LLAVE EN MANO
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del mundo inmobiliario

Nº 51
Junio/2008


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NOTICIAS

EL EURIBOR SUBE, TRAE DE CABEZA A LAS FAMILIAS

 El   mes de mayo se cierra con la continuación de la escalada del euríbor, que el viernes se situó en el 5,097%. La media mensual quedó a apenas seis milésimas (4,994%) del umbral del 5%.

El valor medio con que cerró el euríbor en mayo (4,994%) se queda a dos décimas del máximo histórico, el 5,248%, alcanzado en agosto de 2000. Este dato, que deberá ser confirmado oficialmente por el Banco de España a mediados de junio, incrementará en 640 euros al año las hipotecas con revisión anual contratadas en mayo de 2007, informa Efe. El repunte de mayo confirma la tendencia al alza del indicador, que encadena tres meses consecutivos de subidas. El índice alcanzó el viernes el 5,097%, su máximo en el año.

En mayo del año pasado, el euríbor estaba al 4,373%, seis décimas menos que en el mismo mes de este año. De este modo, los titulares de una hipoteca media cuya cuota se revise anualmente en los próximos días la verán pasar de 827,42 a 881,09 euros, lo que supone un incremento de 53,6 euros en la cuota mensual y 644 euros en los próximos doce meses. Según el Instituto Nacional de Estadística, el importe de una hipoteca media a 25 años se sitúa en 150.810 euros.

El euríbor a doce meses comenzó a cotizar en enero de 1999, y desde entonces ha oscilado entre el mínimo de 1,929% que marcó en junio de 2003 y el máximo del 5,341% registrado en agosto de 2000.

Las subidas de este año ya se están dejando notar en el mercado hipotecario: el número de viviendas hipotecadas cayó en marzo un 39,65%, hasta las 70.287. Además, la tendencia alcista ha llevado la cuota media de las hipotecas hasta los 832,66 euros en ese mismo mes, según las cifras del Colegio de Registradores.

ACTUALIDAD

La confianza del consumidor descendió 7,4 puntos en mayo respecto al mes precedente, hasta los 56,4 puntos, con lo que se situó en el nivel más bajo desde el inicio de la serie, en septiembre de 2004, según el indicador difundido hoy por el Instituto de Crédito Oficial (ICC-ICO .

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CONSULTA

MODIFICACIÓN DEL TITULO CONSTITUTIVO PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACREDITACIÓN DEL CARGO

Se presenta una escritura de segregación en dos de un piso de una propiedad horizontal. Se señala en la escritura de segregación que el compareciente está debidamente autorizado para la segregación por acuerdo de la Comunidad de propietarios, según resulta de la Certificación que me exhibe e incorporo a la presente, expedida por don XXX, en su calidad de secretario de la Junta General de propietarios de la casa de referencia, con el visto bueno del Presidente de la misma, don XXX, cuyas firmas considero legítimas y cuyas descripciones son las siguientes [...]

En la certificación señala: “Certifica: Que en junta XXX se adoptó el acuerdo siguiente: permiso de segregación del piso XXX. Se concede el permiso solicitado por los propietarios de las viviendas XXX sin ningún voto en contra, haciéndolo extensivo para el resto de elementos del inmueble, siempre y cuando se establezca el compromiso previo por escrito de someterse a un arbitraje [...] señalando al efecto que la suma resultante de los coeficientes de participación de los elementos segregados será igual que el coeficiente del elemento original.”

Se plantean dos problemas, en primer lugar, si están suficientemente acreditadas la existencia y vigencia de los cargos del presidente y del secretario. En segundo lugar, si la certificación del secretario en los términos en que ha sido redactada acredita la adopción del acuerdo con la unanimidad del art. 17 LPH.

En cuanto a la primera de las cuestiones, a pesar de que algunos entienden que cuando el Notario legitima la firma comprueba que el que firma ostenta el cargo en base al cual certifica y que además está vigente, sin embargo, a la luz de resoluciones de la Dirección General como las de 26 de junio de 1987, 23 de junio de 2001, o 25 de mayo de 2005 parece que es necesario acreditar el cargo del certificante y su vigencia por testimonio notarial del Libro de actas, o al menos por aseveración notarial con referencia al Libro de Actas, de que el autor de la certificación se halla en el ejercicio de su cargo.

Otra posibilidad es que se presente en el Registro el Libro de Actas para que sea el propio Registrador quien compruebe la existencia y vigencia del cargo, con lo que comprobaría que no hay otro secretario o presidente nombrado.

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LEGISLACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del Estado.

            El artículo 309 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre , de Contratos del Sector Público señala que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita dar publicidad a las convocatorias de licitaciones , a sus resultados y al resto de información contractual considerada relevante.

            La Plataforma de Contratación del Estado sirve de espacio virtual de contacto entre los órganos de contratación del sector público y los interesados, pudiendo estos últimos acceder a la misma a través de un portal único. 

            Está operativa en http://www.contrataciondelestado.es desde el 2 de mayo de 2008.

PDF (2008/07708; 5 págs. - 55 KB.)

SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA . Circular 2/2008, de 26 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica parcialmente la Circular 4/1994, de 14 de diciembre, sobre normas contables, obligaciones de información, determinación del valor liquidativo y coeficientes de inversión y operativos y actuaciones en las tasaciones de inmuebles de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria.

            La CNMV, aprovechando los nuevos avances tecnológicos, va a solicitar determinada información contenida en los informes de tasación a través del nuevo Sistema CIFRADOC/CNMV, eliminando la remisión de los certificados de tasación en soporte papel . Para ello, ha elaborado un modelo de Extracto de Informe de Tasación cuya información deberá ser cumplimentada por la Sociedad Tasadora y enviada a la CNMV con doble firma, Tasadora-Gestora/SII, por vía Telemática.

            También se especifica determinada información concerniente a las valoraciones de inmuebles que debe ser incorporada en los informes de tasación y enviada a la CNMV en el Extracto de Informe de Tasación, dada su necesidad para determinar el patrimonio de las IIC inmobiliarias o para enlazarla con la remitida por las IIC, como por ejemplo: el porcentaje de obra ejecutada en los inmuebles en fase de construcción o el número secuencial dado al inmueble según los criterios establecidos por la CNMV.

            Se solicitan también otros datos como calendario de tasaciones .

PDF (2008/07880; 11 págs. - 129 KB.)

REGLAMENTO DEL CONGRESO . Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1.

            El artículo 46.1 enumera las Comisiones Permanentes Legislativas.

PDF (2008/08118; 1 págs. - 20 KB.)

**NOTARIOS DE INGRESO. Instrucción de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa al artículo 22 del Reglamento Notarial.

            Esta Instrucción trata de armonizar los artículos 22 y 95 del Reglamento Notarial , que dicen así:

Artículo 22 . Publicada la lista a que se refiere el párrafo último del artículo anterior , se expedirá el título de Notario a favor de cada uno de los opositores aprobados, quienes tendrán la obligación de participar en todos los concursos convocados desde aquella publicación y solicitar todas las vacantes hasta obtener una. Quien incumpliera dicha obligación será considerado como renunciante al título y dado de baja en el escalafón.

Artículo 95. Para concursar Notarías en los turnos establecidos, excepto el destinado a excedentes de demarcación, será necesario que haya transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha de la posesión de la Notaría que sirva el solicitante.

            La Instrucción dispone: No será de aplicación a los notarios de ingreso la prohibición contenida en el artículo 95 del Reglamento Notarial, para participar en el primer concurso convocado por otra Administración competente tras la publicación de la lista de notarios aprobados a que se refiere el artículo 21 del Reglamento Notarial.”

Justificación:

               - El carácter nacional y único del Cuerpo de Notarios (art. 1 RN)

               - El acceso a ese Cuerpo es único mediante el correspondiente sistema de oposiciones previsto en la Ley  del Notariado y su Reglamento.

