LLAVE EN MANO
Las últimas novedades y noticias
del mundo inmobiliario

Nº 36
Marzo/2007

 
NOTICIAS

El Tribunal Constitucional avala a la Iglesia en la destitución de los docentes de Religión

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto no admitir la cuestión de inconstitucionalidad de un conjunto de artículos sobre la designación de los profesores de Religión y el contenido de esta asignatura, del Acuerdo de Enseñanza que el Gobierno y la Santa Sede suscribie-ron en 1979. Asimismo, el alto tribunal ha decidido desestimar la inconstitucionalidad del resto del contenido de dicho acuerdo.

El fallo del Tribunal Constitucional se produce a raíz de la remisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de Religión María del Carmen Galayo Macías, a quien las autoridades eclesiásticas de las Islas no renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente.

La docente, una vez desestimó su demanda el Juzgado pertinente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a su vez, antes de pronunciarse, elevó el caso al TC para que determinara si se ajustan a la Carta Magna los contenidos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que el Gobierno y la Santa Sede.

El TC resuelve que «ha de corres-ponder a las confesiones la compe-tencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo».

Constituida la Asociación Española de Abogados Urbanistas y Profesionales

La Asociación está inscrita legal-mente en el Registro Nacional de Asociaciones y tiene entre sus fines fomentar y difundir el conocimiento en la materia de Urbanismo, en sus vertientes: Dº Urbanístico, Dº Inmobiliario y de la Construcción y Medio Ambiente, para lo que se realizarán continuas actividades, tales como conferencias, cursos de formación, eventos, simposios, etc.

Está integrada especialmente por Abogados que en su actuación profesional se han especializado en la materia de Urbanismo y tiene su ambito de actuación todo el territorio Nacional.

La sede de la Asociación está en Madrid, en calle Rodríguez San Pedro nº 13 Bis (28015 Madrid) y el teléfono de contacto es el 91 593 32 43.

Su Presidente es D. José María García Gutiérrez, abogado y Director del Bufete AAFIL Abogados.

http://www.aeaurbanistas.com/

Asociacion@aeaurbanistas.com



El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que aprobó el Gobierno de la Generalitat el pasado mes de diciembre prevé multas de 900.000 euros para la sobreocupación de viviendas que conlleve una situación de ‘peligro’ para las personas

El proyecto también impondrá sanciones de 90.000 euros en aquellos casos en que se detecte hacinamiento, pero que no impliquen riesgos para la vida de las personas.

La ley pretende ‘tipificar muy claramente la sobre ocupación de viviendas’, teniendo en cuenta el número de personas que viven así como los casos en que ‘se utilizan como lugares en los que no es posible vivir’, como almacenes o subterráneos.

 

Publicado el primer borrador del nuevo Plan General de Contabilidad

El texto puede consultarse desde hoy en las páginas web del Ministerio de Economía y Hacienda
(www.meh.es)
y del ICAC
(www.icac.meh.es)

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Proyecto de Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que desarrolla una reforma global del sistema, según el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en el Palacio de La Moncloa.

Este Proyecto de Ley tendrá como desarrollo reglamentario un nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), cuyo primer borrador ha sido elaborado por el ICAC sobre la base de las conclusiones de los grupos de trabajo constituidos por Reso-luciones del ICAC de 11 de julio de 2005 y de 22 de septiembre de 2005, y que han estado integrados por representantes de los diferen-tes colectivos relacionados con la información económico-financiera.

Este primer borrador se encuentra sometido obviamente a las decisio-nes que finalmente se adopten en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y que, asimismo, podrá ser modificado con las observaciones y comentarios que se formulen a lo largo de su posterior tramitación ordinaria.

No obstante, al objeto de satisfacer una necesidad ampliamente de-mandada, el ICAC lo pone en conocimiento de todos los interesa-dos, en aras de contribuir a la mayor difusión de los contenidos previsibles de una norma de la importancia y trascendencia como es el PGC, dando tiempo suficiente para la preparación al cambio y siempre con la advertencia de que se trata de un primer texto, fruto de los citados trabajos y que, en consecuencia, podría verse modificado en los términos señalados.

La publicación de este primer borrador constituye un paso más hacia el objetivo que se ha marcado el Gobierno de seguir avanzando en el desarrollo de la normativa contable española en sintonía con el progreso contable a nivel interna-cional, fundamentalmente en aque-llos aspectos que los reglamentos comunitarios regulen con carácter obligatorio.
Todo ello, con la finalidad de garantizar la comparabilidad de la información contable suministrada por las empresas españolas y las europeas, así como el manteni-miento de nuestra norma contable en el ordenamiento jurídico, en cuya virtud, otros ámbitos del Derecho han venido tomando el modelo contable como referente para regular determinados derechos y obligaciones.

En consecuencia, un marco estable de referencia en sintonía con el Derecho comunitario derivado, que en ningún caso implicará abandonar la actual estructura del PGC (un modelo de amplia aceptación y aplicación, en armonía con las Directivas contables, así como con otros emisores de pronunciamientos contables, nacionales e internaciona-les), en el que continuará incluyén-dose el núcleo básico de la regulación contable, que no obstante será objeto de desarrollo en las correspondientes Resoluciones del ICAC.

 

 

Contenido y ámbito de aplicación

En relación con su contenido y ámbito de aplicación deben reali-zarse una serie de precisiones. La estructura del nuevo PGC es la misma de planes anteriores: desarrollo reglamentario de las normas de valoración; definiciones previstas y un sistema de relaciones contables.

Sin embargo, a diferencia del Plan de 1990, el futuro PGC regulará de forma detallada las denominadas por la norma internacional “Combi-naciones de negocios” (operaciones de reestructuración empresarial), así como el tratamiento contable de los llamados en 1990 nuevos instrumen-tos financieros, que en la actualidad han alcanzado un gran desarrollo y aplicación.
Siguiendo el objetivo de armoniza-ción marcado por las instituciones comunitarias, en su redacción se ha tomado como referente con ca-rácter general las normas interna-cionales de contabilidad adoptadas por la Comisión Europea en vigor.
En consecuencia, la posterior evolución de estas normas podría conducir a una posterior revisión de determinados contenidos.

Asimismo, este primer borrador contiene el tratamiento de las operaciones que suelen realizar la generalidad de las empresas, no recogiendo finalmente un trata-miento específico para los activos y productos biológicos, propios de un sector de actividad concreto, y cuya previsión es que queden regulados posteriormente en un desarrollo sectorial del PGC.

El futuro PGC será obligatorio para todas las empresas. No obstante, con la finalidad de facilitar su aplicación en las entidades de menor dimensión económica, y en función de la tramitación parlamen-taria, el ICAC está trabajando en la revisión del vigente régimen simplificado de la contabilidad, con el objetivo de hacer compatible las necesidades reales de estas empresas con el progreso de la técnica contable.

Fuente: Ministerio de Economia

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ARTICULO
LA RETENCIÓN O INGRESO A CUENTA EN LAS TRANSMISIONES INMOBILIARIAS DE NO RESIDENTES

La Ley 35/2006 de 28 de Noviembre del IRPF ha supuesto un cambio radical sobre la tributación de las plusvalías (hoy ganancias patrimo-niales) tanto para residentes como para no residentes

Respecto de “residentes” la situación se complica extraordinariamente ya que la exención total de los incrementos de patrimonio desap-arece y poco o mucho siempre habrá que pagar.

En efecto, la Ley 35/2006 tiene su propia DT9ª y, además, “con efectos desde el 1 de enero de 2006” modifica la Disposición Transitoria Novena del TR del IRPRF del 2004 respecto de “Ganancias patrimo-niales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994”, y ahora establece un régimen extraordinaria-mente complejo introduciendo un nuevo juego de fechas:

 

 

En primer lugar los incrementos de patrimonio por transmisiones reali-zadas hasta el 19/1/06 inclusive (que se declararán en Junio de 2007) se les aplica el régimen antiguo, de manera que las ganancias patrimo-niales por bienes inmuebles no adscritos a actividades empresa-riales o profesionales adquiridos antes de 31/12/86 quedan exentas.

Pero si la transmisión se produce del 20/1/06 inclusive en adelante la ganancia patrimonial ya nunca quedará totalmente exenta, ya que se tendrá que sacar por regla de tres la ganancia proporcional correspon-diente desde la fecha de adquisición hasta el 20/1/06 y la que corres-ponde desde esa fecha hasta el día de enajenación. A la primera de esas porciones se le aplicará el régimen antiguo, de manera que quedará exenta toda ganancia respecto de bienes adquiridos antes de 31/12/86 y para los adquiridos posteriormente habrá una exención parcial de un 11,11 % por cada año que excede de 2 de permanencia y redondeando al alza las fracciones de año. Para el segundo tramo producido a partir de 20/1/06, ya no habrá exención y se pagará un 18%

La Ley de acuerdo con su Disposición Final Octava va a entrar en vigor el 1/1/07, sin embargo este nuevo sistema de tributación de las ganancias va a tener trascendencia en las producidas en el ejercicio 2006 desde el 20 de enero, ya que cuando se declaren en 2007 lo serán por el nuevo sistema, con lo cual llevamos todo el ejercicio aconsejan-do mal a nuestros clientes pues poco o mucho van a tener que pagar en el IRPF de 2007 aunque sea por la transmisión de bienes adquiridos antes de 31/12/86

Respecto de “no residentes” ya hemos indicado que su legislación remite al IRPF de los residentes y es evidente que este nuevo sistema de tributación de las ganancias patrimoniales también ha de tener trascendencia para ellos.

Por eso la Disposición Final Tercera modifica el TR de la Ley de la Renta de No Residentes, con nueva redac-ción de los apartados 1 y 2 del Art 25.

En el Apartado 1 del Art 25 del TR de la LRNR se unifica el tipo sobre las ganancias patrimoniales de manera que todas éstas –sean inmobiliarias o no- (al igual que ocurre con los residentes) tributarán al tipo del 18%. Otra novedad es que el importe de la retención se ha rebajado hasta un 3%.

Por otro lado, como con el nuevo sistema de cálculo de la ganancia patrimonial ésta nunca va a quedar totalmente exenta, se ha modificado el apartado 2 del Art 25 del TR de LIRNR, en el sentido de que ha desaparecido la exención de retención en la transmisión de inmuebles adquiridos antes de 31/12/86, con lo que desde 1/1/07 siempre habrá que hacer la retención. Afortunadamente para los no residentes, como su ganancia patrimonial se produce instan-táneamente cuando se da la transmisión inmobiliaria, resulta que al no estar vigente la Ley en el año 2006, han quedado exentas todas las devengadas en el presente ejercicio.

