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Nº 45
Diciembre/2007


Valcap
¡ FELIZ NAVIDAD !

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Un punto de normas de convivencia de una Comunidad de Propietarios

- SILBATOS: Se pidió a todos los propietarios que usen un silbato (se puede comprar en cualquier tienda de deportes) cuando vean personas desconocidas y sospechosas, con el fin tanto de ahuyentarlos como de avisar al resto de propietarios.

El primer teléfono de asistencia para víctimas del acoso inmobiliario entrará en funcionamiento el próximo año

Todas aquellas personas que sufran cortes de suministro injustificados o que vivan en condiciones precarias por falta de reformas básicas en las viviendas, debido a las presiones de especuladores para que abandonen estos inmuebles, contarán a partir del próximo año con el primer teléfono gratuito de asistencia para víctimas del acoso inmobiliario, según anunció la ministra de Vivienda, Carmen Chacón.

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ACTUALIDAD

EXPROPIACIÓN DE PARTE DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL
En un expediente de expropiación se persigue la de un trozo de terreno
de siete metros cuadrados que es elemento común de un edificio
en régimen de propiedad horizontal. Se plantea si es necesaria
la notificación a todos y cada uno de los miembros de la comunidad
o si basta la notificación al presidente de la comunidad.

Conforme al art. 3 de la LEF las actuaciones del expediente expropiatorio se tendrán con el propietario, considerándose como tal por la Administración a quien con ese carácter figure en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente.

La expropiación habrá de notificarse a todos y cada uno de los titulares registrales de los elementos comunes, que lo son los de los elementos privativos en proporción a sus cuotas. Por otro parte, se requerirá unanimidad en caso de que se opte por el mutuo acuerdo para la determinación del justiprecio.

En ello abundaría el que la expropiación es un acto terminante de privación del dominio por el poder público, por lo que la falta de notificación a los titulares registrales de los elementos privativos puede afectar a la tutela judicial efectiva de los mismos, provocando indefensión.

Finalmente, si no se exigiera la notificación a cada uno de los titulares registrales de la propiedad horizontal el derecho de reversión se atribuiría a todos y cada uno de los titulares registrales sin su consentimiento.

Sin embargo, se entiende que el pago puede realizarse a la Comunidad representada por su Presidente, aunque también será necesario el acuerdo de la junta autorizándolo. El presidente ostenta la representación de la junta pero lo hace dentro de sus competencias.

Ahora bien, otro sector considera que la expropiación produce unos efectos privativos del dominio por virtud de la ley y de la ley deriva igualmente el derecho de reversión que se atribuye a sus beneficiarios como una consecuencia legal de la expropiación y sin perjuicio de la posibilidad de los interesados para renunciar tal derecho.

La transmisión del dominio se produce en caso de expropiación no de modo voluntario sino forzoso, por lo que se habrá de evitar las posibilidades de que se produzca indefensión, propiciando que los propietarios de los elementos privativos puedan participar en la defensa de los comunes. Ello se conseguirá si la notificación de la expropiación se realiza al Presidente, representante de la comunidad, el cual vendrá obligado a dar cuenta de la misma a los condueños para que aleguen lo que estimen pertinente a su derecho.

No se trata de consentir una enajenación sino de tener oportunidades de defensa frente a la privación del dominio de parte de los elementos comunes por la Administración , tal defensa parece lógico que se articule a través del aparato organizativo creado por la ley y no al margen de él, como si los elementos comunes pertenecieran en comunidad ordinaria a los dueños de los elementos privativos.

En ese sentido, el Tribunal Supremo considera que la Ley de Propiedad Horizontal, precisamente para evitar cuestiones de legitimación, arbitró la fórmula de otorgar al Presidente de tales Comunidades, carentes de personalidad jurídica, la representación de ellas en juicio y fuera de él, que lleva implícita la de todos los titulares.

Dicha representación, según la jurisprudencia, no es la ordinaria que se establece entre representante y representado, sino la orgánica, en cuya virtud la voluntad del Presidente vale, frente al exterior, como voluntad de la Comunidad , sin perjuicio, por ello, de las obligaciones del mismo de responder de su gestión, lo que conduce a entender que notificado el Presidente de la expropiación deberá ponerlo en conocimiento de los condueños para que puedan participar, si lo consideran oportuno, en la defensa de los elementos comunes.

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CONSULTA

¿Las  Comunidades de regantes, gozan de exención
subjetiva en el ITPYAJD?

Las Comunidades de regantes, por sentencia del  Tribunal Supremo, no gozan de exención subjetiva en el ITPYAJD, a pesar de que tengan el carácter de Corporaciones de Derecho Público, según la Ley de Aguas
NO EXENCIÓN COMUNIDAD DE REGANTES.

Sentencia de 15 de diciembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «la exención del art. 45.1.A.a) del vigente Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 24 de septiembre de 1993 no puede extenderse a las Comunidades de Regantes, aunque tengan el carácter de Corporaciones de Derecho Público conforme a la Ley de Aguas y realicen inversiones de interés social».

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PROPIEDAD HORIZONTAL

   INTERCAMBIO DE TRASTEROS. Se plantea una consulta al registrador sobre un caso en el que los propietarios de dos pisos pretenden intercambiarse sus trasteros que son caracterizados en la propiedad horizontal como anejos. Uno de los departamentos está hipotecado, y el apoderado del banco da “su más expreso consentimiento al contenido de la escritura”

El problema surge porque en aplicación de los arts. 123 LH y 46 RH es necesario un consentimiento del acreedor para cancelar y no arrastrar la hipoteca en el trastero anejo A, y además consentimiento del deudor para que la hipoteca se extienda al nuevo trastero anejo B. Por lo tanto, para que el consentimiento del apoderado del banco tenga sentido es preciso que la escritura recoja con la mayor determinación y claridad, ambos aspectos, de un lado, que el trastero que hemos llamado A se trasmita o permuta como libre, para lo que la entidad de crédito ha de consentir la cancelación. Por otro lado, será preciso extender por el deudor la hipoteca al trastero que hemos llamado B a lo que alcanzará el consentimiento del Banco en el sentido de aceptar la extensión dicha.

  Dicho eso, es indudable que la operación se puede hacer si hay autorización estatutaria o de la Junta de propietarios, sin que sea necesario para la segregación y agregación el consentimiento del acreedor hipotecario. Dicho consentimiento sólo es necesario, como se ha visto, en orden a determinar la situación de cargas de las porciones permutadas, ya que la falta del mismo dará lugar, respecto del que hemos llamado trastero A, la solidaridad del art. 123 LH que es lo que se quiere evitar.

 

DIVISIÓN DE DOS LOCALES COMERCIALES.
Dos elementos independientes de una propiedad horizontal, uno de los cuales es una planta baja
y el otro un llamado entrepiso, se hallan comunicados físicamente entre sí por una escalera que
pertenece a la planta baja y que permite el acceso del entrepiso a la planta baja y al exterior.
Ahora se pretende segregar la escalera de la planta baja para su agregación al entrepiso,
a fin de darle otro acceso independiente y enajenarlo.
A la luz de los Estatutos de la propiedad horizontal se plantea
la cuestión de si es necesaria autorización de la Junta de propietarios.

Los estatutos, dicen al respecto, lo siguiente: “[...] b) Los propietarios de los locales comerciales o industriales de las plantas bajas de las descritas casas, no contribuirán a los gastos de uso, conservación y entretenimiento del portal, escalera, ascensores ni portero. c) Los propietarios de los locales comerciales o industriales, de las plantas bajas y entrepisos de las descritas casas, podrán suprimir las paredes medianeras que las separan de las fincas colindantes para unir sus propiedades, sin que para ello precisen el permiso del resto de los propietarios. d) Los propietarios de los locales comerciales o industriales de los entrepisos de las descritas casas, o el propietario si no hubiere más que uno, podrán sacar las puertas que estimen o estime necesarias o simplemente convenientes, a cada una de las cajas de escaleras. Asimismo, el propietario o propietarios de dichos locales podrán dividirlo y subdividirlos, dando a cada uno, el porcentaje en los elementos comunes que estime por conveniente rebajándolo del total que tiene asignado. Sin que para todo ello precisen el permiso del resto de los copropietarios.”

Se trata de interpretar los estatutos, cabiendo al respecto diversas variantes. Así, una estricta que centrándose en un punto de vista restrictivo admitiría la división pero sólo de los entrepisos y, junto a ella, una interpretación más amplia que la admitiría, sin necesidad de autorización de la junta de propietarios, no sólo respecto de los entrepisos, sino también respecto de la planta baja.

En pro de esa segunda interpretación podemos aducir el que los estatutos más que impedir la división en abstracto, trata de que no surjan nuevos elementos independientes, lo que coincide con la operación que se plantea, en la que no aparecen nuevos de los indicados elementos.

Además, los locales forman una unidad, como un solo local que, por su unidad material participa tanto de la naturaleza de planta baja como de entrepiso, por lo que cabría entender que el propietario del mismo, incluso según una interpretación restrictiva de los estatutos, podría beneficiarse de las facultades de división que los mismos atribuyen a los titulares de los entrepisos. Ahora bien, según una interpretación literal es posible, también referir la autorización de división no sólo a los dueños de los entrepisos sino también a los de la planta baja.

Por otra parte, atendiendo a las circunstancias del caso, conforme al tenor de los estatutos, el propietario único de los dos locales independientes unidos materialmente podría plasmar esa situación en el Registro por medio de una agrupación y, posteriormente, podría volver a segregar el local, sin que nada le obligue a que esa segregación deba discurrir por la anterior separación, sino que podría incluso discurrir por una nueva coincidente con la separación que ahora se pretende realizar y beneficiarse de la autorización estatutaria.

Por tanto, llegando a la conclusión de que los estatutos admiten la posible división de los locales comerciales sin autorización de la Junta de propietarios, ello se entiende, siempre que las obras recaigan exclusivamente sobre elementos privativos y sin que las mismas afecten a la estructura del edificio, a los elementos comunes ni a la seguridad del inmueble, como resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1998, la cual, pese al intenso debate jurisprudencial sobre este punto, no cuestiona la doctrina de la DGRN que admite las cláusulas estatutarias que autorizan a los propietarios la división o agrupación de los distintos locales y el derecho a levantar nuevas plantas, sin que las obras precisen autorización de la Junta de propietarios.

Dada la polémica existente sobre este punto y la jurisprudencia contradictoria, parece conveniente aclarar en la escritura en la que se plasman las obras divisorias la circunstancia de que las mismas no afectan a elementos comunes ni menoscaban la seguridad del edificio.

PARTICIÓN Y DIVISIÓN HORIZONTAL POR ALBACEA –PARTIDOR.
CUBIERTA DEL EDIFICIO.
R. 20 de julio de 2007. BOE del 17 de agosto de 2007. Notario de Benidorm don José Antonio Pérez Ramos - Registro n. º 3, de Benidorm. Vinculante en parte.

La «planta de cubierta» no puede configurarse como elemento privativo de la Propiedad Horizontal, al tener el carácter de elemento común por naturaleza y no ser susceptible de aprovechamiento independiente, aun cuando pudieran serlo los trasteros ubicados en ella, no acreditándose tampoco su configuración, a los efectos pretendidos, del Certificado Municipal incorporado.

De la cubierta del edificio, el Centro Directivo  de la DGRN recuerda que dentro del conjunto de elementos comunes existentes en un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, hay unos elementos comunes esenciales que constituyen el soporte de la propiedad individual del piso o local, y otros que cumplen una finalidad comunitaria al estar al servicio de todos los propietarios individuales en su aprovechamiento y utilización, pudiendo estos últimos ser desafectados. En concreto, la cubierta del edificio, aunque sea por definición legal un elemento común de los propietarios del edificio, su uso e incluso su titularidad dominical (piénsese en la posibilidad reconocida por el artículo 16.2 del Reglamento Hipotecario de configurar un derecho de sobreelevación sobre el edificio) puede atribuirse en el título constitutivo a determinados propietarios, al no ser de los de necesaria utilización por todos ellos para el ejercicio de su derecho de propiedad. Lo que no parece admitir -aunque no puede entrar pues considera que no está en la nota- es que el Albacea Contador tenga facultades para constituir este tipo de propiedad horizonta.

Confirma la nota, en cambio, en lo que se refiere a la falta de legitimación de la firma del técnico, defecto que fue subsanado con posterioridad. No considera defecto que el informe municipal no aluda a los trasteros (a los que si menciona el informe técnico), pues no expresa dudas en cuanto a la antigüedad de la edificación, no existiendo expediente alguno para el restablecimiento de la legalidad urbanística,

Nota: Aunque se haya reconocido la potencial titularidad dominical privativa de la cubierta, en el caso se plantea una vuelta de tuerca adicional, el ser dicha cubierta un elemento independiente de la división horizontal (y no un mero anexo a otro elemento) lo cual es más discutible al no tratarse de “piso o local” que dice el artículo 396 del Código Civil (la R. 21 de noviembre de 2002 no admitió que lo fueran determinados espacios abiertos). Puede generar confusión en la práctica el considerar como finca independiente la cubierta, pues su titular muy posiblemente creerá que hará suyo lo que construya sobre la misma (si no lo ha hecho ya) lo cual no es así si no tiene a la vez el derecho de vuelo correspondiente que es un elemento común si no se dice lo contrario configurándose debidamente. De hecho, se ha utilizado la fórmula fraudulentamente para esconder una edificación que todavía no tiene ganada la prescripción.

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LEGISLACIÓN ESTATAL

 

ACUERDOS INTERNACIONALES. Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

PDF (40 págs. - 297 KB.)

 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

             Finalidad y  funciones: Se dedica al estudio y dictamen sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos.

            En concreto, le corresponde el estudio y dictamen sobre las siguientes cuestiones (entre otras):

            a) Los plazos de permanencia de los documentos administrativos en cada uno de los diferentes tipos de archivos de oficina o gestión, central, intermedio e histórico.

            b) Las transferencias, una vez cumplidos los plazos de permanencia, entre cada uno de los tipos de archivos.             c) La accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales.

            d) Las propuestas de su  eliminación o de conservarlos en otro soporte.

            e) La correcta aplicación de los dictámenes emitidos al respecto por la propia Comisión.

            Esta Comisión está adscrita al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Incorpora un representante de cada Ministerio.

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JÓVENES: RENTA BÁSICA. Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

            Concepto. Con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes, se crea la renta básica de emancipación, consistente en un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en este real decreto.

