LLAVE EN MANO
Las últimas novedades y noticias
del mundo inmobiliario

Nº 44
Noviembre/2007

valcap.es Boletin

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Promotores inmobiliarios en España han tenido que comenzar a realizar descuentos sobre los precios de oferta iniciales, reduciendo sus márgenes, para poder terminar la comercialización de promociones ya terminadas o a punto de entregar, sobre todo en la costa mediterranea.

La interposición de una reclamación económica administrativa, si interrumpe el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria.

También los recursos jurisdiccionales interrumpe el cómputo del plazo de prescripción.No se alcanza la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria, porque la interposición de la reclamación ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción.

Procede a exigir intereses de demora, porque el hecho de que la Administración tardara en dictar su resolución, no exonera al sujeto pasivo de la obligación de pago de intereses.

La Seguridad Social financiará la entrega de botiquines de primeros auxilios a las empresas.

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El visto bueno por parte del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) a la implantación de 31 cámaras de videovigilancia
en el centro de la capital no ha supuesto que un grupo de vecinos
de la calle de la Montera haya enterrado el hacha de guerra.
El colectivo de Nuevos Vecinos ha cumplido su advertencia de ir por libre y grabar
por su cuenta la rutina sexual y de pago mediante 15 'webcams'

Pero su idea no se ha quedado ahí, sino que han colgado en el portal de internet 'Youtube' un total de 32 vídeos con el material grabado: desde peleas de meretrices a cómo conciertan sus servicios con los clientes, pasando por el incesante goteo de entradas y salidas en algunos edificios cercanos, que funcionan como rancios lupanares las 24 horas. El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, anunciaba por la tarde que, ayer mismo, iba a firmar la orden para la inspección de oficio de estos hechos. 'Es algo absolutamente perseguible. Constituye una infracción, desde el tratamiento de las imágenes personales a la falta de información en la que se avise de que se está grabando a, por supuesto, que sean expuestas a terceros en internet', explica.

Paralelamente a las acciones judiciales pertinentes en cuanto a la presunta vulneración de derechos fundamentales, que no son objeto de la Agencia de Protección de Datos, el organismo estatal que dirige Artemi Rallo avisa a los autores de las imágenes y a quienes las han difundido de que los hechos suponen una infracción muy grave, castigada hasta con 600.000 euros de sanciónla intimidad de los residentes en sus domicilios, al ser espacios privados.

Asimismo, las imágenes grabadas por cámaras que cuentan con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, del TSJM y la Delegación del Gobierno deben destruirse en siete días -salvo en caso de delito o falta- y puede acceder a ellas la Policía Municipal.

Denuncian a tres administradores de fincas por discriminar a inmigrantes

Estudio-apartamento. Buen estado. Más de 30 años.40 m2, dos habitaciones, cocina. Observaciones: habitación-vestidor. Dos meses de fianza. No se alquila a extranjeros no comunitarios».
Este es uno de los anuncios que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la ONG Sodepau encontraron en la bolsa de alquiler del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, colgada en la página web de la entidad.

En otros se podía leer: «Sólo personas nacionales» o «Arrendatario español o de la comunidad europea».
Las dos organizaciones, con el apoyo además de Arquitectos Sin Fronteras (ASF), han denunciado ante la subdelegación del Gobierno a los tres adminsitradores de fincas que colgaron los anuncios en la bolsa de alquiler, pero también al Colegio de Adminsitradores, por publicitarlos.

CONSULTA
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El consultante adquirió su vivienda habitual en el año 2001. Una vez entregada observó una serie de defectos en la construcción, así como unas calidades notoriamente inferiores a las contratadas. Ante esta situación, que era la misma en todas las viviendas de la promoción, la Comunidad de Propietarios interpuso una demanda judicial al promotor

La Sentencia, que adquiere firmeza en noviembre de 2006, condena al promotor a:
- Volver a hacer el enfoscado exterior de las viviendas y a sustituir algunos elementos que no coincidían con la memoria de calidades, por un valor global de 90.000 euros, y
- Pagar a la Comunidad de Propietarios 90.000 euros para indemnizar las diferencias de calidades.
La Comunidad de Propietarios tiene previsto repartir la indemnización económica en el año 2007, una vez detraído el importe de las minutas de los abogados y procuradores que han intervenido en el pleito.1ª.cuestión  qué obligaciones fiscales  de la Comunidad de Propietarios por el hecho de recibir la indemnización y posteriormente repartirla entre los propietarios.
2ª.  cuestión  qué tratamiento  tiene a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tanto de la indemnización económica recibida como de la obligación de reparar que se ha valorado económicamente

RESPUESTA

1ª. El artículo 91 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10 de marzo), regula las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas de la forma siguiente:
“1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar una declaración informativa, con el contenido que reglamentariamente se establezca, relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español.
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o por sus miembros contribuyentes por este Impuesto o sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las entidades constituidas en el extranjero.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, la renta total de la entidad y la renta atribuible a cada uno de ellos en los términos que reglamentariamente se establezcan.
4. El Ministro de Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a que se refiere este artículo.
5. No estarán obligadas a presentar la declaración informativa a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las entidades en régimen de atribución de rentas que no ejerzan actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.”
Esta declaración informativa se efectuará mediante el modelo 184, aprobado por la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero (BOE de 4 de febrero).
2ª. En cuanto las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal constituyen comunidades de bienes, para analizar el tratamiento tributario de la indemnización obtenida por una comunidad de propietarios se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 10.1 de la Ley del Impuesto, donde se determina que “las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del título VII de esta Ley”.
Por su parte, la mencionada sección 2ª en sus artículos 89 y 90 establece lo siguiente:
- Artículo 89.

“Las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos”. - Artículo 90.
“1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, y no serán aplicables las reducciones previstas en los artículos 21.2, 21.3, 24.2, 30 y 94.2 de esta ley, con las siguientes especialidades: (…)
3. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.
(…)”.
Al determinarse las rentas de la comunidad de propietarios con arreglo a las normas del IRPF, la calificación tributaria de la indemnización no puede ser otra que la ganancia o pérdida patrimonial, en cuanto se corresponde con el concepto que de las mismas establece el artículo 31.1 de la Ley del Impuesto: “Las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos”.
Desde esta consideración, la determinación de su valoración viene dada por lo dispuesto en el artículo 35.1.g) de la misma ley, en el cual se dispone que cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda “de indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, se computará como ganancia o pérdida patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de mercado de los bienes, derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Sólo se computará ganancia patrimonial cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente”.
Conforme con lo expuesto y, en particular, teniendo en cuenta la última frase del precepto anterior (sólo se computará ganancia patrimonial cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente), existirá una ganancia patrimonial respecto a la parte de la indemnización que excede del coste de reparación del edificio, ganancia que procederá atribuir a cada copropietario en función de su cuota de participación, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley del Impuesto, y con independencia del destino que la comunidad acuerde para ese exceso: cuenta de la comunidad, fondo de reserva o reparto entre sus miembros. En cuanto a la imputación temporal de esta ganancia patrimonial, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley del Impuesto, según el cual “cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.”
Por tanto, cada uno de los propietarios deberá imputar la ganancia patrimonial que proporcionalmente les corresponda al período impositivo en que la resolución judicial hubiera adquirido firmeza, es decir, al año 2006, no al año en que la comunidad de propietarios reparte la indemnización.
La ganancia patrimonial se integrará en la parte general de la renta del periodo impositivo, en la forma prevista en el artículo 39 de la Ley del Impuesto.

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LEGISLACIÓN
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CORREOS. LEY 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

PDF (7 págs. - 209 KB.)

 

MINISTERIO FISCAL. LEY 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

PDF (18 págs. - 459 KB.)

 

ARGENTINA. ENTRADA en vigor del Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina, firmado el 28 de enero de 1997, hecho en Buenos Aires el 21 de marzo de 2005.

PDF (1 págs. - 32 KB.)

MODELOS 110, 111 Y 190 I.R.P.F. Orden EHA/3020/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueban el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador, se determinan el lugar y la forma de presentación del mismo, y se modifica la Orden EHA/30/2007, de 16 de enero, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.

            Modelo 190. Esta Orden trata, entre otras materias, de las siguientes:

               - Se aprueba el modelo.

               - Quiénes están obligados a presentarlo.

               - Formas de presentación: impreso, forma telemática o teleproceso.

               - Plazo, lugar y procedimiento de presentación.

               - Requisitos y procedimiento para la presentación telemática.

               - Presentación por teleproceso.

            Modelo 111.

               - Quiénes están obligados a presentarlo.

               - Presentación: telemática.

            Entrada en vigor: el 19 de octubre de 2007.

PDF (40 págs. - 432 KB.)

 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. LEY 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

            Objeto de la Ley: La regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial. .

            Qué datos: Los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

            Exclusión. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.

            Sujetos obligados: Los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.