               - Al asumir la Generalitat de Cataluña competencias en orden a la convocatoria, administración y resolución de concursos, podrían los notarios de ingreso quedar en peor condición que los notarios ya integrantes del Cuerpo único de Notarios, por aplicación del artículo 95, si no se les permitiera participar en el primer concurso que se convoque por Administración competente –sea la General del Estado o Autonómica–, pues se les privaría de la posibilidad de acceder a todas y cada una de las plazas demarcadas .

PDF (2008/08663; 1 págs. - 26 KB.)

SENADO. Reforma por la que se modifican diversos artículos del Reglamento del Senado.

            Afecta a los siguientes artículos:

               - Se suprime el apartado 3 del artículo 15, dedicado a la Comisión de Incompatibilidades..

               - Los artículos 45, 46, 47 y 48  relativos a la Comisión Permanente.

               - Los apartados 2 y 3 del artículo 49, que enumeran las Comisiones Legislativas y no Legislativas. 

PDF (2008/08812; 2 págs. - 25 KB.)

400 EUROS. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

400 euros:

               - Esta deducción se dispuso en el Real Decreto-LEY 2/2008, de 21 de abril , de medidas de impulso a la actividad económica.

               - La técnica utilizada para dar cumplimiento a la promesa electoral es la de una reforma del Reglamento del IRPF en materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y actividades económicas.

               - Asalariados: En las nóminas de junio se rebajarán las retenciones hasta un máximo de doscientos euros. El importe restante, hasta alcanzar los cuatrocientos euros, se prorrateará en los siguientes meses, hasta final de año, mediante la aplicación de un menor tipo de retención.

               - Profesionales y empresarios: En cuanto a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, la medida se materializará en una reducción del importe de los pagos fraccionados trimestrales de hasta doscientos euros en el pago fraccionado a presentar en el mes de julio y cien euros en cada uno de los siguientes: octubre 2008 y enero 2009. La cantidad no consumida en un trimestre, se podrá deducir en el trimestre siguiente del mismo ejercicio 2008.

            Rehabilitación de edificios:

               - Límite cuantitativo: Desde el 1 de enero de 2008, se considerarán rehabilitación las obras realizadas en un edificio si su coste supera el 25 por 100 del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo , adaptándose a la legislación del IVA.

                - Concepto. El art. 55.5 considera obras de rehabilitación de vivienda –aparte de las que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en esta materia- las “que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo.”

PDF (2008/08997; 6 págs. - 60 KB.)

MODELOS 200, 201, 206, 220 Y 225. Orden EHA/1420/2008, de 22 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifican otras disposiciones en relación a la gestión de determinadas autoliquidaciones.

PDF (2008/09042; 138 págs. - 1451 KB.)

REGISTRO DE LICITADORES. Orden EHA/1428/2008, de 22 de mayo, por la que se modifica la Orden EHA/3432/2004, de 13 de octubre, por la que se crean la Mesa Única de Contratación y la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Economía y Hacienda y el registro voluntario de licitadores del departamento.

PDF (2008/09094; 1 págs. - 28 KB.)

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ARAGÓN

ARAGÓN. Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Leyes urbanísticas. El ordenamiento urbanístico aragonés está conformado fundamentalmente por la Ley 5/1999, de 25 de marzo , urbanística, y el Decreto 52/2002, de 19 de febrero , Reglamento de desarrollo parcial de la anterior.

Objeto de la nueva ley: Adaptar el ordenamiento urbanístico vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo establecido en la nueva Ley estatal del suelo , fundamentalmente en lo relativo a garantizar la sostenibilidad ambiental y social del planeamiento urbanístico y a facilitar el acceso a la vivienda.

Leyes modificadas:

               - La referida Ley 5/1999, de 25 de marzo , urbanística

               - La Ley 24/2003, de 26 de diciembre , de medidas urgentes de política de vivienda protegida.

Suelo urbanizable delimitado. Dice el actual art. 30.5 de la Ley 5/1989:

               5. En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado la correspondiente ordenación detallada que permita la urbanización, sólo excepcionalmente podrá otorgarse licencia municipal para usos y obras de carácter provisional no prohibidos por el Plan General, que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare el Ayuntamiento. La licencia, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad

Viviendas protegidas. Dice actualmente el art. 5.7 de la Ley 24/2003:

               7. Los Notarios y Registradores exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, Proyectos de Reparcelación la acreditación del cumplimiento del régimen de reservas establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. Se considerará acreditado el cumplimiento en todo caso cuando el informe autonómico al planeamiento habilitante así lo considere expresamente.»   

Entrada en vigor. 8 de abril de 2008.

PDF (2008/08416; 10 págs. - 77 KB.)

CANARIAS

CANARIAS . Ley 1/2008, de 16 de abril, de modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

            Esta Ley es consecuencia de un acuerdo del Pleno de la Comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para resolver el conflicto surgido por el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Estado contra el Registro Fiscal de Valores Inmobiliarios de Canarias, como registro oficial de carácter fiscal.

            El nuevo art. 23 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre , Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene la siguiente redacción:

            «Artículo 23. Registro de Valores Inmobiliarios de Canarias .

1. Integrado en la Administración Tributaria Canaria existirá un Registro de Valores Inmobiliarios de Canarias como base de datos que recogerá los valores de transmisión y adquisición de los bienes inmuebles situados en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su descripción, expresión gráfica, valores resultantes de la comprobación y los datos relativos a la identificación del transmitente o adquirente de los mismos.

            2. El Registro de Valores Inmobiliarios de Canarias tiene por objeto ser un instrumento de información permanente de los valores inmobiliarios que sirven de medio para la aplicación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias.

            3. Para la comprobación por la Administración Tributaria Canaria de los valores de transmisión y adquisición de los bienes inmuebles se podrán utilizar, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su normativa de desarrollo, sistemas automáticos a partir de los precios medios en el mercado utilizando de manera combinada la información de mercado y la información asociada al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos que reglamentariamente se establezcan.»

Delegación. Se autoriza al Gobierno para que, antes del 22 de abril de 2009, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda, refunda en un solo texto las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y proceda a su aclaración, armonización y sistematización.

PDF (2008/08185; 2 págs. - 34 KB.)

CATALUÑA

CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA. Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

PDF (2008/09293; 26 págs. - 188 KB.)

ISLAS BALEARES

BALEARES . Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

            Esta Ley desarrolla el artículo 133 del Estatuto de Autonomía , creando la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

Naturaleza. La Agencia Tributaria se configura como un ente público de carácter estatutario con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer, en nombre y por cuenta de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sus funciones.

Funciones. Se determinan en el art. 2, entre las que son de destacar:

               - Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios y, por delegación del Estado, los tributos estatales cedidos totalmente.

               - Asumir, por delegación o encomienda, la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección del resto de tributos del Estado recaudados en las Illes Balears y los recargos sobre los tributos estatales.

               - Ejercer la potestad sancionadora respecto de los tributos y recargos cuya aplicación corresponda a la Agencia o a cualquier otro órgano o entidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

               - Gestionar la recaudación ejecutiva de los recursos integrantes de la Administración de la comunidad autónoma y de sus entidades autónomas…

               - Ejercer las funciones de recaudación y, en su caso, de gestión, inspección y liquidación de los recursos titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears.

               - La revisión en vía administrativa , excepto las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de actos nulos de pleno derecho y la declaración de lesividad de actos anulables.

Fuentes. La Agencia Tributaria tiene un régimen jurídico propio, y se rige por esta ley y por la normativa reglamentaria que la desarrolle. Supletoriamente, son de aplicación las disposiciones generales reguladoras de las entidades autónomas que integran el sector público de la comunidad autónoma y la correspondiente normativa económico- financiera.  

PDF (2008/08768; 13 págs. - 95 KB.)

BALEARES. Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.

PDF (2008/09686; 21 págs. - 5596 KB.)