            Requisitos para ser beneficiario:

               a) Tener una edad comprendida entre los 22 años y hasta cumplir los 30 años.

               b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda donde residan con carácter habitual y permanente.

               c) Tener una fuente regular de ingresos brutos anuales inferior a 22.000 euros.

               d) Ser ciudadano de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo o, en el caso de los extranjeros no comunitarios, tener residencia legal y permanente en España.

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SEGUROS PRIVADOS. Orden EHA/3247/2007, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados, en materia de activos financieros estructurados que tengan como subyacentes o colaterales riesgos derivados de los contratos de seguros.

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AGENTES CONSULARES HONORARIOS. Real Decreto 1390/2007, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los Agentes Consulares Honorarios de España en el extranjero.

PDF (5 págs. - 146 KB.)

 

REPÚBLICA DOMINICANA. Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Dominicana modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968, hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002.

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto.

PDF (13 págs. - 106 KB.)

  

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Orden ITC/3289/2007, de 5 de noviembre, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

PDF (28 págs. - 378 KB.)

 

CALIDAD DEL AIRE.- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

PDF (26 págs. - 176 KB.)

 

AYUDAS POR NACIMIENTO. Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.

PDF (5 págs. - 150 KB.)

SISTEMA FINANCIERO. LEY 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

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ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. LEY 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

            Se trata de adaptaciones impuestas por la transposición de dos Directivas comunitarias.

            La primera es la Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. De ella se derivan: Afecta a los artículos 4, 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores.

               - La inclusión expresa del derecho de información y consulta de los trabajadores entre los derechos básicos de los mismos y la definición de estos conceptos.

               - La consulta sobre la evolución futura del empleo en la empresa o centro de trabajo y las medidas preventivas al respecto.

               - La clarificación del contenido o modos de ejercicio de estos derechos para reducir la intensa litigiosidad jurisdiccional existente.

               - La remisión a la negociación colectiva para la definición de las modalidades prácticas de la información y la consulta, no tanto en un sentido de excepción, como de desarrollo de la disposición legal y con respeto a la misma.

               - Y, finalmente, en atención al deber de sigilo profesional, la reformulación del régimen jurídico del mismo incorporando la posibilidad de secreto, en términos mucho más precisos y desarrollados que los actuales, incluyendo la regulación de los posibles recursos administrativos o judiciales en materia de sigilo profesional.

            La segunda es la Directiva 2002/74/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. Supone la modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

               - Se amplía el concepto de insolvencia que da lugar a la protección dispensada a los créditos de los trabajadores a los procedimientos previos a la liquidación del patrimonio dirigidos a garantizar el funcionamiento de la empresa en una fase posterior, no existiendo en este aspecto diferencias esenciales que afecten a nuestro sistema legal.

               - Se establecen disposiciones dirigidas a dar cobertura a la protección de los créditos de los trabajadores cuando la empresa que se encuentra en situación de insolvencia realiza actividades en el territorio de dos o más Estados miembros.

               - Se aprovecha la reforma para adecuar la normativa laboral a la Ley 22/2003, de 29 de julio, Concursal, que reduce la multiplicidad de procedimientos concursales conducentes a la declaración de insolvencia y en consecuencia a la intervención del Fondo de Garantía Salarial como institución de garantía del pago de los créditos laborales no satisfechos por la empresa que se encuentra en dificultades económicas, estableciendo un procedimiento único de concurso suficientemente flexible para permitir su adaptación a las diferentes situaciones posibles.

PDF (6 págs. - 176 KB.)

 

VALORACIÓN CATASTRAL. Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.

            Este real decreto tiene por objeto la aprobación de las normas técnicas aplicables para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales definidos por el articulo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

            Según dicho precepto, los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

            Se distinguen los siguientes grupos:

               - Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

               - Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas al riego.

               - Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

               - Los aeropuertos y puertos comerciales.

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REGLAMENTO DEL IVA. Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario.

            Destaquemos algunas de las variadas modificaciones:

            - Vivienda. La reforma del artículo 91.Dos.1.6.o de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo a la aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento a las entregas de ciertas viviendas. Este supuesto de tributación reducida está condicionado a circunstancias relativas al uso que de las viviendas haga el comprador. El texto reglamentario se adapta a esta normativa, a la vez que se concreta la aplicación práctica de los requisitos que han de concurrir para la aplicación de la medida. También se adapta el IGIC canario.

            - Televisión digital. Se modificó la Ley del IVA, disponiendo la aplicación del tipo reducido del 7 por ciento a la televisión digital. Ahora se aplica a dichos servicios el procedimiento especial de devolución que se desarrolla por el artículo 30 del Reglamento del Impuesto.

            - Subvenciones. La Ley del IVA se modificó para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea, eliminando de la normativa legal reguladora del Impuesto cualquier tipo de restricción en el derecho a la deducción como consecuencia de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones. Ahora se adaptan los artículos 28 y 38 del Reglamento.

            - Discapacidad. Se clarifica el concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad para la delimitación de los supuestos de tributación reducida que se aplican a ciertas operaciones relativas a coches utilizados por personas con movilidad reducida. Lo mismo se hace en el IGIC canario.

            - Grupo de entidades. La reciente Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, ha introducido en la Ley del IVA un régimen especial, el del grupo de entidades, que, conforme señala la propia norma, precisa del desarrollo reglamentario que ahora se hace.

            - Facturas. Afecta a los artículos 63 y 64 y pretende propiciar una mayor coherencia entre el contenido de los libros registro de facturas expedidas y recibidas, respectivamente, que son los que regulan dichos preceptos, con el contenido de las facturas, que se establece en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. A tal efecto, se establece la obligatoriedad de consignar por separado en dichos libros las fechas de expedición de las facturas y de realización de las operaciones que en ellas se documentan. Igualmente, se actualiza la regulación de los asientos resumen.

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*CONTABILIDAD. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

            Sustitución. El Plan que ahora se aprueba, sustituye al aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. En su redacción se ha seguido la técnica empleada en el Plan General Contable de 1990, incidiendo en su componente explicativo, con la finalidad de facilitar su aplicación, dada la incorporación al mismo de transacciones, elementos patrimoniales y criterios contables nuevos.

            Obligatorio. Será de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.

            Excepciones. No tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta parte del Plan General de Contabilidad y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro o valoración.          

            Estructura. El Plan General de Contabilidad mantiene la estructura de su antecesor y se compone de cinco partes, que van precedidas de una Introducción en la que se explican las características fundamentales del Plan General y sus principales diferencias con el Plan de 1990.

                - La primera parte, Marco Conceptual de la Contabilidad, recoge los documentos que integran las cuentas anuales así como los requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Asimismo, se definen los elementos de las cuentas anuales.

               - La segunda parte, normas de registro y valoración, desarrolla los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte. En ella se recogen los criterios de registro y valoración de las distintas transacciones y elementos patrimoniales de la empresa desde una perspectiva general; esto es, considerando las transacciones que usualmente realizan las empresas sin descender a los casos particulares, cuyo adecuado tratamiento contable lo seguirá resolviendo, mediante las resoluciones que vaya aprobando, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

               - La tercera parte, cuentas anuales, incluye en primer lugar las normas de elaboración de las cuentas anuales en las que se recogen las reglas relativas a su formulación, así como las definiciones y explicaciones aclaratorias del contenido de los documentos que las integran. A continuación de estas normas de elaboración, se incluyen los modelos, normales y abreviados, de los documentos que integran las cuentas anuales.

               - La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, debidamente codificados en forma decimal y con un título expresivo de su contenido, sin vocación de intentar agotar todas las situaciones que se producirán en el mundo empresarial. El cuadro de cuentas seguirá sin ser obligatorio en cuanto a la numeración de las cuentas y denominación de las mismas, si bien constituye una guía o referente obligado en relación con las partidas de las cuentas anuales. Con ello se busca que la normalización contable española alcance el necesario grado de flexibilidad.

               - La quinta parte, definiciones y relaciones contables, incluye las definiciones de distintas partidas que se incorporarán en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto, así como las de cada una de las cuentas que se recogen en dichas partidas, incluyendo los principales motivos de cargo y abono de las cuentas. 

            Entrada en vigor. La presente norma entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y será de aplicación en los términos previstos en el presente real decreto, para los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

            Situación transitoria.

               - Se contempla la aplicación retroactiva de los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad, con determinadas excepciones, y una serie de particularidades relativas a las combinaciones de negocios. Asimismo se prevén ciertos casos en los que se prohíbe la aplicación retroactiva del Plan.

               - Se otorga a los sujetos contables la opción de mantener las valoraciones que resultaban de los criterios aplicados hasta la fecha, lo cual implicará que en muchos casos, sólo sean necesarios pequeños ajustes para afrontar la adaptación.

               - En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el nuevo Plan, sea voluntaria la presentación de cifras comparativas del ejercicio anterior con los nuevos criterios.

               - Con carácter general, se mantiene la vigencia de las adaptaciones sectoriales en vigor a la fecha de publicación del presente real decreto, en todo lo que no se opongan a la legislación contable vigente, haciendo una especial referencia a las adaptaciones a entidades no mercantiles.

               - Se mantienen en vigor las resoluciones aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad, sin perjuicio de la necesidad de proceder a su revisión en un breve espacio de tiempo.

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*CONTABILIDAD PYMES. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

            Quiénes: Podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de Pymes todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

               a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.

               b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.

               c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

            Se fijan excepciones.

            Duración mínima: La opción que una empresa ejerza, de seguir este Plan o el Plan General de Contabilidad, deberá mantenerse de forma continuada, como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al transcurso de dicho plazo, la empresa pierda la facultad de aplicar este Plan. Cuando lo aplique, deberá de hacerlo de forma completa.

            Microempresas. Hay criterios de menor exigencia para ellas, considerando que lo son si, durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:         a) Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.

               b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los dos millones de euros.

               c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a diez.

            Entrada en vigor. La presente norma entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y será de aplicación en los términos previstos en el presente real decreto, para los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

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MODELOS AYUDAS MATERNIDAD. Orden EHA/3352/2007, de 19 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por maternidad y por nacimiento o adopción, y el modelo 141, de solicitud del pago único por nacimiento o adopción de hijo, se determina el lugar, forma y plazo de presentación de los mismos y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

            Presentación: podrán enviarse por correo dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, apartado de Correos FD número 30.000, Delegación Provincial, o bien presentarse, mediante entrega directa, en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria. Sin perjuicio de lo anterior, el modelo 141 también podrá ser presentado en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cabe también la presentación telefónica, llamando al 901 200 345, y la telemática en la dirección http://www.agenciatributaria.es.

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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

            Objeto del reglamento. Establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

            Ámbito de aplicación. Las administraciones públicas… deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad que se establecen en el presente reglamento.

            Firma electrónica. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad.

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TRANSPORTE MARÍTIMO. Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público.

            Objeto de este real decreto:

               a) Establecer los mecanismos para la correcta aplicación del Reglamento (CEE) 3577/1992, del Consejo, de 7 de diciembre, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

               b) Determinar las condiciones en que se han de prestar los servicios de línea regular de cabotaje marítimo insular.

               c) Determinar y regular la prestación de las navegaciones que deben considerarse de interés público.

            Entre los requisitos generales de prestación de líneas regulares de cabotaje se encuentra su comunicación a la Dirección General de la Marina Mercante con un plazo de antelación mínimo de quince días. A la comunicación se acompañará documentación acreditativa de su condición de empresa naviera… y de que estén inscritos en los Registros en los que tal inscripción sea obligatoria para poder efectuar navegación de cabotaje en su país de bandera.

PDF (2007/20272; 5 págs. - 155 KB.)

 

 

SENADO: REGLAMENTO.- Reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifica el artículo 184.

            Se trata de adaptar el Reglamento del Senado a la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional por la que su artículo 16.1 dice que «los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara».

            Para ello, se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 184 del Reglamento del Senado, con el siguiente contenido:

            “La elección por el Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la Constitución, seguirá el procedimiento previsto en este Capítulo con las siguientes especialidades:

            a) El Presidente del Senado comunicará a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas. Cada Asamblea Legislativa podrá, en ese plazo, presentar hasta dos candidatos, resultando aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.

            b) La Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión. Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos. “

PDF (2007/20344; 1 págs. - 25 KB.)

 

MODELOS TRIBUTARIOS. Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido.- Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario.

PDF (2007/20485; 17 págs. - 1319 KB.)

 

DNI Y PASAPORTE. Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, sobre la implantación de un sistema de cita previa telefónica para la obtención del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte.

PDF (2007/20487; 1 págs. - 32 KB.)

 

IRPF E IVA. Orden EHA/3462/2007, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2008, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

PDF (2007/20553; 47 págs. - 2449 KB.)

 

*CONSUMIDORES Y USUARIOS. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

            Incorporaciones: Surge este Texto refundido como consecuencia de la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que exige incorporar al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios entre otras:

               - La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,

               - La Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles;

               - La regulación sobre contratos a distancia; dentro de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,

               - La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo,

               - La Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos

            Administración competente. El texto refundido no prejuzga cuáles sean las Administraciones públicas competentes en relación con las materias contenidas en él, ni tiene efectos de atribución o modificación de las competencias administrativas atribuidas por la normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación.

            Estructura: Tiene cuatro libros.

            - Libro Primero. Se divide en cinco títulos.

               - El título primero, relativo a las disposiciones generales, incorpora una delimitación del ámbito de aplicación de la Ley, una lista de conceptos, los derechos de los consumidores y usuarios y la legislación básica sobre ellos.

               - El título II contiene la regulación del derecho de representación, consulta y participación e incorpora el régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios.

               - En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de cooperación institucional, dentro del estado de las autonomías.

               - El título IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones.

               - El título V, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en particular, incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a las conductas contrarias a esta regulación contenida y el Sistema Arbitral de Consumo.

            - Libro segundo. Regula relaciones jurídicas privadas y se estructura en cinco títulos.

               - El título I, contiene las disposiciones generales de los contratos con los consumidores, el régimen común del derecho de desistimiento en aquellos contratos en los que se prevé tal derecho.

               - El título II establece el régimen jurídico en materia de cláusulas contractuales no negociadas individualmente y cláusulas abusivas. Se clarifica la equiparación entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas expresamente.

               - Los títulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles. La regulación sobre contratos a distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulación de las relaciones empresariales.

               - El título V regula el régimen de garantías y servicios posventa.

            - Libro tercero. Recoge el régimen de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos y por el resto de los bienes y servicios.

            - Libro cuarto. Se dedica a viajes combinados.