PDF (7 págs. - 168 KB.)

 

MERCADO DE VALORES. Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.

            Este Real Decreto regula los requisitos relativos al contenido, publicación y difusión de la información regulada sobre los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea cuando España sea Estado miembro de origen.

PDF (17 págs. - 385 KB.)

 

CALENDARIO LABORAL 2008. Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2008.

PDF (2 págs. - 69 KB.)

 

SEGUROS PRIVADOS. Real Decreto 1361/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de supervisión del reaseguro, y de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en materia de factores actuariales.

Mediante este Decreto se completa la incorporación de la Directiva 2005/68/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro al Derecho español de seguros, fundamentalmente en aspectos técnicos.

            Por otro lado, el artículo 71.1 de la Ley Orgánica 3/2007 prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, aunque permite que reglamentariamente se puedan fijar los supuestos en los que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones, cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo. Esos supuestos se fijan ahora.

            Se protege de manera especial la situación de embarazo y, en consecuencia:

               - En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud.

               - Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. 

PDF (6 págs. - 113 KB.)

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

            Este Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» no será de aplicación a las obras de nueva construcción y a las obras en los edificios existentes que tengan solicitada la licencia municipal de obras el 24 de octubre de 2007

PDF (54 págs. - 2658 KB.)

 

MEDIO AMBIENTE. LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

            Objeto: Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga».

            Un operador es cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico.

            En su texto no se hace, salvo error u omisión, referencia específica a una actividad notarial o registral concreta.

PDF (22 págs. - 158 KB.)

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

            Objeto de la ley:

            A) Reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, y de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico

            B) La regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral destinados a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

            Relaciones con las Administraciones Públicas.  Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, al objeto de facilitar las relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas con las Administraciones Públicas.

PDF (9 págs. - 258 KB.)

 

DEMARCACIÓN REGISTRAL. Orden JUS/3132/2007, de 23 de octubre, por la que se dictan normas para la interpretación y ejecución del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

            Objeto (art.1): Esta Orden desarrolla el apartado primero de la disposición final segunda del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, que dice asÍ: 

        1. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las normas que sean necesarias para interpretar y ejecutar el presente Real Decreto y, en especial, lo relativo a fechas de funcionamiento independiente de los Registros y regulación del período de transición hasta el funcionamiento independiente.

            Provisión de plazas (art.2). Las plazas creadas irán a cuatro concursos ordinarios a celebrar los años 2007, 2008, 2009 y 2010, según la siguiente relación:

            - Año 2007:  169 Registros enumerados en el anexo I. Representan el 68,42% de todos.

            - Año 2008:   32 Registros enumerados en el anexo II. Representan el 12,96%.

            - Año 2009:   27 Registros enumerados en el anexo III. Representan el 10,93%.

            - Año 2010:   19 Registros enumerados en el anexo IV. Representan el 7,69%.

            Registros cubiertos en el concurso de traslados (art.3). Los Registros funcionarán con independencia desde el momento de la toma de posesión del nuevo titular. Con independencia significa:

            - Con su correspondiente Libro Diario y

            - Asumiendo el Registrador el despacho de los títulos de su distrito hipotecario

            Registro en los que no haya tomado posesión el nombrado en propiedad.  De acuerdo con el artículo 490 del Reglamento Hipotecario, el Registrador afectado continuará con el desempeño de ambos registros transitoriamente ya que en los supuestos de creación de un registro por división o segregación de otro, su efectividad no tendrá lugar hasta que tome posesión el nombrado en propiedad.

            Plazo para traslado de los libros (art. 4): Lo fijará la DGRN, siendo como máximo de un mes, conforme al art. 484 RH.

            Nuevas capitalidades (art.5). Cuando en Registros de la Propiedad se establezcan nuevas capitalidades, el plazo de traslado del Registro a la localidad correspondiente no podrá ser superior a seis meses, computado éste desde la entrada en vigor de la presente Orden.

            División material. Si el Registro inicial está desempeñado por dos o más titulares en régimen de división personal, se entiende por titular más antiguo o más moderno el que corresponda con arreglo al escalafón del Cuerpo, conforme al art. 486 RH. .

            Entrada en vigor: el 31 de octubre de 2007.

PDF (6 págs. - 195 KB.)

***DEMARCACIÓN REGISTRAL: CATALUÑA. Orden de 23 de octubre de 2007, del Departamento de Justicia, por la que se dictan normas para la ejecución del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

            Esta Orden es muy similar a la anterior. Las plazas creadas irán a tres concursos ordinarios a celebrar los años 2007, 2008 y 2009, según la siguiente relación:

            - Año 2007:   29 Registros enumerados en el anexo I. Representan el 49,15% de todos.

            - Año 2008:   15 Registros enumerados en el anexo II. Representan el 25,42%.

            - Año 2009:   15 Registros enumerados en el anexo III. Representan el 25,42%.

            Entrada en vigor: también el 31 de octubre de 2007, pues el día 30 se publicó en el DOGC.

PDF (2 págs. - 67 KB.)  DOGC

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

            Esta ley tiene como objeto la regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando contraten organismos de derecho público o empresas públicas y las entidades contratantes que, sin ser organismos de derecho público o empresas públicas, tengan derechos especiales o exclusivos, que operen en los sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes y los servicios postales,  cuando su importe sea igual o superior a 422.000 euros en los contratos de suministro y servicios y a 5.278.000 euros en los contratos de obras.

PDF (46 págs. - 348 KB)

 

ACUERDOS INTERNACIONALES. Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

PDF (40 págs. - 297 KB.)

ACUERDOS INTERNACIONALES. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de 1979 y 30 de septiembre de 1986) Modificación de la reserva española a los artículos 5 y 6 del Convenio.

PDF (1 págs. - 35 KB.)

 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

PDF (3 págs. - 96 KB.)

 

JÓVENES: RENTA BÁSICA. Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

PDF (5 págs. - 133 KB.)

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
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ASTURIAS

Revisión de las tablas salariales para el año 2007 del Convenio Colectivo de Empleados de Fincas Urbanas de Asturias.
http://convenios.juridicas.com/convenios/empleados-fincas-urbana-asturias-rs-2007.html

CANTABRIA

Convenio Colectivo del Sector de Empleados de Fincas Urbanas de Cantabria 
http://www.nodo50.org/canadiense/IMG/pdf/9032-9038.pdf)

CASTILLA Y LEON

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA EL SECTOR DE FINCAS URBANAS DE BURGOS
http://www.admifinburgosysoria.com/ORDENES-DECRETOS/Convenio%20porteros.pdf

CATALUÑA

Convenio colectivo de trabajo para el sector de empleados de fincas urbanas de Cataluña, para el período del 1.1.2007 al 31.12.2009.
http://convenios.juridicas.com/convenios/empleados-fincas-urbanas-catalunya-2007-2009.html

CATALUÑA LITORAL

Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de ordenación y gestión del itoral (autorizaciones e instalaciones marítimas).
PDF (3 págs. - 101 KB.)

MADRID

MADRID. Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
PDF (7 págs. - 218 KB.)

MURCIA

Convenio colectivo de trabajo para Empleados de fincas urbanas de la Región de Murcia 2004-2006.
http://convenios.juridicas.com/convenios/empleados-fincas-urbanas-murcia-2004-2006.html

PAIS VASCO

PAÍS VASCO. LEY 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Esta modificación se basa en la disposición adicional segunda del Concierto por la que, en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá a la pertinente adaptación del Concierto Económico.

Entre las novedades que motivan esta modificación están la introducción del régimen del grupo de entidades en la normativa reguladora del IVA, el incremento de las competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos; la introducción en el sistema tributario estatal del Impuesto sobre el Carbón, y la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos a profesionales, agricultores y ganaderos en determinados supuestos
PDF (5 págs. - 152 KB.)

PAÍS VASCO. LEY 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011.

El Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su artículo 50, apartado uno, que cada cinco años, mediante Ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el Concierto Económico, así como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
PDF (5 págs. - 167 KB.)

MELILLA

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA EL SECTOR DE FINCAS URBANAS DE BURGOS
http://www.admifinburgosysoria.com/ORDENES-DECRETOS/Convenio%20porteros.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/i

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RESOLUCIONES DE LA DGRN
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INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE USO: REQUISITOS. R. 19 de septiembre de 2007, DGRN. BOE de 11 de octubre de 2007. Particular – Registro de Majadahonda, n.º 2.  Vinculante

            Hechos: Se solicita la inscripción de una sentencia recaída en proceso de divorcio, por la que se revoca la inicial atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa, asignándolo al marido. La adquisición de la propiedad de la vivienda por el cónyuge no adjudicatario se produjo después de la sentencia que reconoce el uso al otro, pero al presentarse este título ya estaba inscrita.

            El Registrador atiende a la situación de propiedad vigente cuando se dictó el fallo y centra su nota de calificación en la extinción de un contrato de arrendamiento previo a favor del usuario.

