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SENTENCIAS DEL TSJ DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

LA LEY REGULADORA DE ESTA JURISDICCIÓN 29/1998 , COMO SE ALEGÓ ACERTADAMENTE POR DICHO AYUNTAMIENTO EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, AL NO HABERSE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD RECURRENTE EL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PARA LA IMPUGNACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA RECURRIDO, que era necesario en virtud de lo dispuesto en el art. 45.2.d) de dicha Ley , en relación con lo establecido en los arts. 13.3 y 14 e) de la LeydePropiedadHorizontal , en la redacción dada por la Ley 8/1999 , -lo que también resultaba de lo dispuesto en los arts. 12.1 y 13.5 de esa Ley en su anterior redacción-, pues aunque al presidente de la Comunidad ostenta su representación, en juicio y fuera de él, es a la Junta de propietarios a la que corresponde conocer "y decidir" los asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común. De esta manera, como ya ha señalado esta Sala, entre otras, en la sentencia de 2 de diciembre de 2.004 , en el supuesto de ejercicio de acciones judiciales por una Comunidad de propietarios, el hecho de que el ejercicio de dichas acciones deba ser efectuado por el presidente de la misma no debe llevar a la engañosa conclusión de ser éste quien decide interponer la demanda, pues en este caso no tiene otra atribución que la de ejecutar el previo e imprescindible acuerdo de la junta de propietarios, como ha señalado el Tribunal Supremo (Sala Primera) en la sentencia de 11 de diciembre de 2.000 . En este sentido también se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia de 21 de octubre de 1998, con cita de otras, también referido a un supuesto de Comunidad de propietarios, en la que, con revocación de la sentencia impugnada, se declara la inadmisibilidad del recurso al no haberse traído al pleito el acuerdo de la junta "decidiendo entablar el proceso y, al no haberlo hecho así, se ha incurrido en la inadmisibilidad denunciada...tal como dispone el artículo 82 b) en relación con el 57-2-d) de la Ley Jurisdiccional , en cuanto falta la debida representación de la Comunidad." Esto también se mantiene en la posterior STS de 3 de marzo de 2.003 .
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 131/2003
Nº de Resolución: 842/2005
Procedimiento: CONTENCIOSO – APELACION

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ENTENDIENDO LA RECURRENTE QUE NO LO ES EN TANTO EN CUANTO POR UN LADO AL HABERSE CONSTITUIDO LA COMUNIDAD EN UNA DE LAS REGULADAS POR LA Y FORMANDO PARTE DE ELLA LA CORPORACIÓN Local por haber adquirido la parcela que pretende segregar de la misma por expropiación, no cabe acción de división de cosa común por encontrarse expresamente prohibida por la , no siendo aplicable lo dispuesto en cuanto a la acción de división de cosa común en el C. Civil; en segundo lugar porque dicha parte confunde lo que es la extinción del régimen de propiedad horizontal o en su caso la segregación de una de sus parcelas establecido para la urbanización con el ejercicio de la división de casa común, pues mientras que ésta se encuentra expresamente prohibida, aquella debe ser autorizada por la junta de propietarios y por unanimidad……. En primer lugar y por lo que respecta a los motivos primero y segundo que por su contenido han de ser tratados conjuntamente pues ambos son relativos a si procede o no la acción de división de la cosa común porque una vez adoptado el acuerdo de su ejercicio no corroesponde a esta jurisdicción determinar si dicha acción es ejercitable no sólo en el actual supuesto de propiedad horizontal sino en cualquier otro, siendo así que es a la jurisdicción civil a quien compete en exclusiva determinar si cabe o no dividir o segregar el inmueble comunitario, sin que por otro lado la simple posibilidad afecte a la validez o no del acuerdo adoptado, pues al respecto y por lo que se refiere a la jurisdicción administrativa su conocimiento ha de reducirse a la validez del acuerdo en cuanto a si fue adoptado con las formalidades y por órgano competente
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Málaga
Sección: 1
Nº de Recurso: 516/2000
Nº de Resolución: 412/2005
Procedimiento: CONTENCIOSO

