LLAVE EN MANO
Las últimas novedades y noticias
del mundo inmobiliario

Nº 41
Agosto/2007

 
NOTICIAS

HACIENDA PERSIGUE
A LOS "BIN LADEN"

La circulación de billetes de 500 euros no para de aumentar, los llamados "Bin Laden" (billetes fantasma) van apareciendo en el mercado español. Hacienda pide información a los bancos, para seguir el rastro a los "Bin Landen", a donde van, donde están  y de donde vienen, poco a poco  va dejando de ser un misterio.

BRUSELAS ADVIERTE QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE DESACELERA POR LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, aseguró, en un desayuno informativo organizado por Forum Europa de Nueva Economía, que en España “se habla desde hace tiempo de que la economía española está sufriendo una desaceleración, pero eso quiere decir que todavía hay una cierta aceleración”. En este sentido, reconoció que “lo lógico” es que en el futuro sí se desacelere “algo”, porque “el sector de la vivienda está ya en un proceso de desaceleración gradual. Sin embargo, advirtió de que “sí da la impresión” de que las viviendas tardan algo más en venderse, sobre todo las segundas residencias, y que los precios de las viviendas “ya no aumentan como aumentaban”. Asimismo, aunque prevé que “las condiciones de crédito se van a endurecer algo más”, lo que implica que han subido los niveles de esfuerzo para comprar vivienda, “no llegan ni por mucho a niveles que han tenido en otras épocas”.
A su juicio, la demanda de vivienda bajará pero se mantendrá en niveles muy altos por la reducción del tamaño medio de las familias, el mayor empleo de los jóvenes o el mayor número de divorcios. “Yo no apuesto por una desaceleración fuerte, será una desaceleración gradual que va a limitar algo el crecimiento salvo que el sector exterior compensase esa pérdida del sector vivienda”, agregó.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de septiembre de 2006. Las sociedades con forma jurídica mercantil, cuando su objeto sea la realización de una actividad profesional, no están obligadas a adscribirse a una Cámara de Comercio ni a satisfacer la cuota cameral.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 225/2006 reitera lo anterior, señalando que no hay que estar a la forma jurídica sino a la actividad efectivamente realizada y, si ésta es profesional, salvo que se halle expresamente incluida no existirá adscripción obligatoria a la Cámara.

   En todas las ocasiones que se intentó recaudar la cuota cameral al fusionado y extinto Cuerpo de Corredores de Comercio los Tribunales denegaron esa posibilidad. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 13 de julio de 2001 citó la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1988, en la que el alto Tribunal manifestó su repugnancia a la consideración de los Corredores de Comercio como comerciantes, y añadió que a partir de la integración de los Corredores de Comercio en un Cuerpo Único de Notarios se eliminaba cualquier discusión y holgaba considerarlos como sujetos pasivos de la liquidación correspondiente.

 

CONSULTA

¿Vulnera el derecho de persona minusválida el que la Comunidad le deniegue la posibilidad de aparcar en zona común que en acuerdo anterior se determina como zona peatonal, y ese acuerdo es tomado por unanimidad de los presentes, y no hubo una posterior impugnación?
¿Vulneraría el articulo 47 de la CE ?

Vamos a referirnos a la sentencia  del Tribunal Supremo de fecha 28 de febrero de 2007  (nº resolución 256/2007) cuyo ponente fue el Magistrado D. José Antonio Seijas Quintana en un tema sobre acuerdos comunitarios sobre regu-lación de los elementos comunes.

El artículo 47 de la CE se dice infringido en el segundo , junto con la Ley 15/1995, de 30 de mayo, que se cita en el tercero , porque entiende que el acuerdo impugnado vulnera su derecho a una vivienda desde el momento en que se le ponen "barreras infranqueables que la hacen inservible" por no poder acceder a la misma. Se desestiman. Es cierto que el artículo 47 de la CE consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que el artículo 49 establece que "los poderes públicos realizarán una política de ... .. integración de los disminuidos físicos , a los que ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos" , y en este sentido se han orientado las diversas modificaciones que ha ido recibiendo la Ley 48/1960 de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal como consecuencia de la atención que ineludiblemente había de prestarse a lo dispuesto en la Ley 13/1982 de 7 de abril de Inte-gración Social de los minusválidos, que se ocupa de la movilidad y barreras arquitectónicas. Ahora bien, la comunidad demandada no ha negado, ni limitado el derecho de propiedad que al recurrente le corresponde sobre su vivienda, sino que simplemente ha tenido en cuenta que, en el autónomo ejercicio de sus propios derechos, se ha sometido libre y voluntariamente a las normas comunes y estatutarias aceptadas, por las que se rige, por lo que lógica y necesariamente habrá de acatar las expresadas normas, lo cual no quiere decir que el marco legislativo creado sobre acuerdos de la Junta para supresión de las barreras que dificulten el acceso a la movilidad de personas con minusvalía permita esta adaptación a una situación física ampliando el ámbito de protección de los minusválidos ya dispensado por la Ley 3/1990 de 21 de julio , con el fin de llegar a hacer efectivo su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, de conformidad con los artículos 47 y 49 de la C.E . Con este fin se dicta la Ley 15/1.995 , sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, en la que se viene a establecer un procedimiento específico que, como señala la recurrida, tiene por objeto, según su Exposición de Motivos, "que el interesado y, como en este caso, la mancomunidad de propietarios lleguen a un acuerdo sobre la forma de ejecución de las obras de adaptación necesarias, a cuya realización en todo caso dicha Ley obliga cuando haya personas que lo necesiten y así lo solicite", lo que permitiría que "el demandante y su compañera gozaran del mismo sistema
de movilidad o apertura de los pivotes en cuestión al que tienen acceso los servicios de seguridad
(bomberos, ambulancias, etc", más ello no es del caso pues no ha sido este el procedimiento escogido.
Tampoco infringe la sentencia el artículo 394 del CC, ni el 16.1 de la LPH , a que se refieren los motivos cuarto y quinto . Lo que hace la sentencia es delimitar o regular el uso o servicio de laszonas comunes del edificio evitando la circulación y aparcamiento de vehículos, para limitarlo a viales peatonales y de exclusiva ocupación de seguridad, y este acuerdo no modifica ni es contrario al Título constitutivo. Se trata, simplemente, de resolver una petición concreta y puntual de un vecino para el uso de estas zonas comunes, que se le niega porque así venía resuelto en una Junta anterior en la que se prohibía aparcar con carácter general y esta acuerdo es perfectamente válido y eficaz con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal y no puede vincularse a la tendencia y dirección normativa a mejorar y facilitar la vida a los minusválidos ni constituye un ejerció abusivo del derecho, como también se dice en el motivo, suscitando una cuestión nueva no tratada en las instancias, donde nada se argumentó sobre un supuesto abuso de derecho por parte de la demandante, lo que impide hacerlo en este recurso (SSTS de 14 de octubre de 1991; 7 de julio de 1.995 y otras).