            La DGRN estima el recurso, pues entiende que no afecta dicho pasado arrendamiento al título que se califica.

            Recalca la conveniencia de la inscripción del derecho de uso, cuando sea posible, porque limita las facultades dispositivas del propietario de la finca y se evita la aparición de eventuales terceros que pudieran invocar la protección que dispensa el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

            Analiza, a continuación, el derecho de uso constituido y considera, sin entrar en su discutida naturaleza real o personal, que reúne los requisitos para ser inscrito:  

            - Se reconoce en un proceso de crisis matrimonial.

            - Es a favor del cónyuge no propietario de la vivienda (si se atribuyera al que ya es dueño la inscripción del uso sería innecesaria; R. 6 de julio de 2007).

            - Inscripción registral de la vivienda a favor del otro cónyuge (si lo estuviera a favor de tercero el uso no sería inscribible, pues las resultas del proceso de separación o divorcio sólo pueden alcanzar a los cónyuges (Rr.28 de noviembre de 2002 y 28 de mayo de 2005).

            No es obstáculo para inscribir que la adquisición sea posterior al fallo si, cuando el fallo judicial se presenta en el Registro la finca está ya inscrita a nombre de la esposa.  (JFME)

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HACIENDA
valcap.es Boletin


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

V0363-07
ÓRGANO :
SG de Impuestos
sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 23/02/2007
NORMATIVA: TRLIRPF RD Leg 3/2004, Arts. 10, 31-1, 32, 33, DT 9
DESCRIPCIÓN-HECHOS: En el año 2005 se procedió a la venta de la vivienda portería de la Comunidad de Propietarios consultante.
CUESTIÓN-PLANTEADA:
Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial imputable a cada uno de los propietarios.

CONTESTACIÓN-COMPLETA :
En cuanto las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal constituyen comunidades de bienes, para analizar el tratamiento tributario de la indemnización obtenida por una comunidad de propietarios se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE del día 10), donde se determina que “las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del título VII de esta Ley”.
Dentro de esta sección 2ª, que regula el régimen de atribución de rentas, el artículo 89 dispone que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes.
El artículo 31.1 de la Ley del Impuesto define las ganancias y pérdidas patrimoniales como “las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos”.
De acuerdo con esta configuración, la venta del inmueble dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial cuyo importe se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32: por diferencia entre los valores de adquisición y transmisión, que para las transmisiones onerosas vienen definidos en el artículo 33.
Al tratarse de la venta de un elemento común, la portería del edificio, cada propietario deberá calcular los valores de adquisición y de transmisión que proporcionalmente les correspondan, en función de los coeficientes de participación en la comunidad de propietarios, anteriores y posteriores a la segregación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los valores de transmisión y de adquisición para cada propietario serán los siguientes:
a) El valor de transmisión será el resultante de aplicar su coeficiente de participación en la comunidad, anterior a la segregación, sobre el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado, una vez deducidos los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por los transmitentes. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.
b) El valor de adquisición será el resultado de aplicar el porcentaje que resulte de la diferencia entre los coeficientes de participación en la comunidad anterior y posterior a la segregación sobre la cantidad resultante de sumar el importe real satisfecho por la adquisición de la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por los ellos. A esta cantidad se le añadirá el coste de las inversiones y mejoras que, en su caso, hubieran sido efectuadas en la portería con posterioridad a la adquisición de la vivienda. El valor de adquisición resultante se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2005.
La disposición transitoria novena de la Ley del Impuesto establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
De acuerdo con lo previsto en la citada disposición transitoria, aquellos propietarios que hubieran adquirido su vivienda antes del 31 de diciembre de 1994 podrán reducir la ganancia patrimonial obtenida mediante la aplicación del coeficiente del 11,11 por 100 por cada año que exceda de dos transcurrido entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso, quedando no sujetas cuando este periodo de permanencia sea superior a 10 años.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

SENTENCIAS

Id Cendoj: 28079110012007101016
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4479/2000
Nº de Resolución: 1073/2007
Procedimiento: Casación
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:
MATERIA: PROPIEDAD HORIZONTAL. CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Octubre de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha 27 de junio de 2000 en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, como consecuencia de autos, juicio de Menor Cuantía número 34/1997, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Colmenar Viejo, sobre eliminación de obras ilegales y reclamación de daños y perjuicios, el cual fue interpuesto por la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM000 ", representada por el Procurador de los Tribunales Don Roberto de Hoyos Mencía, en el que es recurrida Doña Celestina , representada por el Procurador Don Carlos de Zulueta Cebrián, después sustituido por Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Colmenar Viejo, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de las "COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM000 Y DIRECCION000 NUM001 AL NUM002 " de Tres Cantos (Madrid), contra Doña Celestina , sobre eliminación de obras ilegales y reclamación de daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "dicte sentencia en que se declare ilegales todas las obras reseñadas en el cuerpo de este escrito y en concreto la instalación de un tubo de salida de humos por espacio comunitario, la apertura de ventanales y de ventanas de servicios al lateral peatonal de la comunidad y la instalación de un aparato de aire acondicionado en la fachada, acordando que se condene a la demandada a que reponga las cosas a su estado anterior; y se le condene, asimismo, a los daños y perjuicios derivados de las citadas obras a fijar en su caso en ejecución de sentencia así como al pago de las costas, y gastos de este procedimiento que esta parte fija prudencialmente en la cantidad de UN MILLÓN DE PESETAS (1.000.000.- PTS)".

Admitida a trámite la demanda, la demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado, previa alegación de la excepción de falta de legitimación activa de la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 NUM001 a NUM002 : "se sirva dictar en su día Sentencia por la que, teniendo por propuesta y articulada en tiempo y forma hábil la Excepción de falta de LEGITIMACIÓN ACTIVA de la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 nº NUM000 de Tres Cantos, así como la falta de LEGITIMACIÓN PASIVA de mi representada respecto de los demandantes que no sean la Comunidad de Propietarios de la calle DIRECCION000 nº NUM000 de Tres Cantos, y teniendo por igualmente Contestada la Demanda y por opuestos a la misma, absuelva libremente de la demanda y de sus pedimentos contenidos en su Petitum a mi representada; y, todo ello, con la expresa imposición en costas a las demandantes por su temeridad y mala fe procesal".

Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 30 de diciembre de 1997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la excepción de falta de legitimación activa en la demandante Comunidad dePropietarios de la DIRECCION000 NUM001 al NUM002 de Tres Cantos no entro a conocer del fondo de lademanda presentada por el procurador D. Rafael González de Propios, en nombre y representación de laComunidad de Propietarios DIRECCION000 NUM000 y DIRECCION000 NUM001 al NUM002 , actuandocomo presidentes de las mismas D. Cosme y D. Juan Ignacio . No existen méritos para imponer las costas aninguna de las partes".SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y,sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, dictó Sentencia con fecha 27 dejunio de 2000 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "HA LUGAR parcialmente al recurso de apelación,articulado por la representación procesal de las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LAS CASAS NºNUM001 A NUM002 DEL SECTOR DIRECCION000 DE TRES CANTOS Y DEL Nº NUM000 DEL MISMOSECTOR Y LOCALIDAD, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de los deColmenar Viejo, en sus autos nº 34/97, de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete.CONSECUENCIA DE LA ESTIMACIÓN PARCIAL, los pronunciamientos de la sentencia de instanciaquedan sustituidos por los siguientes de CARÁCTER DEFINITIVO:1º.- ESTIMAMOS la excepción dilatoria de falta de legitimación activa, respecto de las comunidadesde propietarios del DIRECCION000 Nº NUM001 A NUM002 de Tres Cantos ABSOLVIÉNDOLAS EN LAINSTANCIA.2º.- DESESTIMAMOS EN EL FONDO la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios delSECTOR OFICIOS Nº NUM000 de Tres Cantos, ABSOLVIENDO a la demandada de las pretensiones quecontra ella se deducen.3º.- NO HACEMOS expresa condena en las costas de primera instancia.4º.- NO HACEMOS expresa condena en las costas de esta alzada".TERCERO.- El Procurador Don Roberto de Hoyos Mencía, en representación de la "COMUNIDADDE PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM000 ", formalizó recurso de casación que funda en un único motivo, a saber, al amparo de lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de los artículos 7, 11 y norma 1ª del artículo 16 de la LeydePropiedadHorizontal , en relación con los artículos 394 y 396 del Código Civil .