Lo que no deja de ser extraño es que salvo error en nuestras aprecia-ciones (lo cual es más que probable ante este juego de fechas más propio del gabinete de los hermanos Marx) las ganancias patrimoniales de los no residentes respecto de bienes adquiridos antes de 31/12/86 y transmitidos tras 19/1/06 queden totalmente exentas, mientras que para los residentes no se va a producir esa exención. ¿Por qué?

Por otro lado esta nueva Ley 35/2006 del IRPF (salvo error por nuestra parte) sólo modifica el Art 25 del TR de la LIRNR, pero no el Art 24, que es el que se refiere al TR del IRPF. De manera que ahora la LIRNR se está refiriendo a la LIRPF que ya no existe… ¿Quiere esto decir que ahora los no residentes dejarán de tener incremento patrimonial en la ex-tinción de comunidad y en la liquida-ción del régimen de comunidad? Pensamos que no, que lo que ocurre es que ahora se produce una incon-gruencia, ya que el Art 24 de LIRNR se sigue refiriendo al Art 31.2 del TR de LIRPF, cuando debería referirse al Art 33.2 de la nueva Ley 35/2006 que es donde se recoge ahora esa exención. Pero como decimos, a pesar de esta incongruencia, no ha habido una clara voluntad de cambiar el sistema de tributación –en este aspecto- de los no residentes.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- PARA LOS RESIDEN-TES las ganancias patrimoniales de bienes adquiridos antes de 31/12/86 por transmisiones producidas hasta 19/1/06 quedarán exentas, mientras que las causadas tras esa fecha nunca van a quedar exentas.

SEGUNDA.- PARA LOS NO RESI-DENTES las ganancias patrimoniales de bienes adquiridos antes de 31/12/86 por transmisiones producidas hasta 31/12/06 quedarán exentas, mientras que las causadas tras esa fecha nunca van a quedar exentas, luego a partir de 1/1/07 siempre habrá que retener.

TERCERA.- Hasta el 31/12/06 el importe de la retención es del 5%, desde el 1/1/07 el importe de la retención es del 3%.

Fuente:
www.notariosyregistradores.com

Rafael Pedro Rivas Andrés,
Notario de Alcalà de Xivert (Castellón)


 

 

CONSULTA

¿CAUSA GRAVE PERJUICIO AL DEUDOR HIPOTECARIO EL ARTICULO 637 DE
LA L.E.C,
EN SU PARRAFO SIGUIENTE:
“…A NO SER QUE EJECUTANTE
Y EJECUTADO SE HAYAN
PUESTO DE ACUERDO
SOBRE SU VALOR, ANTES O DURANTE LA EJECUCIÓN” ?

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

SECCIÓN II. VALORACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Artículo 637. Avalúo de los bienes.

Si los bienes embargados no fueren de aquéllos a que se refieren los artículos 634 y 635, se procederá a su avalúo, a no ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución.

Artículo 634. Entrega directa al ejecutante.

1. El tribunal entregará directa-mente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean:

  • Dinero efectivo.
  • Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata dispo-sición.
  • Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.
  • Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal.

2. Cuando se trate de saldos favora-bles en cuenta, con vencimiento diferido, el propio tribunal adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su realización.

3. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, se le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato.

Artículo 635. Acciones y otras formas de participación sociales

1. Si los bienes embargados fueren acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario, se ordenará que se enajenen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados.

Lo mismo se hará si el bien embargado cotiza en cualquier mercado reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial.

2. Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones esta-tutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente.

A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado

La normativa vigente en el procedimiento de ejecución hipotecaria, causa grave perjuicio al deudor, que le subastan su vivienda.

En la escritura de constitución se hace constar en su momento, normalmente, el valor de tasación de la finca para el caso de que en el futuro se tenga que sacar a subasta, y, eso en el propio acto de la constitución de la hipoteca, esto siempre lo exige la entidad financiera (cláusula que favorece a las entidades financieras que son las que redactan la constitución de la hipoteca).

El prestatario del crédito, normal-mente no puede oponerse al pacto, pues siempre la entidad financiera, lo impone. Al fin y al cabo, se convierte la hipoteca en un contrato de adhesión.

El tipo de salida de las subasta es por el valor acordado en la escritura de constitución de la hipoteca, valor normalmente, cuando el mercado inmobiliario esta en alza, valor muy inferior al del mercado.

Cuando el mercado inmobiliario esta en continuo crecimiento, como ocurre en este momento, aunque se empieza a notar las desaceleración, distorsiona sensiblemente el valor del inmueble, pactado en su día para la subasta, del valor real que puede tener la vivienda, originando un menoscabo en el patrimonio del prestatario, ya tocado por circunstancias ajenas como puede ser una enfermedad, una muerte, o una perdida de empleo).

Entre la fecha de constitución y la posible ejecución hipotecaría, transcurre un largo período de tiempo, normalmente varios años, con lo cual en valor de la vivienda que se va a subastar puede que haya sufrido un incremento importante, varios millones, pues aunque el mercado inmobiliario, fluctúa incrementando hasta un máximo, y después va bajando, nunca llega a bajar tanto como para alcanzar el precio pactado, por mediación de la tasación que se produce y se incluye en la constitución de la hipoteca

Son frecuentes las diferencias de más del 50% del valor.

¿A quien beneficia esta circuns-tancia? ¿A las entidades financieras? ¿A los subasteros?

Pues a quien no beneficia para nada es al propietario del inmueble.

El subastero puede obtener mejores precios de remate, pues normal-mente al inicial la puja el tipo de salida es inferior al del valor del mercado.

Si se lo adjudica la entidad financiera, convertidas últimamente en inmobiliarias, los ingresos extras que adquieren son muy superiores al dinero prestado con sus corres-pondientes intereses.

Así el ocupante y propietario de la vivienda, se encuentra que después de pagar su deuda a la entidad financiera, no tiene ningún sobrante, que si tendría si la subasta se comenzase teniendo en cuenta una tasación de mercado actualizada.

Si hubiese sobrante después de pagar a la entidad financiera toda la deuda, incluida las costas, se podrá satisfacer otras deudas del propietario del inmueble, o si no las tuviese a beneficio del mismo.

Aquí esta en juego la obtención del actual y justo valor de la vivienda por medio de una subasta, en una circunstancia de gravísima situación familiar para el prestatario lanzado de su vivienda.

Se debería, en todos los procedimientos hipotecarios, valorar la finca nuevamente antes de la subasta, a cuyo efecto debería nombrarse un perito tasador por insaculación, según lo dispuesto en el artículo 638 y 639 de la LEC

Artículo 638. Nombramiento de perito tasador, recusación e intervención de ejecutante y ejecutado en la tasación.

1. Para valorar los bienes, se designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administra-ción de Justicia. En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las Admi-nistraciones públicas que dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colabo-rar, a estos efectos, con la Administración de Justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se nombra-rá perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación, que se for-mará con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así como los Colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para dicha valoración.

2. El perito designado por el tribunal podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido.

Artículo 639. Actuación del perito designado e intervención de las partes y de los acreedores posteriores en la tasación.

1. El nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida.

2. El perito entregará la valoración de los bienes embargados al tribunal en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo. Sólo por causas justificadas, que el tribunal señalará mediante provi-dencia, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración.

3. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 666.

4. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado por el tribunal haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 658 podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el tribunal, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante providencia, sin ulterior recurso, la valoración definitiva a efectos de la ejecución.

Con ello, se obtendría un precio justo, acorde con la realidad del mercado, en beneficio de la familia desposeída de su vivienda, y mayor equidad en el Procedimiento

Para ello seria deseable y justo que se suprimiera del indicado artículo 637 el siguiente párrafo:

“….. a no ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución”

CONSEJOS

COMO AHORRAR ENERGIA CON LA ILUMINACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

La sectorización, los sistemas de temporización y los detectores de presencia, unidos a la utilización de lámparas de bajo consumo y tubos fluorescentes pueden reducir en más del 75% el gasto en iluminación.

En zonas de paso, como portales, escaleras o vestíbulos, es conve-niente usar sistemas de tempori-zación, para que las luces se apaguen una vez transcurrido un periodo prefijado.

Una buena idea es sectorizar los interruptores de las luces de escaleras, vestíbulos, garajes y zonas comunes para evitar que se enciendan a la vez; y promover la instalación de sensores de presencia para que éstas se enciendan realmente cuando se necesiten.

La elección de las luminarias también es muy importante: cuanto mejor reflejen y distribuyan la luz, menos potencia será necesario instalar. Las de aluminio del tipo especular son las de mejor rendimiento, aunque para que no pierdan eficacia necesitan limpieza periódica.

Recuerde que sustituir las lámparas incandescentes por otras de bajo consumo y/o tubos fluorescentes contribuirá al ahorro en la factura eléctrica.

Las lámparas de inducción, depen-diendo de si son estándar o com-pactas, pueden tener una vida útil que varía de las 40.000 a las 100.000 horas. Estos sistemas son, por tanto, ideales para el alumbrado interior y público de zonas residenciales en aquellos lugares de difícil acceso para su recambio.

En jardines, patios y demás zonas a la intemperie, evite dejar luces encendidas instalando un reloj-programador de encendido y apaga-do o utilizando sistemas de célula fotoeléctrica, que apagan las luces cuando la iluminación ambiente supera un cierto nivel.

Para zonas ajardinadas, existen luminarias y globos de farola que minimizan la contaminación lumínica al dirigir el flujo luminoso hacia el suelo, sin que se "escape" luz hacia el cielo. Téngalo en cuenta.

A partir de una determinada hora de la noche se debería bajar el nivel de iluminación de zonas poco transita-das o desconectar algunas luces, manteniéndose aquellas que se consideren imprescindibles.

En todo momento, es muy importante iluminar solamente los espacios que lo requieran y no emitir luz hacia zonas no deseadas: además de ahorrar energía evitare-mos deslumbramientos molestos.



ANECDOTARIO

EL RUIDO

Si hay un aspecto realmente molesto en la convivencia diaria de una comunidad es el ruido en sus diferentes facetas.
En el edificio se había vendido el primero A y los nuevos propietarios, según el conserje, eran amables y dicharacheros.

