LLAVE EN MANO
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del mundo inmobiliario

Nº 39
Junio/2007

 
NOTICIAS

LA VIDEO CÁMARA DE TU VECINO TE VIGILA

Últimamente está experimentando un gran incremento las instalacio-nes de sistemas de cámaras y videocámaras con fines de vigilancia en las comunidades de propietarios, lo que ha generado numerosas dudas en relación al tratamiento de imágenes.

¿Todas las comunidades de propietarios cumplen con los requisitos de la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre , de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de Sistemas de cámaras de videocámara publicada en el BOE num. 296 de 12 de diciembre de 2006?. Esta pregunta se la pueden hacer muchos propietarios y vecinos como las siguientes: ¿Sabe usted como vecino quien es el respons-able del fichero de su comunidad? ¿Conoce usted el mecanismo nece-sario para preservar su intimidad? ¿Qué responsabilidad esta teniendo el Presidente de la Comunidad sobre el uso de esos ficheros, y el administrador de la finca? ¿Sabe usted como propietario que otros ficheros de su comunidad tiene que declarar en la AGPD, si tiene que inscribirse y quien tiene la obligación de hacerlo?

Tengamos en cuenta que en virtud de lo establecido en el articulo 3 de la Ley Orgánica de 15/1999 y el articulo 1.4 del Real Decreto 1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica, siendo por tanto consideradas las imágenes un derecho fundamental que se protege como dato personal, lo que conlleva en consecuencia exigir respetar la normativa existente en materia de protección de datos.

Esto nos lleva a que tendrá que se tenido en cuenta los bienes jurídicos protegidos en relación con la instalación de sistemas de videocámaras; toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad como así lo indico el Tribunal Constitucional en su sentencia 207/1996 que dice:

“Para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamen-tal supera el juicio de proporcio-nalidad, es necesario constatar si cumple tres requisitos o condiciones:

1º) Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto

2º) Si es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia

3º) Si la misma es moderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

Estos tres puntos los resumimos en juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalita en sentido estricto.

La vulneración del principio de proporcionalidad puede llegar a generar situaciones conflictivas y abusivas, cuando se instalan sistemas de video vigilancia en espacios comunes tanto en las comunidades de propietarios como en los lugares de trabajo.

La creación de un fichero de video vigilancia por parte de la comunidad de propietarios exige su previa notificación a la AGPD, para la inscripción en su Registro General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1c) de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y la instrucción 1/2006 de 8 de noviembre, de la AGPD sobre el Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de Sistemas de cámaras Videocámaras(BOE num. 296 de 12 diciembre 2006)

La instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificables o identificadas, con fines de vigilancia a través de los sistemas de cámaras o videocámaras.

El tratamiento objeto de esta instrucción comprende la graba-ción, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquellas.

Se considera identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los trata-mientos a los que se refiere la presente instrucción.

Los responsables que cuente con sistemas de video vigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

a) Colocar, en las zonas de video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados.

b) Tener a disposición de los interesados los impresos en los que se detalle la información prevista en el articulo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999. El contenido y el diseño del distintivo se ajustara a lo previsto en el Anexo de la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre , de la Agencia Española de Protección de Datos

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las imágenes solo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legitimas y explicitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.

Las cámaras o videocámaras insta-ladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de la vigilancia que se pretende o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas.

Solamente se considera admisible la instalación de cámaras o video cámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse por otros medios con los cuales resulte menor la intromisión en la intimidad de las personas y para su derecho de carácter personal.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.

La persona o comunidad de propietarios que prevea la creación de ficheros de video vigilancia deberá notificarlos previamente a la AGPD, para su inscripción en el Registro General de la misma.

No se considera fichero el tratamiento consistente exclusiva-mente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.

¿Qué ocurre cuando el sistema de video vigilancia de circuito cerrado vuelca la información en las televisiones de los propietarios de la Comunidad, ya que estos pueden grabar automáticamente esas imágenes de tiempo real, se tendrá que comunicar a la AGPD por cada propietario de esa comunidad esos ficheros, quien será el responsable de la infracción, si la hubiere, el propietario, el Presidente o la Comunidad en su conjunto por la autorización en Junta de Propie-tarios de esa instalación?