CUARTO: Admitido el recurso por Auto de fecha 8 de septiembre de 2003 y evacuando el trasladoconferido, el Procurador Don Carlos de Zulueta Cebrián, después sustituido por la Procuradora DoñaCayetana de Zulueta Luchsinger, en representación de Doña Celestina , presentó escrito de impugnación alrecurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "Sentencia por la cual se inadmita el presenteRecurso, deje sin casar la resolución recurrida, por estar la misma, perfectamente acorde a derecho, tantoen el análisis de los hechos, a los que califica, como de los fundamentos de derecho, perfectamenteaplicables a la presente litis, y manteniendo los pronunciamientos de la misma, y con expresa imposición decostas a la parte recurrente por su temeridad y mala fe, y con todo lo demás a que haya lugar en derecho".QUINTO: No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló paravotación y fallo el día 28 de septiembre de 2007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Las Comunidades de Propietarios de las DIRECCION000 NUM000 y Oficios NUM001 a NUM002 de Tres Cantos (Madrid), presentaron demanda contra Doña Celestina , propietaria del local churrería denominada "La Única", ubicada en el número 29 de dicha calle, a resultas de las obras por ella acometidas en el referido local, que tildaban de ilegales, a saber: instalación de un tubo de salida de humos, apertura de ventanales, y colocación de un aparato industrial de aire acondicionado. Aducía la parte actora que las mencionadas reformas, no estando previstas en la escritura de propiedad horizontal y alterando la estructura o fábrica del edificio, se habían realizado sin cumplir las formalidades legalmente exigidas.

Interesaba la actora, junto al pronunciamiento mero-declarativo sobre la ilegalidad de las obras reseñadas, la condena a la demandada a la reposición de las cosas a su estado anterior así como al abono de los daños y perjuicios ocasionados, a determinar en ejecución de Sentencia.

La demandada, tras rechazar la legitimación activa de las Comunidades de Propietarios DIRECCION000 NUM001 a NUM002 , contestó alegando no haber violentado norma comunitaria alguna enlos nueve años de explotación de su negocio, remontándose a tal fecha las obras que ahora se pretendenilegales.La Sentencia de primera instancia desestimó la demanda sin entrar a conocer del fondo del asunto, alacoger la excepción de falta de legitimación activa que opuso la parte demandada. Por el contrario, la Audiencia Provincial, que ratificó la falta de legitimación activa sólo respecto de la Comunidad dePropietarios Oficios nº NUM001 a NUM002 , revocó la resolución impugnada para absolver a la demandadade la pretensión cursada por la Comunidad de Propietarios afectada, la de la DIRECCION000 nº NUM000 .Así, proclamó carente de prueba la circunstancia misma de la existencia de ventanas al patio privativo de laComunidad reseñada y, en cuanto a la chimenea de extracción de humos, reconocía la Sentencia recurrida que durante el tiempo que llevaba abierto el negocio de la demandada, había concurrido el consentimientonecesario para su mantenimiento, habiendo cumplido la demandada, por lo demás, los requerimientosmunicipales subsanando las deficiencias.

SEGUNDO: En el único motivo en que se articula el presente recurso de casación se denuncia, al amparo de lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , la infracción de lo dispuesto en los artículos 7, 11, y norma 1ª del artículo 16 de la LeydePropiedadHorizontal , en relación con los artículos 394 y 396 del Código Civil .

Aborda en este motivo la recurrente la problemática relativa a la eficacia del consentimiento tácito porparte de las Comunidades de Propietarios a la realización de obras por algún copropietario, aun cuando lasmismas afecten a elementos comunes y no se hayan recabado las precisas autorizaciones.La resolución ahora recurrida, con examen del fondo del asunto, consideró improsperable lapretensión ejercitada por la única Comunidad de Propietarios a la que se reconoce legitimación activa,amparándose en un sustrato fáctico que a continuación se extracta:1º.- "Los estatutos de la comunidad demandante son muy amplios, con un régimen de permisividadcasi absoluto en lo referente a los locales (...) permiten a los dueños derribar tabiques, agrupar locales,destinarlos al uso que tenga por conveniente, cerrarlos utilizando los recubrimientos que tengan poroportuno, colocar toldos, marquesinas, etc., sin necesidad de pedir permiso a la comunidad".2º.- Quedó carente de prueba que "existiesen otras ventanas al patio privativo de la comunidad (...) nonos consta su descripción, ni su situación, ni su naturaleza y extensión, ni su incidencia a modo dehipotética servidumbre de luces".3º.- En lo que atañe a la chimenea de extracción de humos se concluye que la "obra en esencia seejecutó casi ocho años antes, y que se ha reformado siguiendo las directrices municipales", y, además, que"no tenemos prueba alguna que nos haga dudar de la seguridad de la instalación, ni otra que nos indiqueque su ubicación suponga riesgo cierto e inmediato para las viviendas". Prosigue la Sentencia, en elFundamento de Derecho sexto, que "desde 1988 la churrería está instalada en el local pero sin que consteoposición terminante en torno a las obras para instalación de chimenea", existiendo sólo constancia de unaqueja administrativa.En definitiva, concluye la Sentencia que "a lo largo de los años ha existido el consentimientonecesario para que el demandado mantenga su negocio, y las instalaciones precisas para su desarrollo,máxime cuando el demandado ha atendido a los requerimientos municipales subsanando sus deficiencias".Desde tales premisas fácticas, que en modo alguno han sido desvirtuadas en este recurso, ha deconsiderarse ajustada a derecho la solución propugnada por la Audiencia Provincial. Así, si no cabe dudaalguna sobre la improcedencia de la pretensión relativa a las obras de apertura de ventanales, en la medidaque la existencia de éstos no se ha tenido por cierta, sobre el resto de particulares aplica correctamente laSala de instancia la doctrina jurisprudencial sobre el consentimiento tácito de la Comunidad de Propietarios,recogida en la Sentencia de 13 de julio de 1995 y en las posteriores de 19 de diciembre de 2005 y 31 deenero de 2007, según la cual: "La realidad del tiempo transcurrido, dieciocho años (en el caso a que serefiere dicha resolución), sin objeción alguna de la existencia del sótano permite traer a colación determinada doctrina de la Sala en torno a la exigencia por la Ley de Propiedad Horizontal del acuerdo unánime de todos los copropietarios para modificar o alterar los elementos comunes del inmueble, aldeclararse que es preciso que tal consentimiento aparezca suficientemente acreditado y concluyente, peroadmitiendo la voluntad tácita de los copropietarios, cuando mediante actos inequívocos se llegue a esta conclusión, doctrina la expresada que se encuentra recogida, entre otras, en las SSTS de 28 de abril de 1986, 28 de abril y 16 de octubre de 1992 , y tiene su explicación en que, en razonamiento de la sentenciade 16 de octubre de 1992 , el transcurso pacífico de tan largo periodo de tiempo , (...), sin formularreclamación alguna, debe producir el efecto de tener por renunciado al derecho impugnatorio pues no otracosa exige la seguridad de las relaciones contractuales, y del tráfico jurídico, la prohibición de ir contra losactos propios y las normas de la buena fe, y, asimismo, la doctrina expuesta tiene acogida en la sentenciade 21 de mayo de 1982 , de aplicación al caso que tratamos aunque el supuesto fáctico se refiere a unareclamación de cantidad, en cuanto señala <<que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho encontradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actospropios) y, especialmente, infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otraparte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo (retraso desleal), vulnerando, tanto la contradiccióncon los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio delderecho, las que determinan que el derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el artículo 7.1 del Código Civil >>".

Por lo expuesto, el único motivo en que se articuló el presente recurso no puede prosperar.

TERCERO: Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la imposición del pago de costas causadas en este recurso a la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por el Procurador Don Roberto de Hoyos Mencía, en nombre y representación de la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OFICIOS Nº NUM000 ", contra la Sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 27 de junio de 2000 , con imposición del pago de costas causadas en este recurso a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Jesús Corbal Fernández. Vicente Luis Montés Penadés. Clemente Auger Liñán. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Clemente Auger Liñán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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valcap.es Boletin
TRIBUNALES
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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STC 171/2007, de 23 de julio de 2007