 

 

 

 

 

RECORDATORIO


SABIAS  QUE LA RETENCIÓN A LOS NO RESIDENTES EN CASO DE TRANSMISIÓN DE INMUEBLES ES DEL TRES POR CIENTO DESDE EL 1º DE ENERO DE 2007?

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES:

Se introducen una serie de modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes por razones de coherencia y de coordinación con la regulación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades. Se pretende también adecuar la normativa al derecho comunitario.

En concreto, varían los tipos de gravamen, tanto el general como los correspondientes a los establecimientos permanentes y los rendimientos del ahorro.

Desde un punto de vista práctico destaquemos la reforma de su artículo 25.2: Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes que actúen sin establecimiento permanente, el adquirente estará obligado a retener e ingresar el 3 por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la contraprestación acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquéllos. No procederá el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de aportación de bienes inmuebles, en la constitución o aumento de capitales de sociedades residentes en territorio español. Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracción en que se hubiera incurrido, si la retención o el ingreso a cuenta no se hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retención o ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente.

IRPF – SOCIEDADES – NO RESIDENTES – PATRIMONIO. LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


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ANECDOTARIO

*LO QUE SON LAS COSAS

Mi hermana , Alicia, tenía un problema con su vecina de abajo, esta decía que estudiaba todas las noches en el salón y que mi hermana no la dejaba dormir porque se ponía a coser a máquina hasta las tantas de la madrugada.

Un día la vecina subió a casa su piso, a decirle que entendía que ahora a las mujeres trabajadoras no les quedaba más remedio que hacer las tareas de la casa por la noche, pero que la cosa ya pasaba de castaño a oscuro. Alicia,  cada vez que subía la vecina le contestaba que ella no tenía por costumbre coser a máquina de madrugada, que ya le era más que suficiente con levantarse a las siete de la mañana para ir a trabajar, que  tenía máquina de coser pero ninguna necesidad de trasnochar arreglando ropa.

La administradora, se entero del fregado, pues la propietaria de la vivienda, la llamo para que tomase cartas en el asunto, cosa que declino, por ser consecuencia de  normas de convivencia y de educación entre vecinos.

Un día sonó el timbre de la puerta a las cinco de la mañana; mi hermana y su marido, Pedro, comprobaron asustados que era la vecina enloquecida reclamando que no podía más del ruido de la máquina de coser. Para no tener más problemas con la vecina, la invitaron a pasar al salón para que comprobara que no había máquina de coser alguna, que no existía, nada más que en su imaginación. Al entrar en el salón lo único que se encontraron fue la jaula del hámster de mi sobrina en el suelo y al bicho corriendo como un loco en la rueda que tiene para hacer sus ejercicios nocturnos. Despertando a mi sobrina, descubrieron que todas las noches sacaba la jaula de su habitación y la ponía en el salón ya que con el ruido de sus carreras no la dejaba dormir, pasándole, sin saberlo, el "marrón" a la vecina de abajo, y, luego por la mañana lo volvía a poner en su sitio.

Todo acabó pidiéndose mil disculpas la vecina y mi hermana, aunque ésta echándole miradas fulminantes a mi sobrina por el compromiso y el bochorno que le había hecho pasar y la vecina, que, por cierto, se llamaba Dulce, tomándose una valeriana

FQP.

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DEFINICIONES DE INTERÉS

Derecho de superficie.

Los articulos .35 y 36  de la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo tratan de superar la deficiente situación normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Concepto.

El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo.

-Constitución.

Para que quede válidamente constituido se requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder de noventa y nueve años . El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público o privado. Puede constituirse a título oneroso o gratuito

Fuentes.

Se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho.

Transmisión.

Es transmisible y gravable con las limitaciones fijadas al constituirlo. El propietario del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con separación del derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. El subsuelo corresponderá al propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen juntamente con éste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie.

Propiedad horizontal .

Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad horizontal con separación del terreno correspondiente al propietario, y podrá transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.

Extinción.

Se extingue si no se edifica en el plazo fijado por la ordenación territorial y urbanística o el   previsto en el título de constitución y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho . Al término acordado, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin indemnización, aunque cabe pactar normas de liquidación y se extinguen toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si antes de finalizar dicho plazo se confundiesen las personas de propietario y superficiario, las cargas no se confundirán ni extinguirán hasta el término del plazo

 

 

 

 

REFRÁN O FRASE CÉLEBRE

"Tener casa
no hace rico a nadie
pero no tenerla
es sentirse
muy pobre"


ACTUALIDAD

Hacienda descubre un 34% más de fraude inmobiliario

Hacienda detectó en 2006 un 34% más de fraude en el sector inmobiliario tras aumentar en un 86% el número de contribuyentes comprobados. La recaudación obtenida por actuaciones de control antifraude en todos los impuestos llegó a 5.310 millones, un 15% más que el año anterior.



LEGISLACIÓN

REASEGUROS. LEY 13/2007, de 2 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.
PDF (7 págs. - 163 KB.)