CEUTA

CEUTA. Orden PRE/1390/2008, de 20 de mayo, por la que se establece el Registro de Empresas Acreditadas de la Ciudad de Ceuta.

            La creación de este Registro viene propiciada por el art. 9.2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

Quiénes: las empresas domiciliadas en Ceuta que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deberán, con carácter previo, estar inscritas en este Registro. Para lograrlo, deben acreditar la tenencia de una organización y de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad, la disposición de una organización preventiva adecuada y la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos, en su nivel directivo y productivo.

Certificado. Las empresas que deseen contratar o subcontratar parte del encargo recibido deberán obtener con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato un certificado acreditativo de la inscripción en el Registro de la empresa contratista o subcontratista.

Responsable. El Registro estará adscrito al Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en Ceuta

Base de datos. Los datos que obren en los Registros de Empresas Acreditadas de las distintas Comunidades Autónomas se incorporarán a una base de datos general cuya gestión corresponderá al Ministerio de Trabajo e Inmigración

PDF (2008/08843; 1 págs. - 30 KB.)

MELILLA

MELILLA. Orden PRE/1391/2008, de 20 de mayo, por la que se establece el Registro de Empresas Acreditadas de la Ciudad de Melilla.

            Ver el Registro de Ceuta, entrada inmediatamente anterior.

PDF (2008/08844; 1 págs. - 30 KB.)

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RESOLUCIONES DE LA DGRN

RESERVA DE DERECHO DE VUELO Y POSTERIOR MODIFICACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL. CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Alzira don Francisco Cantos Viñals, contra la negativa del titular del Registro de la Propiedad de dicha localidad, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en construcción y división en régimen de propiedad horizontal mediante ejercicio de un derecho de vuelo. Vinculante .

            Consta inscrita una reserva de derecho de vuelo, dentro de un edificio en propiedad horizontal, con facultad complementaria de su titular de modificar las cuotas de propiedad horizontal sin consentimiento de los demás copropietarios. Ahora, en ejecución de dicho derecho, se pretende inscribir una ampliación de obra nueva y modificación de propiedad horizontal con redistribución de cuotas, otorgada por el titular del derecho de vuelo sin constar el consentimiento de los demás copropietarios.

            El registrador solicita el consentimiento de dichos copropietarios del edificio, probablemente –la nota es muy parca en palabras- porque en el derecho de vuelo inscrito no se mencionaba expresamente la facultad de ampliar la obra nueva y modificar la propiedad horizontal. El notario entiende que esa exigencia es contraria a lo que resulta del propio registro.

            La DGRN señala que no es necesario el consentimiento de los demás copropietarios del edificio, pues el derecho inscrito (derecho de vuelo) comporta necesariamente los actos jurídicos de ampliación de obra nueva y modificación de la propiedad horizontal y  por otro lado del derecho inscrito en el Registro resulta claramente la no necesidad del consentimiento de los demás copropietarios. (AFS)

PDF (2008/06771; 2 págs. - 54 KB.)

EXCESO DE CABIDA Y SEGREGACIÓN. NOTAS DE CALIFICACIÓN SUCESIVAS. Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Econdiver Desarrollos Inmobiliarios S.L., contra la nota de calificación del Registrador de la Propiedad de Escalona (Toledo), por la que se suspende la inscripción de un exceso de cabida en virtud de una escritura de segregación. Vinculante .

            Una escritura de segregación, cesión y extinción de pro indiviso, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Suspendida la inscripción por cuanto no se incorpora o acompaña la licencia de segregación, por cuanto no resulta acreditado que el Ayuntamiento de Almorox, no haya contestado a la solicitud de licencia de segregación, por lo que no se puede admitir licencia por silencio administrativo”

            Con posterioridad se emitió una segunda nota de calificación «toda vez que consultado el Ayuntamiento de Almorox sobre esta escritura se manifiesta por el Secretario del mismo que se está tramitando por el Ayuntamiento un deslinde administrativo entre esta finca y una zona de dominio público colindante que es zona verde, por lo que no se puede practicar el exceso de cabida solicitado ni por tanto la subsiguiente segregación”.

            El notario recurre.

            La DGRN dice que “estamos ante un supuesto de dos notas de calificación sucesivas y totalmente distintas sobre la misma escritura de segregación, (…) que no cumplen con la obligación del registrador de que ésta sea global y unitaria”.

            Y en cuanto al fondo, estima el recurso diciendo que “ tampoco la doctrina de esta Dirección General sobre las dudas sobre la identidad de la finca es aplicable a este caso , porque para que eso fuera así deberían tales dudas estar referidas a la falta de identificación de la finca. En este caso la nota de calificación no está basada realmente en las dudas razonables de que la finca no sea físicamente aquélla a la que le va a afectar la segregación y cuya constatación registral del exceso de cabida se pretende, sino en el temor a que le afecte un procedimiento administrativo de deslinde con zona de dominio público colindante que no se ha hecho constar registralmente por los cauces legales, pues no consta asiento alguno de anotación preventiva de incoación de expediente de deslinde. Además se basa la nota en un certificado expedido con posterioridad a la propia presentación del título y solicitado por el propio registrador, por lo que no debiera haber sido tomado en consideración” .  En definitiva, añade la DGRN, “se trata de una cuestión que no debió tener en cuenta el registrador en su calificación, la cual debe extenderse a los títulos presentados en tiempo y forma, y los asientos del Registro. Lo que debió hacer es proceder conforme a lo que preceptúan los artículos 79 y siguientes de las normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística ”.  (JDR)

PDF (2008/08758; 2 págs. - 52 KB.)

OBRA NUEVA TERMINADA NO INSCRITA, SEGURO DECENAL, Y VENTAS POSTERIORES. SUSPENSION DE LA CALIFICACION Y RECURSO . Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 7, de Sevilla, a inscribir una escritura de compraventa.   Vinculante .

            Se declara en Acta Notarial la terminación de un edificio de viviendas sujeto a la necesidad de seguro decenal que no se inscribe por determinados defectos. Con posterioridad se vende una finca del edificio, constando en la escritura que el edificio está terminado, pero no inscrita la terminación. Se presenta primero la escritura de venta y luego la de terminación.

            El registrador considera que no puede inscribir la venta posterior sin inscribir previamente el Acta de Terminación del edificio y sin que conste en el Registro la entrada en vigor del seguro decenal. Para ello además invierte el orden de calificar dichos títulos, deniega la inscripción del segundo y no emite calificación del primero, (del título de venta), sino que acuerda suspenderla en tanto no se subsane e inscriba el otro título. Finalmente a instancia del notario -que alega indefensión-, plasma por escrito en una nota su acuerdo de no calificar por las razones dichas.

            La DGRN ordena la inscripción de la escritura de compraventa, aunque no se inscriba la de Terminación, y  sienta los siguientes criterios:       

            .- Conforme a su Instrucción de 3 de Diciembre de 2003 resuelve que la escritura de una finca en construcción, cuya terminación no consta,  puede otorgarse e inscribirse, si bien haciendo constar en la escritura y en la nota de despacho  las advertencias de falta de acreditación de la terminación, la falta de seguro decenal, en su caso, y las consecuencias derivadas de ello

            .- La falta de constancia de dichas advertencias en la escritura no es defecto que impida la inscripción.

            .- No se puede aplicar en el presente caso, el artículo 432.1.C del Reglamento Hipotecario, es decir la inversión del orden de los títulos presentados para así calificar el segundo antes que el primero, pues el segundo no es imprescindible para inscribir el primero.

            .-  La decisión o acuerdo de suspender la calificación de un título por defectos de otro título es una auténtica calificación que puede ser recurrida, pues en otro caso se produciría indefensión al interesado.(AFS)

PDF (2008/08090; 3 págs. - 62 KB.)