Los primeros días la convivencia fue pacifica. El edificio seguía sin tener problemas. Era una comunidad modélica como pocas.

Hasta que D. Juan vecino del bajo, empezó todas las noches a altas horas de la madrugada a percibir unos ruidos. Eran pisadas de zapatos.

Sus nuevos vecinos parece ser que eran noctámbulos. Pasaron los días y las pisadas se convirtieron en sus oídos, como un ataque de mortero, que poco a poco se le fue pareciendo a un ataque con misiles.

D. Juan llamo al despacho del administrador de fincas, este se lleno de quejas verbales sobre el uso de zapatos, que en su mayoría eran de tacones de mujer, por el suelo de la vivienda superior, a altas horas de la noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada. Un día si y otro no, D. Juan llamaba al despacho del administrador, donde muy amable-mente le contestaban que eran problemas de convivencia y de buena educación y que los tenían que solucionar entre los vecinos.

¡Por fin!, El administrador cansado de las llamadas de D. Juan, que cada día subían un poco más de tono, llamo a los nuevos propietarios, que aun no se habían presentado en la administración y les hizo ver el malestar de su convecino.

Pasaron varios días y como la llamada no fue suficiente, D. Juan tomo cartas en el asunto; cuando llegaron las Fiestas de Navidad, el día de Reyes, dejo en la puerta de sus vecinos, un hermoso regalo, cuatro pares de zapatillas: una para el marido, otra para la mujer y dos para los hijos. Ese fue su último intento desesperado de conseguir la paz nocturna.

¡Oh, benditas zapatillas! El matrimonio se dio por aludido, la paz reino de nuevo en la Comunidad, pero a partir de ese momento dejaron de saludar a D. Juan.

 

 

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

"Sabe que cuando uno,
es amigo de sí mismo,
lo es también de
todo el mundo
"

Séneca

ACTUALIDAD

ASUNTO: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
(MADRID CAPITAL)

TEXTO: “Como ya conocéis, el Im-puesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal), es un impuesto municipal que se devenga, entre otros casos, cuando se produce la transmisión por cualquier título de un inmueble de naturaleza urbana y cuyo sujeto pasivo, en el caso de una transmisión onerosa, es el transmitente del bien. La novedad consiste en que desde el pasado día 2 de enero, para los inmuebles situados en Madrid Capital, existe en una nueva obligación a cargo del comprador de un inmueble cuyo incumplimiento puede generar el cierre registral.

La Ley 22/2006 de 4 de julio de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid estableció en su dispo-sición adicional 6ª que el Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente a ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obliga-ciones tributarias por este impuesto sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la correspondiente declaración o comunicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, en desarrollo de esta norma, ha establecido que los documentos en cuestión son los siguientes:

a) El ejemplar original de la auto-liquidación con la liquidación bancaria del ingreso;

b) La declaración tributaria debida-mente sellada en las oficinas muni-cipales;

c) La comunicación con los siguientes datos que podrá realizarse directa-mente en las oficinas del

Registro de la Propiedad en impreso al efecto:
- Lugar y notario autorizante de la escritura;
- Numero de protocolo de la escritura y fecha de la misma;
- nombre y apellidos o razón social el transmitente y del adquirente, DNI o NIF de éstos y su domicilio;
- nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso;
- situación del inmueble, participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

En resumen y desde un punto de vista práctico, esta nueva norma lo que supone es que el comprador, al acudir al Registro de la Propiedad a inscribir la escritura de compraventa del inmueble, deberá acreditar que la Plusvalía Municipal - impuesto a cargo del vendedor - ha sido satisfecha y, si esto no es posible, deberá cumplimentar un impreso que le podrá ser facilitado en el mismo Registro indicando todos los datos arriba indicados”

LEGISLACIÓN

VIVIENDAS PLAN ESTATAL
2005- 2008

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2006, por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008.

Su cuantía se fija en 728 euros por metro cuadrado de superficie útil, y servirá como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al Real Decreto 801 /2005, DE 1 DE JULIO, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. En Canarias, la cuantía aplicable será un 10 por 100 superior.

El nuevo precio será de aplicación a las actuaciones en materia de vivienda y suelo calificadas o declaradas como protegidas en el marco del mencionado Plan Estatal a partir del 28 de enero de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias
/2007/01/10/pdfs/
A01193-01193.pdf

ABOGADOS DEL ESTADO. Real Decreto 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

Se crea la figura del Abogado del Estado -Jefe en la Comunidad Autónoma, cuya función fundamen-tal es la coordinación de la asistencia jurídica en el ámbito de la Comunidad Autónoma y el asesoramien-to especial del Delegado del Gobierno.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/13/pdfs/
A01811-01811.pdf


MODELOS 110 Y 111. Orden EHA/30/2007, de 16 de enero, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de declaración -docu-mento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económi-cas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputa-ciones de renta.

Se recoge también en esta Orden quiénes están obligados a presen-tarlos, plazos de presentación y procedimiento, tanto en papel impreso como por medios telemáticos.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/19/pdfs/
A02695-02701.pdf

SEGURIDAD SOCIAL. Orden TAS/31/2007, de 16 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 42/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/19/pdfs/
A02702-02714.pdf

EMIRATOS ÁRABES. CONVENIO entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/23/pdfs/
A03019-03028.pdf

DERECHO MARÍTIMO. DENUNCIA por España del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclama-ciones de derecho marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976.

Dicho Convenio estaba en vigor para España desde el 1 de diciembre de 1986.

Esta Denuncia surtirá efecto para España el 1 de noviembre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/25/pdfs/
A03485-03485.pdf

REGLAMENTO NOTARIAL. Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/29/pdfs/
A04021-04070.pdf

AGENCIA TRIBUTARIA. Resolu-ción de 17 de enero de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributa-ria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2007.

Para el sector inmobiliario, se dan las indicaciones siguientes:
“b) Sector inmobiliario, en el que se continuará avanzando en la planificación integral de las actuaciones. En especial, durante el año 2007 se va a incidir en los siguientes aspectos relevantes: control de la actividad de promoción inmobiliaria, basando este control en un análisis económico de la actividad que permita detectar supuestos de rentabilidad que resulten anorma-les en la actual situación del mercado, control de las transmisiones patrimoniales de inmuebles, para lo cual se emplearán técnicas informáticas de cálculo de los precios de venta para verificar que se adaptan al concepto de precio de mercado que se fija en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades y, finalmente, en el control de las sociedades que dedicándose a la actividad de promoción inmobiliaria han declarado improcedente-mente como sociedades patrimoniales al objeto de aprovechar la menor tributación de las plusvalías de estas entidades, no reuniendo los requisitos para ello. Igualmente, se realizarán actuaciones especiales de control en materia de subcontratación y operaciones inmobiliarias de adquisición, tenencia y transmisión de inmuebles por no residentes.

También en materia de control del sector inmobiliario, se mantendrá la práctica de importantes actua-ciones de captación de informa-ción masiva y normalizada cuyo uso pueda resultar relevante a los efectos de detección de posibles bolsas de fraude tributario, especialmente en lo que se refiere a los desarrollos urbanísticos. En este sentido, las actuaciones de control descritas en el párrafo anterior se nutren ya en este año 2007 de la información obtenida en años anteriores, por lo que las actuaciones de control que se inicien servirán a su vez para conocer la calidad de la información captada y las carencias que deban de ser subsanadas con las actuaciones de captación de información del año 2007.

Durante el año 2007 se impulsarán las Unidades de Investigación en las distintas Dependencias de Inspección, cuyo objetivo principal será la investigación de los principales desarrollos urbanís-ticos y la detección tanto de situaciones irregulares adminis-trativas en materia tributaria que hayan de ser regularizadas por los Equipos y Unidades de Inspección como, en su caso, la detección de posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieran suponer la necesaria traslación de lo investigado a los órganos judiciales competentes. Estas actuaciones de control inmobiliario seguirán suponiendo en el año 2007 el porcentaje más significativo de actuaciones de la Inspección de los Tributos.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/30/pdfs/
A04163-04170.pdf

REGLAMENTO NOTARIAL. Correc-ción de errores del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/07/pdfs/
A05612-05612.pdf

OFERTA EMPLEO PÚBLICO. Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/07/pdfs/
A05613-05622.pdf

PYMES. Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/02/pdfs/
A04816-04820.pdf


ORDEN ITC/71/2007 de 22 de enero
, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homolo-gación de paneles solares.

BOE NÚMERO 23
Fecha Publicación: 26-01-2007

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción
BOE NÚMERO 27
Fecha Publicación: 31-01-2007


ORDEN EHA/275/2007, de 9 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/ 1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas
BOE NÚMERO 40
Fecha Publicación: 15-02-2007

ORDEN EHA/303/2007, de 9 de febrero, por la que se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de borrador de decla-ración, y el modelo 105, de comunicación de datos adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006, que podrán utilizar los contribuyentes no obligados a declarar por dicho impuesto que soliciten la correspondiente devolu-ción, así como los contribuyentes obligados a declarar que soliciten la remisión del borrador de declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de presenta-ción de los mismos, así como las condiciones para su presentación por medios telemáticos o telefónicos
BOE NÚMERO 41
Fecha Publicación: 16-02-2007

INSTRUCCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre requisitos registra-les en la expedición de la certificación literal de nacimiento para la obtención del Documento Nacional de Identidad.
BOE NÚMERO 42
Fecha Publicación: 17-02-2007

REAL DECRETO 239/2007, de 16 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutuali-dades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.
BOE NÚMERO 43
Fecha Publicación: 19-02-2007

COMUNIDAD DE MADRID

ORDEN 8120/2006, de 28 de diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológi-ca, por la que se convocan ayudas a proyectos de inversión para la Rehabilitación y Mejora de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid para el año 2007.
Boletín Oficial: MADRID NÚMERO 26
Fecha Publicación: 31-01-2007


ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Presiden-cia, por la que se aprueba la convocatoria de la concesión de subvenciones a las pequeñas y medianas empresas privadas para el fomento del empleo en la Sierra Norte de Madrid, las cuales estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo ( FSE) , para el ejercicio 2007.
Boletín Oficial: MADRID NÚMERO 31
Fecha Publicación: 06-02-2007


ARAGÓN. LEY 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

Esta Ley -tercera que de forma sistemática desarrolla el Derecho civil aragonés- deroga el Libro Primero («Derecho de la persona y de la familia») de la Compilación del Derecho civil de Aragón en su totalidad.