TRATADOS INTERNACIONALES . Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internaciona-les.
PDF (71 págs. - 1140 KB.)

COMPETENCIA . LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
PDF (25 págs. - 747)

APELLIDOS EXTRANJEROS.
Instrucción de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español.
PDF (4 págs. - 109)

PARTIDOS POLÍTICOS. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
PDF (7 págs. - 228 KB.)

CONTABILIDAD Y LEGISLACIÓN MERCANTIL. LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
PDF (32 págs. - 905 KB.)

IAE. Resolución de 27 de junio de 2007, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2007, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
PDF (1 págs. - 21 KB.)

RECAUDACIÓN .
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
PDF (38 págs. - 1034 KB.)

TRABAJADORES AUTÓNOMOS . LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
PDF (15 págs. - 325 KB.)

SEGUROS . LEY 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
PDF (8 págs. - 162 KB.)

CONSUMIDORES . LEY 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
PDF (7 págs. - 163 KB.)

DISCAPACIDAD Y EMPLEO. Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
PDF (5 págs. - 144 KB.)

AHORRO ENERGÉTICO. Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas de ahorro de energía en los edificios de la Administración General del Estado.
PDF (2 págs. - 62 KB.)

INCENTIVOS REGIONALES .
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
PDF (14 págs. - 330 KB.)

AGENCIA TRIBUTARIA .
Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación electrónica de las solicitudes de compensación, aplazamiento o fraccionamien-to de deudas tributarias correspondientes a declaraciones tributarias cuya presentación electrónica sea obligatoria, así como de los documentos que, de acuerdo con la normativa vigente, han de acompañar a tales solicitudes y se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía electrónica en nombre de terceros.
PDF (3 págs. - 87 KB.)

SEGURIDAD SOCIAL . Resolución de 10 de julio de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social , por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.
PDF (1 págs. - 23 KB.)

NO RESIDENTES.
Orden EHA/2243/2007, de 24 de julio, por la que se amplía el plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspon-dientes a establecimientos perma-nentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español para aquellos sujetos pasivos cuyo período impositivo finalice entre el 29 de diciembre de 2006 y el 4 de enero de 2007.
PDF (1 págs. - 28 KB.)


Resoluciones
de la DGRN

DESVINCULACIÓN DE GARAJE NO PREVISTA ESTATUTARIAMENTE. R. 26 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 25 de junio de 2007. Interesada – Registro de Cangas.
Hechos: Se trata de una escritura de permuta, subsanada por otra en la que se realizan las siguientes operaciones:
            1º.- Como situación inicial, la vivienda 9394 tiene vinculada “ob rem” una veintinueveava parte indivisa de la finca 9.942, concretada en la utilización de la plaza de garaje-trastero número dieciocho.
            2ª.- Su propietaria desvincula ambas titularidades.
         3ª.- Permuta la referida participación indivisa con una SL, que entrega a cambio otra una veintinue-veava parte indivisa de la finca 9.942, concretada en la plaza de garaje-trastero número dieciséis.
            4ª.- La propietaria de la vivienda 9394 vincula «ob rem» a la misma la nueva participación adquirida.
            El Registrador entiende que es necesario el consentimiento de la Junta de Propietarios adoptado por unanimidad, por afectar al título constitutivo. Tiene en cuenta una cláusula estatutaria inscrita muy común que permite agrupar, segregar, etc., pero donde no se incluye la desvinculación.
            La sociedad recurre alegando precisamente dicha cláusula, pues considera que ampara el negocio formalizado.
            La DGRN desestima el recurso basándose en la ausencia de previsión estatutaria y en que no puede asimilarse la desvinculación a la segregación o división: estás últimas afectan a la configuración física de los elementos independientes; por el contrario, la desvinculación de los anejos supone un cambio de régimen jurídico, y tiene una mayor trascendencia pues posibilita la disposición de los anteriores anejos a favor de personas que no sean titulares de ningún elemento independiente en el edificio, lo cual tiene gran importancia en las comunidades de propietarios.
Nota: podría quizás defenderse la solución contraria sustentándola en una valoración conjunta y finalista de la operación, ya que, si comparamos la situación de origen y la final, se observa que no han entrado propietarios ajenos, ni por la operación va a aumentar el número de ellos. A ello habría que añadir que se cambia 1/29 por otra 1/29 indivisa y que, realmente lo único que se intercambia es la atribución de uso. Puede observarse que el Centro Directivo no ha exigido acuerdo de Junta a cambios de uso más severos –como entre local y vivienda- siempre que no estuviese exigido por los estatutos. Y aquí no hay propiamente cambio de uso objetivo sino de personas que van a utilizar determinado espacio que, además ya formaban parte antes de la comunidad.
            También podría pensarse en una solución intermedia: que se solicitara sólo el consentimiento de los propietarios de la finca garaje (la 9942), aplicando el artículo 398 del Código Civil .
PDF (2 págs. - 94 KB.)

http://www.notariosy
registradores.com/

ALUSIÓN A RECEPCIÓN DE AGUAS, ACUEDUCTO Y CALCERAS: ES INSCRIBIBLE POR SER MERAMENTE DESCRIPTIVO . R. 8 de junio de 2007, DGRN. BOE de 4 de julio de 2007. Particular – Registro Torrelavega n.° 2. Vinculante .
            El Registrador en una inmatriculación de fincas, suspende la alusión a que reciben las aguas de un río, extensión del acueducto y cauce y “calceras ”, porque, o bien pertenecen al dominio público hidráulico, en cuyo caso es preciso aportar el documento administrativo de concesión, o bien, de tratarse de alguno de los supuestos previstos en la Disp. Trans. 1ª o en el art. 52 del RDL 17/2001, ha de aportarse certificación del Organismo de Cuenca acreditativo de la inclusión en el Registro de Aguas; y determinarse además las características del aprovechamiento.
            La Dirección , sin embargo, revoca la calificación y entiende que deben inscribirse, ya que lo que se denominan “calceras” son unos elementos construidos con objeto de optimizar el aprovechamiento de las aguas, pero no prejuzgan tal aprovechamiento , sino que son obras cuya constancia son un elemento descriptivo más de las fincas . (MN)
PDF (2 págs. - 95 KB