HACIENDA


CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

ÓRGANO : SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA SALIDA : 11/09/2007
NORMATIVA: Ley 37/1992 arts. 4-uno, 5-dos
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Comunidad de propietarios de un polígono industrial que presta servicios diversos a favor de sus comuneros tales como: reparación, conservación y limpieza de las infraestructuras comunes y los de vigilancia del polígono. No consta que la citada entidad tenga la condición de Entidad Urbanística Colaboradora.
CUESTIÓN-PLANTEADA:
Si tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Sujeción de los servicios que presta.

CONTESTACIÓN-COMPLETA : 1. El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, (Boletín Oficial del Estado de 29 de Diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen".

A estos efectos, el artículo 5, apartado uno de la citada Ley dispone que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado dos del mismo artículo, según el cuál son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

La aplicación de ambos preceptos al funcionamiento de las comunidades de propietarios ha sido analizado por extenso por este Centro Directivo.

En particular, en la contestación vinculante de 21-09-2005, Nº V1848-05 se manifestó que las operaciones que realizaba una mancomunidad de propietarios de un centro comercial consistentes en el reparto de los gastos comunes de la propiedad derivados de los servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento, entre otros, y en la organización de la publicidad y promoción de dicho centro comercial, estaban sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas del mismo, debiendo la citada mancomunidad repercutir el Impuesto a los comuneros, y realizar la liquidación e ingreso del mismo en las correspondientes declaraciones-liquidaciones.

Del texto de la consulta se deduce que la comunidad de propietarios consultante realiza una actividad empresarial a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido ya que, según dicho escrito, ordena factores productivos contratando la realización de diversas operaciones para poder realizar las prestaciones de servicios objeto de consulta.

Por tanto, los servicios, realizados en el marco de su actividad empresarial por la comunidad de propietarios consultante para sus comuneros copropietarios, consistentes en la reparación, conservación y limpieza de las infraestructuras comunes y los de vigilancia del polígono, están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo la citada comunidad de propietarios repercutir dicho tributo a sus comuneros.

2. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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SENTENCIAS
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SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACCESO A LA VIVIENDA. Conflicto positivo de competencia n.º 3194-2008, en relación con el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

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Id Cendoj: 28079110012008100239
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 514/2001
Nº de Resolución: 263/2008
Procedimiento: Casación
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
Propiedad Horizontal. Perecimiento de los motivos por falta de técnica casacional.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Abril de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen,el presente recurso de casación interpuesto por don Jose Ignacio , representado por el Procurador donOscar Gil de Sagredo Garicano, contra la sentencia dictada en grado de apelación -rollo nº 979/99-, enfecha 28 de octubre de 2000, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre propiedad horizontal, seguidos con el número 145/98 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granadilla de Abona. Han sido parte recurrida doña Guadalupe , don Luis y don Cristobal , representados por el Procurador don Juan Antonio García San

Miguel y Orueta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1º.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Arroyo Arroyo, en nombre y representación de don Jose Ignacio , promovió demanda de juicio de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granadilla de Abona contra doña Guadalupe , don Cristobal y don Luis , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: " (...) Siguiendo por sus trámites este procedimiento dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare lo siguiente:

 1º.-Nulidad e ilicitud de las cuotas de participación adaptadas por la administradora Sra. Guadalupe , por calcular las mismas tomando como base los metros cuadrados de cada vivienda, contraviniendo las especificadas en el título constitutivo, y sin tener la unánime conformidad de los propietarios.

2º.-Restablecimiento, en su consecuencia, de las cuotas de participación fijadas en el titulo constitutivo de manera inmediata, con devolución inmediata de las cantidades pagadas de más, no sólo por mi representado, sino por el resto de propietarios, a determinar su importe en ejecución de sentencia, después de calcular en fase probatoria, el desfase presupuestario.

3º.- Restablecimiento de la cuota del centrocomercial "PEBBLE BRIDGE" que tenía asignada por el título constitutivo de 2,367 %, declarando nula la modificada por el Sr, Luis , en Julio de 1997, de 9,401 % por no aprobarse con unanimidad. 4º.- Que se declare nulo la incorporación de los apartamentos de la sociedad "EUROPOINT CENTER LlMITED" en la comunidad de propietarios " DIRECCION000 ", por estar los mismos fuera de la división horizontal, y en su consecuencia se condene a la administradora demandada y a su Presidente a la devolución de dichos fondos a las arcas de la comunidad por tratarse de una clara inversión en propiedades ajenas a la dicha Comunidad.

 5º.- Que se condene y se declare la responsabilidad Civil solidaria de la Sra. Administradora, demandada y de los Presidentes Don. Cristobal y Sr. Luis , a devolver a la Comunidad las cantidades invertidas por éstos en la compra y alquiler de los generadores eléctricos, así como en los gastos de combustible invertidos en dicha energía por tratarse de una inversión ilícita, conforme declaró la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, y ser los anteriores directamente responsables por inducir y asesorar a la Comunidad a la realización de dichas inversiones, cantidades éstas a determinar en ejecución de sentencia, y que no obstante, esta parte de forma prudencial la ha calculado sobre la suma de 82.135.691 ptas.

 6º.- Que se declare ilícita la inversión de 530.401 ptas. invertidas por la administradora y su Presidente el Sr. Luis en la construcción de unas habitaciones en los sótanos de la Comunidad " DIRECCION001 ", por no estar dichos sótanos incluidos dentro de la división horizontal de la Comunidad DIRECCION000 , y que se condenen a los mismos, a la devolución de dicha suma a los fondos comunitarios.

 7º.- Que se declare ilícita la inversión económica de 2.900.000 ptas. efectuada por la Administradora y el Presidente Sr. Luis , en picón, por beneficiar dicha inversión a unos terrenos ajenos a la Comunidad " DIRECCION000 ", y en su consecuencia, se condenen a ambos a la devolución de dicha suma a los fondos comunitarios.

8º.- Que se declare nula la póliza contratada por la Administradora y su Presidente Sr. Luis , en el apartado del contenido, por tratarse de una ilicitud manifiesta de ambos, por no contar con la autorización de los propietarios, y la devolución a los dichos propietarios, de la parte proporcional de la prima del seguro del contenido, incluida en las cuotas cobradas a los mismos".

 9º.- Que se decreten que los presupuestos del año 1997 y los previstos para el año 1998, impugnados por mi defendido en la pasada junta general del día 18 de marzo están calculados de forma arbitraria, por tarifar la cuota en base al metro cuadrado, y no a la cuota legal del título constitutivo, así como se decrete por tanto, su nulidad por aparecer diferencias contables que perjudican a los propietarios, en beneficio de inversiones realizadas y por realizar en bienes ajenos a la comunidad " DIRECCION000 ".

10º.- Que se declare nulo, la propuesta aprobada en la Junta del día 18 de marzo de 1998, de subir la cuota un 5 %, por tratarse de una subida arbitraria, que en todo caso requiere unanimidad y todo ello, con imposición de las costas a los demandados".

2º.- Por Providencial de 26 de mayo de 1.998 se admitió a trámite la demanda y se acordó dar traslado de la misma a los demandados, los cuales comparecieron en forma y, contestaron a la demanda oponiéndose a la misma y alegando como excepciones la falta de Litisconsorcio pasivo necesario y la de legitimación de las partes.

3º.- El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granadilla de Abona dictó sentencia, en fecha 9 de septiembre de 1999 , cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que debo estimar y estimo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y, en consecuencia, absolver en la instancia sin entrar a conocer el fondo del asunto, manteniendo el derecho de la actora de interponer la demanda en defensa de sus intereses una vez planteada correctamente la relación jurídico procesal y expresa condena en costas a la parte actora".

4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia, en fecha 28 de octubre de 2000 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "En virtud de lo expuesto la Sala decide: 

1.- Estimar el recurso de apelación formulado y revocar la sentencia apelada en cuanta ésta aprecie el defecto de litisconsorcio pasivo necesario respecto de todas las pretensiones formuladas y por los motivos que en la misma se recogen.