  La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente

S E N T E N C I A

            En el recurso de amparo núm. 82-2004, promovido por doña Rosa María Pérez Yanes y don Manuel Pérez Vaca, representados por el Procurador de los Tribunales don Gonzalo Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y bajo la dirección de la Letrada doña María Ángeles Moraga García, contra los Autos de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante de 17 de marzo de 2003 —confirmado por Auto de 30 de mayo de 2003— y de 2 de julio de 2003, por los que se aclara la Sentencia de 13 de febrero de 2003, dictada en el rollo de apelación civil núm. 520-2002. Ha comparecido la comunidad de propietarios del edificio Alacant-1 de Alicante, representada por el Procurador de los Tribunales don Federico Pinilla Romeo y bajo la dirección del Letrado don Pedro Sorribes de Madaría. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de enero de 2004, el Procurador de los Tribunales don Gonzalo Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla, actuando en nombre y representación de doña Rosa María Pérez Yanes y don Manuel Pérez Vaca, y bajo la dirección de la Letrada doña María Ángeles Moraga García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) Los recurrentes en amparo, en su condición de propietarios de los locales 9 y 10, respectivamente, del edificio Alacant 1 de Alicante, interpusieron demanda civil contra la comunidad de propietarios de dicho edificio, instando la nulidad de determinados acuerdos aprobados por junta de 19 de febrero de 2000, relativos a la aprobación de gastos, al distribuir su pago aplicando una cuota de participación distinta de la fijada en el título constitutivo, y solicitando que se declarara que el coeficiente de contribución a los gastos de escaleras y ascensores a aplicar a sus locales es del 0,01 por 100. A estos efectos, se argumentó que ambos locales tenían establecido expresamente en sus inscripciones registrales que contribuirían a los gastos de escalera y ascensor “con una centésima por ciento”, por lo que resultaban nulos los acuerdos alcanzados relativos a que debían contribuir a dichos gastos en un 1 por 100. La demanda dio lugar al juicio de menor cuantía núm. 336-2000, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alicante. La parte demandada alegó en su escrito de contestación, entre otros extremos, que siendo cierto lo afirmado en la inscripción registral sobre la cuota de participación de los locales de los demandantes, no lo es menos que la comunidad procedió a establecer nuevos coeficientes de participación desde 1964, que se han venido aplicando pacíficamente, siendo un pacto lícito establecer que la cuota de participación en gastos no sea la misma cuota que la que los comuneros tiene escriturada en el total del inmueble.

b) Por Sentencia de 3 de diciembre de 2001 se estimó íntegramente la demanda presentada, declarándose nulos los acuerdos impugnados y que “el coeficiente de contribución que debe ser aplicado a los locales 9 y 10 de edificio es de una centésima, es decir de 0,01 %, debiendo la comunidad demandada estar y pasar por la declaración”. En dicha Sentencia se argumenta que de acuerdo con la prueba documental practicada “la participación de los locales de los que son propietarios los actores en cuanto a los gastos de escalera y ascensor no es del 1,000 % como sostiene la parte demandada sino de una centésima por ciento como sostiene la parte actora”, y se destaca que “figurando la cuota de participación de los locales de los actores en cuanto a los gastos de escalera y ascensor en una centésima, tal y como consta en las inscripciones de sus locales y en la inscripción de la escritura de obra nueva y división de propiedad horizontal y en los estatutos de la comunidad, por tanto, no cabe aprobar acuerdo alguno que contraríe lo que consta en los mismos” (fundamento jurídico segundo).

c) La comunidad demandada interpuso recurso de apelación insistiendo, entre otros extremos, en la existencia de un acuerdo modificando el porcentaje de participación que se venía aplicando desde 1964. El recurso dio lugar al rollo núm. 520-2002, que fue tramitado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante. En dicho rollo la comunidad presentó diversos escritos en relación con el pronunciamiento de la Sentencia de instancia sobre la determinación de los coeficientes de participación. Así, por escrito de 12 de diciembre de 2002 solicitó, al amparo del art. 267 LOPJ, la rectificación de errores materiales en que habría incurrido la Sentencia apelada en cuanto a la determinación de dichos coeficientes y, por escrito de 13 de diciembre de 2002, se tuviera por aportado informe realizado por economista en cuanto al análisis de la escritura de obra nueva y división horizontal y de la inscripción registral de dicha escritura. Por providencia de 20 de diciembre de 2002, en relación con el primer escrito y la alegación de error material sobre los coeficientes, se afirma que “será en la sentencia que se dicte al resolver este recurso cuando se decidirá” y, en relación con el segundo escrito, se acuerda la devolución del documento por tener naturaleza probatoria sin perjuicio de que “podrá ser requerido para que lo presenten si se entendiera que debe así efectuarse por diligencias finales”. La comunidad de propietarios volvió a presentar nuevo escrito de 27 de diciembre de 2002, aportando un dictamen señalando, que es “absolutamente coincidente con nuestra afirmación atinente a que el Juzgador a quo incurrió en un error material cuando equipara centésima a 0,01 % que matemáticamente hablando es igual a una diezmilésima”. Por providencia de 9 de enero de 2003 se acordó devolver el informe aportado y estar a lo acordado en providencia de 20 de diciembre de 2002 sobre la posibilidad de practicar, si se entiende oportuno, diligencias finales de prueba.

d) El recurso de apelación fue desestimado por Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante de 13 de febrero de 2003, argumentando que “el fondo del asunto planteado por la parte actora está referido a la nulidad de los acuerdos antes indicados tomados en la citada Junta de Propietarios que tiene intima relación con el coeficiente que se tiene en cuenta para fijar las sumas que los actores deben abonar por gastos de escalera y ascensor y que en concreto se determina para esos destinos en el 1 % según comunicación que efectúa el administrador de la comunidad. Por ésta se establece esta cuota de participación sin ofrecer soporte o justificación en la que se sustente. Por el contrario, en las escrituras de compraventa de los locales y en las correspondientes certificaciones registrales consta que la participación en gastos por escalera y ascensor de dichos locales es una centésima, es decir, el 0,01 %”. Igualmente, se señala que “lo cierto es que las cuotas de participación de dichos locales son las que han quedado dichas y no las que indica el administrador que han servido para efectuar un cálculo de participación en gastos inadecuado. Si se entiende que el coeficiente asignado en dichos documentos es erróneo puede fijarse definitivamente planteando esa cuestión en el proceso correspondiente”. Por último, en ese mismo fundamento de derecho tercero se pone de manifiesto que “debe únicamente adicionarse en relación con los documentos que la comunidad tenía interés en unir a las actuaciones y así lo indicó cuando estaba tramitándose este recurso y este Tribunal decidió su devolución dejando dicho que si se entendía de interés podía acordarse su unión como diligencias finales, que al tener en consideración la prueba practicada en el proceso, dichos documentos son innecesarios en cuanto no existe duda alguna para formar convicción sobre la materia planteada, y como no deben unirse no es procedente acordar sobre la practica de esas diligencias”.

e) La comunidad de propietarios solicitó, al amparo del art. 267 LOPJ, aclaración de la Sentencia para que fuera rectificado el error material cometido en el fundamento jurídico tercero como es la identificación entre la expresión una centésima con el valor 0,01 por 100, argumentando que el título constitutivo dice que el coeficiente de contribución es de una centésima (1 por 100) y no 0,01 por 100 que es el valor de una de diez mil. La solicitud de aclaración fue impugnada por los recurrentes en amparo señalando que lo que se pretendía con ella era que una vez más se entrara en el fondo del asunto, el cual ya había sido resuelto. Por Auto de 17 de marzo de 2003 se acordó rectificar la Sentencia “aclarando que la participación de los locales 9 y 10 mencionados, en gastos de escalera y ascensor es del 1 por ciento”. Así, se argumenta que “para resolver esta cuestión debe hacerse un detallado análisis de los datos que obran en las respectivas escrituras públicas de compraventa y de la correspondiente inscripción registral. En la escritura pública de compraventa de 24 de abril de 1999, el actor señor Pérez Vaca compró dichos locales, y en la misma se puede leer, sobre su participación en gastos de escalera y ascensor ‘se le asigna a cada uno una participación de su (sic) entero por ciento'. En las inscripciones registrales consta, en la respectiva inscripción de cada local una participación de ‘una centésima por ciento' (documentos 3 y 5 de la demanda) y en el documento 6 de la misma, cuando se refiere a los gastos de escalera y ascensor, se dice que contribuirán, textualmente, con una centésima los uno-cuatro-seis-siete-ocho-nueve-diez-once, con cincuenta centésimas de entero el tres, una y media centésimas el dos, dos centésimas el cinco (aquí está entre renglones ‘todas por ciento')” (fundamento de derecho segundo). En el fundamento de derecho tercero se añade que “de cuanto queda dicho se desprende que al fijarse en la parte dispositiva de la Sentencia de instancia como coeficiente de participación ‘una centésima, es decir 0´01 %', que luego se confirmó por la que se dictó en apelación, no se hizo el cálculo con arreglo a lo que indican los títulos respectivos. En el texto de la sentencia de instancia, es de ver que se habla de una centésima sin más, pero esa parte es distinta si se refiere a unidad o centena. La centésima parte de uno es 0,01 pero la centésima de 100 es 1. Las escrituras públicas de venta y sus inscripciones registrales dicen ‘una centésima por ciento' y en el mencionado documento 6, la inicial omisión que se produce cuando se dice una centésima ya se ha dicho que se corrige adicionando entre líneas ‘todas por ciento'”.

