, es un elemento de descripción de los elementos privativos (junto con los linderos), para diferenciarlos de los elementos comunes (el art. 5 LPH habla de "extensión"), y el artículo 9 de la Ley y 51.4 del Reglamento Hipotecario de "medida superficial". Por ello hay que entender que la superficie a consignar debe de ser siempre la superficie construida privativa, es decir, la incluida dentro del perímetro de sus linderos, pues es la que mejor se adapta a ese concepto, al definir lo que es privativo y lo que no lo es. A su vez, esta superficie construida puede ser cerrada (por los planos de las paredes)  y abierta (patios, terrazas) etc...

 

La superficie construida, llamémosla total, incluye la superficie privativa y la parte proporcional de la superficie construida de los elementos comunes (pasillos, portal, escaleras, etc..), es un concepto económico que se define en el Reglamento de VPO de 1968 para dicho tipo de viviendas (a fin de fijar el precio máximo), pero que ha quedado sin aplicación pues la ley de VPO  de 1978 se inclina por el concepto de superficie útil, que también es un concepto económico aplicable a las VPO.

            La superficie útil  no tiene una definición unívoca, pero normalmente se entiende que es la superficie cerrada privativa interior, descontada la parte no aprovechable como paredes, tabiques, columnas, etc. y sumándole un cincuenta por ciento de la superficie abierta, -con un tope del 10% de la cerrada, en las de VPO-.   lSe ve más claro su concepto en los garajes, pues la superficie útil de los mismos,  que resulta de las cédulas de calificación, incluye no sólo la plaza de garaje propiamente dicha, sino que también incluye la parte proporcional de la zona de rodadura, hasta un máximo de 25 metros.  

            En definitiva,  hay que reflejar siempre la superficie construida privativa, cerrada y abierta. La superficie útil puede ser aconsejable, como complemento, pero no es obligatoria (salvo en VPO). La superficie construida, incluida la parte proporcional de los elementos comunes, sólo puede ser un dato complementario y hay que dejar claro el concepto, que no es superficie privativa.

 

ANECDOTARIO

Ni el menor de 17.

Ni el ciego, pródigo o loco

Ni quien padezca enfermedad nerviosa

Ni quien no aprobó la LOSE

Ni el que no conozca de  contabilidad.

Ni el que no sepa con la Agencia Tributaria lidiar.

Ni el que nociones no tenga de la Ley de Propiedad Horizontal

Ni el que no tenga nociones de Laboral.

Ni el que no sepa lo que es una finca.

Ni el que no tenga aguante ni imparcialidad.

Ni al que la mano le guste en la caja meter.

Ni el timido

Ni el que no vislumbre  el significado de "propietario "

Pueden aspirar a ser administradores de fincas.

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CONSEJO


NIF PROVISIONAL, TIEMPO DE SU UTILIZACIÓN POR UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Cuando una comunidad de propietarios este funcionando con un NIF provisional, la comunidad quedará obligada a la aportación de la documentación pendiente necesaria para la asignación del número de identificación fiscal definitivo tan pronto como disponga de toda ella.

Cumplida esta obligación, se asignará el número de identificación fiscal definitivo, para solicitarlo deberá presentarse la oportuna declaración censal, en la que se harán constar, en su caso, todas las modificaciones que se hayan producido respecto a los datos consignados en la declaración presentada para solicitar el número de identificación fiscal provisional que todavía no hayan sido comunicados a la Administración en anteriores declaraciones censales de modificación.

 Importante: Cuando a la Comunidad de Propietarios  se asigna un número de identificación fiscal provisional, la  Administración tributaria puede requerirla la aportación de los documentos  pendientes otorgando un plazo máximo de 10 dias para su presentación o para que  justifiquen los motivos que la imposibiliten, con indicación en tal caso por la comunidad  del plazo necesario para su aportación definitiva.

En consecuencia, mientras no se pueda obtener la documentación necesaria para conseguir el numero de identificación fiscal definitivo, y mientras no sea requerida para su aportación por la Administración Tributaria, podrá seguir utilizando el NIF para sus relaciones de naturaleza o con transcendencia tributaria.

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

 

"QUE NI UNA PALABRA, NI UNA MIRADA
OBSCENA MANCHEN LA CASA
EN DONDE HAYA UN NIÑO
"

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LLAVE EN MANO
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