 2.- Estimar el defecto de litisconsorcio pasivo necesario en relación a las pretensiones formuladas y por los motivos que en la misma se recogen.

3.- Desestimar el resto de las pretensiones deducidas por el actor, don Jose Ignacio , absolviendo de las mismas a los demandados doña Guadalupe , don Cristobal y don Luis .

 4.- Imponer las costas de la primera instancia al actor, don Jose Ignacio , sin hacer declaración expresa sobre las costas causadas en el recurso".

SEGUNDO.- El Procurador don Oscar Gil de Sagredo Garicano, en nombre y representación de don Jose Ignacio, interpuso, en fecha 21 de febrero de 2001, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos: 1º) Al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por quebrantamiento e infracción por el Tribunal Ad Quen de los actos y garantías procesales, indefensión al recurrente, negación del derecho de audiencia en la vista sobre el fondo del asunto (no cita infracción de precepto alguno); 2º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por transgresión de las normas del ordenamiento jurídico que fueren aplicables para resolver el objeto del debate, infracción por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granadilla de Abona, e indefensión que provocó al recurrente en cascada con el Tribunal "ad quem", al dejar imprejuzgada la acción por no entrar a conocer del fondo del asunto, con fundamento en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 24 de la Constitución; violación por el Juzgado de Primera Instancia de cara a la admisión de la prueba pericial contable, así como del derecho a formular resumen de pruebas, por causa de la imposibilidad de que la demandante pidiese en apelación la práctica de esa prueba con cobijo en el artículo 861.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; vulneración por la Audiencia del artículo 873 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , debido a que el recurrente no considera que su sentencia de 28 de octubre de 2000 sea la real, al ser notificada en 20 de diciembre de 2000 , sin que haya explicación del retraso en la notificación; la contradicción en el fallo de la sentencia de apelación en los puntos 1º y 2º, con base en que ha estimado el recurso y revoca la sentencia del Juzgado en cuanto ésta aprecie el defecto de litisconsorcio pasivo necesario respecto de todas las pretensiones formuladas, y el empleo del término "todas" invalida el número 1º del fallo al ser tajante y no admitir excepciones; el quebrantamiento del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el punto 4º del fallo sobre imposición de costas al actor; la transgresión por la sentencia recurrida, en sus fundamentos 6º, 7º y 12º, del artículo 16 de la Ley de 49/1960, de Propiedad Horizontal , y del artículo 6.3 del Código Civil ; la infracción de los artículos 6 a 13 de la Ley 9/1992, de 30 de abril , de mediación de seguros privados; la conculcación del artículo 5 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, en el fundamento cuarto del fallo; incumplimiento del artículo 5 , en relación con los artículos 10 y 11 de la dicha Ley de Propiedad Horizontal en el fundamento noveno del fallo; la inobservancia del artículo 5 de la repetida Ley de Propiedad Horizontal , en relación con el artículo 16 de este ordenamiento y los Estatutos, por la desestimación de los puntos 9 y 10 del suplico de la demanda, y, terminó suplicando al Juzgado: " (...) Dicte sentencia estimando todos los motivos, casando la resolución recurrida y de conformidad a lo establecido en el artículo 1715 LEC : 1º.- De estimarse motivos comprendidos en el número 3 del artículo 1692 que se refieran a transgresiones o faltas cometidas en los actos y en las garantías procesales, mandando reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta. 2º.- De estimarse los motivos de infracción comprendido en el número 4 del artículo 1692, se resuelva a favor de mi representado, estimando las infracciones a la Ley y doctrina detectadas, casando las resoluciones recurridas, exonerando a mi representado a que no quede vinculado a las decisiones comunitarias objeto de impugnación, conforme hemos expresado en el presente escrito. Con imposición de las costas de las instancias a la parte recurrida, conforme a las reglas generales, y en cuanto a las del recurso, que cada parte satisfaga las suyas, y la devolución del depósito constituido a esta parte recurrente".

TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de doña Guadalupe y don Luis y de don Cristobal, mediante escritos de fecha 21 de abril de 2004, lo impugnó, solicitando su desestimación, con pérdida del depósito constituido, y con expresa condena en costas a la parte recurrente.

CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 26 de marzo de 2008 , en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Don Jose Ignacio demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a doña Guadalupe , don Cristobal y don Luis , e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

En el suplico de la demanda se formulan diez peticiones diferentes, concernientes a la solicitud de las siguientes declaraciones: 1º, la nulidad de las cuotas de participación adaptadas por la Administradora, por calcular las mismas con base en los metros cuadrados de cada vivienda y no en lo especificado en el Título Constitutivo;

 2º, el restablecimiento de las cuotas de participación fijadas en dicho Título, con lareintegración inmediata de las cantidades pagadas de más;

 3º, la reposición de la cuota asignada al Centro Comercial "Pebble Bridge" de 2,367%, y la declaración de la nulidad de la modificada de 9,401% al no ser aprobada por unanimidad;

 4º, la nulidad de la incorporación de los apartamentos de la sociedad "Europoint Center LImited" en la Comunidad de Propietarios " DIRECCION000 ", por estar fuera de la división horizontal, con la condena a la Administradora demandada y a su Presidente a la restitución de los fondos correspondientes a la Comunidad por tratarse de una inversión en propiedades ajenas;

 5º, la condena, y la responsabilidad civil solidaria, de la Administradora y los Presidentes don Cristobal y don Luis a que devuelvan a la Comunidad las cantidades abonadas por éstos en la compra y alquiler de los generadores eléctricos, así como en los gastos satisfechos, por tratarse de un acto ilegal;

6º, la ilicitud de la inversión de 530.401 pesetas por la Administradora y su Presidente don Luis en la construcción de unas habitaciones enlos sótanos de la Comunidad " DIRECCION001 ", por no estar incluidos dentro de la división horizontal de la Comunidad " DIRECCION000 ", con la condena a ambos a reintegrar dicha suma a los fondos comunitarios;

7º, La ilicitud de la inversión de 2.900.000 pesetas realizada por la Administradora y el Presidente don Luis , en picón, por beneficiar a unos terrenos ajenos a la Comunidad " DIRECCION000 ", con la condena a la restitución de dicha cantidad;

8º, la nulidad de la póliza contratada por la Administradora y su Presidentedon Luis , en el apartado del contenido, por tratarse de una acto ilícito de ambos, al no contar con la autorización de los propietarios;

 9º, la declaración de que los presupuestos del año 1997, y los previstos para 1998, impugnados por el actor, están calculados de forma arbitraria, por tarifar la cuota en base al metro cuadrado y no a la legal del Título Constitutivo;

y 10º, la nulidad de la propuesta aprobada en la Juntade 18 de marzo de 1998 de subir la cuota un 5%, que es una medida arbitraria, la cual, en todo caso, requería la aceptación por unanimidad.

El Juzgado acogió la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y absolvió a los demandados sin entrar a conocer el fondo del asunto, y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en cuanto aquella resolución aprecie el defecto de litisconsorcio pasivo necesario de todas las pretensiones formuladas y por los motivos que en la misma se recogen; la estimación del defecto de litisconsorcio pasivo necesario en relación a las pretensiones formuladas en los apartados 3º, 4º y 8º del suplico de la demanda, la absolución en la instancia a los demandados de tales pretensiones; y ladesestimación del resto de las deducidas por el actor.