            - Las tres disposiciones transitorias garantizan que no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía comercial, mantienen el régimen transitorio en los bienes que han de ser considerados como bienes de naturaleza duradera y determinan la inaplicabilidad de la Ley 22/1994, de 6 de julio, a los productos puestos en circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.

            A continuación se citan, de su articulado, algunos aspectos de especial interés.

            Objeto: Esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. Art. 1.

            Ámbito de aplicación. El Texto Refundido será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. Art. 2.

            Definiciones. Se trata de aproximar la terminología a la legislación comunitaria Se opta para ello por la utilización de los términos consumidor y usuario y empresario, pero respetando las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las «personas jurídicas».  Arts. 3 al 7.

               - El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Aclara la Exposición de Motivos que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.

               - Se considera empresario, a efectos de lo dispuesto en esta norma, a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.

               - Se incorporan, asimismo, las definiciones de productor, producto y proveedor.

            Derechos de los consumidores. Se enumeran en el art. 8, siendo nula su renuncia previa, y nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil. Art. 10.

            Asociaciones de consumidores y usuarios. Arts. 22 al 39.

               - Denominación. Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.

               - Participación en sociedades mercantiles. Las asociaciones de consumidores podrán participar en sociedades mercantiles siempre que éstas reúnan los requisitos del art. 28.

               - Cuentas anuales. Se depositarán en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de su aprobación por los órganos estatutarios correspondientes.

               - Registro estatal. Las asociaciones de ámbito estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma, deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de  Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo. Tras su denominación, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarán su número de inscripción registral.

            Acciones de cesación. Arts 53 al 56.

               - Objetivo. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.

               - Imprescriptibilidad. Las acciones de cesación son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en relación con las condiciones generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Dice dicho artículo: “No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva.”

            Sistema arbitral. Arts. 57 y 58.

               - Concepto. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.

               - Sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo. Será voluntaria y deberá constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de adhesión al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores.

               - Sistemas distintos del arbitraje de consumo. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico. Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo precedente serán nulos.

            Contratos con los consumidores y usuarios. Arts. 59 al 79.

               - Concepto. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario.

               - Fuentes. Se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles. Los contratos que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril.

               - Información previa. Se establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, será exigible por los consumidores y usuarios, aún cuando no figure expresamente en el contrato.

               - Duración. Se prohíben las cláusulas contractuales que establezcan limitaciones a sus derechos y, en particular, la imposición de plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

               - Documentación.

                        - Contenido. En estos contratos se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación.

                        - Gratuidad. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la formalización del contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.

                        - Viviendas. En el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la entrada en vigor de esta norma, se facilitará además la documentación prevista en la Ley de Ordenación de la Edificación o norma autonómica que resulte de aplicación.

                - Interpretación de los contratos. Se integra el contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza así la posición contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretación que del artículo 1258 del Código Civil mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.

               - Derecho de desistimiento. 

                        - Concepto. Es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

                        - Cláusulas nulas. Lo serán de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.

                        - Casos. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.

                        - Fuentes. Se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este Título.

                        - Formalidades. Su ejercicio no está sometido a ninguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho, pero corresponde al consumidor y usuario probar que lo ha ejercitado. Será gratuito.

                        - Plazo. El mínimo será de siete días hábiles. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo será de tres meses.

                        - Consecuencias. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil. El consumidor no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio y tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiera realizado en el bien. El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas sin retención de gastos en el plazo máximo de 30 días desde el desistimiento, pasado el cual se podrá reclamar la suma duplicada.

                        - Financiación. Cuando en el contrato desistido el precio a abonar por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna.

            Condiciones generales y cláusulas abusivas. Arts. 80 al 91.

                - Cláusulas no negociadas individualmente.

                        - Redacción. El art. 80 fija los requisitos de redacción entre los que están su concreción, claridad y sencillez; accesibilidad y legibilidad, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

                        - Interpretación. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula de este tipo, prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor.

                        - Notarios y Registradores. Artículo 81. Aprobación e información. 2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia.

               - Cláusulas abusivas.

                        - Concepto. Son todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

                        - Prueba. El empresario que afirme que una cláusula se negoció individualmente ha de probarlo.

                        - Efectos. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva, teniendo el Juez amplias facultades.

                        - Notarios y Registradores. Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas.

Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

                        - Casos concretos:

                                   * Por vincular el contrato a la voluntad del empresario.

                                   * Por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.

                                   * Por falta de reciprocidad.

                                   * Sobre garantías por desproporcionadas o por imposición de la carga de la prueba.

                                   * Que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.

                                   * Sobre competencia y derecho aplicable.

                        - Viviendas. Según el art. 89.3 son cláusulas abusivas en la compraventa de viviendas:

                                   a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).

                                   b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.

                                   c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

                                   d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.

            Contratos celebrados a distancia. Arts. 92 al 106.

               - Ámbito. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario.

               - Sobre inmuebles. La validez y eficacia de los contratos relativos a bienes inmuebles quedará condicionada, además, al cumplimiento de los requisitos que impone su legislación específica. No se regularán por este título los contratos celebrados para la construcción de bienes inmuebles.

            Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. A ellos se dedican los arts. 107 al 113. Según su artículo 108, de su ámbito de aplicación están excluidos: f) los contratos documentados notarialmente.

            Entrada en vigor: el 1º de diciembre de 2007.

PDF (2007/20555; 35 págs. - 1053 KB.)

 

SISTEMA CARTOGRÁFICO NACIONAL. Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.

            Objeto: Este real decreto, en aplicación de la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, regula las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento y difusión de información geográfica sobre el territorio nacional y su mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, realizada por las autoridades públicas a través del Sistema Cartográfico Nacional.

            El Sistema Cartográfico Nacional es un modelo de actuación que persigue el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia de información geográfica mediante la coordinación de la actuación de los diferentes operadores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito.

            En el Pleno del Consejo Superior Geográfico habrá un vocal representante propuesto por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

            Formará parte del Comité Consultivo del Pleno: “el Decano del Colegio Oficial de Registradores”.

PDF (2007/20556; 15 págs. - 438 KB.)

SEGURIDAD VIAL. Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.

Más... (2007/20636)

  

SEGURIDAD SOCIAL. Orden TAS/3512/2007, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

PDF (2007/20779; 6 págs. - 172 KB.)

  

SEGURIDAD SOCIAL. Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

PDF (2007/20910; 15 págs. - 457 KB.)

 

CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES. Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo.

PDF (2007/20913; 3 págs. - 95 K)

 

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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

 

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
PDF (23 págs. - 670 KB.)

ANDALUCÍA:
Procedencia de la información: BOE. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Notariado y registros públicos. Art. 77:“Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva sobre:

1.º El nombramiento de Notarios y Registradores y el establecimiento de demarcaciones notariales y registrales.

2.º Registro Civil.

3.º Archivos de protocolos notariales, de libros registrales de la propiedad, mercantiles y civiles.

Competencias ejecutivas. El art. 42 se refiere así a las mismas: “3.º Competencias ejecutivas, que comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado.

Parejas de hecho. Art. 17.2: “Todas las parejas no casadas tienen el derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma , las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas”.

Testamento vital. Art. 20.1 “Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley.

Agencia Tributaria. Artículo 181.2: “… por ley se creará una Agencia Tributaria a la que se encomendará la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. En relación con los demás impuestos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del Estado en Andalucía, podrá establecerse un régimen de colaboración para su gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo. “

Traspasos de competencias: Dice el apartado 5 de la Disposición transitoria primera: 5. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Junta de Andalucía la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente publicados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.

ARAGÓN

Procedencia de la información: BOE. LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Artículo 9. Eficacia de las normas.

. El Derecho Foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia territorial.

Artículo 71. Competencias exclusivas.

En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias:
2.ª Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Foral aragonés, con respeto a su sistema de fuentes.

Artículo 75. Competencias compartidas.

En el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en normas con rango de ley, excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Constitución, desarrollando políticas propias. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en las siguientes materias:

10.ª Régimen de los recursos fundados en el Derecho foral aragonés contra la calificación negativa de documentos, o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro público de Aragón.

Artículo 78. Notarios y registradores.

1. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de conformidad con las leyes del Estado, siendo mérito preferente el conocimiento del Derecho propio de Aragón y específicamente su Derecho foral.

2. La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las Notarías y a los Registros de la propiedad y mercantiles en Aragón, de acuerdo con lo previsto en las leyes generales del Estado.

3. Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma el conocimiento de los recursos contra la calificación de documentos o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro público de Aragón y estén fundados en el Derecho foral aragonés.

CASTILLA Y LEON

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

            Definición: Artículo. 1

            1. Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla, ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como Nación, ejerce su derecho al autogobierno y se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía.

            2. La Comunidad de Castilla y León, como región de Europa, asume los valores de la Unión Europea y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico europeo.

            Competencias exclusivas: Artículo 70. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:…

               5.º Conservación del Derecho consuetudinario de Castilla y León.

            Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. Artículo 71.

            1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:…

               14.º Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas.

            2. En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la Comunidad la potestad reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la inspección.

            Competencias de ejecución. Artículo 76. Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:…

               14.º Nombramiento de los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles que hayan obtenido plaza en el territorio de la Comunidad de acuerdo con las leyes estatales. Informe y participación en la fijación de las demarcaciones de Notarías, Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como de las Oficinas Liquidadoras a cargo de éstos de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal.

               La Comunidad velará por la adecuada prestación del servicio público encomendado a Notarios y Registradores.

PDF (2007/20635; 20 págs. - 615 KB.)

CATALUÑA

CATALUÑA:

Procedencia de la información: BOE.  Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

 

Artículo 14. Eficacia territorial de las normas.

1. Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad.

2. Los extranjeros que adquieren la nacionalidad española quedan sometidos al derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten su voluntad en contra. 

 

Artículo 33. Derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales. 1. Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y Administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, a las entidades privadas que dependen de las mismas cuando ejercen funciones públicas.

2. Todas las personas, en las relaciones con la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos, tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada, sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción.

3. Para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo.

4. Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo.

5. Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente. Estas instituciones deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica.

 

Artículo 129. Derecho civil.

Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil, con la excepción de las materias que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución atribuye en todo caso al Estado. Esta competencia incluye la determinación del sistema de fuentes del derecho civil de Cataluña. 

 

Artículo 147. Notariado y registros públicos.

1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña, en materia de notarías y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, la competencia ejecutiva que incluye en todo caso:

a) El nombramiento de los Notarios y los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas y de los concursos, que debe convocar y llevar a cabo hasta la formalización de los nombramientos. Para la provisión de las notarías y de los registros, los candidatos deben ser admitidos en igualdad de derechos y deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con el alcance que establecen el Estatuto y las leyes.

b) La participación en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, a los efectos de acreditar el conocimiento del Derecho catalán.

c) El establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales, incluida la determinación de los distritos hipotecarios y de los distritos de competencia territorial de los notarios.

d) El nombramiento de Notarios archiveros de protocolos de distrito y guarda y custodia de los libros de contaduría de hipotecas.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, que deban tener acceso a un Registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

COMUNIDAD VALENCIANA

Procedencia de la información: Texto definitivo: BOE. LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

 Artículo tercero.

4. El Derecho civil foral valenciano se aplicará, con independencia de donde se resida, a quien ostente la vecindad civil valenciana conforme a las normas del Título Preliminar del Código Civil, que será igualmente aplicable para resolver los conflictos de leyes.

 

Artículo séptimo.

1. El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía.

2. Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el Derecho Foral Valenciano tendrán eficacia territorial excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad.

 

Artículo 37.

La competencia de los órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana comprende:

2. En materia de Derecho civil foral valenciano, el conocimiento de los recursos de casación y de revisión, como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, así como los recursos de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de ley en el ámbito Contencioso-Administrativo cuando afecten exclusivamente a normas emanadas de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 49. 1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

2.ª Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano.

 

Artículo 58. 1.

Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en la Comunitat Valenciana serán nombrados por el Consell, de acuerdo con las leyes del Estado.

2. Para la provisión de Notarías, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de la Comunitat Valenciana como si lo hacen en el resto de España. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza o de residencia. Los Notarios deberán garantizar el uso del valenciano en el ejercicio de su función en el ámbito de la Comunitat Valenciana de conformidad con las normas del presente Estatuto. Igualmente, garantizarán la aplicación del derecho civil foral valenciano que deberán conocer.

3. El Consell participará también en la fijación de demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y número de notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado.

 

Disposición adicional segunda.  (Cláusula Camps)

1. Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias.

2. La Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás Comunidades Autónomas.

3. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización.

 

Disposición Transitoria Tercera.

La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española.

ISLAS BALEARES

ISLAS BALEARES.

Procedencia de la información: Texto definitivo BOE. Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

 

Artículo 30. Competencias exclusivas.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:

27. Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio de las Illes Balears, incluida la determinación de su sistema de fuentes, excepto las reglas relativas a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y de los instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de competencia estatal.

 

Artículo 94. Competencias.

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales de las Illes se extiende, en cualquier caso:

a) En el orden civil, a todas las instancias y a todos los grados, incluidos los recursos de casación y revisión, en materia de Derecho Civil propio de las Illes Balears.

e) A los recursos sobre calificación de documentos que deban tener acceso a los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de las Illes Balears, siempre que estos recursos se fundamenten en una infracción de las normas emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

 

Artículo 99. Notarías y registros.

 1. La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las notarías y a los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles serán nombrados por la Comunidad Autónoma de conformidad con las leyes del Estado. Para la provisión de estas plazas serán méritos preferentes la especialización en Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua catalana. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza y vecindad.

MURCIA

MURCIA. LEY 13/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2007.

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RESOLUCIONES DE LA DGRN

ERRORES MATERIALES, RECTIFICACIÓN SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. R. 4 de octubre de 2007, DGRN. BOE de 3 de noviembre de 2007. Recaudación Ejecutiva de la AEAT-Registro de Madrid 14

            Solicitada anotación preventiva de embargo por la Administración Tributaria, el registrador suspende la anotación por no coincidir el NIF de la persona jurídica que figura en el mandamiento con el que aparece en el Registro como del titular registral.

            La Dirección entiende que aun cuando los asientos están bajo la salvaguarda de los Tribunales, cabe que los errores materiales que puedan ser probados a través de documentos fehacientes puedan rectificarse sin consentimiento del titular, y la propia aseveración de AEAT de que la entidad embargada aparece en la base de datos de la propia Agencia con el mismo NIF que figura en el mandamiento, sirve de documento para acreditar el error del asiento registral y subsanarlo.