La ley dice que el responsable deberá adoptar las medidas de índole técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá observar la debida reserva, confi-dencialidad y sigilo en relación con las imágenes.

El distintivo informativo, que estará en el lugar anterior al acceso al edificio, será visible y a la altura adecuada para que se pueda leer, incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos (ZONA VIDEOVIGILADA) y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que ser refiere el articulo 15 y siguientes de la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

Las instalaciones de cámaras de vigilancia será realizada obligatoria-mente por empresas instaladores de cámaras de vigilancia que estarán inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección General de la Policía, y deberá ser así cuando se de las notas distintivas siguientes:

Que se trate de aparatos elec-trónicos, como así pueden catalogar a los equipos de video vigilancia en contraposición a las medidas físicas de protección.

Que la finalidad o el objeto de la instalación sea la protección o prevención contra el robo o intrusión.

Que la activación de tales aparatos o dispositivos sea susceptible de producir intervención policial, inde-pendientemente de que el sistema se encuentre o no conectado a una central de alarmas.

Además teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley de Seguridad Privada y en el articulo 20 del Reglamento de Seguridad Privada, se deduce que toda prestación de servicios de seguridad, deberá consignarse por escrito, con arreglo al modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior en la forma establecida, según Orden Ministerial de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad.

¿En su comunidad la vigilancia la ejerce una empresa de seguridad privada o por el contrario lo que tienen ustedes contratado son empresas cuyo fin es ofrecer a las comunidades de propietarios el servicio de conserjería o de controlador de acuerdo con el Convenio Laboral de empleados de fincas urbanas de la Comunidad Autónoma donde tiene su domicilio? ¿Se están cumpliendo todos los requisitos que marca la ley?

 

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CONSEJOS

El ahorro de agua en la comunidad de vecinos

Si en su comunidad dispone de zonas ajardinadas, proponga que se plante vegetación autóctona o que requiera poco riego.

Promueva los sistemas de riego de tipo goteo y el uso de agua de lluvia previamente acumulada para tal fin.

Si su comunidad de vecinos tiene piscina climatizada o piensa instalarla, es obligatorio utilizar exclusivamente sistemas de aprovechamiento solar para calentar el agua. La utilización de mantas térmicas para cubrir la piscina por la noche es otra idea para ahorrar energía.

En las piscinas, instale un programador que impida que la depuradora esté funcionando más tiempo del necesario.

CONSULTA

¿Puede ser retribuido el cargo de Presidente, que asume funciones de administración?

AP. Santa Cruz de Tenerife 1ª , 10/9/2001

No cabe duda de que la compensación acordada tiene una justificación mucho mayor que si el Presidente se dedicase tan sólo a las funciones de representación, pues su implicación en la gestión y en las funciones propias de la administración que exige una Comunidad como la de autos, con un gran numero de propietarios implica el desempeño continuado de un servicio a favor de ésta que demanda la lógica contraprestación.

 

 

 

ANECDOTARIO

Fiesta, esta noche fiesta

Mes de Julio, día 15,  del año 2000, eran las 12 de la noche, la terraza del vecino del 1º A del Edificio Santa Fe, estaba llena de gente, charlando y cenando. El vecino del 2º A sufría ,desde hacia quince días, en silencio las charletas , gritos y bromas de sus copropietarios,  y el chapoteo en la piscina; aunque las normas de la comunidad prohibían los baños a esas horas de la noche. Él se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, para cumplir con su horario y sus obligaciones laborales, no tenia vacaciones hasta septiembre. La felicidad de sus vecinos era su infierno. No soportaba ni una noche más esa situación.

Se va al trabajo, cansado y de mal humor. Llega a su oficina, comenta  en el trabajo la situación que esta pasando, y que si esto dura un día más va a cometer un asesinato múltiple; un compañero le da una idea, -coge una grabadora y grábales las conversaciones, y por la mañana cuando te levantes, pones a todo volumen el CD con lo que has grabado, y tan contento te vienes a la oficina, ya verás el resultado-.

Así lo hizo, llego a casa y esa noche se dedico a gravar las 5 horas de charla, gritos, chapuceo incluido y música, pues ya se habían pasado al cante.

Al día siguiente se levanto, abrió la ventana, conecto la el CD a unos altavoces y se marcho a trabajar.