f) Los recurrentes en amparo solicitaron, en virtud de lo establecido en los arts. 214 y 215 LEC, en relación con el art. 267 LOPJ, aclaración del error material en que denuncian habría incurrido el Auto de aclaración. Así, argumentan que en dicho Auto “se indica de forma expresa que las escrituras públicas de venta y sus inscripciones registrales dicen ‘una centésima por ciento' y en el mencionado documento 6, la inicial omisión que se produce cuando solo dice ‘una centésima', ya se ha dicho que se corrige adicionando entre líneas ‘todas por ciento'; y sin embargo a continuación, se afirma que la cuota de participación es de un entero por ciento (1 %), y no de una centésima por ciento (0,01 %), como había señalado anteriormente”. Igualmente, denuncian la vulneración del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales, ya que, consistiendo el fondo del asunto, precisamente, en dictaminar si la cuota era del 1 por 100 o del 0,01 por 100, no cabe afirmar que se ha incurrido en error aritmético al establecer dicha cuota. Por último, añaden que con el complemento del Auto de aclaración la Sentencia de apelación incurriría en incongruencia, ya que, declarando que los porcentajes de participación son del 1 por 100, sin embargo, mantiene la anulación de los acuerdos en los que se aplicó ese porcentaje.

g) El órgano judicial de apelación, por providencia de 15 de abril de 2003, expuso que “dado que se discute una cuestión aritmética para determinar la participación de los locales en los gastos comunes, que es esencial en la pretensión ejercitada, se concede a las partes un término común de cinco días para que puedan indicar al tribunal si debe decretarse la nulidad de actuaciones desde la sentencia de 13 de febrero de 2003 que llevaría a dictar otra, en la cual se podría tener en cuenta el resultado de una prueba pericial en diligencias finales realizadas por un profesor de aritmética o por otro técnico en la materia, ya que si dicha prueba en algunos casos es aconsejable, en el presente supuesto es necesaria”. La comunidad de propietarios alegó la procedencia y necesidad de someter la cuestión litigiosa a la prueba pericial indicada. Los recurrentes en amparo se opusieron a que se anulara la Sentencia de apelación al no existir en la misma ningún defecto que pudiera dar lugar a dicha nulidad, señalando que la única resolución nula de plena derecho sería el Auto de aclaración que ha vulnerado el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales. Por Auto de 30 de mayo de 2003 se acordó confirmar íntegramente el Auto de aclaración, insistiendo que en el mismo se limitaba a rectificar un error aritmético dentro de los márgenes que para ello establece el art. 267 LOPJ. La comunidad solicitó nueva aclaración en el sentido de rectificar el pronunciamiento sobre costas procesales en ambas instancias, acordándose por Auto de 2 de julio de 2003 que “como la principal petición que la comunidad de propietarios efectuó en su recurso tuvo favorable acogida en virtud de lo dispuesto en el auto de 17 de marzo de 2003, no se hace especial declaración sobre pago de las costas procesales del mencionado recurso de apelación”.

h) Los recurrentes en amparo solicitaron que se tuviera por preparado recurso de casación, denegándose por Auto de 11 de julio de 2003, que fue confirmado en reposición por otro de 1 de octubre de 2003. Interpuesto recurso de queja, tramitado con el núm. 1310-2003, fue desestimado por Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2003.

3. Los recurrentes aducen que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales. Argumentan que el Auto de 17 de marzo de 2003, confirmado por el de 30 de mayo de 2003, y el Auto de 2 de julio de 2003, han modificado el fallo de la Sentencia de 13 de febrero de 2003, en lo relativo a establecer que la cuota de participación en gastos era del 1 por 100 y no del 0,01 por 100 y que no existía especial pronunciamiento sobre las costas, respectivamente, sin que concurriera ninguna de las causas legales para ello. Así, señalan que no puede afirmarse que se hubiera incurrido en un error aritmético al establecer las cuotas de participación en el 0,01 por 100, en vez de en el 1 por 100, cuando ese era, precisamente, el objeto de la controversia. Igualmente, alegan la vulneración del art. 24.1 CE, ya que mediante las aclaraciones impugnadas se ha producido en la Sentencia aclarada un vicio de incongruencia en el fallo, pues contiene pronunciamientos contradictorios, como son mantener la anulación de los acuerdos de la junta de propietarios, en tanto que prorrateó los gastos asignando una cuota del 1 por 100 y no del 0,01 por 100, y declarar que su cuota es del 1 por 100.

4. La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 31 de mayo de 2004, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente del órgano judicial la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo. Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó por la Sala Primera de este Tribunal el ATC 272/2004, de 12 de julio, denegando la suspensión solicitada.

5. La Secretaria de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 14 de julio de 2004, tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones y por personado al Procurador de los Tribunales don Federico Pinilla Romeo, en nombre y representación de la comunidad de propietarios del edificio Alacant-1 de Alicante. Asimismo acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.

6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 7 de septiembre de 2004, interesó que se otorgara el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y se anularan los Autos de 17 de marzo, 30 de mayo y 2 de julio de 2003. A esos efectos se argumenta que la modificación acordada por el Auto de aclaración de 17 de marzo de 2003, posteriormente confirmada por el de 30 de mayo de 2003, en el sentido de que la cuota de participación era del 1 por 100 y no del 0,01 por 100, no cabe incluirse dentro del concepto de error aritmético del art. 267 LOPJ. En primer lugar, el objeto del pleito versaba precisamente sobre una diferencia del cálculo de porcentaje que se debía abonar por los actores, siendo la aceptación de una u otra cifra lo que llevaba a la estimación o desestimación de las pretensiones. Y, en segundo lugar, el cambio obedece no a un desajuste de la fundamentación o razonamiento sino al cambio de que esté apoyado en una diferente valoración de la misma prueba que sirvió para desestimar la apelación. También, destaca el Ministerio Fiscal que la interposición del recurso de casación es un intento razonable de agotar la vía judicial previa.

7. La parte comparecida no presentó alegaciones.

8. Los recurrentes, por escrito registrado el 15 de septiembre de 2004, solicitaron que se tuvieran por reproducidas las alegaciones contenidas en la demanda de amparo.

9. Por providencia de fecha 20 de julio de 2007 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
 

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, por haberse extralimitado el órgano judicial de apelación en sus facultades de aclaración en los Autos de 17 de marzo de 2003 —confirmado por el de 30 de mayo de 2003— y de 2 de julio de 2003, al modificar el fallo de la Sentencia de 13 de febrero de 2003, en los extremos relativos a establecer, el primero, que la cuota de participación de los locales en determinados gastos de la comunidad era del 1 por 100, y no del 0,01 por 100, y, el segundo, que no existía especial pronunciamiento sobre las costas en la apelación. Sólo subsidiariamente, en caso no de apreciarse dicha vulneración, será preciso analizar si la Sentencia, con el complemento de los Autos de aclaración, incurre en la vulneración aducida por los recurrente del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por contener pronunciamientos contradictorios entre sí.

2. Este Tribunal ha reiterado que la protección constitucional de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), implica que los órganos judiciales no puedan revisar sus decisiones al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que su decisión no se ajusta a la legalidad. Igualmente, se ha destacado que el mecanismo arbitrado por el legislador en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que posibilita a los órganos judiciales aclarar algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión o corregir algún error material o aritmético deslizado en sus resoluciones, es plenamente compatible con el principio de invariabilidad o inmodificabilidad, puesto que, siendo un instrumento para garantizar la tutela judicial, no integra tal derecho el beneficiarse de oscuridades, omisiones o errores materiales en que se hubiera podido incurrir en las resoluciones judiciales (por todas, STC 139/2006, de 8 de mayo, FJ 2).

Más en concreto, por lo que se refiere a la rectificación de los errores materiales manifiestos o aritméticos, este Tribunal ha señalado, por un lado, que como tales sólo cabe considerar aquellos cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles y opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse, con toda certeza, del propio texto de la resolución o del contexto procesal en la que se inscribe, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones. Y, por otro, que, en la medida en que la corrección del error material entraña siempre algún tipo de modificación, no cabe excluir la posibilidad de que comporte incluso una revisión del sentido del fallo de la resolución judicial rectificada, si se evidencia que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo (por todas, STC 357/2006, de 18 de diciembre, FJ 2).

3. En el presente caso, no es controvertido que la Audiencia Provincial procedió por dos veces a rectificar el fallo de su Sentencia de 13 de febrero de 2003. La primera, por Auto de 17 de marzo de 2003, confirmado por el de 30 de mayo de 2003, alegando haberse producido un error aritmético al establecer que la cuota de participación era del 1 por 100 y no del 0,01 por 100. La segunda, por Auto de 2 de julio de 2003, para, en lógica con el anterior, acordar que no existía especial pronunciamiento sobre las costas en la apelación. Por el contrario, lo determinante para poder valorar la existencia de una extralimitación en las facultades judiciales de rectificación que prevé el art. 267 LOPJ y, por tanto, si ha existido la aducida vulneración del art. 24.1 CE, es comprobar si modificar la referencia al 0,01 por 100 por la del 1 por 100 era el producto de un mero error aritmético judicial. Para ello resulta ineludible, conforme a la jurisprudencia señalada, acudir al contenido de la propia resolución y a su contexto procesal.