            Sin embargo desestima el recurso por haberse hecho tal aseveración en el escrito de recurso, y el recurso sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. (MN)

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HACIENDA


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

V1255-07
ÓRGANO :
SG de Impuestos
sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 18/06/2007
NORMATIVA: Ley 37/1992, Arts. 90, 91; RIRPF RD 1775/2004, Art. 54-5; TRLIRPF RD Leg 3/2004, Art. 69-1
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en la c/ Duquesa de Parcent, n° 46 de Madrid, de uso residencial, está ubicada en la denominada colonia "Antonio Blasco", dentro del Distrito Municipal de Latina en el suroeste de Madrid. Se encuentra el edificio dentro de la Zona de Rehabilitación Integrada declarada para los edificios sitos en la referida colonia por Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, con relación el Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada a actividades protegidas en materia de vivienda y su régimen jurídico para el período 2001-2004.
El referido edificio es una construcción del año 1962, que consta de un único portal de acceso y cinco plantas, con dos viviendas por planta. La superficie construida de la finca es de 780 m2, incluyendo elementos comunes. Dada la antigüedad del edificio, en él residen personas de edad avanzada, y también alguna de ellas con Minusvalía reconocida superior al 65%.
Dicho edificio presentaba un estado de deterioro general, con graves deficiencias para la adecuada habitabilidad, que hizo necesaria la rehabilitación integral del edificio que implicó la realización de obras y trabajos que consisten, a grandes rasgos, en las obras necesarias para la adecuación del edificio a las exigencias actuales de habitabilidad, calidad y confort. Asimismo, dentro de dicha rehabilitación, se detectó la carencia de aparato elevador en la finca, por lo que con el fin acondicionar las instalaciones del inmueble para adaptarlas a un nivel de vida acorde con las necesidades de sus propietarios y adaptarse a la actual Normativa de Supresión de Barreras Arquitectónicas, se planteó la instalación de un ascensor

CUESTIÓN-PLANTEADA:
1ª. Tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2ª. Tratamiento de las obras de rehabilitación en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas

CONTESTACIÓN-COMPLETA :
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
El artículo 91, apartado uno. 3, número 1º de la citada Ley, determina que se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a:
"Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”
2.- En cuanto al concepto de obras de rehabilitación, el artículo 20, apartado uno, número 22º, de la misma Ley dispone que a los efectos de esta Ley, las obras de rehabilitación de edificaciones son las que tienen por objeto la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores o, en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de su rehabilitación.
Por tanto, para que las obras realizadas en una edificación se consideren de rehabilitación, deben cumplir un doble requisito:
1º) Cuantitativo: el importe de las obras debe exceder del 25 por 100 precio de adquisición o del valor previo de la edificación (incluido terreno) antes de su rehabilitación.
Según doctrina reiterada de esta Dirección General de Tributos, contenida entre otras, en las Resoluciones vinculantes de 9 de octubre de 1986 (Boletín Oficial del Estado del 30) y de 4 de noviembre de 1986 (Boletín Oficial del Estado del 27), a efectos de la delimitación del concepto de rehabilitación se considerará:
- Coste global de las operaciones de rehabilitación de viviendas, el coste, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, de los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para llevar a cabo las operaciones materiales en que consista la reconstrucción de las edificaciones, incluidos los servicios prestados por el personal técnico que dirija las obras.
- Precio de adquisición de las edificaciones, el realmente concertado en las operaciones en cuya virtud se haya efectuado la referida adquisición.
La prueba de dicho precio podrá efectuarse por los medios admisibles en derecho.
- Verdadero valor de una edificación o parte de la misma, el precio que se hubiese acordado para su transmisión onerosa en condiciones normales de mercado entre partes que fuesen independientes, incluido el valor correspondiente al terreno en que se halla enclavado el edificio.
El verdadero valor de las edificaciones o partes de las mismas podrá acreditarse por los medios de prueba admisibles en derecho.
- Partes de un edificio destinadas a viviendas, las partes de una edificación destinadas a constituir una o varias viviendas, de acuerdo con la legislación vigente, con posterioridad a su rehabilitación.
Asimismo, es criterio de esta Dirección General de Tributos que, por "partes" de una edificación ha de entenderse las partes de una edificación que, cualquiera que sea su destino (vivienda, comercial, etc.) sean susceptibles por sí mismas de actuaciones parciales de rehabilitación, por permitir un uso autónomo respecto del resto de la edificación al tener entidad propia de carácter objetivo, y no considerar como "parte" de una edificación los diferentes elementos constructivos (fachadas, techumbres, estructuras, etc.) objeto de actuaciones de rehabilitación.
2º) Cualitativo: deben consistir en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas, o elementos estructurales análogos). Este Centro Directivo, en resolución de 5 de marzo de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo) ha aclarado en este punto lo siguiente:
"Con independencia del coste de las reparaciones o reconstrucciones y su relación con el valor del edificio, para que dichas operaciones tengan la consideración de "rehabilitación" a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es necesario que cumplan el requisito señalado por el precepto, a saber, que consistan en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas o elementos estructurales análogos), de manera que las operaciones de reacondicionamiento, mejora o reforma de la vivienda, por elevado que sea el importe de su coste, no tendrán el carácter de "rehabilitación" a efectos del referido impuesto: Tal ocurrirá con las obras consistentes en la redistribución del espacio interior, cambio o modernización de instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad, gas, solado, alicatado, carpintería, bajada de techos, etc.
En cuanto a las ejecuciones de obra complejas, en las que junto a las referidas operaciones se realizan, asimismo, tareas de tratamiento y consolidación de elementos estructurales, debe tenerse en cuenta el objetivo perseguido con el beneficio fiscal, por lo que una interpretación recta de la norma debe llevar a entender que las referidas ejecuciones de obra tributarán al tipo reducido del impuesto sólo cuando consistan principalmente en el tratamiento de los elementos estructurales de la edificación, de manera que si este tratamiento supone sólo una pequeña parte del presupuesto total de la ejecución, no cabe calificar la obra en su conjunto como "de rehabilitación" en los términos indicados por la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En consecuencia con todo lo indicado, esta Dirección General considera que las ejecuciones de obra consistentes en la reforma, readaptación, redistribución, mejora o reconstrucción de edificaciones cuya construcción ya esté terminada, que no tenga única o principalmente por objeto el tratamiento o consolidación de elementos estructurales de la edificación (estructuras, cubiertas, fachadas o análogas), no se considerarán de rehabilitación a efectos de lo previsto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de que el coste de dichas obras exceda del 25 por 100 del precio de adquisición o verdadero valor de la edificación".
De la descripción contenida en el escrito presentado no se deduce que las obras a realizar se puedan calificar de rehabilitación según los criterios anteriores. En particular, se desconoce el verdadero valor de la edificación que se rehabilita.

Por lo tanto, tales obras tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo aquéllas que puedan considerarse trabajos de albañilería según lo dispuesto en el apartado 3 de este informe.
3.- En este sentido, el artículo 91, apartado uno.2, número 15º, de la Ley 37/92, establece que, se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a las ejecuciones de obras de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios.
b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 20 por ciento de la base imponible de la operación.
El artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre), establece lo siguiente:
"1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.
2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda".
Según dispone el artículo 3º del Código Civil, "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".
No existiendo una definición de “albañilería” en el ordenamiento tributario, procede considerar, a los efectos de la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual, albañilería “es el arte de construir edificios u obras en que se empleen, según los casos, ladrillo, piedra, cal, arena, yeso u otros materiales semejantes”.
Esta Dirección General estima que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 91.uno.2.15º de la Ley 37/1992, deben considerarse “materiales aportados” por el empresario o profesional que ejecuta las obras de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas todos aquellos bienes corporales que, en ejecución de dichas obras, queden incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales semejantes a que se refiere la citada definición de albañilería contenida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Además el coste de dichos materiales no debe exceder del 20 por ciento de la base imponible de la operación. Si supera dicho importe no se aplicará el tipo del 7 por 100.
Por tanto, sólo se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento previsto en el artículo 91.uno.2.15º de la Ley 37/1992 a aquellas ejecuciones de obra de albañilería, en los términos definidos anteriormente, que se realicen en las condiciones indicadas por el citado precepto, tengan por destinatario a quien utiliza la vivienda para su uso particular o a una comunidad de propietarios de viviendas o mayoritariamente de viviendas.
Las operaciones en las que no concurra lo expuesto anteriormente como es el caso de las ejecuciones de obra de electricidad, gas, fontanería, calefacción, pintura, soldadura y carpintería, informes técnicos, realizadas en la vivienda ya terminada, tributarán al tipo impositivo del 16 por ciento.
Por otra parte, en relación con la aplicación del tipo impositivo reducido a las obras de albañilería resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) en la nueva redacción dada a dicho precepto, por el artículo primero, 3 del Real Decreto 3422/2000, de 15 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 16) que dispone que las circunstancias de que el destinatario no actúa como empresario o profesional, utiliza la vivienda para uso particular y que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormente.
En relación con lo anterior, el artículo 79, apartado dos de la Ley 37/1992 dispone que “cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados.”
Es decir, que cuando por un precio único se realicen distintos servicios que tributan a distintos tipos impositivos, como puede ser el caso, la base imponible correspondiente a cada servicio se determinará repartiendo el precio único cobrado, entre los distintos servicios, en proporción al valor de mercado de cada de uno de ellos, y aplicando el tipo impositivo correspondiente.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
El apartado 5 de dicho artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (BOE de 4 de agosto), establece lo siguiente:
“A los efectos previstos en el artículo 69.1.1º.a) de la Ley del Impuesto se considerará rehabilitación de vivienda las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos:a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
b) Que tengan por objeto la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años anteriores a la rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de la rehabilitación.”
El artículo 29 del Real Decreto 1/2002 regula las operaciones protegidas en materia de rehabilitación, de la forma siguiente:
“1. A los efectos de este Real Decreto se entenderán como áreas de rehabilitación las áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, sean así declaradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado.
2. En dichas áreas podrán ser protegidas las operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, si ello fuera necesario, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición.
3. En caso de promoción en el área objeto de rehabilitación de viviendas de nueva construcción sujetas a algún régimen de protección pública, de los comprendidos en el artículo 1.1.a) y b), será de aplicación, en su caso, los sistemas de financiación cualificada establecidos en los capítulos II y III, según proceda.
4. Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso quedar asegurada la diversidad social y de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en los términos establecidos en la legislación vigente.”
Dado que las obras a que se refiere el consultante parecen ajustarse a lo dispuesto en el citado artículo 29, pueden ser consideradas como rehabilitación, conforme dispone el artículo 54.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, por lo que el coste para cada propietario incrementará el valor de adquisición de la respectiva vivienda. Además, aquellos propietarios que residan en ellas de forma habitual podrán practicar deducción por adquisición de vivienda habitual, en los términos previstos en el artículo 69.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10 de marzo).
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