Esa noche, cuando se acostó no se oía ni el zumbido de los mosquitos. A partir de ahí , momento mágico como ninguno, consiguió que no volvieran a hacer ruido por las noches.


 

 

 

REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

" El perro más caro del mundo es él que le come el dinero a su amo sin dar un tajo en su perra vida"

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ACTUALIDAD

Los registradores constatan que la venta de pisos ha caído el 11,5%

Un estudio advierte de que en los últimos tres ejercicios se han iniciado una media de 700.000 viviendas al año, frente a una demanda de 400.000 Al goteo de síntomas que avisan del advenimiento del final de la 'era inmobiliaria' en la que vive España desde hace casi diez años se unieron ayer dos nuevos grifos, los registradores de la propiedad y la consultora especializada RR de Acuña y Asociados. Los primeros informaron de que la venta de viviendas cayó en España el 11,48% en el primer trimestre del 2007 con respecto al mismo periodo del año anterior. La segunda anunció que, según sus cálculos, la demanda de inmuebles, mini-pisos y chalets caerá este año en torno al 5%, a la vez que se generará un exceso de oferta que podría llegar al millón de viviendas, ya que en los últimos tres años se han iniciado una media de 700.000 frente a una demanda de 400.000.



La Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) ha firmado con Provivienda un convenio de colaboración para el fomento del alquiler, que trata de ofrecer más seguridad jurídica a los propietarios cuando ponen sus viviendas en el mercado de arrendamiento.

Provivienda es una asociación que desarrolla programas relacionados con el alojamiento social de jóvenes, inmigrantes y otros colectivos. Además, realiza labores de mediación en el alquiler de viviendas entre las personas que buscan alojamiento y propietarios particulares, a los que les proporcionan un seguro multirriesgo, una garantía de pago de rentas y todas aquellas gestiones relacionadas con el alquiler.

Provivienda señaló en un comunicado que la firma de este convenio es un instrumento que permite ofrecer a los propietarios ‘garantías adicionales' a las que actualmente se vienen ofreciendo.
  Hay que  resaltar la importancia de este convenio, ya que demuestra que el arbitraje de este organismo se sigue consolidando ‘como herramienta necesaria' para el fomento del alquiler.

España cuenta con un índice de alquiler del 15% sobre el total de viviendas ocupadas, cifra que se encuentra muy alejada de la media europea, y que es aún más grave teniendo en cuenta que existen más de dos millones de viviendas vacías, en la mayor parte de los casos por el incumplimiento de los contratos de arrendamiento.
El Alquiler pasará de representar el 5 por ciento actual del negocio al 30 por ciento en dos años con la comercialización del Programa del Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG)

El negocio actual de las Agencias Inmobiliarias españolas se basa de forma casi exclusiva en la venta de viviendas. Esta parte de negocio representa más del 95 por ciento de total de media en las Agencias españolas, frente al 5 por ciento del Alquiler. Una peligrosa dependencia que está comenzando a invertirse debido al aumento del tiempo de venta de inmuebles y la comercialización del Programa de Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG). La previsión es que el Alquiler represente más del 30 por ciento del negocio de las Agencias Inmobiliarias españolas antes de 2010.


La venta de viviendas actualmente supone el 95 por ciento del negocio total de las Agencias, frente al Alquiler que ocupa el 5 por ciento restante. La tendencia debido a las nuevas circunstancias del mercado es que esta proporción se modifique; que la venta disminuya al 70 por ciento para dejar un 30 por ciento al Alquiler.

El producto Alquiler tiene oferta y demanda

Ratios más acordes a la realidad europea, donde el Alquiler ocupa una media del 40 por ciento del negocio total de las Agencias Inmobiliarias, según los datos que maneja el Programa del Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG).

Las Agencias Inmobiliarias ya han comenzado a darse cuenta de la importancia que el Alquiler debe de tener en sus Cuentas de Resultados, según la experiencia del PFAG. “Las Agencias Inmobiliarias tienen todo de su parte para lograr la máxima rentabilidad del Alquiler. Pues cuentan con producto, más de tres millones de viviendas vacías y una enorme demanda por parte de la sociedad”,
El lanzamiento del PFAG está contribuyendo a acelerar el proce-so. En primer lugar porque ofrece a los propietarios Garantía Jurídica y asegura el cobro de la Renta. Pero también porque facilita a las Agencias Inmobiliarias la operación al máximo, dándoles asesora-miento y servicio global.