A partir de ahora, el derecho foral aragonés estará recogido en:

- La Compilación, que queda reducida al Título Preliminar, sobre «Las normas en el Derecho civil de Aragón», y a los Libros Tercero y Cuarto, con algunos preceptos sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamen-te.
- La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte,
- La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.
- Esta Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

Esta Ley tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces hasta ahora contenidas en la Compilación, inspirán-dose en el Derecho histórico.

Como en las otras dos leyes autonómicas antes mencionadas, y a diferencia de la Compilación, las normas no se presentan como peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus principios generales.

La Ley se estructura en cuatro Títulos que siguen las rúbricas de la Compilación:

El Título I se ocupa de la capacidad y estado de las personas con tres capítulos.

Capítulo I. «Capacidad de las personas por razón de la edad». La mayoría de edad se adquiere al cumplir dieciocho años, siendo también mayores de edad los que han contraído matrimonio. La minoría de edad no es una situación de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarro-llando y requieren una formación adecuada a este desarrollo.

Todas las actuaciones deben de estar presididas por el criterio del interés del menor. En armonía con la ausencia histórica en Aragón de la patria potestad, la represen-tación por el padre o la madre se extingue a los catorce años, que fue durante siglos en Aragón el límite de la minoría de edad. A partir de esa edad, la capacidad de los menores se completa con la asistencia que en cada caso proceda, interpretándose las limita-ciones a la capacidad de obrar del menor de forma restrictiva. En otras ocasiones en vez del criterio de la edad se usa el del suficiente juicio, como en el ejercicio de los derechos de la personalidad, que se presume a partir de los catorce. También el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con los usos sociales.

Al menor titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute, según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés. La administración de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria asistencia en cada caso.

Se admite que el padre o madre único titular de la autoridad familiar, así como el tutor único, puedan actuar en representación del menor de catorce no obstante estar en conflicto de intereses con él, considerando suficiente cautela la autorización por la Junta de Parientes o por el Juez. Si la oposición de intereses está en ambos padres, hay que acudir al Juez. Los casos que precisan autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez vienen especificados en los artículos 11 (atribuciones gratuitas), 12 (actos de disposición) y 13 (adicional-mente, para actos del tutor).

La asistencia al mayor de catorce años no puede ser genérica ni posterior ni supone una mani-festación de voluntad, pudiéndosele asimilar la mera presencia sin oposición. El menor mayor de catorce años puede actuar por sí solo, sin necesidad de asistencia, en todos los casos en los que también podría actuar de este modo el menor de catorce años con suficiente juicio y además, respecto de la administración de bienes, en los casos señalados en el artículo 23. Es posible conceder la emancipación al menor desde que cumple catorce años.

Capítulo II. «Incapacidad e incapacita-ción». Se intenta superar las dificultades conocidas de armonización de las leyes estatales sobre la materia con las normas y principios del Derecho aragonés sobre capacidad de las personas, autoridad familiar y tutela. En lo demás seguirá aplicándose como supletorio el Derecho general del Estado. Se parte de la presunción de capacidad sentada en el artículo 31, referida a toda persona mayor de catorce años no incapacitada judicialmente. Las causas de incapacita-ción previstas en el artículo 35 no se apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se refiere a la prodigalidad, no aceptada por el Derecho Histórico como mera protectora de intereses ajenos. Los artículos 38 a 42 completan y aclaran los supuestos en que los procede el régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada y las causas de su extinción.

Capítulo III. «Ausencia». La presente Ley tiene en cuenta las situaciones de desaparición y de ausencia declarada, para señalar, en el primer caso, sobre quién habrá de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y coordinar las consecuencias de la desaparición de una persona casada con las dispo-siciones de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad sobre gestión de bienes consorciales. Son de destacar la proyección de la declaración de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y otro cónyuge (art. 51) y el problema planteado por el llama-miento hereditario a favor de persona declarada ausente (art. 52).

El Titulo II se dedica a las relaciones entre ascendientes y descendientes.

El núcleo central de esta regulación, acorde con el derecho tradicional aragonés donde no había patria potestad, es el deber de crianza y educación de los hijos, presidido por el principio de primacía del interés de éstos. La auto-ridad familiar es una función atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada con dicho deber. Habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función no esencial aneja a la autoridad familiar. Cuando la autoridad familiar se ejercida por otras personas distintas de los padres, su ámbito es idéntico al que a éstos corresponde en el terreno personal, pero no se extiende a la gestión de los bienes del menor (artículo 75.3).

El Título III de la ley se ocupa de las relaciones tutelares, referidas tanto a menores como a incapacitados, sustituyendo la actual regulación que se considera fragmentaria. Regula la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones tutelares, así como la guarda de hecho y la guarda administra-tiva sin tutela como instituciones comple-mentarias de las anteriores. También posibilita el nombramiento de administra-dor de bienes (coexistente con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a título gratuito a favor del menor o incapacitado.

En general, el sistema puede considerarse de «tutela de autoridad», puesto que todas las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercerán bajo la vigilancia del Minis-terio Fiscal, pero se potencia la autonomía de los particulares tanto en la delación como en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acentúan los rasgos familiares. Prevalece la delación volunta-ria, puesto que la dativa o judicial son subsidiarias y complementarias de aquélla y la legal está prevista tan solo en caso de desamparo de menores o incapacitados.

Se admite la llamada «autotutela», es decir, que cualquier persona mayor de edad y capaz, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá en escritura pública designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona y bienes para cuando esté incapacitado,.

En el sistema aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela y cabe también la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los bienes. La administración de los bienes corresponde al tutor, en la medida en la que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no haya designado administrador para determinados bienes la persona de quien proceden estos por título lucrativo.

En el contenido personal de la tutela se acentúan los rasgos familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de tener al pupilo en su compañía.

La edad del menor es decisiva para determinar la extensión y modo de ejercicio de los deberes del tutor. Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la sentencia de incapacitación, pero, en lo que ella no prevea, se considerará que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años:

A la curatela pueden estar sujetos los emancipados, así como los incapacitados en el caso de que así lo determine la sentencia de incapacitación. No hay una curatela para los pródigos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa.

El Título IV trata de la Junta de Parientes dando las reglas generales de composición y funcionamiento de este órgano familiar. Por su gran aceptación social y, para evitar tener que acudir al Juez, en la medida de lo posible, se le dota de más facultades, sobre todo en el ámbito del Derecho de la persona. Sus funciones principales son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes prevén. Normalmente se constituye ante fe notarial (cabe también la judicial), siendo el procedimiento de toma de decisiones libre y fundamental la regla de la unanimidad, comple-tada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a la reunión, deliberación conjunta y decisión conforme al leal saber y entender de los vocales. La decisión de la Junta, ya sea positiva o negativa, impide someter el mismo asunto ante el Juez en funciones de jurisdicción voluntaria.

En las disposiciones finales. Se retocan tres artículos de la Ley de sucesiones por causa de muerte, con incidencia muy pequeña en su contenido, y se modifican tres artículos de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad para armonizar la regulación de la asistencia al mayor de catorce años, suprimir las referencias a la prodigalidad y a la quiebra, y adapta el precepto aragonés a lo dispuesto en la Ley concursal.

Entrada en vigor: el 23 de abril de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/26/pdfs/
A03713-03739.pdf

EXTREMADURA. Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura.

Las normas contenidas en la presente Ley están destinadas a proyectos empresariales cooperati-vos de pequeña o mediana dimensión.

Disposición Adicional quinta: “Con la finalidad de poner en práctica la tramitación telemática de la constitución de la sociedad cooperativa especial se formalizará el oportuno Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Notarial de Extremadura, pudiendo extenderse esta tramitación y esta colaboración a todos los procedimientos registrales y a todas las sociedades cooperativas.

En las materias en las que así resulte necesario para el eficaz ejercicio de las competencias en materia de sociedades cooperati-vas se establecerán Convenios de Colaboración con los Registradores Mercantiles y con la Dirección General del Catastro, y demás entidades y organismos públicos competentes por razón de la materia.”

La legalización de los libros de las sociedades cooperativas se asume por el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura sin que haya de hacerse también en el Registro Mercantil, de conformidad con la disposición adicional sexta del Reglamento del Registro Mercantil
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/27/pdfs/
A03923-03927.pdf

BALEARES. Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.

Dispone el art. 133: Artículo 133. Inscri-pción en el Registro de la Propiedad.
1. Los entes locales tienen que inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
2. Están exentos de inscripción los bienes de dominio público de uso común general.
3. Para la inmatriculación y para la reanudación del trato sucesivo interrumpido de sus bienes es suficiente el certificado que, con relación al inventario aprobado por la respectiva corporación, expida el secretario o la secretaria, con el visto bueno del alcalde o de la alcaldesa o del presidente o de la presidenta, y produce los mismos efectos que una escritura pública, respetando las condiciones y los requisitos previstos en la Ley del patrimonio de las administraciones públicas y la legislación hipotecaria.
4. Los bienes adquiridos por organismos autónomos locales o por entidades públicas empresariales a cargo de sus respectivos presupuestos se inscribirán a su nombre, mientras que los bienes de los entes locales adscritos a estos entes autónomos no pueden inscribirse a nombre de éstos, sin perjuicio de que se haga constar esta adscripción.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/30/pdfs/
A04173-04207.pdf

BALEARES. Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Mediante esta ley se sistematiza la normativa vigente del impuesto, en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de finan-ciación de las comunidades autónomas y de cesión de los tributos del Estado, y se reduce la tributación que por dicho impuesto soportan actualmente los hijos y el cónyuge del causante. Al respecto, se ha optado por la configuración de una deducción que permita la tributación a un tipo de gravamen fijo para dichos colectivos, sin perjuicio del mantenimiento de la bonificación del 99 por 100 para los sujetos pasivos integrados en el grupo I.

El primer título es el de las sucesiones.
- Se regulan las reducciones aplicables a la base imponible en las adquisiciones por causa de muerte.
- Se recoge la tarifa y la cuota íntegra del impuesto. Se introduce el concepto de cuota íntegra corregida, entendida como aquélla que se obtiene tras aplicar a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda a cada sujeto pasivo en función de su parentesco con el causante y de su patrimonio preexistente.
-Se especifican las bonificaciones y deducciones susceptibles de ser aplicadas con carácter general. Especial referencia merece el artículo 19, que regula la deducción autonómica por las adquisiciones a favor de sujetos incluidos en los grupos de parentesco I y II.