SENTENCIAS

Id Cendoj: 28079110012007100991
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3075/2000
Nº de Resolución: 986/2007
Procedimiento: Casación
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen: Propiedad Horizontal. Legitimación activa. Nulidad de acuerdo adoptado en la Junta de una
Comunidad de Propiedad Horizontal sobre modificación del Título constitutivo sin el acuerdo unánime
de los comuneros. Cuestiones nuevas.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil siete.
La Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ",
representada por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, contra la sentencia dictada en grado de apelación -rollo nº 401-B/1999- por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, en fecha 13 de mayo de 2000, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos con el número 513/1994 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente de Raspeig. Ha sido parte recurrida doña Estela ,representada por la Procuradora doña Isabel Torres Coello.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1º.- El Procurador don José Manuel Gutiérrez Martín, en nombre y representación de doña Estela , promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente de Raspeig, sobre impugnación de acuerdos, contra don Lorenzo , como Presidente de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho, suplicó a la Sala: " (...) En su día dicte sentencia por la que dando lugar a la demanda, declare: 1º.- La nulidad de pleno derecho del acuerdo recogido bajo el nº 4 del acta de fecha de 23 de agosto, por aplicación de los artículos 6 y 7 del Código Civil , declarando con efectos "ex tunc" dicha nulidad, por tratarse de acuerdos viciados de nulidad de pleno derecho y por ello, jurídicamente inexistentes desde su adopción, al haber extralimitado la Junta las competencias que conforme a la Ley le corresponden. 2º.- La nulidad del acta de 23 de agosto de 1994 , por cuanto los restantes acuerdos adoptados y reflejados lo han sido con vulneración de diversas normas estatutarias y legales dispositivas, entre otros, los 1, 3, 5, 9-6º, 11, 13, 14 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal . 3º .- La condena en costas de la Comunidad, por cuanto la temeridad y mala fe evidenciada y correlativa necesidad de mi representada de
promover la presente impugnación debe ser valorada en sus justos términos y contexto por el Juzgado".
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña Concepción , en su representación, se opuso a la misma, y, suplicó al Juzgado: " (...) Teniendo por formuladas las excepciones dilatorias planteadas de falta de personalidad y en virtud de las mismas, estimándolas se dicte sentencia por la que sin entrar en el fondo del asunto, se desestime la demanda planteada, y en caso de entrar a conocer del fondo del asunto, en virtud de las excepciones de carácter perentorio también alegadas se desestimen íntegramente las pretensiones contenidas en la demanda, y en todo caso se dicte sentencia por la que absolviendo de la misma libremente a mi mandante, se declare la plena validez del acuerdo que se impugna, así como el acta de fecha 23 de agosto de 1994, todo ello con expresa imposición de costas a la demandante dada su manifiesta temeridad y mala fe".
3º.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente Raspeig dictó sentencia, en fecha 15 de diciembre de 1998 , cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Gutiérrez Martín en nombre y representación de doña Estela contra la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , sito en C/ DIRECCION000 nº NUM000 de El Campello, debo absolver y absuelvo a la demandada de la pretensión de la actora en cuanto a la nulidad del acta de la Junta de
Propietarios de fecha 23 de agosto de 1994. Asimismo en cuanto a la pretensión de declaración de nulidad del acuerdo adoptado bajo el nº 4 de dicha junta o acta, con estimación de la excepción de inadecuación del procedimiento debo absolver y absuelvo en la instancia al demandado de dicha pretensión. Todo ello con imposición de las costas a la parte actora".
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia, en fecha 13 de mayo de 2000 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "Con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Vicente del Raspeig de fecha 15 de diciembre de 1998 en las
actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución y estimando la demanda interpuesta por doña Estela frente a la Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 de Campello debemos declarar y declaramos la nulidad del acuerdo tomado en el punto 4º de la Junta de Propietarios
celebrada el 23 de agosto de 1994 referido a los semisótanos, sin que proceda efectuar distinta declaración sobre la redacción del acta en que se refleja confirmando en este particular dicha sentencia de instancia. Se
desestiman las excepciones antes indicadas. No se hace especial declaración sobre pago de costas devengadas en ambas instancias".
SEGUNDO.- El Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", interpuso, en fecha 18 de julio de 2000, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1º) Por infracción del artículo 542 en relación con el 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; 2º) por vulneración de los artículos 394 y 396 del Código Civil, 208 de la Ley Hipotecaria y artículos 5 y 13.5 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 ; 3º) por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones del debate, contenida, entre otras, en SSTS de 16 de
junio de 1998, 26 de mayo de 1994, 6 de mayo de 1991, 1 de febrero de 1995 y 15 de marzo de 1985; 4º) por infracción de la doctrina de los actos propios, SSTS de 20 de diciembre de 1996, 4 de marzo, 24 de
octubre y 12 de diciembre de 1985, y, terminó suplicando a la Sala : dictar sentencia dando lugar al recurso y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho".
TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, la Procuradora doña Isabel Torres Coello, lo impugnó mediante escrito de fecha 16 de julio de 2003, suplicando a la Sala, dicte
sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto, y confirmando la nulidad del acuerdo recogido bajo el número 4 del Acta de fecha 23 de agosto por la Junta de Propietarios de la Comunidad EDIFICIO000 , con expresa imposición de costas al recurrente".
CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 12 de septiembre de 2007 en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Doña Estela demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", e interesó las peticiones que se detallan en el
antecedente de hecho primero de esta sentencia.
La cuestión litigiosa se centra principalmente en la determinación de si procede declarar o no la anulación del acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios de la Comunidad demandada de fecha 23 de agosto de 1994, en que, por mayoría, se aprobó destinar los semisótanos del edificio para el uso y esparcimiento de todos los copropietarios, con la particularidad de que esas dependencias del inmueble no figuraban en el título constitutivo.
EL Juzgado rechazó la demanda y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el sentido de declarar la nulidad del acuerdo relativo al punto 4º de la Junta de Propietarios celebrada el 23 de agosto de 1994 referido a los semisótanos, sin que proceda efectuar distinta declaración sobre la nulidad del acta en que se refleja, con la confirmación en este particular de la resolución apelada.
"LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 " ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 542 , en relación con el artículo 533 , ambos de este ordenamiento, por
cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha apreciado la excepción de falta de legitimación "ad causam" de la demandante, reiterada aquí en atención a que, en definitiva, el argumento esencial de la demanda fue la negativa de la naturaleza de elementos comunes a los semisótanos, con la afirmación de que ostentan la calidad de privativos y, además, de su propiedad, sustentada en el hecho de que su padre,
don Carlos Miguel , dueño del terreno donde se levantó el " EDIFICIO000 ", promovió, construyó y, tras efectuar la división horizontal, vendió los componentes independientes; así como por un descuido de los técnicos de la obra, respecto a la especial inclinación del terreno, pues, terminada la edificación, aparecieron los semisótanos, los cuales, por error, no se incluyeron en el título constitutivo, de modo que, al corresponder a aquél la propiedad del suelo, tenía también la de esas dependencias, y, tras su fallecimiento, los propietarios son ahora sus herederos, entre ellos la actora; sin embargo la pretensión
formulada en esos términos requiere una aptitud específica por parte de doña Estela , cual es la aportación del título determinante de que tales elementos son privativos e, igualmente, de su propiedad, en base al
cual se ampararía su derecho a hacer un uso exclusivo de los mismos- se desestima porque en este proceso no se dilucida la propiedad de los semisótanos, pues la acción ejercitada se refiere a la nulidad del
acuerdo numero 4º de los adoptados en la Junta celebrada por la Comunidad de Propietarios en fecha de 23 de agosto de 1994, que fue designado en el Orden del Día como "Asuntos jardín, pinada y cosas
comunes y privativas de la Comunidad y su Propiedad Horizontal", por haberse extralimitado la Junta en suscompetencias, y la nulidad del acta de la misma, dado que los restantes acuerdos reflejados vulneran
diversas normas estatutarias y de la Ley de Propiedad Horizontal , y para justificar la legitimación excepcionada, bastaba la acreditación por doña Estela de su titularidad de dos pisos en el edificio de la
Comunidad demandada, como consta en el acta de la Junta, que le permitió asistir a la misma, sin objeción alguna por el resto de los comuneros, y, en su calidad de propietaria disidente, es obvio que está legitimada para el ejercicio de las pretensiones planteadas en el juicio.
TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 394 y 396 del Código Civil, 208 de la Ley Hipotecaria, 5 y 13.5 de la
Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 , puesto que, según denuncia, la sentencia de instanciaha interpretado erróneamente que el acuerdo adoptado en la Junta celebrada el 23 de agosto de 1994 y recogido en el punto 4º del acta levantada al efecto supone una modificación del Título constitutivo y, por tanto, ha de ser sometido al régimen de unanimidad para su validez, ya que los semisótanos no son más que el resultado del cerramiento efectuado entre los pilares o columnas sobre las que se sustenta el edificio, por efecto del cual el suelo, que según el proyecto del arquitecto, estaba concebido como espacio abierto,
quedó delimitado por las paredes, y dió lugar a los mismos, pero no ha perdido su carácter de elemento común por la circunstancia de que, con posterioridad a su construcción y al otorgamiento de la escritura de obra nueva y división horizontal, su superficie fuera cerrada- se desestima porque, a partir de apreciaciones fácticas subjetivas, se integra en el motivo la cuestión de la propiedad de los semisótanos, que no es objeto de este juicio.
Los locales o dependencias de que se trata no figuran en el Título constitutivo y para cualquier modificación del mismo, como realiza la decisión comunitaria impugnada, se precisa el requisito de la unanimidad de todos los propietarios, mediante acuerdo en Junta, según exige el artículo 16.1 de la
Ley de Propiedad Horizontal de 1960 y determina la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias de esta Sala de 25 de julio de 1991, 22 de diciembre de 1994, 16 de julio de 1996, 19 de julio de 2000 y 30 de abril de 2002 , lo que no ha sido observado.
CUARTO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 16 de junio de 1998, 26 de
mayo de 1994, 6 de mayo de 1991, 1 de febrero de 1995 y 15 de marzo de 1985 , puesto que, según censura, la sentencia de la Audiencia no ha llegado a la conclusión del carácter de elemento común de los
semisótanos, según exponen dichas resoluciones, y, por tanto, de la validez del acuerdo impugnado, que versa sobre el uso de uno de ellos- se desestima porque se limita a expresar el texto de una amalgama de sentencias diversas, sobre supuestos diferentes del caso litigioso, sin añadir concepto alguno o elementos de conocimiento, en virtud de los cuales, quepa determinar, según el sentir de la parte recurrente, como y en qué concepto se ha infringido tal jurisprudencia por la resolución recurrida, lo que contraviene la exigencia de claridad y precisión dispuesta en el artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
QUINTO.- El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación de la doctrina jurisprudencial de los actos propios, debido a que, según censura, la
sentencia de apelación no ha valorado que, en el acta que documenta la primera Junta de la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", se describen sus componentes (10 por cada bloque), y se expresan sus coeficientes de participación, que sumados arrojan un resultado del 100 por 100, sin la inclusión, como privativos, de ninguno de los dos semisótanos, extremo aceptado por la totalidad de los propietarios, y, asimismo, por la demandante, que lo reconoció expresamente cuando absolvió la posición
tercera del pliego de confesión, al aceptar como suya una de las firmas obrantes en el documento, y, en ese momento, estaba conforme, junto con los demás copropietarios, en el hecho de que los semisótanos tenían el carácter de elementos comunes, por lo que no es válido que posteriormente les niegue dicha naturalezase
desestima porque se han introducido cuestiones nuevas, que, según reiterada doctrina jurisprudencial, no son susceptibles de conocimiento en casación (por todas, STS de 27 de noviembre de 2000 ).
Se consideran como tales las no aducidas por las partes en sus escritos alegatorios, y las surgidas "ex novo" en casación.
Las cuestiones nuevas alteran el objeto de la controversia, atentan a los principios de preclusión e igualdad de partes (entre otras, SSTS de 11 de abril y 4 de junio 1994 ) y producen indefensión para el otro litigante (aparte de otras, SSTS de 22 de julio y 20 de septiembre de 1994 ).
SEXTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo
1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 " contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en fecha de trece de mayo de dos mil . Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con
devolución de los autos y rollo en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . ROMÁN GARCÍA VARELA; JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA; IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA. Firmado y rubricado.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela,
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
 
ART. 75.6 RITP ANULADO. Sentencia de 18 de enero de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que, se declara la ilegalidad del art. 75.6 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, anulándolo por su oposición a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria Europea 69/335/CEE, de 17 de septiembre de 1969, arts. 10 y 4, en cuanto prohíbe los impuestos, cualquiera que sea su forma, sobre las modificaciones de la escritura constitutiva de la Sociedad o de sus Estatutos.

Dice el apartado que se anula:

Artículo 75. Operaciones societarias.
6. Las que documenten el cambio de valor de las acciones de una sociedad o de su condición de nominativas o al portador, estarán sujetas a la cuota gradual de «actos jurídicos documentados» sobre la base del valor nominal de las acciones cuyo valor o condición se modifique.

Este artículo ya había sido derogado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

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TRIBUNALES
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 231/2007, de 5 de noviembre de 2007

  La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo y don Ramón Rodríguez Arribas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

S E N T E N C I A

            En el recurso de amparo núm. 7540-2004, promovido por doña Margaret Hurley, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Virgina Lobo Ruiz y asistida por el Letrado don Julio Aguado Arrabé, contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella, de 9 de noviembre de 2004, por el que se declara no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones instado en autos de ejecución de títulos judiciales núm. 656-2002, procedentes del juicio verbal núm. 3273-2001. Han comparecido y formulado alegaciones la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde, representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Requejo García de Mateo y asistida por el Letrado don Luis Bernardo de Quirós Fernández, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 13 de diciembre de 2004, registrado en este Tribunal el día 15 siguiente, doña Virgina Lobo Ruiz, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Margaret Hurley, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. En la demanda de amparo se recoge la relación de antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se extracta:

a) La demandante de amparo era propietaria del chalé núm. 10 de la Urbanización Río Verde, que había adquirido en fecha 27 de abril de 2000 y que ha sido objeto de ejecución en los autos origen de este recurso de amparo.

En fecha 17 de junio de 2004 tuvo conocimiento, de forma causal, de que su vivienda había sido subastada en el mes de abril de 2004, al comunicárselo a su pareja sentimental, don Alfonso Vidal, uno de los obreros que se encontraba trabajando en el chalé, al decírselo a éste la presidenta de la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde.

b) En fecha 18 de junio de 2004 el Letrado de la demandante de amparo presentó un escrito de personación en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella en el procedimiento del juicio verbal núm. 656-2002, no pudiendo acceder ese día a los autos, al ser la última hora de un viernes.

El lunes 21 de junio de 2004 pudo consultar los autos, descubrir entonces que la demandante de amparo había perdido su propiedad valorada en 620.000 € por una deuda de 1.714, 56 € y comprobar que la demanda se le había notificado por edictos tras resultar negativo el intento de notificación en la vivienda ejecutada.

c) Según resulta del examen de los autos el procedimiento se ha desarrollado en la forma que a continuación se relata:

1) La asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde envió un telegrama a la demandante de amparo a su chalé núm. 10 el día 4 de abril de 2001, que no pudo ser entregado, haciendo constar el funcionario de correos “marchó sin dejar señas”.

Este fue el único intento de comunicación de la parte actora con la demandante de amparo, quien jamás ha recibido una comunicación de dicha Asociación en su domicilio desde que lo adquirió: ni convocatoria a las juntas de propietarios, ni notificaciones de las actas de dichas Juntas. De modo que la demandante de amparo desconocía la deuda que se le reclamaba.

2) La referida asociación de propietarios presentó demanda contra la recurrente en amparo, designando como único domicilio a efectos de emplazamiento de la demandada el chalé de ésta en la Urbanización Río Verde, sin proporcionar ninguno de los múltiples domicilios que la demandante de amparo tiene en la provincia de Málaga y que la Asociación conocía o pudo conocer con antelación a la presentación de la demanda.

3) El primer intento de notificación de la demanda se realizó por correo certificado en el domicilio indicado por la actora, resultando dicha diligencia negativa, en la que se hizo constar “Se ausentó 11/7/01”.

4) El día 2 de octubre de 2001 un agente judicial acudió al domicilio señalado en la demanda, resultando también negativa la diligencia de emplazamiento, en la que se hizo constar que “Resulta que la casa se encuentra cerrada y con aspecto de estar en obras pero no hay nadie”.

5) El Juzgado, por providencia de 3 de octubre de 2001, dio traslado a la actora para que instase lo que a su derecho conviniera, interesando ésta la citación por edictos.

6) El Juzgado, por providencia de 10 de octubre de 2001, acordó, con carácter previo a la notificación por edictos, que se remitiera oficio a la policía local de Marbella para averiguar el domicilio de la demanda.

La policía local en fecha 23 de octubre de 2001 contestó que la demandada ya no reside en la dirección indicada (Urbanización Río Verde) y que se desconoce su actual paradero.

7) El Juzgado, por providencia de 31 de octubre de 2001, dio de nuevo traslado a la actora para que instase lo que a su derecho conviniera, interesando ésta la citación por edictos.

A dicha petición accedió el Juzgado por providencia de 9 de noviembre de 2001, publicándose los edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de Málaga” de fecha 28 de noviembre de 2001.

8) El Juzgado, por providencia de 22 de abril de 2002, acordó suspender el acto del juicio y dio de nuevo traslado a la actora para que instase sobre la citación de la demandada. De nuevo en fecha 2 de mayo de 2002 la actora insistió en la notificación por edictos, ocultando los posibles domicilios de notificación y no solicitando al Juzgado que llevara a cabo las averiguaciones previstas en el art. 156 LEC.

9) En fecha 13 de junio de 2002 se celebró el acto del juicio en ausencia de la demandada, que fue declarada en situación de rebeldía procesal.

A partir de este momento no se llevó a cabo ningún intento de notificación en el chalé núm. 10 de la Urbanización Río Verde.

10) Notificada la Sentencia a la actora el día 1 de julio de 2002, interesó al día siguiente que se embargase el chalé propiedad de la demandada.

El Juzgado con carácter previo acordó la publicación de la Sentencia en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.