Máximas facilidades para la Agencias Inmobiliarias
“Las Agencias con PFAG han dejado de ver el Alquiler como algo engorroso, pues les facilitamos totalmente su trabajo. Con PFAG pueden hacer más operaciones de Alquiler en menos tiempo y con la máxima rentabilidad”

El PFAG es el producto líder de Garantía y Gestión Global del Alquiler del mercado español que se comercializa a través de una red de 7.000 profesionales inmobilia-rios distribuidos por toda España. El producto de iniciativa privada es fruto de la unión de cuatro empresas líderes del mercado: la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria, la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad, la empresa de Asistencia Jurídica ACCIÓN LEGAL y la aseguradora D.A.S.
 
LEGISLACIÓN

CORREOS. Real Decreto 503/2007, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1829/1999 de 3 de diiembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo de lo establecido en la Ley 24 /1998 de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
Afecta a los siguientes preceptos:
- Artículo 37. Entrega de envíos postales en entornos especiales o cuando concurran circunstancias o condiciones excepcionales. El artículo 37 del Reglamento postal señala que la autoridad reguladora postal podrá establecer condiciones específicas para facilitar la entrega de los envíos ordinarios en los supuestos de fincas o casas aisladas, en ámbitos de gran desarrollo de construcción y mínima densi-dad de población , así como cuando concurran circunstancias o condiciones geográficas excepcio-nales. Se tiene en cuenta el artículo 3.1 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, que establece la obligatoriedad de que los edificios se proyecten, construyan y mantengan de forma que se facilite el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.
- Artículo 45. Plazos de expedición. Se determina con mayor precisión cuándo concurren circunstancias o condiciones excepcionales de entrega de los envíos postales.
- Artículo 47. Valoración de la calidad del servicio postal universal. E l tiempo transcurrido desde la fijación de los objetivos de calidad exigibles al operador encargado de la prestación del servicio postal universal obliga a modificar los parámetros estableci-dos en el artículo 45 del Reglamento postal, que determina los plazos de expedición y las normas de regularidad de los envíos postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal. Se incorporan al propio reglamento las fórmulas e importes de las minoraciones de la cuantía anual de financiación pública del servicio postal universal por incumplimiento de los parámetros de calidad, establecidos en el Plan de prestación del servicio postal universal para el operador que tiene encomendada esa prestación.
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MODELOS DECLARACIONES CEN-SALES. Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesio-nales y retenedores.
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DISCAPACIDA. Real Decreto 505/ 2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
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EXTRANJEROS. Orden PRE/1282/ 2007, de 10 de mayo, sobre me-dios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España.
Origen de esta Orden: Desarrolla el articulo 25 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que enuncia, entre los requisitos para la entrada en territorio español de los extranjeros, el de acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretendan permanecer en España , o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios, y el articulo 8 de su Reglamento el cual remite a una Orden Ministerial la determinación de la cuantía de los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión.
A quién se aplica: extranjeros que deseen efectuar su entrada en territorio español y se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, cuyo artículo 1º alude a los que carecen de nacionalidad española.
Excepciones:
- Ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea , de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, Suiza, Andorra y sus familiares.
- Extranjeros con pasaporte en vigor y sean titulares de autorización o tarjeta de residencia o de estancia por estudios, o tarjeta de acreditación diplomática, o, tarjeta de trabajador transfronterizo.
- Extranjeros provistos de pasaporte en vigor y visado en vigor por el que se les autoriza a residir, a residir y trabajar, ya sea por cuenta propia o ajena, o para realizar estudios en España.
- Extranjeros provistos de pasaporte en vigor y autorización de regreso expedida según lo previsto en los artículos 6.3 y 18.6 y 7 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto 2393/2004.
Recursos económicos a acre-ditar:
a) Para su sostenimiento, durante su estancia en España: una cantidad que represente en euros el 10% del salario mínimo interprofesional bruto o su equivalente legal en moneda extranjera multiplicada por el número de días que pretendan permanecer en España y por el número de personas que viajen a su cargo. Hay un mínimo equivalente al 90% del salario mínimo por persona.
b) Para regresar al país de procedencia o para trasladarse en tránsito a terceros países, se acreditará disponer del billete o billetes nominativos, intransferibles y cerrados, en el medio de transporte que pretendan utilizar.
Modo de acreditarlos: exhibición del efectivo, presentación de cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago, o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañadas del extracto de la cuenta bancaria o una libreta bancaria puesta al día (no se admitirán cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios de Internet) o cualquier otro medio con el que se acredite fehacientemente la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o cuenta bancaria.
Consecuencias del incumpli-miento: Si no acreditan la tenencia de medios económicos y el billete de transporte, como regla general, se denegará su entrada en territorio español.
Excepcionalmente, se podrá permitir la entrada, reduciendo el tiempo de estancia en proporción a la cuantía de los recursos de que dispongan.
Lugar de acreditación: en las fronteras exteriores, en las entradas de transportes terrestres, marítimos y aéreos procedentes o con escala en terceros países.
Entrada en vigor: 12 de mayo de 2007.
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CARTA DE INVITACIÓN . Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado.