El segundo título, relativo a las adquisiciones lucrativas entre vivos. Cabe destacar los siguientes beneficios fiscales:
- Por un lado, las reducciones del 57 por 100 (contenidas en los artículos 27, 29 y 30) por la adquisición, por parte de menores de 36 años y, en su caso, discapacitados, de un inmueble destinado a vivienda habitual o de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
- Por otro lado, la reducción del 99 por 100 en las donaciones a patrimonios protegidos (artículo 28).
- Y, finalmente, la deducción del artículo 35 que da lugar, al igual que en las adquisiciones por causa de muerte, a la tributación por un tipo fijo y cuyos beneficiarios son también los incluidos en los grupos de parentesco I y II.

El título III se dedica a las obligaciones formales:
- El plazo de presentación en donaciones pasa de treinta días hábiles a un mes natural, salvo en caso de presentación telemática que será de un mes y diez días.
- Se introducen dos artículos (39 y 40) que recogen la obligación de presentar determinados documentos o datos espe-cíficos en el caso de transmisiones por causa de muerte y en el caso de donaciones, respectivamente.
- También se recogen, por remisión a las leyes 11/2002 y 10/2003, ambas de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, las normas que establecen la obligación de información y remisión de índices notariales y, en su caso, de los documentos autorizados por los notarios, incluso por vía telemática (artículo 43), que obliga a los registrado-res de la propiedad radicados en territorio de las Illes Balears (artículo 44) a poner en conocimiento de la administración tributaria autonómica los actos y contra-tos que, presentados para inscripción en sus registros, se hayan liquidado en otras comunidades autónomas.
- Se regula la obligación de nombrar representante en el caso de sujetos pasivos no residentes (artículo42).
- Se prevé la posibilidad de que la competencia para la gestión y liquidación del impuesto correspon-da a un órgano o a una entidad, previendo así el caso de que llegue a crearse una agencia tributaria balear.
- En herencias, se establece un plazo de seis meses de resolución en los procedimientos de gestión.
- Se regulan las liquidaciones parciales a cuenta.
- Se suprime la figura del presentador.
- Se puede acordar el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda, siempre que en el inventario de la herencia no haya efectivo o bienes, de fácil realización, suficientes para el pago de dicha deuda.
- Se regulan la información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles y los acuerdos previos de valoración en los arts. 50 y 51.

Es importante novedad la de que se tienen también en cuenta las peculiari-dades propias del Derecho Civil de las Illes Balears tales como la definición o la donación universal, y el finiquito de legítima o los pactos sucesorios (Título V).

Por la disposición adicional única se equiparan las parejas estables o de hecho reguladas en la Ley Autonómica 18/2001, de 19 de diciembre, a los cónyuges, con el alcance que se determina.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/30/pdfs/
A04215-04228.pdf

BALEARES. Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/30/pdfs/
A04229-04252.pdf

EXTREMADURA. Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/27/pdfs/
A03928-03936.pdf

EXTREMADURA. Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/27/pdfs/
A03937-03963.pdf

ASTURIAS. LEY 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/03/pdfs/
A00212-00230.pdf

NAVARRA. Ley FORAL 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.

El texto hace constantes referencias a la actuación de notarios y registradores. Destaquemos algunos artículos:
- El artículo 7 trata del deber de colaboración.
- El Artículo 29, relativo al procedimiento de modificación directa de datos del Registro de la Riqueza Territorial.
- El artículo 43 d) que versa sobre el acceso a datos protegidos sin consentimiento del titular por notarios y registradores.
- Todo el Título IV relativo a la coordinación entre el Registro de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad y la cédula parcelaria. Son los artículo 50 al 62.
- La Disposición adicional tercera, según la cual, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-niales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas otorgadas para formalizar la agrupación o la agregación de varias fincas registrales que mantengan colindancia y que sean consideradas por el Registro de la Riqueza Territorial como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la finca resultante.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/04/pdfs/
A00527-00559.pdf

NAVARRA. Ley FORAL 17/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/01/pdfs/
A04653-04675.pdf

NAVARRA. Ley FORAL 13/2006, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/04/pdfs/
A00559-00562.pdf

NAVARRA. Ley FORAL 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/04/pdfs/
A00562-00583.pdf

NAVARRA. Ley FORAL 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/02/pdfs/
A04828-04880.pdf

GALICIA. LEY 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/16/pdfs/
A02133-02146.pdf

GALICIA. LEY 14/2006, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/06/pdfs/
A05337-05431.pdf

CASTILLA Y LEÓN. Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Con la reforma, en primer lugar, durante la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio podrá suspen-derse no sólo el otorgamiento de licencias sino también la aprobación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística en su ámbito, a fin de garantizar la efectividad futura del nuevo instrumento de ordenación del territorio y evitar procesos especulativos.

En segundo lugar, se habilita la aprobación por Ley de los Planes y Proyectos Regionales que se consideren de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/04/pdfs/
A00583-00583.pdf

CASTILLA Y LEÓN. Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de medidas financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/10/pdfs/
A06010-06019.pdf

ANDALUCÍA. LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/16/pdfs/
A02147-02164.pdf

ANDALUCÍA. LEY 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementa-ria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

I.R.P.F: El artículo 2 trata de la deducción para madre o padre de familia mono-parental y, en su caso, con ascendientes mayores de 75 años y el 3 de la deduc-ción por asistencia a personas con discapacidad.
Las Disposiciones finales 1ª y 2ª modifi-can las deducciones por inversión en vivienda habitual que tenga la considera-ción de protegida y por las personas jóvenes; por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual; por adopción de hijos en el ámbito internacional, y por contribuyentes con discapacidad.

I.S.D.: El artículo 4 modifica la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individua-les, negocios profesionales y participa-ciones en entidades:
1. El requisito de mantenimiento de los bienes adquiridos, previsto en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesio-nes y Donaciones, queda mejorado reduciendo el mismo de diez a cinco años para aquellas adquisiciones mortis causa que tengan que tributar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Se establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99 por 100 en el supuesto de adquisición mortis causa de empresas individuales, de negocios profesionales y de participacio-nes en entidades con domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el caso de adquisición de participaciones en entidades se requerirá, además, que éstas tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Los requisitos relativos a la domiciliación en Andalucía y a la participación en entidades establecidos en los párrafos anteriores para aplicar el porcentaje de reducción del 99 por 100, deberán mantenerse durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/16/pdfs/
A02164-02169.pdf


CANTABRIA. LEY 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/18/pdfs/
A02497-02518.pdf

CANTABRIA. LEY 19/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/19/pdfs/
A02716-02750.pdf

BALEARES. Decreto 108/2006, de 22 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2007 a efectos de plazos administrativos.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/22/pdfs/
A02946-02946.pdf

LA RIOJA. LEY 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/01/23/pdfs/
A03082-03111.pdf

LA RIOJA. LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2007.

IRPF: Se determina la escala autonómica y se modifican las reducciones sobre la cuota íntegra y los requisitos de su aplicación;

ISD: Se amplía el círculo de la reducción en las adquisiciones mortis causa e inter vivos de empresas familiares, negocios profesionales y participación en entidades, asimilando a los efectos de este beneficio fiscal a los cónyuges con las parejas de hecho inscritas en los correspondientes registros oficiales, y a los descendientes y adoptados o ascendientes y adoptantes con los sujetos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
Se mejoran los beneficios fiscales otorgados a los padres que ayudan a los hijos en su acceso a la primera vivienda habitual. Hasta la fecha, únicamente se establecían deducciones para las entregas de dinero en metálico que se destinasen a la compra de la vivienda, si bien no se había previsto todavía la posibilidad de que los padres adquiriesen la vivienda para donarla a los hijos. Con esta nueva medida, la entrega de una vivienda por parte de los padres a uno o a varios hijos tendrá una deducción en la cuota que dependerá del valor real de la vivienda.

ITP: Para los jóvenes empresarios que pretenden crear una sociedad e iniciar una actividad económica, la adquisición de inmuebles que sirvan de sede o de centro de trabajo tendrá tipos reducidos, tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas como en la de actos jurídicos documentados, que se acompañan de alguna deducción adicional cuando la adquisición se efectúe dentro de los primeros tres meses desde la constitución de la sociedad.
También se establecen una serie de obligaciones formales, reforzadas por previsiones encaminadas a evitar interpretaciones extensivas por órganos administrativos y jurisdiccionales, que apliquen los beneficios fiscales más allá de los límites expresamente marcados por la propia Ley.
http://www.boe.es/boe/dias
/2007/01/24/pdfs/
A03302-03322.pdf

VALENCIA. LEY 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Se citan las modificaciones en IRPF, ISD e ITP de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, incluyendo las siguientes:

I.R.P.F: Se modifican los artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo de la Ley, con el objeto de adaptar su redacción a la reforma estatal de la normativa del IRPF.

Se incluye la opción legislativa de establecer como escala autonómica de tipos de gravamen la nueva escala complementaria de tipos de gravamen fijada por la normativa estatal.

Se efectúa un incremento general de la cuantía de los importes fijos y de los límites de renta máxima para la aplicación de diversas deducciones en la cuota autonómica del Impuesto.

Se introduce una nueva deducción por conciliación del trabajo de las madres con la vida familiar, aplicable por cada hijo mayor de tres años y menor de cinco años.

I.S.D.: Se modifican los artículo 10, 10 bis y 12 bis.
En Sucesiones, en primer lugar, se establece una bonificación en la cuota del 99 por 100, aplicable en las adquisiciones mortis causa por los descendientes, cualquiera que sea su edad, por los ascendientes o por el cónyuge del causante, que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana a la fecha del devengo del impuesto.
En segundo lugar, se modifica la reducción en la base imponible aplicable a las adquisiciones mortis causa por discapacitados, equiparando el trato más favorable de los discapacitados físicos o sensoriales con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 al de los discapacitados psíquicos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
En tercer lugar, se mejora la reducción por adquisición mortis causa de empresa agrícola, eliminando el plazo de cuatro años durante los cuales se debían cumplir determinados requisitos, tales como el ejercicio por el causante de la actividad empresarial de forma habitual, personal y directa o que tal actividad no constituyera la principal fuente de renta del mismo.
En donaciones, en primer lugar, se establece una bonificación en la cuota del 99 por 100, con un límite de 420.000 euros, aplicable a las adquisiciones ínter vivos por los hijos, sin distinción de edad, o por los padres del donante, siempre que cuenten con un patrimonio previo a la donación de hasta 2 millones de euros. Dicha bonificación sustituye a la anteriormente vigente. Se busca la neutralidad fiscal del tráfico jurídico en el seno familiar.