11) Tras dicha publicación la actora presentó demanda ejecutiva e insistió en el embargo de la vivienda, a pesar de que existían cuentas corrientes que la asociación conocía.

Desde ese momento todo el procedimiento de ejecución se siguió en rebeldía, notificándose las resoluciones en el tablón de anuncios del Juzgado, con lo que la demandada no pudo tener conocimiento de la subasta del inmueble de su propiedad.

12) En el momento en que la demandante se personó en el proceso ya se había dictado Auto de remate y se le había entregado el chalé subastado al adjudicatario en fecha 21 de junio de 2004, quien había depositado dicho Auto en el Registro de la Propiedad para su inscripción.

d) En fecha 30 de junio de 2004 la demandante de amparo promovió incidente de nulidad de actuaciones con base en la indefensión que había padecido en el proceso.

En síntesis, adujo como motivo de indefensión que se había procedido a su emplazamiento por edictos, pese a que en el Registro de la Propiedad constaba la existencia de tres domicilios a su nombre, ya inscritos en fecha anterior a la notificación de la demanda. En concreto se trataba de su domicilio en Inglaterra, de una vivienda en Istán (Málaga) y de una nave en el polígono industrial La Ermita (Málaga), donde están sus oficinas. De modo que en este caso una simple consulta al Registro de la Propiedad hubiera dado como resultado los citados tres domicilios, que hubieran evitado la notificación por edictos. Añadía a la precedente argumentación que, además, dos de esos domicilios (el de Inglaterra y el del polígono industrial La Ermita) constaban unidos a los de ejecución núm. 656-2002, al figurar en la certificación de cargas aportada a los mismos.

e) El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella por Auto de 9 de noviembre de 2004 desestimó el incidente de nulidad de actuaciones y acordó la entrega de la posesión del inmueble al adjudicatario de la subasta.

En su decisión el órgano judicial invoca el art. 9 h) LPH, sin entrar a comentar los efectos del art. 156.2 LEC ni del art. 24 CE; se asegura que la demandante de amparo no pagó el impuesto sobre bienes inmuebles ni la tasa de basuras, lo que supone una dejación total de sus funciones; y, respecto a una mayor investigación en los Registros públicos a efectos de localizar un domicilio de notificación, argumenta que ya se había oficiado a la policía local; que la notificación en el domicilio sito en Inglaterra habría dificultado y retrasado el procedimiento; y, en fin, respecto a los domicilios sitos en Istán y en el polígono industrial de la Ermita (Málaga) aduce que en las escrituras de compraventa de ambas fincas se señaló como domicilio el chalé núm. 10 de la Urbanización Río Verde, por lo que sería ir contra los actos propios exigir la notificación de la demanda en aquellos domicilios.

3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE):

a) Se argumenta al respecto, como causa directa de la indefensión denunciada, el emplazamiento edictal en el proceso a pesar de que existen tres domicilios en el Registro de la Propiedad a nombre de la demandante de amparo, que estaban inscritos en la fecha de notificación de la demanda y que podían ser perfectamente conocidos ya que se trata de un Registro público.

En efecto, una simple consulta al Registro de la Propiedad hubiera dado como resultado los siguientes domicilios de notificación: 1) vivienda unifamiliar en Cerros del Lago, Istán, Málaga, inscrita a nombre de la demandante de amparo desde el 12 de marzo de 2001; 2) nave en el polígono industrial La Ermita, c/ Uranio, núm. 35, bajo, Marbella, adquirida el 18 de diciembre de 2000; 3) su domicilio en Inglaterra, 2 The Circle, Queen Elizabeth S 1, Londres, que figuraba en la escritura de compraventa de la vivienda ejecutada. Sin embargo, pese a lo dispuesto en los arts. 156.2 y 4 LEC, la demandante de amparo fue declarada en rebeldía.

Además, los domicilios situados en el polígono industrial de la Ermita y en Inglaterra constan unidos a los autos de ejecución, al figurar en la certificación de carga aportada a los mismos, sin que se haya intentado ninguna notificación en ellos.

El precedente relato evidencia una flagrante vulneración del derecho de defensa de la recurrente en amparo, ya que no ha podido defenderse en el proceso ni ha podido evitar la subasta de su chalé como consecuencia de la mala fe de la actora, que no designó ninguno de los tres domicilios que constaban en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el art. 155.2 LEC. Vulneración que no ha reparado el Auto de 9 de noviembre de 2004, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, que ha dejado a la recurrente en amparo en una completa indefensión y sin posibilidad alguna de recuperar su vivienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 156.2 LEC, al menos desde que se recibió la certificación de cargas en el Juzgado se tenía que haber intentado la notificación en los domicilios que figuraban en ésta, por comisión rogatoria a Inglaterra o directamente por el Juzgado al otro domicilio de Marbella para que la demandante de amparo tuviera conocimiento de la ejecución (art. 498 LEC). Además el domicilio del polígono industrial de la Ermita es un domicilio profesional, abierto al público en horario de oficina, por lo que la notificación de la demanda se hubiera podido efectuar con total y absoluta seguridad. De hecho el Ayuntamiento de Marbella notifica en dicho domicilio a la recurrente las resoluciones relacionadas con el chalé subastado y son recibidas sin ningún problema.

En este caso, por imperativo legal del art. 156.2 LEC, la actora no podía escudarse en que el domicilio le era desconocido, pues tenía que haber aportado al Juzgado certificación de la finca, en la que figuran los dos domicilios ya indicados, o haber solicitado una búsqueda de bienes en el Registro de la Propiedad. Una vez hallados los tres domicilios referidos, el art. 156.3 LEC establece que la demanda tendría que haberse notificado en los otros domicilios, y ello hubiera permitido a la recurrente en amparo defenderse en el proceso y evitar la subasta.

b) Tras citar en apoyo de la pretensión actora doctrina de este Tribunal, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el emplazamiento edictal y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la demanda se detiene en rebatir la argumentación del Auto de 9 de noviembre de 2004, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones.

En relación con la aplicación del art. 9 h) LPH se aduce que la asociación actora notificó la deuda por telegrama y no acompañó con la demanda copia de la notificación que obligatoriamente debe publicarse en el tablón de anuncios de la Comunidad, con la diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por el Secretario y con el visto bueno del Presidente. Por lo tanto la deuda no se notificó correctamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 h) LPH. Además no nos encontramos en este caso ante una comunidad de propietarios constituida de conformidad con los arts. 1 y 5 LPH, ni al amparo de su capítulo III, sino que se trata de una asociación privada, que se rige por sus propios estatutos y sólo supletoriamente por la Ley de propiedad horizontal. En cualquier caso dentro del procedimiento judicial resulta preferente la aplicación de los arts. 156 y 164 LEC, que establecen antes de acudir a la notificación edictal la obligación de notificar en los demás domicilios que tenga el deudor inscritos en los registros públicos. En este supuesto la notificación de la demanda se hizo conculcando los arts. 156.2 y 156.4 LEC, por lo que se produjo la consiguiente indefensión y vulneración del art. 24.1 CE.

De otra parte se afirma en la demanda que el argumento referido a la falta de pago del impuesto sobre bienes inmuebles y de la tasa de basuras se aparta por completo del debate, pues la cuestión suscitada es si se daban o no los requisitos para acudir a la notificación edictal. Si ha existido o no desidia por parte de la recurrente en la falta de pago del impuesto sobre bienes inmuebles y de la tasa de basuras es un tema que en nada atañe a la cuestión jurídica debatida.

Respecto a los oficios dirigidos a la policía local se sostiene que cuando la Ley habla de registros públicos se está refiriendo al Registro de la Propiedad o al Mercantil, cuya consulta en este caso habría dado resultados positivos. La policía local se ha limitado a consultar al padrón, sin realizar ninguna indagación más. De modo que haber librado oficio a la policía local para la averiguación del domicilio de la demandante de amparo no justifica por sí solo el recurso a la citación edictal.

También se rebate al argumento relativo a que el emplazamiento en el domicilio de la demandante de amparo en Inglaterra habría retrasado el desarrollo del proceso, pues el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva está por encima de las dificultades o del tiempo que pueda llevar practicar la notificación en Inglaterra, no pudiendo supeditarse el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a la dificultad de la notificación. Y, por lo que se refiere al argumento que se emplea en relación con los otros dos domicilios sitos en la provincia de Málaga (en Istán y en el polígono industrial La Ermita), se sostiene en la demanda que no se pretende en modo alguno negar que sea domicilio de la recurrente el de la finca subastada, pues se trata de una vivienda de su propiedad y, por lo tanto, también puede ser considerada como su domicilio. Lo que se discute es si basta con acudir a este último domicilio para recurrir a la citación por edictos o si, por el contrario, han de llevarse a cabo las demás indagaciones que establece la LEC, no resultando procedente el recurso a la doctrina de los actos propios cuando el derecho positivo regula la forma de actuar en casos como el presente. A lo que ha de añadirse que el hecho de que en la escritura de compraventa de aquellos dos domicilios sitos en la provincia de Málaga figurase como domicilio el chalé subastado no priva a la demandante de amparo de las garantías que le reconoce la LEC.

c) A mayor abundamiento se razona en la demanda de amparo, que además de los tres domicilios que se podían localizar en el Registro de la Propiedad, también se podrían haber localizado otros tres domicilios con una simple consulta al Registro Mercantil.

En efecto, una consulta a este Registro habría dado como resultado que la demandante de amparo es administradora única de dos sociedades y administradora solidaria de otra más. De modo que una consulta a la base de datos AXESOR, de información mercantil, usada habitualmente por los profesionales del Derecho, o una consulta directa al Registro Mercantil habría proporcionado dicha información. Es preciso tener en cuenta al respecto que el art. 153 LEC establece expresamente como domicilio válido a efecto de notificaciones el domicilio profesional.

d) Tal y como consta en la diligencia negativa de notificación, la casa subastada se encuentra en obras desde que ha sido adquirida por la demandante de amparo. Obras que han resultado polémicas y que han levantado expectación en los medios de comunicación, ya que dieron lugar a un contencioso con la titular de la vivienda vecina, muy conocida a nivel nacional.

Debido a dichas obras el Ayuntamiento le notificó tres resoluciones a la demandante de amparo. La primera, de paralización de obras, de 20 de noviembre de 2000, se notificó en la casa de la Urbanización Río Verde, objeto de subasta, y pudo llevarse a cabo sin el menor problema, al ser entregada a uno de los obreros. La segunda, de valoración de obras, de 4 de abril de 2001 también se notificó en la mencionada casa y se entregó sin problema alguno a la demandante de amparo. Y, en fin, la tercera, concesión de licencia, de 24 de febrero de 2004, se notificó en el polígono industrial La Ermita y fue recibida sin problemas (documentos 14, 15 y 16 del incidente).

La expresada documental acredita, en primer lugar, que era perfectamente factible localizar a la recurrente en amparo a través de la casa subastada; en segundo lugar, evidencia lo sorprendente de la afirmación de la policía local de Marbella en el oficio dirigido al Juzgado en el que asegura desconocer el paradero de la demandada, pues el Ayuntamiento le notifica sus resoluciones, en el domicilio que tiene en el polígono industrial La Ermita; en tercer lugar, destaca la actitud de la presidenta de la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde, que en ningún momento ha estado dirigida a facilitar la notificación a la demandante de amparo, pues en la vivienda subastada ha habido en todo momento obreros encargados de las obras.

Concluye la demanda suplicando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites pertinentes, dicte Sentencia en la que se otorgue el amparo solicitado, se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de la notificación de la demanda, anulando en consecuencia el proceso de ejecución y la adjudicación del bien subastado. Por otrosí digo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, se interesó la suspensión de la resolución judicial impugnada.

4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de marzo de 2007, admitió a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, obrando ya en la Sala las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución de los títulos judiciales núm. 656-2002 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella, acordó dirigir atenta comunicación al expresado Juzgado, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, procediese a emplazar a quienes habían sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en este recurso de amparo.

5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de marzo de 2007, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la demandante de amparo y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaren conveniente sobre la suspensión interesada.

Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sala por ATC 230/2007, de 7 de mayo, acordó ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad, a cuyo efecto el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella debía de expedir el mandamiento oportuno para que se practicara la misma en relación con la vivienda a la que se refieren las presentes actuaciones.

6. Por diligencia de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 2 de julio de 2007, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento a los Procuradores de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillen, en nombre y representación de la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde, y don Ignacio Requejo García de Mateo, en nombre y representación de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro del cual pudieron efectuar las alegaciones que tuvieron oportunas.

7. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 3 de septiembre de 2007, que en lo sustancial a continuación se extracta:

a) Tras referirse a la doctrina constitucional sobre los actos de comunicación, con cita, entre otras, de las SSTC 126 y 245/2006, el Ministerio Fiscal señala que la LEC ha asumido dicha doctrina reforzando, más si cabe, la obligación del órgano judicial de comprobar cuantos datos sean convenientes para llegar a la averiguación del domicilio de las partes en el proceso. En este sentido, los arts. 155 y 156 LEC, bajo las rúbricas respectivas “actos de comunicación con las partes no personadas o no representadas por procurador” y “averiguaciones del Tribunal sobre su domicilio”, pretenden apurar todas las posibilidades de comunicación, dando además una especial trascendencia a los archivos y registros públicos (art. 156.2 LEC).

b) En este caso es cierto que el órgano judicial observa un inicial celo para tratar de localizar a la demandada no hallada en el domicilio que figura en la demanda, a través del actor y de la policía local, con el resultado de que ninguno da cuenta de otro domicilio que el de la finca subastada (Chalé 10, Urbanización Río Verde). Sin embargo también es cierto que en los archivos del Registro de la Propiedad figuraban los tres domicilios a los que alude la recurrente en la demanda de amparo, dos en Málaga (Istán y Marbella) y otro en Inglaterra. A los efectos que aquí interesan lo importante es que dichos domicilios estaban a disposición del Juzgado pendiente el proceso y cuando la demandada era citada por edictos, sin tener en cuenta lo dispuesto en el art. 489 LEC, que permite el llamamiento al rebelde en cualquier momento que pueda ser localizado. Así pues la demandada no se encontraba ignorado paradero para poder recurrir a su emplazamiento edictal, ya que el Juzgado podía haber conocido otros domicilios suyos.