CABE  ANOTAR LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA REANUDAR EL TRACTO. R. 12 de junio de 2007, DGRN. BOE de 7 de julio de 2007. Interesado - Registro de Zaragoza n° 1.   Vinculante .
Hechos: Se solicita la práctica de una anotación preventiva por la incoación de un expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido en el historial de una finca.
            El Registrador la deniega por estimar que la misma no está prevista en la legislación hipotecaria, siendo la enumeración del artículo 42.10 de la Ley Hipotecaria «numerus clausus» por lo que no cabe aplicar la analogía.
            El interesado alega que teme por la posibilidad de actos dispositivos del titular registral que pudieran crear terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
            La DGRN , considera formalmente correcta la opinión del Registrador, pero admite el recurso fundándose en lo siguiente:
            - Cabe para los expedientes de inmatriculación: art. 274 RH , siendo su último párrafo interpretable como de aplicación a otros expedientes.
            - Doctrinalmente se acepta para expedientes sobre exceso de cabida
            - La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil ha relativizado el criterio del «numerus clausus» al permitir al juez la adopción de amplias medidas cautelares ( art.727.6 )
            En definitiva, considera que es posible si protege un interés legítimo , no hay obstáculos registrales y es útil para asegurar las resultas del procedimiento. En este caso lo estima útil porque protege al promotor de que aparezca otro titular registral
Nota: De todos modos, ¿qué pasaría si después de la anotación se presentara un acto dispositivo directo del titular registral y anterior al título alegado por el recurrente? En tales casos, en el juego de la anotación estaría el retrotraer los efectos del auto al momento en que se practicó el asiento de presentación de la anotación, lo que, frente a los casos ordinarios de anotación de demanda, tendría un matiz especial, el de entrar en contradicción con la propia finalidad del procedimiento: decidir sobre la existencia o no de una serie de transmisiones sin título adecuado para inscribir. Se dejaría como de peor derecho –registralmente hablando- a aquel que trae causa directamente del titular registral en favor de aquel otro que pretende obtener su legitimación registral por procedimientos subsidiarios. Ahora bien, he de reconocer que existen otros riesgos para los que esta protección resulta más justificada: por ejemplo el caso del acreedor del titular registral que pretenda practicar una anotación de embargo, pues, en este supuesto, si que resulta de interés la noticia de que posiblemente ya no sea esta persona la dueña de la finca. (JFME)
PDF (2 págs. - 89 KB.)

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CANARIAS

CANARIAS . Ley 8/2007, de 13 de abril, del Estatuto de la Capitalidad compartida de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Esta ley tiene como objeto el reconocimiento formal de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife como capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias y completar las determinaciones normativas a las que alude el artículo 3.1 del Estatuto de Autonomía el cual se remite a una Ley del Parlamento de Canarias.
PDF (3 págs. - 94 KB.)

CASTILLA – LA MANCHA.

CASTILLA – LA MANCHA. Ley 8/2007, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza.
Esta ley viene a actualizar los contenidos de la Ley 9/1999, de 26 de mayo , de Conservación de la Naturaleza , que desarrolla en la Comunidad Autónoma la Ley 4/1989, de 27 de marzo , de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
PDF (6 págs. - 187 KB.)  

CASTILLA – LA MANCHA. Ley 9/2007, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
El artículo 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo , de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, con un fin preventivo, establece la obligación para los propietarios y promotores de obras que vayan a ejecutarse en zonas, solares o edificaciones donde existen o se presuma la existencia de restos arqueológicos, de aportar un estudio arqueológico que determinará las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Ahora se modifica el citado artículo 21 incorporando en su apartado primero el supuesto de obras en zonas, solares o edificaciones colindantes e introduciendo dos nuevos apartados donde se habilita a la Administración Regional a la ejecución subsidiaria.
PDF (1 págs. - 34 KB.)

 CATALUÑA

CATALUÑA . Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
PDF (5 págs. - 161 KB.)
Artículo 1. Objeto de la Ley.
El objeto de la presente ley es regular el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) como servicio público de acceso universal y gratuito y dotar de carácter oficial, plena autenticidad y validez jurídica la edición del DOGC en soporte digital.

EXTREMADURA

EXTREMADURA . Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura.
Artículo 4. Contenido del Patrimonio Documental de Extremadura.
1. Integran el Patrimonio Documental de Extremadura:…
   b) Los documentos de cualquier época, con las excepciones que establezca la legislación del Estado que les afecte, recogidos o no en archivos, generados, conservados o reunidos por:    Los órganos periféricos de la Administración General del Estado situados en Extremadura.
   Los órganos de la Administración de Justicia radicados en Extremadura.
   Las Notarías y los Registros Públicos de las provincias de Cáceres y Badajoz.
PDF (11 págs. - 358 KB.)

EXTREMADURA . Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
PDF (27 págs. - 145 KB.)  

GALICIA.

  GALICIA. LEY 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
El capítulo V trata de la reorganización preventiva del terreno forestal . Según el art. 29, “al objeto de garantizar la defensa contra los incendios forestales y de facilitar la ordenación de los montes y su planeamiento preventivo, se promoverá la reorganización de la propiedad forestal y de los terrenos ubicados en las zonas de influencia forestal por medio de un sistema de compensación regulado en la presente ley y las agrupaciones de propietarios o propietarias forestales a través de incentivos públicos”. Según el art. 30.7, el acuerdo de aprobación final de regularización de las teselas será elevado a público e inscrito en el registro de la propiedad. El término tesela significa parcela forestal.
PDF (18 págs. - 603 KB.)

GALICIA . LEY 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia.
PDF (6 págs. - 193 KB.)

GALICIA . LEY 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia.
PDF (14 págs. - 469 KB.)

MADRID.

MADRID. Ley 3/2006, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2007.
PDF (23 págs. - 714 KB.)