Objetivos de la Orden:
- Regular los términos y requisitos que ha de cumplir el particular que realiza una invitación a favor de un extranjero asumiendo el compromiso de costear su alojamiento.
- Establecer el modelo oficial de carta de invitación, que podrá ser exigida en el puesto fronterizo español al extranjero que pretenda entrar en España y podrá ser aportada por éste ante el Consulado español, cuando se trate de nacionales de países sujetos al visado de estancia, al objeto de apoyar su solicitud.
- Fija el procedimiento de obtención. El particular deberá dirigir su solicitud a la Comisaría de Policía de su lugar de residencia, que será la competente para su tramitación y expedición.
- Efectos: lo único que justifica es el requisito relativo al hospedaje.
- Plazo para resolver: “lo antes posible”.
- Tasa: la devengará en el momento de la expedición:
- Modelo: Lo elaborará la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, atendiendo al Anexo que ahora se publica y a medidas de seguridad.
- Entrada en vigor: a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado que tuvo lugar el 11 de mayo de 2007.
Comentario: En la Exposición de Motivos no se da ninguna explicación convincente –pues no lo es la de posibles falsificaciones- acerca de la sustitución del ágil sistema actual de las actas notariales y consulares de invitación (que no se las nombra) por este otro que prevé todo un procedimiento administrativo con nombramiento de instructor y resoluble “lo antes posible” y todo ello para cumplir tan sólo con uno de los requisitos –el hospedaje- de los exigidos para la entrada de extranjeros. Lo que parece más bien es que el Gobierno intenta cegar, por medios burocráticos, uno de los modos de llegada de emigrantes a nuestro país, tal vez presionado por los graves problemas derivados de su afluencia masiva en los últimos años sin previo contrato de trabajo.
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BUQUES. Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de matrícula de buques.
Este real decreto tiene por objeto establecer el procedimiento para el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo ya registradas o a registrar en la Lista séptima del Registro de matrícula de buques de las enumeradas en el artículo 4.1 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio , por el que se regula el abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.
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ASOCIACIONES. Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa con código 017 «Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones», previstas en el artículo 35 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Tres son las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional por la Constitución (art.161) y que se desarrollan en la ley orgánica reguladora de la institución: la protección de la supremacía constitucional, y la consiguiente depuración del ordenamiento de las normas contrarias a los mandatos constitucionales; la protección de derechos fundamen-tales, y la resolución de conflictos territoriales.
Todas las funciones han de ser atendidas y ninguna lo ha de ser en detrimento de las demás. Sin embargo existen un cúmulo de factores de contribuyen a retardar su funcionamiento, siendo de destacar el gran incremento de recursos de amparo y la lentitud de los procedimientos que se desarrollan ante el Alto Tribunal.
La presente reforma pretende reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente con su misión.

 Novedades en el recurso de amparo:
- Configuración del trámite de admisión del recurso de amparo. Frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, ahora se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado.
- Se atribuye potestad resolutoria a las Secciones .
- Se introduce una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas. Ahora se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia de amparo.
- Se amplia el incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de lulio ), previo al amparo, para otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico       

Procedimiento:
- La ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no sólo se les permite realizar alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el fondo de la cuestión.
- Se introduce la posibilidad de personación de los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal Constitucional en los 15 días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este procedimiento de constitucionalidad.
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MODELOS HACIENDA. Orden EHA/1433/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
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SUELO. LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Entrada en vigor: el 1º de julio de 2007.
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REGISTROS CIVILES. Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los registros civiles y digitalización de sus archivos.