De otra parte el Ministerio Fiscal no considera atendibles las razones expuestas por el órgano judicial en el Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, nada se dice en él sobre la trascendencia constitucional de la cuestión planteada, ni se efectúa ponderación en relación a la no comunicación en los domicilios conocidos y que constaban en los autos, sin que pueda oponerse a ello el retraso o la incomodidad de citar a una persona en otro país, la conducta morosa de la demandada, la dejación de sus obligaciones, ni, en fin, el hecho de que diera el domicilio fallido como suyo en la compraventa, pues ninguna de las razones expuestas puede constituir obstáculo para que el Juzgado, conociendo la existencia de otros domicilios, intentara citarla en ellos y darle oportunidad de conocer la existencia del proceso para alegar cuanto estimase oportuno en defensa de sus derechos e intereses.

El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando la estimación de la demanda de amparo con la retroacción de actuaciones al momento en que debió ser citada la demandada.

8. La representación procesal de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 10 de septiembre de 2007, que a continuación sucintamente se extracta:

a) Se opone a la estimación de la demanda de amparo al considerar que no ha resultado vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que el Juzgado ha sido escrupuloso con el cumplimiento de la legislación procesal (arts. 155, 156, 158, 164 y concordantes LEC; 9 y concordantes LPH), y que únicamente a la negligencia de la recurrente es imputable la indefensión que denuncia, pues no ha designado otro domicilio a efectos de notificaciones que la finca subastada.

Para poner de manifiesto que la actuación del Juzgado ha sido conforme a los arts. 156 y ss LEC, la representación procesal de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., relata el desarrollo del proceso desde la presentación de la demanda hasta que se dictó el Auto desestimatorio de la nulidad de actuaciones. Destaca al respecto que la demandante de amparo no ha sido capaz de indicar al Juzgado ni a este Tribunal cuál es su domicilio, cuándo comenzó a residir en él y si actualmente continúa residiendo en el mismo, señalando en todo momento como su propio domicilio el chalé subastado, pues, aunque se remite también a otros supuestos domicilios, en ningún momento concreta alguno de ellos como su lugar de residencia. No puede reprochársele al Juzgado que no haya acudido al Registro de la Propiedad, pues la inscripción de la propiedad en dicho Registro es voluntaria, es además un Registro que no sirve para determinar el domicilio de las personas, máxime una vez que ha resultado negativo el intento de la policía local de averiguar el domicilio de la recurrente, quien dispone de los datos del padrón y busca personal y telefónicamente los paraderos de las personas físicas a petición de los Juzgados.

De otra parte, contra lo que se afirma en la demanda de amparo, sostiene dicha representación procesal que en las fechas en que se intentó el emplazamiento de la recurrente en la finca subastada no había operarios que estuviesen realizando trabajos en la vivienda a los que poder entregar la cédula de emplazamiento, ya que el Ayuntamiento de Marbella había ordenado la suspensión de las obras. La vivienda en la que se intentó infructuosamente el emplazamiento de la recurrente era además la vivienda que había designado como domicilio en la escritura de compraventa de otros dos inmuebles sitos en la Provincia de Málaga (Istán y polígono industrial La Ermita).

Todo ello revela una actitud torticera y de mala fe de la demandante, quien está buscando y provocando una situación de falta de localización para su provecho, alegando una supuesta e inexistente indefensión que imputa a la falta de diligencia del Juzgado y de la actora. En este sentido ha de resaltarse que desde que adquirió la vivienda en cuestión —abril de 2000— hasta la adjudicación por subasta la demandante ni se ha hecho cargo ni se ha preocupado de las deudas con la comunidad, ni de los impuestos de contribución urbana y basuras al Ayuntamiento ni, en fin, de créditos anteriores de la vivienda o de su hipoteca.

b) La asociación de propietarios demandante solicitó la citación a juicio de la demandada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.1 h) LPH, esto es, no habiendo señalado ésta domicilio en España, en la finca de su propiedad que formaba parte de la asociación, es decir, el chalé 10 de la Urbanización Río Verde. De modo que no puede imputarse falta de diligencia a la actora, ni al Juzgado, ni a la policía local. Era la comunera, ahora demandante de amparo, quien tenía la obligación de comunicar a la asociación por cualquier medio un domicilio en España a efectos de notificaciones y citaciones. Al no hacerlo, la asociación tuvo que tener por domicilio, ex art. 9.1 h) LPH, la finca subastada.

El Juzgado también ha cumplido escrupulosamente lo dispuesto en los arts. 156 y ss LEC, al haber remitido carta certificada con acuse de recibo a la demandada en el domicilio de la comunidad, al enviar posteriormente a la comisión del Juzgado para la citación a juicio y, en fin, ante el resultado negativo de ambas diligencias, al haber remitido oficio a la policía local de Marbella para que averiguara el domicilio de la recurrente en amparo. Es ante la diligencia negativa de la policía local cuando acordó citarla para juicio por edictos publicados en el tablón de anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por su parte la policía local también actuó de manera diligente al intentar localizar el paradero de la demandante de amparo, no pudiendo averiguarlo porque ni siquiera ella indica en el recurso de amparo cuál era su domicilio o residencia fija.

Frente a la actividad desplegada la demandante de amparo aduce la existencia de otros tres domicilios, los cuales no pueden merecer tal consideración, porque en ellos no tiene su residencia fija, ni constituyen su morada, ni, en fin, precisa cuál de ellos es su domicilio. Además, respecto al primer domicilio que indica —Cerros de Lago, Istán, (Málaga)—, en su escritura de compraventa consta que reside en el extranjero y que fija como domicilio la finca subastada. Igual circunstancia consta en la escritura de compraventa del domicilio situado en el Polígono Industrial la Ermita (Málaga). Y respecto al domicilio de Londres —2 The Circle, Queen Elizabettz S 1—, obvia el dato de que en las dos escrituras de compraventa a las que se acaba de aludir había señalado como su domicilio en España el de la finca subastada.

De modo que en este caso el emplazamiento edictal ha sido utilizado por el Juzgado correctamente; esto es, una vez intentado sin éxito la averiguación del domicilio de la recurrente en amparo, por lo que no se han conculcado los arts. 156 y ss y 489 LEC, ni el art. 24 CE.

Respecto al tema económico al que se alude en la demanda, es incierto que la recurrente no habría dejado que le subastaran el chalé por una deuda tan pequeña, entre otras cosas porque, como consta en el certificado de cargas del inmueble, no ha pagado ni la deuda telefónica, ni los impuestos de contribución urbana desde 1996, ni los gastos de basura, a los que ha tenido hacer frente Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., así como tampoco la hipoteca, en la que se ha subrogado también Sierra de Andalucía Inversiones, S.L. Una vez consignado el importe del remate, el Juzgado entregó a la recurrente en amparo el remanente.

En esta línea argumental, con la que pretende acreditar la falta de diligencia de la recurrente en amparo, la representación procesal de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., califica de increíbles sus manifestaciones sobre los domicilios profesionales que se podrían haber averiguado si se hubiera recurrido al Registro Mercantil. Señala al respecto que una de las sociedades, Cigicorp, S.L., fija su residencia en la finca subastada, tal y como se desprende de la escritura de constitución. Otra, Skrint Sur, S.L., fue constituida en fecha 4 de diciembre de 2003, por lo que ninguna vinculación tiene con el procedimiento que nos ocupa, ya que la demanda se presentó y las notificaciones se intentaron notificar en el año 2001. La tercera sociedad, Presto Busines Company, S.L., tiene un domicilio social distinto al señalado por la demandante de amparo y por su apoderado, don Alfonso Lage Vidal. Pero es que además, en la escritura de constitución de esta última sociedad la demandante de amparo señala como domicilio la finca subastada —chalé núm. 10, Urbanización Río Verde—, al igual que en la escritura de la sociedad Skrint Sur, S.L.

De otra parte, en relación con las resoluciones que el Ayuntamiento de Marbella notificó a la demandante de amparo en el chalé núm. 10, Urbanización Río Verde, la representación procesal de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., aduce que las notificaciones de las resoluciones de 17 de noviembre de 2000 y de 2 de abril de 2001 tuvieron lugar antes de la presentación de la demanda, y que, dado que en ellas se ordenaba la suspensión de las obras, cuando se intentó el emplazamiento en dicho domicilio ya no se encontraban en él los operarios.

Concluye el escrito de alegaciones suplicando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia desestimando la demanda de amparo, con imposición de costas a la recurrente.

9. La representación procesal de la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 10 de septiembre de 2007, que a continuación sucintamente se extracta:

Niega cualquier imputación de ocultación de posibles domicilios de la demandante de amparo, pues la asociación que representa sólo conocía como su domicilio el chalé 10 de la citada urbanización, calificando de absurdo iniciar la búsqueda de la demandada por todo el Reino Unido, pues es ella la que está obligada, por ser titular de un inmueble, a abonar las cuotas de la asociación. En efecto, la demandante de amparo ha hecho una clara dejación de sus obligaciones respecto a la finca subastada, ya que, ni ha abonado las cuotas a la asociación, ni ha abonado el impuesto de bienes inmuebles. Además va contra sus propios actos, pues en la escritura de compraventa de la vivienda subastada y en la escritura de hipoteca que constituye sobre la misma designa como domicilio en España para recibir notificaciones el chalé núm. 10 de la Urbanización Río Verde, no habiendo comunicado a la asociación de propietarios un posible cambio de domicilio donde recibir las notificaciones.

Concluye su escrito de alegaciones suplicando del Tribunal Constitucional la desestimación de la demanda de amparo, con imposición de costas a la recurrente.

10. Por providencia de 31 de octubre de 2007, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 de noviembre siguiente.

II. Fundamentos jurídicos


1. La presente demanda de amparo se dirige formalmente contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella de 9 de noviembre de 2004, que declaró no haber lugar a la petición de nulidad de actuaciones del juicio verbal civil núm. 3273-2001, instada por la recurrente en amparo. Sin embargo, pese a la determinación formal del objeto del recurso que se efectúa en la demanda, la lesión constitucional que se denuncia no sería imputable en su origen al citado Auto, sino a la providencia de 9 de noviembre de 2001 por la que se acordó el emplazamiento edictal de la solicitante de amparo. Por ello, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional según la cual cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras que han sido lógica y cronológicamente su presupuesto, debe considerarse que la impugnación se extiende a las precedentes resoluciones judiciales confirmadas (SSTC 239/2005, de 26 de septiembre, FJ 1, y 130/2007, de 4 de junio, FJ 1, por todas).

La demandante de amparo considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), por haber sido emplazada mediante edictos en el referido proceso, tras resultar infructuosos dos intentos de emplazamiento personal en la finca subastada, a pesar de que en el Registro de la Propiedad constaban tres domicilios a su nombre en la fecha de notificación de la demanda.

El Ministerio Fiscal se pronuncia a favor de la estimación de la demanda de amparo, al considerar que estuvieron a disposición del órgano judicial al notificar la demanda a la recurrente los tres domicilios que figuran a su nombre en el Registro de la Propiedad, de modo que no se encontraba en ignorado paradero para poder acudir al emplazamiento edictal.

La representación de Sierra de Andalucía Inversiones, S.L., se opone a la estimación de la demanda de amparo, al entender que el órgano judicial ha sido escrupuloso en el cumplimiento de la legislación procesal aplicable en este caso [arts. 155, 156, 158, 164 de la Ley de enjuiciamiento civil, LEC, y 9.1 c) de la Ley de propiedad horizontal, LPH] y que únicamente a la negligencia de la recurrente es imputable la indefensión que denuncia, pues tenía designado como único domicilio a efectos de notificaciones la finca subastada.

La representación procesal de la asociación de propietarios de la Urbanización Río Verde se opone también a la estimación de la demanda de amparo, pues considera que la recurrente ha hecho una clara dejación de sus obligaciones respecto a la finca subastada, ya que no ha abonado las cuotas de la asociación ni el impuesto de bienes inmuebles, ni otras deudas, habiendo señalado como domicilio a efectos de notificaciones aquella finca.

2. La cuestión suscitada con ocasión de la presente demanda de amparo estriba en determinar si la recurrente ha padecido o no una situación de indefensión contraria al art. 24.1 CE como consecuencia de la que califica como defectuosa realización de los actos de comunicación procesal, concretamente su emplazamiento mediante edictos en el proceso civil del que trae causa la demanda de amparo, que determinó que dicho proceso se siguiera inaudita parte sin su conocimiento.

La respuesta a la queja planteada requiere traer a colación la reiterada doctrina de este Tribunal sobre la realización de los actos de comunicación procesal con quienes son o deben ser partes en el proceso, reproducida más recientemente, entre otras, en las SSTC 214/2005, de 12 de septiembre (FJ 4), 245/2006, de 24 de julio (FJ 2), 304/2006, de 23 de octubre (FJ 2), y 163/2007, de 2 de julio (FJ 2).

En síntesis, hemos subrayado en numerosas ocasiones la trascendental importancia que posee la correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico procesal para entablar y proseguir los procesos judiciales con la plena observancia de los derechos constitucionales de defensa (art. 24.1 y 2 CE) que asisten a las partes. Un instrumento capital en esa correcta constitución de la relación jurídico procesal, cuya quiebra puede constituir de suyo una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) lo es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. De tal manera que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación procesal sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros distintos medios de su existencia. Si bien es necesario precisar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse en términos hábiles para que surta su efecto invalidante la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega.

Por las razones expuestas recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta la exigencia del emplazamiento personal de los afectados en lo posible y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero.

En congruencia con lo anterior hemos señalado que la modalidad de emplazamiento edictal, aun siendo válida constitucionalmente, exige, por su condición de último remedio de comunicación, no sólo el agotamiento previo de las otras modalidades de más garantía y la constancia formal de haberse intentado practicarlas, sino también que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero o de domicilio desconocido, presupuesto de la citación por edictos, se halle fundada en criterios de razonabilidad que lleven a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de comunicación.

En definitiva, sin negar la validez constitucional de la forma de comunicación y emplazamiento por edictos, nuestra doctrina ha sido particularmente estricta con el recurso a la misma, dados los límites consustanciales que padece este medio de comunicación para alcanzar el efectivo conocimiento del destinatario. Concretamente hemos subrayado el carácter estrictamente subsidiario que debe desempeñar en el orden procesal civil el emplazamiento por edictos previsto en la Ley de enjuiciamiento civil, y hemos afirmado que la validez constitucional de esta forma de emplazamiento exige que se hayan agotado previamente por el órgano judicial las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin aquél ha de extremar las gestiones en la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación.

3. La aplicación de la doctrina constitucional expuesta a las circunstancias concurrentes en este caso conduce necesariamente a la estimación de la demanda de amparo.