MADRID. Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Madrid
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se regulan las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones «mortis causa», la tarifa y los coeficientes correctores de la cuota, y las bonificaciones en cuota. En esta Ley se recogen las disposiciones que ya han estado vigentes durante el año 2006 con una novedad destacable: se amplía la bonificación en la cuota para las adquisiciones «mortis causa» , que ya resultaba de aplicación a los descendientes del causante menores de veintiún años, a todos los descendientes, así como a los ascendientes y al cónyuge del mismo . Art. 3.
            En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se regulan los tipos impositivos aplicables a las transmisiones de inmuebles en la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» y a los documentos notariales en la modalidad «Actos Jurídicos Documentados». En esta Ley se conservan las disposiciones vigentes durante el año 2006.  Art. 4.
            La modifica la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
            - Se regula la competencia para realizar el cambio de adscripción de los bienes muebles en el ámbito de la Comunidad de Madrid que ejercerán las Consejerías, Organismos o Entes públicos interesados en la adscripción.
            - Se eleva de cincuenta a setenta y cinco años, incluidas las prórrogas, el plazo máximo para las concesiones administrativas de utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público con instalaciones u obras de carácter permanente, unificando el plazo máximo de duración de todas las concesiones demaniales.
            - Se modifica el artículo 49 flexibilizando los requisitos que han de reunir los bienes inmuebles para su enajenación, de forma que se permita su venta en el caso de que estos sean litigiosos , si bien, con importantes cautelas que aseguren, en todo caso, el conocimiento por el adquirente de las condiciones del bien, así como de las consecuencias y riesgos derivados del litigio que pudieran afectarle.
            - Respecto a la enajenación de bienes inmuebles y muebles , se amplían sus formas de adjudicación incluyendo junto a la subasta pública, el concurso . En este mismo sentido, se amplían las formas de adjudicación de acciones, participaciones y valores, incluyendo también, junto a la subasta, el concurso.  
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MURCIA.

MURCIA.   LEY 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia.
Personalidad jurídica. Según el artículo 9, la sociedad cooperativa se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. Con la inscripción adquirirá personalidad jurídica.
El art. 11 se dedica a la constitución de la sociedad cooperativa . Los promotores de la sociedad cooperativa pueden constituirla directamente mediante otorgamiento de escritura pública con la asistencia de todos ellos ante notario, no siendo necesaria la celebración de una asamblea constituyente.
Según el art. 64.4, ante el notario autorizante de la escritura de constitución, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias de cada socio o asociado, en su caso, mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega a éste para que lo constituya a nombre de la sociedad, en el plazo de cinco días hábiles.
El Registro de Sociedades Cooperativas se regula por los artículos 18 y ss.
Según el art. 45.5, el Consejo Rector podrá requerir la presencia de notario para que levante acta de la Asamblea General y estará obligado a hacerlo si así lo disponen los Estatutos sociales, siempre que con siete días de antelación al previsto para la celebración de la Asamblea General , lo soliciten el número de socios estatutariamente determinado, que no podrá ser inferior al diez por ciento del total. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. Dicha eficacia producirá sus efectos a partir de la fecha de cierre del acta notarial. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Asamblea General.
Cuentas anuales: Cuando la sociedad estuviera obligada a efectuar el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, únicamente deberá depositar en el Registro de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia acreditación de la documentación presentada en el Registro Mercantil.
Transformación: Según el art. 95, si la sociedad que se transforma estuviera inscrita en el Registro Mercantil, para la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia de la escritura de transformación, deberá constar en la misma nota de aquel, la inexistencia de obstáculos para la transformación, y de haberse extendido diligencia de cierre provisional de su hoja, acompañándose certificación en la que conste la trascripción literal de los asientos que deban quedar vigentes.
Llama la atención, por conculcar el artículo 149.1.8 y 18  de la Constitución el siguiente precepto:
Artículo 137. Fomento del cooperativismo.
12. Los aranceles notariales , en los casos en que la escritura pública o cualquier otro instrumento público notarial venga impuesto por la legislación sobre sociedades cooperativas, tendrán una reducción igual que la que se le conceda a la Administración regional. La misma bonificación se aplicará a los aranceles registrales , siempre que se trate de inscripciones obligatorias de actos y contratos previstos en la normativa aplicable o dirigidos al mejor cumplimiento del objeto social.
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MURCIA. LEY 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007.
En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , la Ley 8/2003, de 21 de noviembre estableció una deducción autonómica para las adquisiciones «mortis causa» por descendientes y adoptados menores de veintiún años. La Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas administrativas, tributarias, de tasas y función pública, estableció una deducción autonómica para las adquisiciones «mortis causa» por sujetos pasivos incluidos en el grupo II, esto es, descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. En la presente ley se incrementa el porcentaje de deducción hasta el 99 por ciento , igualando la desfiscalización de las operaciones realizadas por sujetos pasivos del grupo I con los del grupo II. Se incrementa también la limitación en la cuantía de la base imponible para poder aplicar esta deducción hasta los 450.000 euros , con carácter general, y hasta los 600.000 euros si el sujeto pasivo fuese discapacitado.
En los supuestos de adquisiciones «mortis causa» cuando se incluya el valor de una empresa individual o negocio profesional radicado en la Región de Murcia, se incrementan para ambos tipos de empresas el importe neto de la cifra de negocios, pasando de los 5 millones de euros en caso de empresas individuales a los 6 millones de euros , y de 2 millones de euros en caso de negocios profesionales, a 2,5 millones de euros para los hechos imponibles producidos a partir de la entrada en vigor de la norma.
 Se establece una reducción autonómica del 99 por 100 para las transmisiones gratuitas «inter vivos», aplicable a las empresas individuales o negocios profesio-nales , radicados en la Región de Murcia.
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NAVARRA .