Esta Orden tiene por objeto impulsar la informatización de los Registros Civiles y para ello:
- Se aprueba la versión de la aplicación informática Inforeg (4.0) de los Registros Civiles.
- Se crea el Libro Complemen-tario de Inscripciones Margi-nales que existirá respecto de las Secciones primera o «De nacimientos y general», segunda o «De matrimonios », tercera o «De defunciones» y cuarta o «De tutelas y representaciones legales».
- Se regula el proceso de recuperación digital de los archivos manuscritos anteriores a la informatización de los Registros así como la gestión de las incidencias relativas a este proceso.
- Se modifican las reglas por las que se rige la organización y llevanza de los libros que forman el archivo de los Registros Civiles Informatizados.
- Se regula la posibilidad de la gestión informática de los expedientes tramitados en los Registros Civiles.  

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ABOGADOS DEL ESTADO . Orden JUS/1492/2007, de 21 de mayo, sobre organización de la Abogacía del Estado en el ámbito auto-nómico.
Esta Orden desarrolla la modifica-ción acaecida este año en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003 de 25 de julio, en lo que respecta a las funciones y competencias de la nueva figura -los Abogados del Estado-Jefes en las Comunidades Autónomas-, como instancia funcional de apoyo y coordinación de las Abogacías del Estado provinciales, de asesora-miento especial al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma y de auxilio a la propia Abogacía General del Estado.

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HACIENDA
CONSULTAS EMITIDAS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TRIBUTOS
ÓRGANO : SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA SALIDA : 09/04/2007
NORMATIVA: Ley 37/1992 arts. 5, 20-Uno-23º, 164
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Comuni-dad de propietarios de unos terre-nos que los va a ceder a un Ayuntamiento mediante contra-prestación y que éste utilizará para la promoción de la práctica del parapente y ala delta.

La zona de terreno cedida consta de acceso por carretera, zona de aparcamiento, construcción-alber-gue y pista de despegue, compro-metiéndose el citado Ayuntamiento al acondicionamiento de todas las instalaciones.

CUESTIÓN-PLANTEADA: Tributa-ción por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Obligaciones de la comunidad consultante .

CONTESTACIÓN COMPLETA: 1.- De acuerdo con lo dispuesto por el apartado Uno del artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre):

“Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”.

La condición de empresario o profesional se describe en el artículo 5 de la Ley considerando como tales a quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En particular, tendrán dicha consideración los arrenda-dores de bienes.

El artículo 11, apartado dos, número 2º señala que tienen la consideración de servicios los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra.

Por su parte, el artículo 20, apartado uno, número 23º establece que estarán exentos:

“Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:


a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de una finca rústica”.

Conforme a lo anterior, estará sujeto pero exento del Impuesto sobre el Valor Añadido el arrendamiento del terreno objeto de consulta efectuado por la comunidad de propietarios consultante para un Ayuntamiento mediante contraprestación y que este último utilizará para la promoción de la práctica del parapente y ala delta, supuesto que dicha actividad no tiene la condición de actividad empresarial o profesional sujeta al tributo.

2.- Las obligaciones de los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido están recogidas en el artículo 164 de la Ley 37/1992, cuyos requisitos, límites y condiciones se determinan regla-mentariamente.

A tal efecto, el artículo 1, apartado 2, del Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados censos tributarios (Boletín Oficial del Estado del 5 de septiembre), declara que no se incluirán en el censo de obligados tributarios (actualmente censo de empre-sarios, profesionales y retenedores según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al número 23º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.


Por su parte, el artículo 71, apartado 1, párrafo tercero del Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre) establece que la obligación de presentar declaraciones-liquidacio-nes así como la declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto.

Por tanto, si la comunidad de propietarios consultante realizase exclusivamente arrendamientos de terrenos exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo establecido en el artículo 20.Uno.23º de la Ley 37/1992, aquélla no tendrá obligación de darse de alta en el censo de obligados tributarios (actualmente censo de empresarios, profesionales y retenedores) ni de presentar declaraciones-liquidaciones y la declaración resumen anual del Impuesto.