Don Jose Ignacio ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no cita la infracción de precepto alguno, aunque, en el cuerpo del motivo segundo , señala que está referida al artículo 359 de este ordenamiento, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada ha conculcado los principios de congruencia "a sensu contrario"; rogación, audiencia, contradicción y derecho de defensa por negación del de audiencia en la vista sobre el fondo del asunto; todo ello, en atención a que la sentencia del Juzgado ha acogido la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, sin entrar en el conocimiento del tema principal, y apelada en tiempo y forma esta resolución por el recurrente, la única cuestión a debatir en segunda instancia era si concurría o no dicha causa, de modo que, en el acto de la vista, esta parte informó acerca de la revocación de la sentencia de primera instancia, es decir, exclusivamente sobre la no procedencia de dicha excepción, es más, en dicha actuación de la apelación, el Letrado de la parte recurrente, en una de las fases de su informe, pidió aclaración al Sr. Presidente de la Sección Primera de la Audiencia sobre la improcedencia de tratar del fondo del asunto, o si se podía examinar esta materia, con la negativa de éste sobre dicho particular; sin embargo, sorprendentemente, la Audiencia ha dictado un fallo estimatorio a esta parte sobre la revocación de la sentencia en cuanto al litisconsorcio pasivo necesario, y sin más explicaciones, ha valorado la base del pleito, para producirle una indefensión, al no conceder a su Abogado en el acto de la vista la oportunidad de expresarse sobre esta cuestión; se añade que, con apoyo en el principio de congruencia, cabe aceptar que dicho Tribunal "ad quem", puede valorar el fondo del asunto, pero en el caso, el propio Sr. Presidente excluyó esta posibilidad al recurrente, "in voce", por lo que, le produjo una auténtica indefensión el observar que el fallo lo decidía, de modo que esta circunstancia, sin la posibilidad a esta parte de alegar lo que estimara adecuado para su defensa, ha supuesto la alteración de los dos principios fundamentales en el proceso civil, el dispositivo, en su doble manifestación de "aportación de parte" y "stricto sensu", y el de contradicción, reglas ambas que confieren a las partes la facultad de determinar la temática del litigio y la aportación de los hechos en la forma y medida que consideren procedente, así como el derecho a oponer las oportunas excepciones o alegar los hechos impeditivos al derecho de la contraparte, siempre que se lleve a cabo en el pertinente momento procesal- se desestima por deficiencia de técnica casacional, en virtud a que, según ha declarado la STS de 10 de marzo de 2001 , la parte recurrente no cita las normas del ordenamiento jurídico que entiende vulneradas por la sentencia recurrida, requisito éste que no ha de entenderse que constituye simplemente una norma formularia, sino que de antiguo la jurisprudencia ha considerado de manera constante y reiterada al precepto referido, como una norma de carácter necesario o de orden público en cuanto que responde a la necesidad de que se planteen de un modo preciso los términos dentro de los cuales se ha de decidir el litigio entre el recurso y la sentencia que por su medio se combate, norma que es de derecho necesario, y constituye doctrina jurisprudencial mantenida después de la Constitución, como ponen de manifiesto las SSTS de 8 de junio de 1998, 2 de diciembre de 1999 y 7 de julio de 2000 , aunque debemos hacer especial hincapié en la indefensión que la falta de cita de las normas legales o, en su caso, de la jurisprudencia, produce a la parte recurrida, incumplimiento de este requisito en la articulación del recurso, que constituye una causa de inadmisión, pero que aceptado hace al recurso inviable, y en este trámite se convierte en causa de desestimación (SSTS de 29 junio, 30 de octubre y 2 de noviembre de 2000); asimismo, la STS de 29 de septiembre de 2000 ha manifestado que el recurrente está obligado a aportar peticiones puntuales, con apoyo de norma específica que se considere conculcada, no aplicada o indebidamente aplicada, pues, si se sustrae este dato, la Sala no puede apreciar la opinión casacional del que recurre; también, la STS de 22 de octubre de 1991 , se refiere a la necesidad inexorable de cita de los preceptos legales infringidos y sus razones, y, en el mismo sentido, se expresa la STS de 25 de noviembre de 2003 .

Además, en el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Jose Ignacio contra la sentencia del Juzgado de 9 de septiembre de 1999, se expresa que, "Con fecha de 13 de septiembre de 1999 , se nos ha notificado la sentencia recaída en estos autos en la cual no se accede a ninguno de los pedimentos y entendiendo que es perjudicial a mi representado, dicho sea en términos de defensa, al amparo de los artículos 702.2 y 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , formulo recurso de apelación en ambos efectos. Por ello, SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito e interpuesto recurso de apelación contra dicha resolución, lo admita en ambos efectos y remita los autos al Tribunal Superior, previo emplazamiento de las partes para que comparezcan ante el mismo en el plazo de diez días a usar de su derecho"; es decir, el recurso de apelación se ha deducido sin limitaciones y no ha concretado las cuestiones excluidas del mismo.

Por otra parte, en la diligencia de vista consta que "Dada cuenta por mi el Secretario, informan los referidos Letrados: el de la parte apelante, la revocación de la sentencia dictada en primera instancia y se dicte otra de conformidad con lo solicitado; el de las partes apeladas, la confirmación de la sentencia recurrida".

Desde el contenido de los actos procesales expuestos en los dos párrafos precedentes, decae el planteamiento del motivo.

Por último, cuando no se especifican las cuestiones objeto del recurso de apelación, como ocurre en este caso, se entienden comprendidas todas las que interesan al apelante; así, la STS de 11 de julio de 1990 dice que "es doctrina reiterada la de que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, aún concibiendo el recurso de apelación como simple revisión del procedimiento primitivo anterior, sin posibilidad de reiteración en todos sus trámites, sin embargo permite al Tribunal "ad quem" conocer y resolver sobre todas las cuestiones planteadas en el pleito y consiguientemente si la parte actora ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y no ha concretado cuáles eran las pretensiones que excluía de tal recurso, resulta evidente que la Audiencia pudo valorar íntegramente el proceso en cuanto a todas las pretensiones que en él se habían actuado por dicha demandante, pues cuando la apelación se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende al total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio, dentro de los límites de la obligada congruencia, por lo que, formulado por el actor recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado que se abstuvo de conocer del fondo del asunto, por apreciar la excepción de (...), y no constando que en el escrito en que se promovió tal recurso se excluyera materia alguna del conocimiento del Tribunal de apelación, obvio es que éste, en uso de las facultades que las normas del procedimiento le concedían, tenía la facultad y aún la obligación de conocer plenamente de cuantas cuestiones se hallaban planteadas en la litis, resolviendo según su criterio, dentro de los límites del principio de congruencia, y pudiendo, por ende, valorar cuantas probanzas se habían practicado ante el órgano de primera instancia, sin que ello pudiese provocar indefensión"; y en la misma línea se manifiesta la STS de 13 de mayo de 1992 y otras muchas.

TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de las normas del ordenamiento jurídico que fueren aplicables para resolver el objeto del debate-, trata, en su cuerpo, de la infracción por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granadilla de Abona, e indefensión que provocó al recurrente en cascada con el Tribunal "ad quem", al dejar imprejuzgada la acción por no entrar a conocer del fondo del asunto, con fundamento en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 24 de la Constitución; la violación por el Juzgado de Primera Instancia de cara a la admisión de la prueba pericial contable, así como del derecho a formular resumen de pruebas, por causa de la imposibilidad de que la demandante pidiese en apelación la práctica de esa prueba con cobijo en el artículo 861.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; la vulneración por la Audiencia del artículo 873 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , debido que el recurrente no considera que su sentencia de 28 de octubre de 2000 sea la real, al ser notificada en 20 de diciembre de 2000 , sin que haya explicación del retraso en la notificación; la contradicción en el fallo de la sentencia de apelación en los puntos 1º y 2º, con base en que ha estimado el recurso y revoca la sentencia del Juzgado en cuanto ésta aprecie el defecto de litisconsorcio pasivo necesario respecto de todas las pretensiones formuladas, y el empleo del término "todas" invalida el número 1º del fallo al ser tajante y no admitir excepciones; el quebrantamiento del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el punto 4º del fallo sobre imposición de costas al actor; la transgresión por la sentencia recurrida, en sus fundamentos 6º, 7º y 12º, del artículo 16 de la Ley de 49/1960, de Propiedad Horizontal , y del artículo 6.3 del Código Civil ; la infracción de los artículos 6 a 13 de la Ley 9/1992, de 30 de abril , de mediación de seguros privados; la conculcación del artículo 5 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, en el fundamento cuarto del fallo; incumplimiento del artículo 5 , en relación con los artículos 10 y 11 de la dicha Ley de Propiedad Horizontal en el fundamento noveno del fallo; la inobservancia del artículo 5 de la repetida Ley de Propiedad Horizontal , en relación con el artículo 16 de este ordenamiento y los Estatutos, por la desestimación de los puntos 9 y 10 del suplico de la demanda- se desestima por falta de técnica casacional.