  NAVARRA . Ley FORAL 9/2007, de 4 de abril, de Cuentas Generales de Navarra de 2005.
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NAVARRA . Ley FORAL 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Disposición transitoria primera. Plazos para la implantación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
Sin perjuicio de su implantación paulatina y parcial, en el plazo de cuatro años desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra estarán implantados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en su versión electrónica los elementos básicos de los siguientes procedimientos administrati-vos:…
f) De inscripciones en registros públicos.
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NAVARRA . Ley FORAL 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos.
Artículo 35. Archivos de la Fe Pública. Los archivos resultantes del ejercicio de la fe pública, notarial y registral , se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.
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NAVARRA. Ley FORAL 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
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NAVARRA. Ley FORAL 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.
Sustituye a la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, presentando como objetivos básicos: configurar el derecho administrativo general en esta materia, modernizar la gestión patrimonial, establecer mecanismos que faciliten las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas y establecer una regulación del patrimonio público empresarial.
En el Título I se concreta el concepto de Patrimonio y su régimen jurídico, se clasifican los bienes y derechos, se atribuyen competencias y se establecen los principios de la gestión patrimonial.
En el Título II , la Ley Foral contempla los diversos modos de adquirir y los bienes y derechos objeto de adquisición.
El Título III regula la enajenación y cesión . Se incorpora el concurso como forma de enajenación de bienes y derechos, especialmente cuando el bien o derecho objeto de enajenación se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines de interés general y se detallan los supuestos en los que se permite la enajenación directa . Se regula con mayor detalle la permuta , con especial mención a la permuta por inmuebles futuros o en construcción y la cesión, tanto de la propiedad como del uso de bienes y derechos.
El Título IV regula los diferentes mecanismos para la protección y defensa del patrimonio dedicando una especial atención al Inventario General de los Bienes y Derechos de la Comunidad Foral , instrumento clave para la gestión patrimonial y a la inscripción registral.
El Título V contiene la regulación de la afectación , la mutación demanial y la adscripción, consagrando la afectación a un uso general o al servicio público como criterio determinante del dominio público.
El Título VI fija las pautas del régimen de utilización general y particular de los bienes y derechos de dominio público cuando sea compatible con su afectación y no contradiga los intereses generales.
El Título VII regula el dominio privado estableciendo como regla general en la utilización de los bienes y derechos patrimoniales el criterio de máxima rentabilidad.
Finalmente, el Titulo VIII incorpora como novedad la regulación del patrimonio empresarial público integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas y las restantes participaciones societarias. Asimismo se regula el procedimiento de adquisición y enajenación de títulos representativos del capital de empresas.
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HACIENDA
CONSULTAS EMITIDAS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TRIBUTOS
ÓRGANO : SG de Impuestos sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 28/02/2006
NORMATIVA: Ley 35/2006, Arts. 8-3, 33-1, 34, 35, 88, 90, DT 9
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La Co-munidad de Propietarios consultante acordó, por unanimidad, segregar la vivienda portería para su posterior venta. La venta se va a efectuar a lo largo del año 2007 .

CUESTIÓN-PLANTEADA:
1ª. Tributación de las canti-dades a percibir por cada propietario por la venta.
2ª. Obligaciones tributarias de la comunidad de propietarios .

CONTESTACIÓN-COMPLETA :
1ª. En cuanto las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal constituyen comunidades de bienes, para analizar el tratamiento tributario de la renta obtenida por una comunidad de propietarios por la venta de un elemento común se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que establece que “no tendrán la condición de contribuyente las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Las rentas correspon-dientes a las mismas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2ª del Título X de esta Ley.”
Dentro de esta sección 2ª, que regula el régimen de atribución de rentas, el artículo 88 dispone que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes.
El artículo 33.1 de la Ley del Impuesto define las ganancias y pérdidas patrimoniales como “las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos.”
De acuerdo con esta configuración, la venta del inmueble dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial cuyo importe se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34: por diferencia entre los valores de adquisición y transmisión, que para las transmisiones onerosas vienen definidos en el artículo 35.
Al tratarse de la venta de un elemento común, la portería del edificio, cada propietario deberá calcular los valores de adquisición y de transmisión que proporcionalmente les correspondan, en función de los coeficientes de participación en la comunidad de propietarios, anteriores y posteriores a la segregación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los valores de transmisión y de adquisición para cada propietario serán los siguientes:
a) El valor de transmisión será el resultante de aplicar su coeficiente de participación en la comunidad, anterior a la segregación, sobre el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado, una vez deducidos los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por los transmitentes. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.
b) El valor de adquisición será el resultado de aplicar el porcentaje que resulte de la diferencia entre los coeficientes de participación en la comunidad anterior y posterior a la segregación sobre la cantidad resultante de sumar el importe real satisfecho por la adquisición de la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por los ellos. A esta cantidad se le añadirá el coste de las inversiones y mejoras que, en su caso, hubieran sido efectuadas en la portería con posterioridad a la adquisición de la vivienda. El valor de adquisición resultante se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes de actualización establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año de la transmisión.
La disposición transitoria novena de la Ley del Impuesto establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
Dicho régimen transitorio prevé una reducción sobre la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006, aplicando sobre el importe de las misma el coeficiente del 11,11 por 100 por cada año de permanencia del inmueble en el patrimonio del consultante que exceda de dos, contado desde su adquisición o realización de las inversiones y mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.
A estos efectos, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 vendrá determinada por la parte de la ganancia patrimonial que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.
Por tanto, aquellos propietarios que hubieran adquirido su vivienda antes del 31 de diciembre de 1994 podrán aplicar una reducción del 11,11 por 100 por cada año que exceda de dos transcurrido entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso, sobre la parte proporcional de la ganancia patrimonial generada antes del 20 de enero de 2006, calculada en la forma expuesta. Estará no sujeta la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 que a 31 de diciembre de 1996 tuviese un periodo de generación superior a 10 años.
La ganancia patrimonial sujeta al impuesto se integrará en la base imponible del ahorro de cada propietario, en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto, y tributará al 18 por 100.
2ª. Las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas están recogidas en el artículo 90 de la Ley 35/2006, en los términos siguientes:
“1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar una declaración informativa, con el contenido que reglamentariamente se establezca, relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español.
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o por sus miembros contribuyentes por este Impuesto o sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las entidades constituidas en el extranjero.
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, la renta total de la entidad y la renta atribuible a cada uno de ellos en los términos que reglamentaria-mente se establezcan.
4. El Ministro de Economía y Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a que se refiere este artículo.
5. No estarán obligadas a presentar la declaración informa-tiva a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las entidades en régimen de atribución de rentas que no ejerzan actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.”
La Orden HAC/171/2004, de 30 de enero (BOE de 4 de febrero) aprobó la declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, que se efectuará mediante la presentación del modelo 184.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