3.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

SENTENCIAS

28079110012006204048

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 469/2003

Nº de Resolución:

Procedimiento: CIVIL

Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS

Tipo de Resolución: Auto

Resumen: Recurso de casación por interés casacional contra Sentencia recaída en juicio ordinario sobre propiedad horizontal tramitado en atención a la materia.- Inadmisión del recurso de casación por inexistencia de interés casacional (art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000).

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil seis.

I. ANTECEDENTES
DE HECHO

1.- La representación procesal de Dª María Luisa , presentó el día 31 de enero de 2003, escrito de

interposición del recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 10 de diciembre de 2002, por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Primera), en el rollo de apelación nº 475/2002, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 433/2001 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Valladolid.

2.- Mediante Diligencia de Ordenación de 13 de febrero de 2003 se tuvo por interpuesto el recurso

acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes el día 17 de febrero de 2003.

3.- El Procurador D. Carlos Mairata Laviña, en nombre y representación de Dª María Luisa , presentó escrito ante esta Sala el día 13 de marzo de 2003, personándose en concepto de recurrente. El Procurador D. José Murga Rodríguez, en nombre y representación de Dª María Inmaculada , presentó escrito ante esta Sala el día 12 de marzo de 2003 , personándose en concepto de recurrido, siendo sustituido en la representación procesal de dicha parte por D. Alfonso de Murga Florido.

4.- Por Providencia de fecha 10 de octubre de 2006 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso, a las partes personadas.

5.- Mediante escrito presentado el día 3 de noviembre de 2006, la parte recurrente muestra su

oposición a las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos por la LEC 2000, mientras que la parte recurrida, mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2006 se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Juan Antonio Xiol Ríos

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia dictada con posterioridad a la

entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero , por lo que es indiscutible la sujeción de la preparación del recurso al régimen que ésta establece. Por otro lado, puso término a un juicio ordinario sobre propiedad horizontal que, de conformidad con la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a la materia, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal tercero del citado art. 477.2 de la LEC 2000 , habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000 , lo que requiere acreditar la existencia de interés casacional, según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de 26 de mayo, 201/2004, de 27 de mayo y 208/2004, de 2 de junio y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero ,

conforme a los cuales tal criterio, adoptado por la Junta General de Magistrados de 12 de diciembre de 2000, no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española.

La parte recurrente, preparó recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC

2000 y, tras citar como preceptos legales infringidos los arts. 396 y 397 del Código Civil y los arts. 7.1, 12 y 17, regla 1ª, de la Ley de Propiedad Horizontal en su redacción dada por la Ley 8/99, alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando como infringidas las Sentencias de esta Sala de fechas 10 de abril de 1995, 5 de mayo de 1994, 22 de octubre de 1993 y 10 de diciembre de 1990, las cuales establecen para los supuestos de realización de obras por parte de los propietarios de locales comerciales, afectantes al elemento común de fachada, pared o muro exterior, sin previa autorización de la Comunidad de Propietarios, y a propia iniciativa, que la fachada, pared o muro exterior tiene la configuración de elemento común, sin que ningún caso los propietarios puedan alterar los elementos comunes si no están autorizados en la forma prevista para la modificación de estatutos, necesitándose realizarla con el consentimiento de todos.

Utilizado en el escrito de preparación el cauce del interés casacional para acceder a la casación

resulta que dicha vía es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.

2.- El recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional,

prevista en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000 , pues basta examinar la Sentencia recurrida para comprobar como la misma no se opone a la doctrina del Tribunal Supremo alegada como infringida, ya que dicha doctrina está prevista para los supuestos de realización de obras por parte de los propietarios de locales comerciales, afectantes al elemento común de fachada, pared o muro exterior, sin previa autorización de la Comunidad de Propietarios, eludiendo la parte recurrente que la resolución recurrida, en su Fundamento de Derecho Segundo, establece que el supuesto ante el que nos encontramos no es el de un propietario de local de negocio que efectúa obras afectantes a elementos comunes para las que, obviamente, necesitaría autorización de la Comunidad, sino que lo que aquí acontece es que la propia Comunidad de Propietarios, en decisión que no ha sido combatida, autoriza expresamente la conversión del destino y utilización de un elemento privativo configurado como vivienda en local de negocio, lo que necesariamente lleva implícita la autorización para efectuar las obras precisas de acondicionamiento de lo que antes era vivienda en lo que ahora debe ser local de negocio, que por propia definición supone la

necesidad de tener el establecimiento abierto al público y acomodar las dependencias a la nueva actividad a desarrollar.