ITPYAJD: Se incrementa la cuantía de los límites de renta máxima para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en favor de las familias numerosas.
http://www.boe.es/boe/dias
/ 2007/01/23/pdfs/
A03111-03147.pdf

VALENCIA. LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007.
http://www.boe.es/boe/dias
/2007/01/24/pdfs/
A03322-03392.pdf


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HACIENDA
CONSULTAS EMITIDAS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TRIBUTOS
ÓRGANO : SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 14/12/2006
NORMATIVA: TRLIRPF RDLeg 3/2004, Art. 10
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La comu-nidad consultante tiene en arrendamiento un piso de portería que carece de referencia catastral

CUESTIÓN-PLANTEADA: Al care-cer de referencia catastral, se pregunta sobre la inclusión en la declaración del IRPF de los propietarios de los rendimientos obtenidos por el alquiler.

CONTESTACIÓN-COMPLETA : Las comunidades de propietarios del régimen de propiedad horizontal no constituyen contribuyentes del Im-puesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE del día 10). A su vez, el artículo 89 del mismo texto refundido añade que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los comuneros.
Conforme con lo anterior, los rendimientos procedentes del arren-damiento efectuado por la comuni-dad de propietarios se atribuirán a cada comunero en función de su respectiva participación, a efectos de su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A su vez, al mantener las rentas atribuidas la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan y salvo que el arrendamiento reuniera los requisi-tos que el artículo 25.2 de la misma ley exige para calificarlo como actividad económica, los rendimien-tos del citado arrendamiento procederá calificarlos como del capital inmobiliario.
Respecto a la inclusión de estos rendimientos por cada uno de los propietarios-personas físicas en su correspondiente declaración del IRPF, cabe indicar que los últimos modelos aprobados, los correspon-dientes al ejercicio 2005, incluyen un apartado en el que procede reflejar los rendimientos del capital del régimen de atribución de rentas. No obstante, los aspectos relaciona-dos con la cumplimentación de los modelos D-100 y D-101 son compe-tencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, concreta-mente de la Subdirección General de Técnica Tributaria del Departa-mento de Gestión Tributaria, por lo que con esta fecha se procede a remitirles su escrito.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

SENTENCIAS TS
DE JUSTICIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, de 7 de diciembre de 2006. Tributación por AJD de la distribución de la responsabilidad hipotecaria aunque se verifique en documento privado.

Sobre un solar se constituye un préstamo hipotecario mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Con posterioridad se otorga escritura pública en la que se hace constar la cantidad del préstamo de la que no se ha dispuesto y la cantidad ya amortizada, dándose carta de pago y modificándose el importe del préstamo, que se reduce. Por último, se declara en dicha escritura la correspondiente obra nueva y división en propiedad horizontal respecto del edificio, consintiendo la parte acreedora “para el momento en que el crédito hipotecario que grava la finca referida, se distribuya entre las fincas resultantes de la división horizontal formalizada “quedan libres de toda responsabi-lidad las fincas que se detallan. En la misma fecha las partes otorgan escritura privada de distribución de la carga hipotecaria, quedando excluida de la misma las fincas que se señalaban en la anterior escritura pública. Se discute si la exclusión de parte de los elementos de la propiedad horizontal de la responsa-bilidad del pago de la deuda hipote-caria está sujeta al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal entiende que dicha liberación está sujeta a AJD por suponer una modificación de la hipoteca inicialmente consti-tuida lo que conlleva una nueva distribución. Añade la Sentencia que si antes solo se gravaba el solar y ahora resulta que el pacto expreso constituye la garantía también respecto de parte de los elementos construidos, se ha producido una modificación de los bienes gravados, con independencia de que la distribución de las nuevas responsa-bilidades hipotecarias se haya efectuado en documento privado, modificación que es distinta a la prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994 sobre subrogación y modi-ficación de préstamos hipotecarios.

SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 14/2007,
de 18 de enero de 2007

Cuestión de inconstitucionalidad 1787-2001. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 19 a) de la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 de noviembre, de valoración del suelo.

Competencias sobre urbanismo, derecho de propiedad y legislación de expropiación forzosa: determi-nación del valor urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales (STC 61/1997). Nulidad de precepto autonómico.
www.tribunalconstitucional.es/
jurisprudencia/Stc2007/
STC2007-014.html

Sobre un solar se constituye un préstamo hipotecario mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Con posterioridad se otorga escritura pública en la que se hace constar la cantidad del préstamo de la que no se ha dispuesto y la cantidad ya amortizada, dándose carta de pago y modificándose el importe del préstamo, que se reduce. Por último, se declara en dicha escritura la correspondiente obra nueva y división en propiedad horizontal respecto del edificio, consintiendo la parte acreedora “para el momento en que el crédito hipotecario que grava la finca referida, se distribuya entre las fincas resultantes de la división horizontal formalizada “quedan libres de toda responsabilidad las fincas que se detallan. En la misma fecha las partes otorgan escritura privada de distribución de la carga hipotecaria, quedando excluida de la misma las fincas que se señalaban en la anterior escritura pública. Se discute si la exclusión de parte de los elementos de la propiedad horizontal de la responsabilidad del pago de la deuda hipotecaria está sujeta al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal entiende que dicha liberación está sujeta a AJD por suponer una modificación de la hipoteca inicialmente constituida lo que conlleva una nueva distribu-ción. Añade la Sentencia que si antes solo se gravaba el solar y ahora resulta que el pacto expreso constituye la garantía también respecto de parte de los elementos construidos, se ha producido una modificación de los bienes gravados, con independencia de que la distribución de las nuevas responsabilidades hipotecarias se haya efectuado en documento privado, modificación que es distinta a la prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994 sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

SENTENCIAS TS

Id Cedoj:28079110012007100016
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 837/2000
Nº de Resolución: 14/2007
Procedimiento: CIVIL
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
Propiedad horizontal. Obras rela-tivas a elementos comunes, sin la aprobación de la Junta de la Comu-nidad de Propietarios.
Consentimiento tácito de la actora, en virtud de su falta de protestadurante muchos años a tales obras. Motivo, relativo a la prueba de presunciones, carente manifiestamente de fundamento.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 11 de marzo de 1999, en el rollo número 169/98, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos con el número 455/95 ante el Juzgado de Primera Instancia de Pravia ; recurso que fue interpuesto por la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena (Asturias), representado por la Procuradora doña Raquel Gracia Moneba, siendo recurridos don Agustín y su esposa doña Aurora , representados por el Procurador don Nicolás Álvarez del Real.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1º.- El Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia de Pravia, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra don Agustín y doña Aurora , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: " (...) Que se dicte sentencia por la que se condene a don Agustín y doña Aurora a que repongan a la Comunidad en su estado anterior en que se encontraban tanto: a) El hueco de la escalera, como el patio exterior y a que retiren de los mismos las instalaciones y demás obras llevadas a cabo sobre dichos elementos comunes. b) A que se retiren los letreros luminosos que actualmente invaden la parte de la fachada que excede al local de negocio de los demandados. C) Con expresa imposición de las costas a los demandados".
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, la Procuradora Sra. Moutas Cimodevilla, en su representación, se opuso a la misma, y, suplicó al Juzgado: " (...) Se dicte sentencia desestimatoria de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante".
3º.- El Juzgado de Primera Instancia de Pravia dictó sentencia, en fecha 15 de noviembre de 1997 , cuya parte dispositiva dice literalmente: " (...) Que debo desestimar como desestimo íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios " EDIFICIO000 ", contra Agustín y Aurora absolviendo a los demandados de todas las pretensiones contra ellos deducidas, con expresa imposición de costas a la parte actora".
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia, en fecha 11 de marzo de 1999 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 número NUM000 contra la sentencia dictada en los autos de que dimana el presente rollo, con revocación parcial de la misma, y en consecuencia estimar en parte la demanda instada por dicha actora contra don Agustín y doña Aurora , condenándoles a la retirada de los letreros luminosos en la forma establecida en el fundamento de derecho segundo último párrafo de esta resolución, confirmándose en lo demás los pronunciamientos de la recurrida. No procede expresa condena en cuanto a las costas de ambas instancias".

SEGUNDO.- La Procuradora doña Raquel Gracia Moneba, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de la Arena (Asturias), interpuso, en fecha 23 de marzo de 2000, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1º) Por infracción del artículo 396 del Código Civil , en relación con la Ley de Propiedad Horizontal, antes Ley de Propiedad Horizontal de 1960 , ahora Ley 8/99 de 6 de abril , artículos 7, 11 y 16.1 de la L.P.H. de 1960 y, 17 de la Ley 8/99 de 6 de abril ; 2º) por infracción de la jurisprudencia contenida, entre otras, en SSTS de 10 de julio de 1991, 24 de febrero de 1996 y 27 de junio de 1996 ; 3º) por vulneración del artículo 1.218 del Código Civil ; 4º) por transgresión del artículo 1.253 del Código Civil , y, terminó suplicando a la Sala: " (...) En su día dictar sentencia, casando y anulando la de la mencionada Audiencia, conforme a las pretensiones de esta parte en su demanda con arreglo a los motivos expresados en el presente recurso".

TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador don Nicolás Álvarez del Real, en nombre y represen-tación de don Agustín y doña Aurora , lo impugnó mediante escrito de fecha 28 de junio de 2002, suplicando a la Sala: " (...) Dictando en su día sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 10 de enero de 2007, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena, demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a don Agustín y doña Aurora , e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa se centra principalmente en casación en la determinación de si ha habido o no consentimiento tácito por parte de la Comunidad actora en la realización de obras por los demandados en el patio y en el hueco de la escalera, con el resultado de su anexión al local de su propiedad.

El Juzgado rechazó la demanda, y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el sentido de acoger la petición del escrito inicial concerniente a la retirada de los letreros luminosos en la forma determinada en el último párrafo de su fundamento de derecho segundo y la confirmación de los demás pronunciamientos de la decisión apelada.