SENTENCIAS

Id Cendoj:
28079110012007100547
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2446/2000
Nº de Resolución: 556/2007
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:
PROPIEDAD HORIZONTAL. CON-TRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTACIÓN EN LA AZOTEA DEL INMUEBLE DE UNAS ANTENAS DE TELEFONÍA MOVIL .
ES SUFICIENTE EL ACUERDO DE LA MAYORÍA PARA SU APROBACIÓN

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Mayo de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva , como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía 127/98, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Huelva , cuyo recurso fue interpuesto por la Procuradora Doña Pilar López Revilla, en nombre y representación de Don Mauricio y Doña Estefanía , y como parte recurrida la Procuradora Doña Pilar Huerta Camarero , en nombre y representación de La Comunidad de Propietarios del Bloque NUM000 de la URBANIZACIÓN000 ,sita en El Portil , Punta Umbria (Huelva).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1 .- El Procurador Don Alfredo Acero Otamendi, en nombre y representación de Don Mauricio , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra Comunidad de Propietarios del Edificio NUM000 URBANIZACIÓN000 ", sito en El Portil , Punta Umbria (Huelva) y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declare la ilegalidad del acuerdo adoptado por la referida Junta de Propietarios con fecha 21 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dejando sin efecto el acuerdo por el que se otorga la autorización al Presidente de dicha Comunidad para suscribir contrato con la empresa Airtel Movil S.A. con condena en costas a la demandada. El mismo Procurador, Don Alfredo Acero Otamendi , en nombre y representación de Doña Estefanía , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra la citada Comunidad de Propietarios y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declare la ilegalidad del acuerdo adoptado por la referida Junta de Propietarios con fecha 21 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dejando sin efecto el acuerdo por el que se otorga la autorización al Presidente de dicha Comunidad para suscribir contrato con la empresa Airtel Movil S.A. con condena en costas a la demandada.
3.-Por auto de fecha 15 de julio de 1998 se acordó la acumulación de los presentes autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Huelva bajo el número 146/98 a instancia de Estefanía contra la Comunidad de Propietario Edificio NUM000 URBANIZACIÓN000 ".
2.- La Procuradora Doña Inmaculada Prieto Bravo , en nombre y representación de Don Gaspar , en calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios del Segundo NUM000 del conjunto Residencial " URBANIZACIÓN000 " de El Portil , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia desestimatoria de la demanda , con expresa imposición de costas a la parte actora.
3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.
Unidas estas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de (Huelva), dictó sentencia con fecha uno de febrero 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Don Mauricio y Doña Estefanía contra la Comunidad dePropietarios del Edificio NUM000 URBANIZACIÓN000 , sito en el Portil, Punta Umbria, debo declarar y declaro que es contrario a la Ley y nulo de pleno derecho el acuerdo de la Comunidad de Propietarios demandada de fecha de 21 de Marzo de 1998, en virtud del cual se autoriza al Presidente para suscribir contrato con Airtel Móvil S.A., condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración, dejando sin efecto el acuerdo antedicho, y con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte La Comunidad de Propietarios URBANIZACIÓN000 Bloque NUM000 El Portil Punta Umbria (Huelva) la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 2000 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Estimar el recurso de apelación interpuesto por C.P. URBANIZACIÓN000 , Bloque NUM000 El Portil, representado en esta alzada por la Procuradora Sra.Prieto Bravo contra la sentencia dictada, en los autos a que se contrae el rollo de Sala y sus primer grado por el Ilmo.Sr.Magistrado Juez de Primera Instancia núm 4 de Huelva en fecha 1-II-1999 y revocar la indicada resolución en el sentido de desestimar la demanda con imposición de las costas de la primera de la primera instancia a la parte actora.

TERCERO.- 1.- La Procuradora Doña Pilar López Revilla, en nombre y representación de D. Mauricio y Doña Estefanía interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS : PRIMERO.- Por Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la infracción de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate:A) En cuanto al primero de los motivos, entiende esta representación que ha sido infringido los artículos 396 del Código Civil , los artículos 7.2. 11 y 16.1º de la Ley de 21 de Julio de 1960 sobre Propiedad Horizontal , aplicable al momento en que se adoptó el acuerdo comunitario impugnado, por el que se exige la unanimidad de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos. B) Vulneración de los artículos 9. 3º de la Constitución y art.2.3. del Código Civil , así como transgresión de los artículos 1214, en relación con el 1225 y 1218 del mismo cuerpo legal. C) Infracción de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora Doña Pilar Huerta Camarero , en nombre y representación de La Comunidad de Propietarios del Bloque NUM000 de la URBANIZACIÓN000 " El Portil"· presentó escrito de impugnación al mismo.
3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día tres de mayo del 2007, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA

 