En la medida que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala

citadas como infringidas en el escrito preparatorio, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales

elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, de 14 de septiembre, 26 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en recursos 2340/2001, 2139/2001 y 2261/2001).

3.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 LEC 2000 , dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno

4.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y

presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada, procede imponer las costas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de Dª

María Luisa contra la Sentencia dictada con fecha 10 de diciembre de 2002, por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Primera), en el rollo de apelación nº 475/2002, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 433/2001 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Valladolid.

2º) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3º) IMPONER las costas a la parte recurrente.

4º)Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia,

llevándose a cabo por este Tribunal la notificación de la presente resolución a las partes recurrente y recurrida comparecida ante esta Sala.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.

Resoluciones
de la DGRN

LA FIJACIÓN DE NUEVAS CUOTAS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL REQUIERE ACUERDO INDIVIDUAL DE LOS PROPIETARIOS.
R. 19 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Comunidad de Propietarios – Registro de Jávea.

Se plantea si, para la modificación de las cuotas de participación en la comunidad que se establecieron en el título constitutivo del régimen de propiedad horizontal, basta la ejecución del acuerdo unánime de la Junta de Propietarios por el presidente, o es necesario que conste en documento público el consentimiento individualizado de todos los propietarios, como sostiene el Registrador.

La Dirección parte de la distinción entre acuerdos que tienen el carácter de actos colectivos, que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como órgano comunitario y aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del derecho de dominio, requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el cual habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro; y a continuación repasa diferentes casos en los que ha considerado actos de Junta , que requieren la unanimidad de los propietarios en los términos previstos por el art. 17.1 LPH y que, por tanto, no requieren la prestación del consentimiento individualizado de los titulares registrales, como son: la desafectación y venta de determinados elementos comunes (RR. de 04.03.2004, 23.03.2005 y 30.11.2006); la vinculación ob rem de los trasteros a las viviendas, como anejos (R. de 31.03.2005) o determinada modificación de los estatutos (R. 05.07.2005). Y casos que requieren consentimiento individualizado en escritura pública de los propietarios, titulares registrales y de sus cónyuges, como son: la determinación de la superficie y demás elementos identificadores del trastero que corresponde a cada uno de los pisos (R. 12.12.2002) o la conversión de un elemento privativo en común (R. 23.06.2001).

En el caso planteado , para decidir si este acto concreto entra o no en ese ámbito de competencias de la Junta de Propietarios como acto colectivo de la misma, hay que tener en cuenta lo que la cuota de participación representa en el régimen de propiedad horizontal, y aunque dicha cuota puede tener diversas aplicaciones, tales como señalar la proporción en la propiedad total del edificio o en la distribución de gastos y cargas, y ni en la LH ni en la LPH se hace referencia a la existencia de una cuota que fije la participación de cualquier propietario en los elementos comunes, es precisamente la proporción del interés de los propietarios en estos elementos la que reviste mayor importancia, pues determinará su participación en los nuevos locales en caso de elevación del edificio, o en el solar si aquél se destruye, y si se extinguiese el régimen de propiedad horizontal, esa cuota de participación en relación con el total valor del inmueble se traduciría en una cuota de liquidación en consonancia con la de participación fijada (R. 5.5.1970). De ahí que las modificaciones de la misma, y salvo en casos como la desafectación de elementos comunes y subsiguiente venta de los mismos, que implican reajuste proporcional de las demás cuotas (RR de. 05.05.1970 y 15.06.1973) o la creación de nuevos pisos o locales, siempre que de ello tampoco resulte alterado el contenido esencial del derecho de cada propietario , en tanto en cuanto afectan al contenido esencial del derecho de dominio, habrán de realizarse con el consentimiento individual y singular de todos los propietarios afectados en escritura pública . (MN)

http://www.boe.es/boe/
dias/2007/06/01/pdfs/
A23973-23975.pdf

http://www.notariosy
registradores.com/