En efecto, la impugnación casacional ha de dirigirse contra la resolución que resuelve la apelación, y no contra la de primera instancia, y aunque esta regla tiene dos excepciones: el supuesto del recurso de casación directo o "per saltum" (artículo 1688 del Código Civil y STS de 20 de febrero de 1989 ), y las hipótesis de los recursos de casación contra las decisiones dictadas por las Audiencias Provinciales en única instancia o en incidentes surgidos en la apelación, ninguno de los acontecimientos excluyentes se ha producido en este caso; algunos de los temas incluidos en el motivo podían haber sido precisados, en caso de duda, mediante la petición de la aclaración de la sentencia; la mezcla en un mismo motivo de cuestiones tan diversas equivale a la inobservancia de las exigencias de claridad (ATS de 18 de marzo de 1993 ); la argumentación del motivo carece de la más mínima y concreta precisión de en que consiste la vulneración de tan variada panoplia normativa (STS de 20 de febrero de 1992 ); no cabe mezclar en un mismo motivo preceptos sustantivos con procesales (entre otras SSTS de 27 de noviembre de 1991, 22 de octubre de 1992, 29 de junio de 1993, 5 de abril de 1994, 15 de febrero de 1998 y 8 de julio de 2000 ), ni siquiera de forma alternativa.

CUARTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto da las costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Jose Ignacio contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en fecha de veintiocho de octubre de dos mil. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esa sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo ensu día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. ROMÁN GARCÍA VARELA; JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA; IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA. Firmado y rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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GUÍA DEL PROPIETARIO
VALCAP

PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS

A) ANTECEDENTES ..

B) OBJETO LITIGIOSO

- Viene determinado por una PRETENSION DE CONDENA DINERARIA, reclamando las cantidades que el propietario pueda adeudar a la comunidad por incumplir sus obligaciones,, contenidas en el art. 9, e) y f) LPH, en el tiempo y forma determinados por la Junta:

* contribuir conforme a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades no individualizables,

* y a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad para atender las obras de conservación y reparación de la finca.

Así, se trata de reclamación de deuda por impago de cantidades debidas por gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

C) LEGITIMACION

ACTIVA.- La comunidad, representada por su presidente o por el Administrador, si lo acuerda la Junta.

El acuerdo autorizando a iniciar este proceso es requisito para acreditar la capacidad procesal del representante.

PASIVA.- La tiene el PROPIETARIO del piso o local moroso, por su incumplimiento.

En casos de USUFRUCTO y ARRENDAMIENTO, puede ser éste quien deba hacerse cargo de los gastos, LO QUE NO EXONERA AL PROPIETARIO DE SU OBLIGACION DE RESPONDER FRENTE A LA JUNTA. Así, en estos casos tb. estará legitimado pasivamente el propietario, sin perjuicio de que pueda repetir

contra el usufructuario o arrendatario.

- Igualmente, para asegurar el pago de los gastos grales, la LPH ha extendido la legitimación pasiva al adquirente de la vivienda o local, hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en que tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior.

El inmueble queda afecto a dicha obligación, respondiendo con él de la deuda.

En estos casos, la petición inicial puede dirigirse contra todos los obligados o contra cualquiera de ellos, creándose un litisconsorcio pasivo voluntario.

D) LA COMPETENCIA TERRITORIAL

- Tras la LEC 2000, rigen las normas del monitorio, que son excepción a las generales en materia de competencia.

Así, conforme al 813.I, el solicitante puede optar entre el fuero del domicilio del deudor o el que se halle la finca.

No cabe sumisión expresa o tácita.

E) PRESUPUESTOS DE UTILIZACION DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

- El uso del monitorio está condicionado:

a) a que la deuda no exceda de 5 millones.

b) acuerdo de la Junta aprobando la liquidación del propietario con la Junta, cuya certificación debe llevar el visto bueno del presidente

c) Acuerdo de la Junta facultando al presidente o administrador para exigir judicialmente el pago a través del monitorio

d) ese acuerdo debe haberse notificado al propietario deudor en alguna de las formas del 9.1.h LPH.

F) POSTULACION

- Tras la LEC 2000, no es obligatorio asistirse de Procurador y Letrado para presentar la petición inicial, pero sí para el escrito de oposición, si su intervención es necesaria por la cuantía, conforme a las reglas generales.

- No obstante, añade el 21 LPH que si en la petición inicial el actor decide valerse de Abogado y Procurador, el deudor deberá pagar, con los límites del art. 394.3 LEC, sus honorarios, tanto si atiende el requerimiento como si no comparece.

Si hay oposición se seguirán las normas generales en materia de costas, incluyéndose los gastos de procurador y letrado, aunque no hubiesen sido preceptivos, de haberlos usado el actor que hubiere vencido completamente.

G) PROCEDIMIENTO

- Sigue el procedimiento. MONITORIO, con estas especialidades:

1.- Se inicia por petición inicial del presidente o administrador, autorizado por acuerdo de la Junta de propietarios, cuya certificación habrá que acompañarse, además de la del acuerdo aprobando la liquidación, con el visto bueno del presidente, y la de la notificación al deudor conforme al 9.1.h

2.- Si el deudor se opone, el acreedor puede solicitar embargo preventivo de bienes para hacer frente a la cantidad reclamada, intereses, y costas, y el juez lo acordará sin necesidad de caución por el actor.

El deudor podrá enervarlo presentando aval bancario por la cuantía del embargo decretado (21.5 LPH).

- La SENTENCIA podrá ser recurrida conforme a la LEC, pero como requisito procesal especial se exige al recurrente la acreditación de tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria, pues de lo contrario se inadmitirá de plano el recurso.

La consignación así hecha no impide, en su caso, la ejecución provisional de la Sentencia dictada

 

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DEFINICIONES DE INTERÉS
VALCAP

Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil

Según dispone el artículo 3º del Código Civil, "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas

En consecuencia:
No existiendo una definición de “albañilería” en el ordenamiento tributario, procede considerar, a los efectos de la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual, albañilería “es el arte de construir edificios u obras en que se empleen, según los casos, ladrillo, piedra, cal, arena, yeso u otros materiales semejantes

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RECORDATORIO

¿Sabias que la omisión. de los gastos de comunidad, de su referencia en la venta de una vivienda no impide su inscripción?

En la escritura de compraventa de una vivienda en régimen de propiedad horizontal, se omite incluir la declaración del transmitente de hallarse al corriente en el pago de los gastos de comunidad o expresar lo que se adeuda con la correspondiente certificación o la exoneración expresa de tal acreditación por el adquirente . El Registrador estima que justificar tal extremo o su exoneración es necesario para la inscripción.

DIRECCIÓN GENERAL : La DG ratificando lo que ya había afirmado en la Rs de 11 diciembre de 2003 , hace constar que el incumplimiento de tal obligación, no afecta a la validez del negocio, si la venta reúne los requisitos legalmente exigibles (art 1261 y ss y 1300 del c.c.), por lo que no existe obstáculo para que la venta acceda al Registro , y todo ello, independientemente de las acciones que competan al adquirente frente a quienes hayan incumplido dicha obligación legal, ya que la finca, habrá de soportar, pese a la inscripción, la afección real por razón de tales gastos.