La Comunidad de Propietarios indicada ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- Los motivos primero y segundo del recurso, ambos con cobertura en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -uno, por infracción del artículo 396 del Código Civil , en conexión con los artículos 7, 11 y 16.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio , sobre Propiedad Horizontal, y 17 de la Ley 8/199, de 6 de abril , que reformó dicho ordenamiento, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha valorado que el patio es un elemento común por naturaleza, que, en el caso, además consta así en los propios Estatutos, y sin una autorización unánime de la Junta de la Comunidad no puede cerrarse y adscribirse en exclusiva al local comercial, de modo que las obras llevadas a cabo por los demandados en esta parte del edificio, que fue cubierta y anexionada a su local, como en el hueco de la escalera, también integrado al mismo, han alterado los indicados elementos comunes; y otro, por transgresión de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 10 de julio de 1991, 24 de febrero y 27 de junio de 1996 , respecto a que no pueden realizarse alteraciones en los elementos comunes sin la autori-zación de todos los propietarios, y a que el mero conocimiento de las obras en modo alguno supone su aprobación, puesto que, según denuncia, la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta que los litigantes pasivos construyeron sobre el local destinado a patio exterior, el cual fue cubierto con la edificación de un techo que sirve de terraza a los titulares del piso superior, sin que quepa admitir que haya habido un consentimiento tácito por parte de la actora al dejar transcurrir un tiempo sin llevar a juicio a los demandados, pues las obras del patio exterior nunca fueron consentidas según aparece en la documental aportada, referente al Libro de Actas y las denuncias ante la Consejería de Vivienda del Principado de Asturias, y también la testifical obrante en autos- se examinan conjuntamente por su unidad de planteamiento, y se desestiman por las razones que se dicen seguidamente.

La sentencia recurrida justifica su fallo desestimatorio de la demanda respecto al cierre y cubrimiento del patio en la doctrina jurisprudencial relativa al reconocimiento tácito de la Comunidad, indicada en la STS de 13 de julio de 1995 , según la cual: "La realidad del tiempo transcurrido, dieciocho años (en el caso a que se refiere dicha resolución), sin objeción alguna de la existencia del sótano permite traer a colación determinada doctrina de la Sala en torno a la exigencia por la Ley de Propiedad Horizontal del acuerdo unánime de todos los copropietarios para modificar o alterar los elementos comunes del inmueble, al declararse que es preciso que tal consentimiento aparezca suficiente-mente acreditado y concluyente, pero admitiendo la voluntad tácita de los copropietarios, cuando mediante actos inequívocos se llegue a esta conclusión, doctrina la expresada que se encuentra recogida, entre otras, en las SSTS de 28 de abril de 1986, 28 de abril y 16 de octubre de 1992 , y tiene su explicación en que, en razonamiento de la sentencia de 16 de octubre de 1992 , el transcurso pacífico de tan largo periodo de tiempo , (...), sin formular reclamación alguna, debe producir el efecto de tener por renunciado al derecho impugnatorio pues no otra cosa exige la seguridad de las relaciones contractuales, y del tráfico jurídico, la prohibición de ir contra los actos propios y las normas de la buena fe, y, asimismo, la doctrina expuesta tiene acogida en la sentencia de 21 de mayo de 1982 , de aplicación al caso que tratamos aunque el supuesto fáctico se refiere a una reclamación de cantidad, en cuanto señala <<que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actos propios) y, especialmente, infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo (retraso desleal), vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que determinan que el derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impug-narlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el artículo 7.1 del Código Civil >>", cuya posición jurisprudencial es seguida, entre otras, por la STS de 19 de diciembre de 2005 .

Declarado por la sentencia recurrida que ha habido una tolerancia por la comunidad a los actos ahora denun-ciados respecto al patio durante un periodo de más de diecisiete años, sin que este dato fáctico haya sido desvirtuado en este recurso, ha sido correctamente aplicada por la Sala de instancia la doctrina jurispru-dencial citada al declarar la existencia de un consentimiento tácito de la Comunidad a la actuación de la parte demandada.

Respecto a la ocupación de un hueco de la caja del portal por los demandados, cuya obra fue reali-zada en el año 1976, nunca ha existido objeción alguna por la actora, lo que significa la consoli-dación de dicho estado por aquellos durante un amplísimo periodo de tiempo, en que ha quedado de manifiesto la voluntad de la Comunidad del cambio en la situación de hecho mediante su implícita aquiescencia.

TERCERO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 1218 del Código Civil , puesto que, según reprocha, la sentencia de la Audiencia ha manifestado que, desde el 25 de mayo de 1978, en que se celebró Junta de Propietarios en cuya acta se hizo constar que la propiedad del bajo comercial no tiene derecho a cerrar y destinar a patio el almacén y se le requiere a su reposición so pena de ejercitar las acciones legales, la inactividad de la Comunidad aparece como total, sin que haya constancia de lo contrario, hasta el acta de 9 de agosto de 1995, lo que da a entender que la situación de cubrición resultó más que tolerada, sin embargo ha obviado la exis-tencia de dos denuncias ante la Consejería de la Vivienda de fechas 26 de junio de 1978 y 24 de abril de 1980, en virtud de las cuales fue incoado un expediente sancionador, donde, con fecha de 3 de junio de 1985, se impuso a don Agustín como autor de una infracción grave, la multa de 15.000 pesetas por cubrición del patio exterior- se desestima porque la sanción im-puesta en la resolución del expe-diente administrativo número 39/83 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, iniciado a instancia de don Juan Francisco y don Rubén en 25 de abril de 1980, que ratificaron otra denuncia ante el Instituto Nacional de la Vivienda, con entrada en la Delegación Provincial de Oviedo el 30 de junio de 1978, en nombre propio y en representación de las Comunidades de Propietarios de los portales NUM000 y NUM001 del " EDIFICIO000 ", se refiere exclusivamente a la falta de autorización de las obras por el Instituto Nacional de la Vivienda, y la resolución señala que la legitimación o no de las obras y la propiedad de patio y desde qué altura, deben ventilarse ante la jurisdicción ordi-naria, dada la aparente oposición entre la realidad registral y la administrativa, amén de que tam-bién precisa que, notificada la pro-puesta de resolución, los denuncian-tes no comparecieron, pese a cons-tar su recepción en el expediente.

Parece evidente que tales denun-cias, en atención a sus fechas, se derivan de lo acordado en la Junta de Propietarios de 25 de mayo de 1978, y la omisión habida de estos datos objetivos en la sentencia de la Audiencia no modifica la corrección de su parte dispositiva, dada la claridad del contenido de la resolución administrativa, sin que la Comunidad de Propietarios exteriori-zara conducta alguna de repulsa hasta el acta de 9 de agosto de 1995, ni utilizara las vías correspondientes contra el hecho de la realización de obras que pudieran afectar a un elemento general como es el patio, con un uso continuado y público por los demandados, lo que se considera en esta sede como consentimiento tácito.

CUARTO.- El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación del artículo 1253 del Código Civil , debido a que, según censura, la sentencia de apelación ha declarado que, con mención a la invasión del hueco de la escalera, no se hizo referencia alguna en el acta de 9 de agosto de 1995, no obstante en ella fue consignado el acuerdo de realizar las obras en este espacio para facilitar un cuarto que sirviera de guarda de utensilios para uso de los copropietarios, sin que hasta ese momento se conociera la apropia-ción del mismo para su integración al local de los demandados, por tratarse de algo que permanecía oculto y no se observaba desde el portal, por lo que se encargó al abogado de la demandante su reivindicación en la carta remitida el 21 de septiembre de 1995, pues los vecinos se apercibieron de que el hueco de la escalera lo habían anexionado los litigantes pasivos a su local cuando iban a habilitar dicha dependencia para la finalidad aludida, sin que hasta ese instante pudiera ejercitarse la acción corres-pondiente- se desestima porque carece manifiestamente de funda-mento, en atención a que el Juzgador de instancia ni siquiera menciona la prueba de presunciones y, en verdad, no la ha utilizado en sentido propio, según las exigencias del artículo 1253, que autoriza, mas no obliga, a emplear este instru-mento acreditativo, sino que ha obtenido una serie de conclusiones, suficientes para justificar el fallo, a través de los diversos datos demostrativos incorporados a los autos, lo que resulta decisivo para sentar que cuando no se hizo uso de dicho medio probatorio para fundamentar la parte dispositiva, no se ha infringido el precepto indicado (entre otras, SSTS de 13 de noviembre de 1995, 17 de febrero y 5 de mayo de 1998 ).

QUINTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", nº NUM000 , de San Juan de Arena, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo en fecha de once de marzo de mil novecientos noventa y nueve . Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronuncia-mos, mandamos y firmamos . ROMÁN GARCÍA VARELA. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA. Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

GUIA DEL PROPIETARIO

DEFINICIONES DE INTERÉS

Precio
El precio a pagar habrá de ser cierto y determinable, y consistirá en dinero o signo que lo represente. En caso de no cumplirse este requisito esencial, las prestaciones de ambas partes consistirían en la entrega de una cosa, con lo que la figura resultante sería una PERMUTA

No es preciso especificar la cantidad de dinero en el momento en que se celebre el contrato, siempre que la determinación cuantitativa no se deje al arbitrio de uno de los contratantes. Si la determinación del precio queda al arbitrio de un tercero, y éste no se pronuncia a la hora de realizar la determinación, el contrato será ineficaz. Cabe añadir que el tercero habrá de actuar acorde a la equidad, pudiendo impugnarse su decisión si no ha aplicado tal principio. Algo similar sucede cuando no se haya ajustado a las instrucciones fijadas en el contrato por las partes.

Acorde a la STS de 22 de junio de 1979, no se requiere un precio justo, pues debido a la inspiración ideológica liberal de nuestro Código Civil, las cosas tienen por valor lo que por ellas está dispuesto a pagarse. Por ello, el precio se deja a merced de las fuerzas del mercado, con excepciones notables en las que la ley impone un precio legal máximo. Cabe destacar como ejemplos ilustrativos la regulación de la venta de viviendas de protección oficial, así como la legislación protectora de la competencia en el mercado (destinada a combatir prácticas monopolísticas y de competencia desleal

Obligaciones del comprador

Entrega del precio: El comprador tendrá la obligación de entregar al vendedor el precio, en la cantidad, lugar y fecha determinados en el contrato. Así pues, podrá darse un aplazamiento en la obligación de entrega del precio o de entrega de la cosa, además de convenir la localización concreta donde se haya de producir la tradición de la cosa o del precio. En caso de que no se especificase el lugar o el tiempo en que se haya de entregar el precio, se presumen situados en el momento y localización de la entrega de la cosa que se esté vendiendo, tal y como se desprende del artículo 1500 del Código Civil.