En efecto, el examen del testimonio de las actuaciones judiciales que obra en autos permite constatar, en primer lugar, la concurrencia en este caso de los elementos básicos que definen el supuesto de hecho del que parte la doctrina constitucional reseñada, es decir, la existencia de un proceso seguido inaudita parte del que ha derivado un perjuicio efectivo para los legítimos intereses de la demandante de amparo, al verse privada de un inmueble de su propiedad. Por otra parte, ni el contenido de las actuaciones judiciales, ni las alegaciones formuladas por las partes comparecientes en el presente recurso de amparo, acreditan la existencia de datos o hechos de los que pueda inferirse que la indefensión denunciada sea consecuencia de la propia actitud voluntaria o negligente mantenida por la recurrente en amparo en relación con el proceso, ni que tuviera conocimiento extraprocesal del mismo. No pueden estimarse, por el contrario, indicios de una actitud procesal negligente por la demandante, como el Ministerio Fiscal acertadamente pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, su posible conducta morosa y la posible dejación de sus obligaciones fiscales como propietaria de la finca ejecutada, pues ninguna de estas razones pueden constituir obstáculo alguno para que el Juzgado intentara su debido emplazamiento personal en el proceso judicial.

Junto a lo anteriormente señalado esas mismas actuaciones judiciales permiten apreciar, además, que el órgano judicial no ha actuado con la debida diligencia para la correcta constitución de la relación procesal al proceder, a instancia de la parte actora, al emplazamiento de la ahora recurrente en amparo mediante edictos por considerarla en paradero desconocido, sin haber desplegado la debida actuación tendente a la averiguación de un domicilio o residencia en que resultara posible la notificación personal de la demanda. En efecto, el órgano judicial, tras sendos intentos infructuosos de emplazar a la demandada en la finca finalmente subastada que como domicilio había señalado la parte actora —chalé núm. 10, Urbanización Río Verde, Marbella (Málaga)—, por correo certificado y por diligencia practicada por un agente judicial, acordó, con carácter previo a la notificación por edictos que había solicitada la demandante, dirigir un oficio a la policía local de Marbella para que averiguase su domicilio. La policía local contestó a dicho oficio informando que el último domicilio conocido de la demandada es el sito en la Urbanización Río Verde, chalé núm. 10, Marbella, así como que ésta ya no residía en la citada dirección, desconociendo su actual paradero. Recibido el anterior informe, el órgano judicial acordó, a instancia de la parte actora, el emplazamiento de la demandada mediante edictos publicados en el “Boletín Oficial de la Provincia de Málaga”, siéndole notificadas a partir de ese momento todas las resoluciones recaídas en el proceso mediante edictos publicados en los boletines oficiales y colocados en el tablón de anuncios del Juzgado.

Si bien es cierto que el órgano judicial, como el Ministerio Fiscal señala, observó inicialmente una correcta diligencia para tratar de localizar a la demandada acudiendo al auxilio de la policía local, no es menos cierto también que después ha procedido a emplazar a la demandada mediante edictos, sin haber desplegado actividad indagatoria alguna en oficinas y registros públicos para intentar averiguar otro domicilio o residencia de la demandada (art. 156 LEC 2000) o, en caso contrario, para poder sustentar de modo consistente, como exige nuestra doctrina, el desconocimiento del domicilio o paradero del emplazado que permita el recurso al emplazamiento edictal, ya que la ausencia del destinatario de la notificación del domicilio en el que primeramente se intenta la práctica de ésta no equivale a la imposibilidad de llegar a conocimiento del domicilio o residencia en el que debe efectuarse, ni a que su destinatario se encuentre en paradero ignorado, por lo que debe intentarse realizar la citación mediante gestión directa del órgano judicial (por todas, SSTC 304/2006, de 23 de octubre, FJ 3; 163/2007, de 2 de julio, FJ 3).

En el presente caso consta acreditado en las actuaciones que una mera consulta en el Registro de la Propiedad hubiera permitido localizar tres domicilios o residencias propiedad de la recurrente en amparo, dos sitos en la provincia de Málaga y otro en Londres: vivienda unifamiliar en Cerros Lago, Istán (Málaga); nave en el polígono industrial La Ermita, Marbella (Málaga); y, en fin, el domicilio de la recurrente en Inglaterra (2 The Circle, Queen Elizabeth, S 1, Londres). Pues bien, en ninguno de esos domicilios se intentó, debiendo haberse al menos intentado en alguno de ellos antes de acudir al emplazamiento edictal, la notificación de la demanda a la recurrente en amparo.

A mayor abundamiento ha de señalarse que en el proceso de ejecución de la Sentencia recaída en el declarativo, que concluyó con la subasta y adjudicación de la finca propiedad de la recurrente en amparo, llegaron a figurar dos de los domicilios antes señalados de la demandante de amparo —sitos en el polígono industrial La Ermita, Marbella, Málaga, y en Londres— al unir a los autos la certificación de cargas de la finca subastada. Pese a tener conocimiento en esa fase del proceso de dichos domicilios, el órgano judicial, desatendiendo las previsiones del art. 498 LEC 2000, siguió notificando las resoluciones a la demanda mediante edictos, sin ni siquiera intentar su notificación personal en ese momento procesal en cualquiera de esos domicilios.

En conclusión, la falta de diligencia del órgano judicial en la averiguación del domicilio de notificaciones que derivó en la tramitación en rebeldía del proceso en la que resultó condenada la recurrente en amparo, unida al hecho de que no existen datos o circunstancias de los que puedan inferirse que hubiera tenido un conocimiento extrajudicial del mismo, determinan que deba otorgarse el amparo solicitado, a cuyos efectos deben anularse el Auto impugnado y todas las actuaciones llevadas a cabo en relación con la recurrente desde el defectuoso emplazamiento en dicho proceso y en el de ejecución a que dio lugar, con retroacción de actuaciones a dicho momento procesal para que se practique el emplazamiento con respeto a su derecho a la tutela judicial efectiva.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar la demanda de amparo promovida por doña Margaret Hurley y, en consecuencia:

1º Declarar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo.

2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella de 9 de noviembre de 2004, recaído en autos de ejecución de títulos judiciales núm. 656-2002 procedentes del juicio verbal núm. 3273-2001, así como la de todas las actuaciones judiciales practicadas desde el intento de emplazamiento personal de la recurrente en dicho juicio verbal, debiendo retrotraerse las actuaciones al referido momento procesal para que de nuevo se practique el emplazamiento con respeto al derecho fundamental reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete


MADRID:

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8405-2007, en relación con el artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización de Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

            Dice el artículo 9:

            El apartado tercero del artículo 100 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid pasa a tener un primer párrafo primero con la siguiente redacción:

            «3. Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales.»

            La actual redacción del apartado tercero se convierte en el segundo párrafo del mismo apartado.

PDF (2007/20719; 1 págs. - 29 KB.)

 

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RECORDATORIO


¿SABIAS QUE PARA INSCRIBIR EL USO EXCLUSIVO SOBRE UNA PORCIÓN DE SUPERFICIE DEL LOCAL GARAJE, ES NECESARIA LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOBRE EL QUE RECAE DICHO USO,
PERO LA FALTA DE ESA DESCRIPCIÓN NO IMPIDE INSCRIBIR
LA TRANSMISIÓN DE LA CUOTA INDIVISA, SINO TAN SOLO EL USO?

 
  GARAJES: INSCRIPCIÓN DEL USO EXCLUSIVO. R. 6 de mayo de 2002, DGRN. Caso planteado: Si es o no necesaria, para la inscripción de la cuota indivisa de un local destinado a garajes, que da derecho al uso de una plaza determinada, la descripción pormenorizada de dicha plaza, en los términos exigidos por el art.53 del RD 1093/1997, de 4 de julio; Se discute si el citado art. resultó afectado por la STS de 31 de enero de 2.001, cuando anuló el art. 68 del Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por el RD de 4 de Septiembre de 1.998.

La Dirección General entiende que el art. 53 del RD 1093/1997 sigue en vigor, y ello porque solo fueron declarados nulos los párrafos segundo y tercero del art. 68 del Reglamento Hipotecario  y la causa de dicha nulidad fue la falta de habilitación legal para incorporar al Registro las bases gráficas, que en los mismos se imponía como obligatorio, tema que no  ha abordado el debatido art. 53, por lo que no puede verse afectado por la Sentencia del Tribunal Supremo; por ello, resuelve que para inscribir el uso exclusivo sobre una porción de superficie del local garaje, es necesaria la descripción del objeto sobre el que recae dicho uso, pero que, la falta de esa descripción nunca podría impedir la inscripción de la transmisión de la cuota indivisa, sino solo del uso. (MN)

Nota: La DG deja en el aire –no entra al no estar discutido-, si la determinación del espacio de uso exclusivo necesitaría o no autorización de Junta de la Comunidad, lo cual es de una gran importancia práctica para todas aquellas comunidades sobre garajes en las que no se ha realizado la determinación pormenorizada ‘ab initio' de las unidades de aparcamiento susceptibles de uso independiente como exige el repetido artículo 53 y que son la mayoría.

 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-26/pdfs/A23301-23302.pdf

http://www.notariosyregistradores.com/

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ANECDOTARIO

CONVIVENCIA DE CULTURAS

Existen Comunidades de Propietarios que celebran la Navidad, algunas durante la reunión de la Junta anual, acuerdan  nombrar una comisión de propietarios dedicados a preparar las Fiestas Navideñas.

Esa comisión pone en el tablón de anuncios las siguientes actividades que se van a realizar: Del 1 al  30 de noviembre entre los niños y niñas del edificio se hace un concurso para hacer el Christma de Navidad. Con el Christma  ganador  el Presidente de la Comunidad felicitará a todos los vecinos y estos a su vez felicitarán a sus amigos, cada vecino encarga el número de Christmas que necesita al administrador, cobrándose  1 euro más de lo que cueste la imprenta por Christma, con ese dinero, se le hace un regalo al niño ganador y se compran  los adornos de Navidad para el Portal.

 En otras comunidades se hace concurso de Belenes y los vecinos invitan a sus convecinos a visitar sus casas, los participantes en el concurso de Belenes ponen su piso en el tablón de anuncios y las horas en que se puede visitar el Belen, y se premia el Belen mas bonito del  edificio, mediante votación secreta, el voto se deposita  en el buzón del Presidente, ; el ganador, el año siguiente, es el encargado de hacer el Belen que se instala en la Comunidad. Los gastos del Belen se aprueban en la Junta anual, el vecino tiene que hacer un presupuesto detallado de lo que va a comprar, siempre aprovechando el material y las figuritas, que pueda, de los años anterior. El gasto se incluye en el presupuesto de la Comunidad para ser aprobado por los propietarios en la Junta anual.

Pero existen en los edificios, y, cada vez más, personas de distintas culturas y religiones; para que no existan choques interculturales, se acuerda que cada propietario ponga su granito de arena en la celebración de las Fiestas Navideñas, pidiendo que adornen los descansillos del edificio, entre los que viven en ese rellano, como consecuencia de ello,  nos encontramos con adornos distintos, desde un papanoel, un belen, unas flores y  hasta unas frutas, pero todo realizado en buena armonía y vecindad.

 En otras se acuerda un gasto extraordinario para regalarle una cesta al conserje y personal contratado del edificio.

 Ahora bien existen algunas iniciativas por parte de algunos administradores de fincas, que plantean en las comunidades de propietarios  que administran  y que tienen una economía saneada, por que todos los propietarios pagan su cuota de comunidad y no existen morosos, que dediquen una cantidad a hacer mas llevaderas las navidades a familias mas oprimidas de su diócesis, se realiza la recaudación de dinero añadiendo unos céntimos en el recibo mensual de la comunidad, esto se aprueba por mayoría, con los gastos anuales. El vecino que no quiere participar, al dar su voto negativo, el administrador no le pasa el recibo, ¡ahora bien son escasos los propietarios que se niegan a ello!, en la Junta anual, el presidente da las explicaciones pertinentes sobre el dinero recaudado y en que se ha  empleado, esto se  hace de acuerdo con el párroco o con  el personal de Caritas de la  Diócesis.

También existen administradores de fincas y presidentes que plantean el  añadir unos céntimos en el recibo de la comunidad, cuyo importe es ridículo,  y se aprovecha la infraestructura social y económica de las comunidad para que una serie de pequeños puedan  desarrollarse, recibir una educación y tener unas condiciones sanitarias optimas, este dinero una vez al año se le entrega a la parroquia, para que en un país de Ibero- América o de Asia, o de África,  se construya una escuela o un ambulatorio.

 La pena es que esta idea no la llevan a cabo en muchas comunidades de propietarios, pues estaríamos creando desarrollo y riqueza al otro lado del mundo con un mínimo esfuerzo.

 Unas comunidades tienen costumbre de comprar un billete de la Loteria de  Navidad y venderlo entre los vecinos, esto normalmente lo hace una comisión de vecinos o los vocales de la comunidad

Las comunidades de propietarios que tiene página web, añaden en ella una felicitación de Navidad para todos sus vecinos, como por ejemplo las que pongo a continuación:

FELICITACIONES DE NAVIDAD

 

La Junta de Gobierno de la Comunidad de Propietarios desea que todos los vecinos y sus seres queridos disfruten de una Felices Fiestas, con la esperanza de que el año 2007 resulte pródigo para todos.

Asimismo también queremos trasladar a los vecinos que la Junta continúa funcionando con normalidad y responsabilidad, asumiendo la resolución de los problemas e incidencias que van surgiendo. Informaremos a la vuelta de las fiestas navideñas

¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2008 A TODOS LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD!!

(en especial a todos los que nos preocupamos por todo lo que nos ocurre
e intentamos hacer algo para solucionarlo)

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CONSEJO

Uno de los temas más tratados en una comunidad de vecinos son las obras en las propiedades como consecuencia de las ampliaciones de facto de la vivienda mediante acristalamientos, cerramientos u otro tipo de reformados

Acristalar / cerrar terrazas externas. Se supone que esta obra representa una alteración o modificación del aspecto externo o configuración del edificio en cuestión.

Como norma general, no están permitida las obras que alteren el estado exterior del edificio. Si un propietario lleva a cabo alguna obra que afecte a la estética del edificio sin consentimiento de su Comunidad de Propietarios podrá ser obligado a suprimirlas Para realizar dichas obras se debe contar con la aprobación unánime de los propietarios y con el permiso Municipal correspondiente.

Solicite mediante carta al presidente que se trata en la próxima Junta de Propietarios como un punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acristalamiento de las terrazas exteriores a petición del Propietario de la Vivienda del 4 A.

 

REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

 

"La mayoría de los males les vienen a los hombres por no quedarse en casa"

(Blaise Pascal)

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