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CONSEJOS
EL ABECEDARIO PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA MEJOR CONVIVENCIA DE TU EDIFICIO

A.- No tires en los sumideros y retretes, aceite, pinturas, lejías, pañales, compresas, condones, colillas, etc.

B.- En el riego del jardín y plantas utiliza "el goteo" mejor que la manguera o la regadera.

C.- En lavadora y lavavajillas utiliza programas de lavado en frío y detergente biodegradable.

CH.- Al cocinar procura que tu tartera, sartén o cacerola sea de diámetro mayor que tu fuente de calor.

D.-. Procura ventilar la casa con la calefacción apagada, y esta mantenla a una temperatura medioambiental.

E.- Mejora y cuida el aislamiento de tu vivienda.

F.- Procura apagar la luz cuando no la necesites.

G.- Utiliza bombillas de bajo consumo. Ahorran energía.

H.- Encender o apagar la TV, la cadena de música, el vídeo, etc., con el mando a distancia equivale a 6 horas de encendido. Procura evitarlo. Además ganaras en salud, pues harás ejercicio levantándote y sentándote.

I.- Utiliza el papel por las dos caras y si es posible dale un tercer uso forrando alacenas, armarios, etc.

J.- Sustituye los productos envasados en spray por similares con pulverizados sin gas. Correrán menos riesgos los más pequeños de la casa.

K.- Evita el ruido excesivo producido por bocinas, TV, y música a volumen inadecuado. Tu vecino te lo agradecerá.

L.- Cuando llegues a tu casa ponte zapatillas. En el piso inferior al tuyo puede residir un bebe, un anciano o un enfermo.

LL.- Reutiliza las bolsas y embalajes. No te traigas las que no necesites del supermercado.

M.- Usa las papeleras. Las colillas no las tires en el ascensor ni en los descansillos el conserje te lo agradecerá.

N.- Tu perro no es responsable, tú si, por higiene no abandones los excrementos en el jardín, el ascensor, los descansillos, las escaleras, etc..

Ñ.- No pinte o rayes las paredes, los ascensores, los aseos comunitarios, etc.. la comunidad es de todos. El coste de mantenimiento será menor.

O.- No aparques tu coche, moto, remolque, etc. fuera de tu plaza, impidiendo el paso o la maniobrabilidad de otros coches. Si hay un incendio tus vecinos podrán utilizar mejor las salidas de evacuación. .

P.- Cuando bajes a la piscina cumple las normas de higiene y salud. Contribuirás a que haya menos enfermedades de piel.

Q.- Cuida el mobiliario de tu edificio porque es de todos.

R.- En trayectos cortos sustituye el coche por el paseo. Tendrás menos polución en el entorno de tu vivienda.

S.- Tira las pilas a los contenedores especiales. Recuerda que una pila de botón equivale a la contaminación del agua consumida por una familia durante toda su vida.

T.- Separa los residuos de tu hogar (basura orgánica por un lado y latas, plásticos y bricks, por otro).

U.- Los productos NO ORGÁNICOS, que sobran o molestan en tu hogar, como muebles y enseres inservibles, cartones de gran tamaño, baterías de vehículos, cristales que no pueden ser introducidos en los contenedores urbanos, neumáticos, metales, aceites, pinturas, medicamentos, fluorescentes, envases contaminados, etc. deposítalos en el Punto Limpio más cercano a tu vivienda.

V.- Evita comprar productos sobreempaquetados o con envases de poliespan y PVC. El papel tarde en descomponerse 1 mes, el filtro de los cigarrillos hasta 2 años, el papel de aluminio 100 años y algunos plásticos pueden tardar siglos en descomponerse. Detrás de ti vendrán tus hijos y tus nietos déjales un mundo limpio.

W.- La ropa, zapatos, libros y juguetes en buen estado los pueden disfrutar otros menos afortunados que tu. Si piensas tirarlos entrégaselos a organizaciones humanitarias.

X.- Cuando realices una obra o mudanza en tu casa, procura proteger los ascensores y limpiar lo que manches. Las Señoras de la limpieza van unas horas solo a limpiar el edificio, no están permanentemente como la funeraria..

Y.- Si vas a celebrar una fiesta en tu casa, comunícaselo a tus vecinos y pide que disculpe si armáis un poco de bullicio. Todos hacemos alguna fiesta en la vida y molestamos. Las normas de convivencia y educación son importantes.

Z.- La vecindad no esta reñida con la educación, cuando entres en el ascensor no mires para la pared, saluda con un buenos días o un buenas tardes a quien te acompañe en ese corto trayecto.

ANECDOTARIO

Le contaba el Presidente de una comunidad recién elegido a un compañero de trabajo sus inicios en el cargo

Hace tres días (literalmente, ni un minutos más ni menos ) me nombraron PRESIDENTE (con mayúsculas), no cualquier cargo sino Presidente de mi comunidad, ya tengo la categoría de Gobernante de las tierras altas y bajas con sus respectivos castillos, sin sueldo, pero al servicio de los "friquis" de mi comunidad, full time.

A  primera hora del lunes recibí una llamada de la oficina del Administrador (la comunidad paga a un administrador para que atienda las llamadas) encomendándome con mi primer "asunto de estado" : unos vecinos se habían quejado de que un animal había manchado el portal pues había defecado (”cagado”, para los que no tan finos)  y también delante de su puerta (como podrás entender, un asunto de gran calado, y envergadura para tratar en mi primer consejo de Ministros), . Por lo visto se habían intentado poner en contacto conmigo el sábado, pero, como buen gobernante que tiene exceso de trabajo me fui de cacería, como corresponde a un Presidente que se aprecie, y , no me encontraron. ¡Gracias a la CIA)!

Total, que tras el traspaso de poderes de los antiguos presidentes, hice una visita a los vecinos que habían sufrido tal aberración para que me relataran los hechos. Por un momento me imaginé a  "Sherlock Holmes" investigando el propietario de aquel excremento,¡que no a su dueño!,   oyendo los pertinentes comentarios e insistentes de su compañero y amigo Watson que le aconseja  y apostilla. He optado por la solución práctica y he dado una orden al " Ministro de Administraciones Publicas", ¡que para eso cobra, además de atender el teléfono!, de que cuelgue  un cartel en la portería con el texto:

SE RUEGA A LOS DUEÑOS DE ANIMALES QUE NO LOS SUELTEN POR LA ESCALERA PORQUE SE HAN ENCONTRADO EXCREMENTOS. GRACIAS. Además,  me comunica el Ministrable, con voz engomada, que también tengo que visitar al antiguo Presidente (ahora vicepresidente, pues no le llega "la pensión" que le ha quedado por el cargo de Presidente y tiene que seguir currando un año más, pues para él no existe  la Ley de Incompatibilidades) para efectuar el traspaso de poderes: las llaves del terrado y de los contadores y, lo que más me ha chocado, las bombillas y fluorescentes de repuesto para la escalera.  Aclarándome que cada vez que un vecino necesite una bombilla o fluorescente se lo tengo que facilitar, apuntando  en que lugar del edificio se va a efectuar el cambio, para ver  en que planta del edificio se gastan más bombillas.¡Los habitantes de los Castillos no tienen "guita", la crisis económica se hace notar y hay mucho "choraró" suelto, familias enteras en quiebra que no tienen ni para una "zetalla "  ¡Ojo, hay que controlar "el Presupuesto del Estado y ver como los Ministros gastan ese dinero que se les asigna, hay que dar ejemplo a la plebe"!, pensé.  Me pareció la situación tan cómica que no sabia si reír o llorar, opte por lo primero y estuve a punto de morirme de risa.  Supongo que no es necesario que te diga que yo me esperaba otra cosa de este cargo y de mis vecinos`¡Menudo añito me espera! Moraleja: "Procura que no te toque ser Presidente de tu edificio, aspira a una presidencia de más altos vuelos".

 

 

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REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

 

" RAZONA CON TU VECINO Y LO HARÁS TU AMIGO "

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