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -El primer motivo de casación se formula por vulneración de los artículos 7.2, 11 y 16.1ª de la Ley de propiedad Horizontal en su redacción anterior a la Ley 8/1999, de 6 de abril , en el entendimiento de que, para la adopción del acuerdo aprobado por la Junta de propietarios de la Comunidad demandada, era necesario el voto favorable de la unanimidad y no de la mayoría de los asistentes, que tomó en cuenta la sentencia, por tratase de la autorización para la firma de un contrato de arrendamiento para la instalación por el arrendatario de una base repetidora de telefonía móvil, que conlleva la alteración de elementos comunes.
El motivo se desestima. La cubierta- azotea de un edificio sujeto al régimen jurídico de propiedad horizontal es un elemento común, por así disponerlo el artículo. 396.1 del CC , y como tal de uso común por los propietarios del inmueble. Ahora bien, ello no impide que se pueda disponer acerca de su uso a favor de uno o varios titulares de departamentos, o de terceros ajenos a la comunidad, haciéndolo, como en este caso, a través de un contrato de arrendamiento cuya celebración no precisa la unanimidad de los propietarios , conforme al art. 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal , sino que basta el régimen de mayorías de su número 2 puesto que se trata de un acto de mera administración, y no de disposición, por un tiempo concreto, que no altera la naturaleza de la cubierta como elemento común y no existe constancia alguna (nada dice la sentencia) de que la obra puede incidir en la estructura del edificio o afectar a la configuración o estado exterior del edificio o de la cubierta, sino que incluso se trata de una instalación desmontable en un espacio carente de uso específico por los comuneros. Solución que responde a la adopción de un criterio flexible, en armonía con las líneas directrices de la Ley de 21 de julio de 1960 (atención a la realidad social de los hechos; función económico-social del régimen de propiedad horizontal; logro de una convivencia normal y pacífica presidida por la idea de la justicia; y contemplación de las relaciones de vecindad, trascendencia de la materia y necesidades de la colectividad como factores valorativos para la decisión de problemas); criterio flexible que es, en definitiva, también contemplado en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal por Ley 8/1999, de 6 de abril , como declaró la Sentencia de 5 de mayo de 2000 , en un supuesto de instalación de un cartel luminoso en la terraza del edificio.

SEGUNDO .-La sentencia no aplica en su fundamentación los preceptos de la nueva regulación prevista por la Ley 8/1999 con efectos retroactivos, como se dice en el segundo motivo, lo que hace es contrastar una solución anterior con la nueva de la misma Audiencia y así se dice en su Fundamento Jurídico Primero."Ya se adelantó esta Sala a la reforma operada por Ley 8/1999 de seis de abril , de reforma de la Ley 49/1960 de 21 de julio , sobre propiedad horizontal, al señalar en sentencia de 17-XII-1.997, de A.P. de Huelva que, "no sería precisa la unanimidad, (por tratarse de un acuerdo de la comunidad), que no afectaba a la estructura del edificio pues se trata de instalaciones desmontables; pero sí precisaría mayoría...)", añadiendo que de aplicarse la nueva norma el acuerdo se hubiera aprobado puesto que gozaba del voto favorable de las 3/5 partes. Por lo demás, la discrepancia de la recurrente con una mayoría no probada o con una ausencia de los propietarios a la junta por no haber sido convocados, trae a colación una cuestión nueva que no ha sido sometida a la consideración de la Sala de instancia, lo que implica una inadmisible alteración del objeto de la controversia, en contra de los principios de preclusión y de audiencia (SSTS 1 de octubre 2004; 22 de marzo 2005 , entre otras).

TERCERO.- Tampoco la sentencia vulnera la jurisprudencia que se cita en el motivo tercero puesto que el acuerdo impugnado no supone desafectación de un elemento común, como es la cubierta del edificio, en la forma que señaló la sentencia de 29 de julio de 1.995 , antes al contrario, la azotea sigue teniendo la consideración de elemento común sin perjuicio del uso que durante un determinado tiempo se concede, previa prestación económica, a un tercero con la finalidad de instalar un elemento desmontable y en si mismo no permanente y ello reviste los caracteres propios de un acto de administración y, consecuentemente, exige únicamente, con arreglo al régimen general de acuerdos previsto en la LPH , la mayoría por parte de los comuneros y de las cuotas de participación (artículo 16 I .2ª LPH). Es cierto que la jurisprudencia viene exigiendo la unanimidad para la cesión, incluso en arrendamiento , de superficies comunes (SSTS 26 febrero 1996; 6 marzo y 8 octubre 1999 ), y también lo es que se mantiene un criterio bastante estricto de lo que ha de entenderse por "alteración" (sujeta al régimen de la unanimidad por modificación del título constitutivo) al comprender cualquier modificación en la disposición de las cosas comunes que implique un cambio de utilización y disfrute de las mismas o de sus elementos (STS 2 de abril de 1993 ), sin embargo en el supuesto que se enjuicia no se limita el uso o utilización de ninguno de los copropietarios (como en el caso de la STS de 3 de diciembre de 1993 ) ni se les priva de ventaja alguna, directa o indirecta (STS de 5 de mayo de 2000 ), dado los términos en que ha sido planteado el debate en el que nada se adujo sobre el posible efecto perjudicial que dicha instalación pudiera conllevar a los bienes o a las personas al haberse planteado la nulidad del acuerdo exclusivamente por la alteración de los elementos comunes y la necesidad de unanimidad para su aprobación.

CUARTO.- No estimándose proce-dente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC de 1881 , se imponen a la parte recurrente las costas causadas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dª Pilar López Revilla, en la representación que acredita de D Mauricio y Doña Estefanía , contra la sentencia dictada con fecha 23 de Marzo de 2000 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva , imponiendo a dicha parte las costas causadas por el recurso de casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Román García Varela .-José Antonio Seijas Quintana .- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.-

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DESPIDO IMPROCEDENTE.

CUESTIONES de inconstituciona-lidad números 4814-2002 y otras, en relación con el artículo segundo, apartado tres, del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Dice Así:
            Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , que quedan redactados en los términos siguientes:

            1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o la extinción del contrato con abono de una indemnización. El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

            2. En el caso de readmisión el trabajador tendrá derecho a los salarios dejados de percibir en los términos previstos en el artículo 57 de esta Ley.

            En el caso de indemnización ésta consistirá en una cantidad de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.

            La sentencia que declare la improcedencia del despido determinará las cantidades que resulten tanto por los salarios dejados de percibir como por la indemnización.

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