Como se ha expuesto en los antecedentes con más detenimiento, en las actuaciones se constata, en lo relativo al marco procesal, que la controversia que dio lugar al proceso civil era dilucidar la cuota de participación de los locales de los recurrentes en determinados gastos de la comunidad. Así, los escritos iniciales de demanda y contestación evidencian que mientras los recurrentes mantenían que dicha cuota era del 0,01 por 100, toda vez que los títulos constitutivos inscritos registralmente expresamente fijaban dicha cuota en “una centésima por ciento”, la comunidad sostenía que, con independencia de lo que se estableciera en los dichos títulos, la cuota de participación era del 1 por 100, por haber sido modificada dicha cuota por la junta de propietarios en virtud de su libre capacidad de pactos. La Sentencia de 3 de diciembre de 2001 dio la razón a los recurrentes acordando en el fallo que “el coeficiente de contribución que debe ser aplicado a los locales 9 y 10 de edificio es de una centésima, es decir de 0,01 %”, argumentando que, de acuerdo con la prueba documental practicada, “la participación de los locales de los que son propietarios los actores en cuanto a los gastos de escalera y ascensor no es del 1,000 % como sostiene la parte demandada sino de una centésima por ciento como sostiene la parte actora” (fundamento jurídico segundo).

Igualmente se pone de manifiesto, por un lado, que la comunidad insistió en su recurso de apelación, entre otros extremos, en la existencia de un acuerdo modificando el porcentaje de participación establecido en el título constitutivo de la división horizontal y, por otro, que fue en el rollo de apelación, una vez que ya habían sido presentados los escritos de apelación y de oposición, cuando la comunidad aduce un supuesto error aritmético en que habría incurrido la Sentencia de instancia al identificar la expresión “una centésima por ciento”, contenida en las inscripciones registrales, con su traslación numérica a “0,01 %”, entendiendo que aritméticamente se corresponde con “1 %”. Así, son diversos los escritos que la comunidad intenta aportar respecto de ese particular, acordándose, por providencia de 20 de diciembre de 2002, en relación con la alegación de error material sobre los coeficientes, que en la Sentencia de apelación se decidiría y, en relación con los informes periciales sobre la cuestión aritmética, que podría ser requerido, si fuera necesario, por diligencia final.

La actuaciones judiciales también permiten constatar, en lo relativo al contenido de la sentencia de apelación, que la Audiencia Provincial, por Sentencia de 13 de febrero de 2003, desestimó el recurso poniendo de manifiesto que “en las escrituras de compraventa de los locales y en las correspondientes certificaciones registrales consta que la participación en gastos por escalera y ascensor de dichos locales es una centésima, es decir, el 0,01 %”, y que “en relación con los documentos que la comunidad tenía interés en unir a las actuaciones ... dichos documentos son innecesarios en cuanto no existe duda alguna para formar convicción sobre la materia planteada, y como no deben unirse no es procedente acordar sobre la práctica de esas diligencias” (fundamento de derecho tercero).

Por último, en lo referido a las concretas incidencias de las sucesivas aclaraciones, cabe destacar que la comunidad de propietarios, al amparo del art. 267 LOPJ, insistió en la existencia del error aritmético, acordándose por Auto de 17 de marzo de 2003 rectificar la Sentencia “aclarando que la participación de los locales 9 y 10 mencionados, en gastos de escalera y ascensor es del 1 por ciento”. En dicho Auto se argumenta que “para resolver esta cuestión debe hacerse un detallado análisis de los datos que obran en las respectivas escrituras públicas de compraventa y de la correspondiente inscripción registral. En la escritura pública de compraventa de 24 de abril de 1999, el actor señor Pérez Vaca compró dichos locales, y en la misma se puede leer, sobre su participación en gastos de escalera y ascensor ‘se le asigna a cada uno una participación de su (sic) entero por ciento'. En las inscripciones registrales consta, en la respectiva inscripción de cada local una participación de ‘una centésima por ciento' (documentos 3 y 5 de la demanda) y en el documento 6 de la misma, cuando se refiere a los gastos de escalera y ascensor, se dice que contribuirán, textualmente, ‘con una centésima los uno-cuatro-seis-siete-ocho-nueve-diez-once, con cincuenta centésimas de entero el tres, una y media centésimas el dos, dos centésimas el cinco (aquí está entre renglones ‘todas por ciento')” (fundamento de derecho segundo). En el fundamento de derecho tercero se añade que “de cuanto queda dicho se desprende que al fijarse en la parte dispositiva de la sentencia de instancia como coeficiente de participación ‘una centésima, es decir 0´01 %', que luego se confirmó por la que se dictó en apelación, no se hizo el cálculo con arreglo a lo que indican los títulos respectivos. En el texto de la sentencia de instancia, es de ver que se habla de una centésima sin más, pero esa parte es distinta si se refiere a unidad o centena. La centésima parte de uno es 0,01 pero la centésima de 100 es 1. Las escrituras públicas de venta y sus inscripciones registrales dicen ‘una centésima por ciento' y en el mencionado documento 6, la inicial omisión que se produce cuando se dice `una centésima ya se ha dicho que se corrige adicionando entre líneas ‘todas por ciento”. Este Auto fue confirmado por otro de 30 de mayo de 2003, pero antes de ello la Audiencia Provincial, por providencia de 15 de abril de 2003, concedió a las partes un trámite de alegaciones sobre la posibilidad de anular la Sentencia de 13 de febrero de 2003 para que se practicara una pericial aritmética sobre la determinación de la cuota participación de los locales en los gastos comunes. Posteriormente, recayó un segundo Auto de aclaración de 2 de julio de 2003 en el sentido de no hacer especial declaración de condena en constas en la apelación.

4. En atención a las circunstancias expuestas, es concluyente que la rectificación del fallo de la Sentencia de 13 de febrero de 2003, operada por el Auto de 17 de marzo de 2003, en el sentido de determinar que la cuota de participación de los locales de los recurrentes era del 1 por 100 y no del 0,01 por 100 no puede considerarse un mero error aritmético del órgano judicial, al expresar numéricamente la referencia a “una centésima por ciento”, que quepa deducir de manera inequívoca de su contenido y del contexto del procedimiento. Por tanto, dicha rectificación no se acoge a los estrictos términos establecidos por el art. 267 LOPJ, lo que implica que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de la intangibilidad de las resoluciones judiciales.

En efecto, son diversos los elementos presentes en las actuaciones que permiten concluir que la rectificación efectuada no respondía a un mero error aritmético. En primer lugar, más allá de la evidencia de que la cuestión de fondo litigiosa era, desde un principio, si la cuota de participación era del 1 por 100 o del 0,01 por 100, aunque con fundamento distinto en los problemas aritméticos de cuál es la traslación numérica de la expresión una centésima por ciento, en las Sentencias de instancia y apelación se estimaron la pretensión de los recurrentes de que su cuota de participación, en expresión numérica, era del 0,01 por 100 y no del 1 por 100. En segundo lugar, es manifiesto que antes de resolverse la apelación ya era expreso para la Audiencia Provincial la existencia de eventuales problemas técnicos de traslación numérica de la expresión “centésima por ciento” y la posibilidad de que por diligencias finales pudiera articularse una prueba pericial al respecto. Sin embargo, ambas cuestiones fueron objeto de respuesta directa en la Sentencia de apelación en el sentido de que era innecesario practicar dicha prueba al no existir duda alguna en el Tribunal para formar convicción sobre la materia planteada. En tercer lugar, también se evidencia con la lectura del Auto de aclaración que el argumento para proceder a la rectificación del fallo de la Sentencia desde el 0,01 por 100 de cuota al 1 por 100 no residía en una mera cuestión aritmética, sino, como también indica el Ministerio Fiscal, en una nueva valoración de los elementos de prueba como es el contenido de las inscripciones registrales en torno a la determinación de cuál era la base de la expresión centésima. Amén de ello, y en último lugar, también es un elemento relevante a los efectos de determinar que no se está ante un mero error aritmético sino ante una cuestión de fondo, que la Audiencia Provincial tras acceder a la rectificación, y en respuesta a una solicitud de aclaración de los recurrentes, pretendiera declarar la nulidad de oficio de la Sentencia aclarada para proceder, ahora sí, como diligencia final a la práctica de la prueba pericial que en dicha Sentencia ya expresamente se había desechado por ser innecesaria para formar su convicción.

Por tanto, con independencia de la cuestión sobre si la mención que se hace en las diversas pruebas documentales a una centésima lo es sobre la base de uno o de cien y sobre cuál deba ser la expresión aritmética de dicha expresión, lo cierto es que, desde la exclusiva perspectiva que ahora se debe analizar, ha quedado acreditado que la decisión adoptada en la Sentencia de apelación sobre que la cuota de participación controvertida era del 0,01 por 100 y no del 1 por 100 lo había sido de manera consciente sobre la base de la aplicación de los criterios de valoración jurídica y fáctica que tuvo a bien asumir el órgano judicial a partir de los diversos documentos probatorios. Ello es suficiente para descartar que se esté ante un supuesto de error aritmético que justifique una alteración del sentido del fallo de una resolución por la vía de la aclaración, lo que determina que deba estimarse el amparo solicitado y anularse el Auto de aclaración de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante de 17 de marzo de 2003, así como el de 30 de mayo de 2003 que lo confirmó.