Obligaciones del vendedor

Entrega de la cosa o tradición: Obligación principal del vendedor, consistente en la puesta en poder y posesión del comprador de la cosa vendida, en el estado en que se encontrase al perfeccionar el contrato, junto con los frutos producidos desde entonces, así como sus accesorios.
Saneamiento por evicción : El vendedor quedará obligado a garantizar al comprador la "posesión legal", con lo que en caso de que se produzca la evicción (privación de la cosa fundada en un derecho anterior), surge la obligación de recuperar la cosa, ahora en manos de un tercero, y en todo caso a indemnizar daños y perjuicios.
Saneamiento por vicios ocultos: El vendedor habrá de responder por los vicios y defectos ocultos de la cosa, cuando éstos dificultasen o impidieran el uso para el que se la destina, de manera tal que en caso de haberlos conocido, el comprador no hubiera hecho la adquisición, o hubiera dado un precio menor por ella. El comprador podrá desistir del contrato (acción redhibitoria) o podrá establecerse una rebaja proporcional y fijada por peritos sobre el precio original, teniendo el vendedor que abonar tal cantidad )acción quanti minoris). Hay añadir que no cabe el saneamiento por vicios ocultos cuando el comprador no actúa diligentemente, planteándose dos casos en los que no podrá exigirse el saneamiento al vendedor. El primero supone que el comprador, por razón de su oficio o profesión, debía de haber reconocido los vicios con facilidad. El segundo, en caso de que tales vicios fueran evidentes y saltaran a la vista de cualquier persona diligente
Saneamiento por evicción de cargas y gravámenes: En caso de que existan cargas o gravámenes no declaradas por el vendedor que hagan disminuir el goce, uso o disposición de la cosa, de tal forma, que el comprador, de haberlo sabido, hubiera dado un precio menor, o sencillamente no habría seguido interesado en realizar la compraventa, se permitirá a éste desistir del contrato (acción redhibitoria) , o bien establecer una rebaja proporcional a las cargas y gravámenes existentes, en cuantía a determinar por peritos (acción quanti minoris ) . Cabe destacar que la regulación de esta obligación sigue el cauce marcado para el saneamiento por vicios ocultos.

 

Resoluciones
de la DGRN

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SENTENCIA ORDENANDO EL MODO DE HACER UN DESLINDE. ASIENTOS PRACTICABLES EN DOCUMENTOS JUDICIALES
R. 16 de enero de 2007, DGRN. BOE de 22 de febrero de 2007.

Hechos: Se encuentra practicada sobre determinadas fincas una anotación preventiva de demanda en la que se pedía que se deslindara una finca del demandante con otras de los demandados; que se repusiera al demandante en la posesión de la superficie invadida, y que se ordenara el derribo de cualquier edificación que se hubiera ejecutado sobre una determinada franja de terreno.

Ahora se solicita en un manda-miento la conversión en inscrip-ción de dichas anotaciones aportan-do para ello testimonio de senten-cia que estima parcialmente la demanda ordenando que, en ejecución de la misma, se proceda al deslinde con el auxilio de un perito topógrafo; fija algunas reglas por las que ha de regirse éste en la determinación de los linderos; establece, para el caso de que haya un defecto de superficie entre la real y la registral, que se distribuya el mismo en proporción a la extensión de las fincas, y finalmente condena a los demandados a reponer al actor en posesión de la superficie que hubiese sido invadida y a uno de ellos a derribar cualquier edificación que hubiese levantado en dicha franja de terreno.

El Registrador deniega la conver-sión solicitada porque el manda-miento es incongruente con la sen-tencia, pues ésta no ordena conver-tir en inscripción las anotaciones practicadas; porque la conversión sólo está prevista en el artículo 196 del Reglamento Hipotecario para los casos en que el anotante adquiera el derecho anotado y el deslinde no es un derecho de naturaleza real; y porque la sentencia no puede inscribirse ya que su efectividad depende de un deslinde que ha de determinar la superficie de las fincas, su reparto proporcional y, en su caso, el derribo de las construc-ciones. Reconoce que la sentencia, acompañada de la resolución judi-cial correspondiente que apruebe lo ejecutado en virtud de ella, sería inscribible

El Centro Directivo se plantea en primer lugar si a sentencia es inscribible de algún modo. Parte de que el deslinde no es un derecho, sino una facultad que integra el dominio y cualquier otro derecho real, por lo que todo propietario de una finca o titular de un derecho real sobre la misma, en la medida en que estén inscritos sus derechos en el Registro, tendrá igualmente inscrito el «derecho» al deslinde como una de las facultades que integran su derecho. La sentencia determina que el deslinde se haga de un cierto modo. Cuando se ejecute ese deslinde en la forma ordenada, el título que lo recoja será inscribible, por lo que, mientras tanto, la sentencia también lo es.

Ahora bien, el asiento procedente no es la inscripción sino una anotación preventiva de sentencia, conforme al artículo n 42.3 de la Ley Hipotecaria. Este criterio se enmarca en la doctrina de la DG (plasmada en la Resolución de 23 de diciembre de 1999) que admite la posibilidad de anotar ejecutorias que contengan, como en este caso, condenas no dinerarias cuando or-denan al titular registral cumplir una obligación de hacer o de no hacer que conlleve, una vez cumplida, una mutación jurídico real susceptible de ser inscrita. Así se impide que surja un tercer adquirente protegido por la fe pública registral.

Recuerda que, respecto a los documentos judiciales, corres-ponde al Registrador determi-nar los asientos que han de practicarse, aunque no puedan realizarse los específicamente ordenados por la autoridad judicial, a fin de que el Registro despliegue, respecto a ellos, la máxima eficacia posible.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/22/pdfs/
A07684-07686.pdf

www.notariosyregistradores.com

MANDAMIENTO DE EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA.
R. 19 de enero de 2007, DGRN. BOE de 22 de febrero de 2007.

Hechos: Una finca aparece inscrita a favor de dos cónyuges de nacionalidad holandesa «casados en régimen legal supletorio de primer grado de comunidad absoluta de bienes» y se añade que se inscribe la finca a favor de dichos cónyuges «con sujeción a su régimen económico matrimonial». El Recau-dador municipal presenta manda-miento solicitando anotación preven-tiva de embargo sobre la mitad indivisa del deudor, habiendo sido notificada la esposa.

El Registrador considera que debe entablarse el procedimiento no sólo contra el marido, sino también contra la esposa, no siendo suficien-te la mera notificación a la misma.

El Recaudador interpreta que la finca está inscrita proindiviso por partes iguales entre los cónyuges, por lo que debe anotarse el embargo. Considera que, desde la perspectiva del derecho constitucio-nal a la tutela judicial efectiva, la notificación del embargo al cónyuge no deudor excluye cualquier indefensión material de éste, habida cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la intervención adhesiva litisconsorcial en su articulo 13”
Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados.

1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos.
2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al intervi-niente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a mo-mentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.”

La DGRN confirma la nota de calificación considerando que han de utilizarse las normas que la legislación aplicable establezca para los bienes del matrimonio y, si no se acreditan cuáles sean, como es el caso, se puede solventar la situación dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges, único supuesto en el que, si la anotación concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía.

El Centro Directivo estima aplicable esta solución también al caso en que los bienes estuviesen inscritos de por mitad y proindiviso, pues cada mitad habrá de entenderse que lo está con arreglo a su régimen económico matrimonial.

Notas: Aunque la DG argumenta como si los cónyuges fuesen franceses, creo que se trata de un mero error sin trascendencia, -tan común en estos tiempos de uso masivo del tratamiento de textos- consistente en cortar, pegar y olvidar modificar respecto de otra Resolución anterior, quizás la de 10 de julio de 2006.

En cuanto al fondo, estimo muy estricto que la Dirección General aplique un régimen más severo a estos casos que a los gananciales, donde es suficiente con la notificación al otro cónyuge a pesar de tratarse de una comunidad germánica.

Ver, al respecto, nota a la Resolución MANDAMIENTO DE EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA.
R. 10 de julio de 2006, DGRN. BOE de 21 de noviembre de 2006.

Hechos: Una finca aparece inscrita a favor de dos cónyuges de nacionalidad francesa, sin determinación de cuotas o partes indivisas y con sujeción a su régimen matrimonial. Se presenta en el Registro mandamiento expedido por el Recaudador Municipal ordenando el embargo de la finca en procedimiento dirigido exclusivamente contra el marido, habiendo sido notificada la esposa.

Es similar a la 213, entre otras, por lo que se repite el comentario.

El Registrador considera que debe entablarse el procedimiento no sólo contra el marido, sino también contra la esposa, no siendo suficiente la mera notificación a la misma.

El Recaudador interpreta que la finca está inscrita proindiviso por partes iguales entre los cónyuges, por lo que debe anotarse el embargo.

La DGRN confirma la nota de calificación considerando que han de utilizarse las normas que la legislación aplicable establezca para los bienes del matrimonio y, si no se acreditan cuáles son, como es el caso, se puede solventar la situación dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges, único supuesto en el que, si la anotación concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía.

El Centro Directivo estima aplicable esta solución también al caso en que los bienes estuviesen inscritos de por mitad y proindiviso.

Nota: España es un país que, por inmigración, turismo y segundas residencias, tiene un alto número de puntos de conexión en el extranjero que han de seguirse para determinar el régimen económico matrimonial. En la práctica, el Recaudador nunca va a investigar y menos acreditar cuál es el régimen económico matrimonial concreto del deudor que le ocupa. Si a ello unimos que el obligado al pago (que es contra quien se dirige el procedimiento de apremio) será normalmente tan sólo uno de los miembros de la pareja, podemos encontrarnos con un grave problema social derivado de la denegación masiva de embargos a extranjeros que podría propiciar esta doctrina -no vinculante ya que da la razón al Registrador- y que aplica un régimen -en mi opinión ortodoxo, pero demasiado purista- más duro que el previsto para gananciales por el artículo 144 del Reglamento Hipotecario donde se determina que es suficiente con la notificación y eso que estamos ante una comunidad germánica. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/
2007/02/22/pdfs/
A07686-07687.pdf

www.notariosyregistradores.com