El Auto de aclaración de 2 de julio de 2003, que acordó modificar por segunda vez el fallo de la Sentencia de 13 de febrero de 2003, en esta ocasión en el extremo relativo a que no existía especial pronunciamiento sobre las costas en la apelación, también debe ser anulado. En efecto, si bien esta nueva modificación no puede concluirse que, en sí misma considerada, quede al margen de la vía de aclaración del art. 267 LOPJ, sin embargo, es indubitado, por haberse hecho así expreso en dicho Auto, que su presupuesto lógico fue exclusivamente la primera aclaración que, como se ha argumentado, resulta contraria a las exigencias del art. 24.1 CE. Ello implica que para el restablecimiento de los recurrentes en la integridad de su derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos expuestos en el art. 55.1 c) LOTC, deba, igualmente, procederse a su anulación.


 

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido
Otorgar a doña Rosa María Pérez Yanes y don Manuel Pérez Vaca el amparo solicitado y, en consecuencia:

1º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a la inmodificabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE).

2º Declarar la nulidad de los Autos de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante de 17 de marzo, 30 de mayo y 2 de julio de 2003, dictados en el rollo de apelación civil núm. 520-2002.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintitrés de julio de dos mil siete.

valcap.es Boletin

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 

LEY DEL SUELO. Recursos de inconstitucionalidad n.º 6963-2007, n.º 6964-2007, n.º 6965-2007 y n.º 6973-2007, en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo. 

            El 6963 lo interpone el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid contra los artículos 6 a), 10 b), 11.2, 15, 16.1.b), y 34, disposiciones adicionales primera y novena y disposición transitoria cuarta

            El 6964, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja contra los artículos 1, 2, 10, 11.2, 14, 15.6, 17.5 y 33 y disposición adicional sexta, apartado 1, disposición transitoria primera y disposición final primera.

            El 6965-2007, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra los artículos 6.a), 8.1, 10 b), 16.1.b) y 3, 22, 25.2 y 3, 26.1, 29.1.c) y disposición transitoria primera.

            Y el 6973-2007, el Gobierno de Canarias contra los arts. 1; 2.2; 3.1; 6; 8.1 último párrafo; 9.3; 10.a) y b); 11.2, 4, y 5; 14.1; 15.3, 4 y 5; 16.1 c); disposición adicional primera; disposiciones transitorias segunda y cuarta y disposición final primera, apartado primero.

            Ver artículos afectados.

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RECORDATORIO
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¿SABIAS QUE EL DERRIBO DE UN EDIFICIO NO IMPLICA SIN MAS LA EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, MAXIME SI SE HACE PARA RECONSTRUIRLO?

PROPIEDAD HORIZONTAL: DEMOLICIÓN Y REESTRUCTURACIÓN. R. 20 junio de 2005. DGRN. BOE de 9 de agosto de 2005. Vinculante

HECHOS: Varias personas compran un edificio en proindiviso. Posteriormente lo dividen en régimen de propiedad horizontal, y extinguen la comunidad ordinaria respecto de los componentes del edificio, atribuyéndose individualmente los locales y en comunidad ordinaria los pisos.

Años más tarde y en base a una licencia de obras para “demolición parcial y reestructuración mayoritaria del inmueble”, se formalizan dos escrituras: una, en la que se modifica la propiedad horizontal del inmueble, ya que donde había una vivienda por planta, ahora hay dos viviendas, además el sótano se habilita como anejo privativo de los pisos (se acredita la existencia del sótano por certificado del  Sr Secretario del Ayuntamiento, con el VºBº del Alcalde). Y además se extingue la comunidad ordinaria existente respecto de los pisos, a los que se atribuye determinados anejos en el sótano, adjudicándose a cada propietario y manteniéndose en proindiviso los locales.

Además a la vista del primer rechazo por la Registradora, se otorga escritura complementaria por todos los propietarios, en la que se declara la obra nueva llevada a cabo en el edificio.

REGISTRADOR: Rechaza finalmente la inscripción:
- porque entiende que hay que cancelar la anterior división horizontal, con cancelación de los folios registrales, dado que en su momento se produjo la división horizontal y consecuente extinción de comunidad con adjudicación de los distintos componentes. Ahora al llevarse a cabo una nueva extinción de comunidad, hay que disolver previamente la propiedad horizontal anterior, volver a una comunidad ordinaria y extinguir la misma con adjudicación de componentes, pero en base a una nueva división horizontal.
- Al haberse producido una rehabilitación o reconstrucción del edificio hay que extinguir la propiedad horizontal anterior y formalizar una nueva.

DIRECCION GENERAL.- Admite el recurso:
- no se puede confundir la comunidad en régimen de propiedad horizontal, con la copropiedad ordinaria de elementos singulares. No es incompatible el hecho de que todo el edificio se haya dividido en propiedad horizontal,  con el de que todos o algunos elementos independientes pertenezcan en propiedad ordinaria a favor de varias personas. La comunidad ordinaria se extinguió en su día parcialmente respecto de algunos elementos, ahora al modificarse algunos de los que estaban en proindiviso, éstos siguen perteneciendo a la comunidad ordinaria, la cual cabe extinguir perfectamente, sin dar lugar a la extinción, sino sólo a la modificación de la propiedad horizontal.
- en caso de rehabilitación o reconstrucción de un edificio, no es preciso proceder a la extinción previa de la propiedad horizontal. Es posible mantener el régimen de propiedad horizontal, aunque se derribe el edificio, con la finalidad de su reconstrucción, ya que se permite el establecimiento de tal régimen aunque no exista el edificio (véase art 8 LH) y la construcción esté solo comenzada. En este caso, tal propósito se deduce incluso de la presentación de la licencia de rehabilitación y reconstrucción del edificio. No se puede presuponer que el edificio sea distinto del inscrito, por el hecho de haber sido modificado en algunos puntos su configuración interior, ni que la reparación o rehabilitación haga nacer un edificio distinto de aquél.

COMENTARIO: Lo que yo creo deducir de todo lo anterior, es esto:
- un edificio en propiedad horizontal, puede pertenecer en proindiviso a varias personas, y el hecho de que éstas hayan extinguido la comunidad respecto de todo o algunos componentes, no significa que no se pueda extinguir la comunidad en cuanto a los elementos en proindiviso. La constitución de un edificio en propiedad horizontal, no implica la disolución de la comunidad romana, a menos que se adjudiquen individualmente los departamentos a los primitivos dueños. Es admisible la disolución parcial del condominio, en que parte de los elementos se extraigan  de la comunidad ordinaria y se adjudiquen a los condueños y el resto de los elementos continúe perteneciendo proindiviso a los copropietarios.
La modificación de estos elementos en comunidad, permite la extinción de comunidad en cuanto a ellos, con mantenimiento de la propiedad horizontal, incluso modificada por acuerdo unánime de todos ellos.
- El derribo de un edificio, no implica sin más la extinción de la propiedad horizontal, más cuando se derriba para reconstruirlo. En este caso, la propiedad horizontal se puede mantener de mutuo intento, y trasladarla, aún modificándola, a los nuevos elementos resultantes. (JLN)
[Documento PDF]
http://www.notariosyregistradores.com/

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ANECDOTARIO
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CONVIVENCIA DE CULTURAS

Los conflictos por mostrar la piel más de lo recomendado alcanza su máximo apogeo en los edificios donde se produce un cruce de culturas. En muchas urbanizaciones de la Costa del Sol conviven españoles con árabes y por tanto con puntos de vista opuestos en cuanto a la vestimenta se refiere. En una de estos conjuntos de viviendas se produjo un hecho insólito: vivían varios matrimonios de kuwaitíes que no permitían a sus mujeres bajar a la piscina con bañadores. Según sus creencias debían meterse en el agua con la ropa, pero esa circunstancia estaba prohibida en los estatutos de la comunidad. y en las normas de uso de la piscina  Así, tras múltiples peleas acordaron que las extranjeras se bañarían con un traje especial y las españolas no utilizarían bikinis para no provocar a esas familias.

 En las puertas  de entrada de las viviendas, se ve en los descansillos de algunos edificios,  se mezclan  los signos religioso de distintas culturas, desde el Sagrado Corazón hasta unos limones colgados en el marco de la puerta, todos son respetados por la buena convivencia en la Comunidad, esto ocurre  no solo en la Costa del Sol, sino también en la Capital de España.

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE
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"Todos tenemos nuestra casa que es hogar privado,
y la ciudad que es el hogar público" -

(Enrique Tierno Galván)

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