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ANTE LA CAUSA DE INADMISIBILIDAD INVOCADA POR LAS PARTES DEMANDADAS, ES DE SIGNIFICAR QUE LA DIRECCION000 NO HA DADO CUMPLIMIENTO DEBIDO A LO NORMADO EN EL ART. 45.2 D) DE LA LEY JURISDICCIONAL , pues si bien el poder "apud acta" ha sido otorgado por quien es el Presidente de dicha Comunidad, según certifica el Secretario de ésta en documento de fecha 19 de noviembre de 2003, aparece, sin embargo, omitido por dicha Comunidad, que reviste la naturaleza jurídica de una comunidad especial o "sui generis", el documento expresivo del órgano que ostentaba la competencia para decidir el ejercicio de las acciones judiciales, órgano representado por la Junta de Propietarios, en cuanto que si a ésta corresponde, acorde con el art. 14 e) de la vigente LeydePropiedadHorizontal , "conocer y decidir en los asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común", obvio es que entre estas medidas, como una de las conducentes a los fines comunes, está "la actuación en juicio entablando las correspondientes acciones en defensa de sus derechos e intereses", por lo que ante la falta de dicho acuerdo de la Junta de Propietarios para decidir y entablar la presente acción impugnatoria, exigencia que si el art. 21.1 de la LeydePropiedadHorizontal la impone para proceder judicialmente contra el copropietario moroso, con mayor razón es obligada tratándose de acciones judiciales emprendidas por la Comunidad frente a terceros, deviene la inobservancia por la recurrente de lo dispuesto en el art. 45.2 d) de la Ley Jurisdiccional y, por ende, la inadmisibilidad del recurso, al concurrir la causa del art. 69 b) de la Ley Jurisdiccional , defecto procesal que ni siquiera ha sido corregido por aquélla por via de subsanación a lo largo de la fase probatoria del litigio, no obstante la denuncia que del mismo se hiciera en los escritos de contestación a la demanda.
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 1
Nº de Recurso: 365/2004
Nº de Resolución: 293/2005
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

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LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS OBRAS LAS HAYA REALIZADO LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ES INTRASCENDENTE PUES EL RESPONSABLE DE LAS MISMAS ES EL PROPIETARIO Y PROMOTOR, CUYO PATRIMONIO ADEMÁS SUFRIRÁ LA PERDIDA DEL INMUEBLE SI LLEGA A ORDENARSE LA DEMOLICIÓN. No debe olvidarse que en el procedimiento de restauración de la legalidad, el requerimiento de legalización cumple las funciones del trámite de audiencia, y es la garantía de defensa del interesado. Cabe preguntarse cual sería la postura del recurrente si se procede a la demolición de las obras sin haber tenido la ocasión de participar en el procedimiento administrativo de restauración de la legalidad, si no se sentiría absolutamente indefenso ante el actuar de la corporación municipal. El recurrente en el escrito de apelación insiste en que la Comunidad de Propietarios pactó con DON Oscar , que éste costeara la ejecución de tales obras en cuanto principal beneficiario de las mismas, al afectar las reparaciones a la parte de la cubierta situada sobre la vivienda propiedad de éste. Si es el beneficiario de las mismas es interesado y el obligado a que se refiere el citado artículo 193 y el obligado a solicitar la legalización, además de responsable de la infracción urbanística como establece el artículo 205 de la citada Ley , además las obras no son una mera elevación de los puntos de apoyo de la cubierta sino de una ampliación del espacio bajo cubierta para hacerlo vividero. No es además comprensible que el recurrente financie unas obras en la cubierta que es un elemento común y cuyo mantenimiento es responsabilidad de la comunidad propietarios por tratarse la cubierta del elemento común conforme dispone el artículo 396 del código civil . El recurrente podía haber obtenido la reparación de la cubierta sin financiar las obras más allá del abono de la parte proporcional de las mismas conforme a su cuota de participación tal y como establece el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal . Si financia las obras aportando una cantidad mayor no es difícil inferir que busca alguna otra ventaja que la mera reparación de la cubierta y esta ventaja no puede ser otra que la de hacer vividero el espacio bajo cubierta ganando así volumen de edificación y superficie de su vivienda privativa. En la medida en que es el beneficiario de dicho aumento del volumen de edificación es el interesado en que él mismo se mantenga y por lo tanto el responsable frente a la administración pública de la obra realizada como se afirman los actos administrativos recorridos sin la autorización administrativa de cobertura que la licencia de obras.
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 445/2003
Nº de Resolución: 834/2005
Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION

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EN ESTE PARTICULAR ASISTE PARCIALMENTE LA RAZÓN A LA PARTE ACTORA EN LA MEDIDA QUE NO SE AJUSTA A DERECHO LIQUIDAR DIRECTAMENTE EL APREMIO Y COMPELER A SU ABONO SIN ESPERAR AL TRANSCURSO DEL PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO. La conducta administrativa del Ayuntamiento en ese punto supone "adelantar" el recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, transgrediendo el mandato del artículo 127 de la Ley General Tributaria de 1963 , entonces vigente, relativa al inicio del periodo ejecutivo determinando el devengo de dicho recargo.
Es, por lo demás, un contrasentido palmario girar al mismo tiempo -abriendo el plazo
de abono en periodo voluntario- el principal y dicho recargo.
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valencia
Sección: 2
Nº de Recurso: 1598/2003
Nº de Resolución: 807/2005
Procedimiento: CONTENCIOSO

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SIENDO LAS RAZONES INVOCADAS POR LA ENTIDAD RECURRENTE PARA FUNDAR LA PRESENTE IMPUGNACIÓN, EN CONTRA DE LO AFIRMADO POR LA CORPORACIÓN DEMANDADA, COEXISTE TANTO LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN, COMO LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, estando ambas legalmente constituidas y actuando cada una de ellas en sus respectivos ámbitos de actuación, posibilidad prevista tanto en la Ley, como reconocida por la Jurisprudencia, lo que resulta negado en el informe jurídico en virtud de cual se estimo el recurso administrativo interpuesto por alguno de los copropietarios contra los acuerdos de 7 de septiembre de 2002, acuerdos que eran relativos a la Comunidad de Propietarios y por tanto carentes de relevancia jurídico administrativa, por lo que no están sujetos al ámbito propio del Derecho Administrativo, por lo que con la estimación del recurso en vía administrativa se ha incurrido en una vulneración del principio de jerarquía normativa y de los artículos 9.3, 24 , 103, 117.3 y 4 de la Constitución , por cuanto el Ayuntamiento carece
de competencia para conocer de recursos frente a los acuerdos privados adoptados por la Comunidad de Propietarios".
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Burgos
Sección: 1
Nº de Recurso: 248/2003
Nº de Resolución: 389/2005
Procedimiento: OTROS ASUNTOS CONTENCIOSO

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EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL CITA COMO INFRINGIDOS EN EL PRIMER MOTIVO DE SU RECURSO EL ARTÍCULO 1.2 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y LOS ARTÍCULOS 16.5 Y 80.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL, y considera, con fundamento en ellos, que la condena proferida en su día contra la comunidad de propietarios del "centro comercial las américas,de torrent", puede ser ejecutada directamente contra los miembros que la integran.no ofrece duda alguna que todas las entidades o comunidades, con o sin personalidad jurídica, que reciban la prestación de servicios laborales por parte de las personas físicas que tengan la condición de trabajadores, merecen la consideración de empresarios ( art. 1.2 et ); y tampoco la ofrece el que dichas comunidades, aun sin poseer personalidad jurídica,pueden ser demandadas en tal concepto, teniendo reconocidas legalmente tanto su capacidad procesal como su legitimación pasiva ( arts. 16.5 y 80.1 lpl ).
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Valencia
Sección: 1
Nº de Recurso: 1538/2005
Nº de Resolución: 2213/2005
Procedimiento: SOCIAL

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SI CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART.68 TRLS76 CABE EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO LA IMPOSICIÓN DE LAS SERVIDUMBRES NECESARIAS, no cabe aceptar el argumento de que el ayuntamiento carece de competencia para llevar a cabo una modificación unilateral del título constitutivo de la comunidad alterando las cuotas de participación que a cada elemento privativo corresponde en los elemento comunes conforme a lo dispuesto por el art.5 de la Ley 49/60, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal , y ello porque pertenece a la esencia de la institución reparcelatoria el reajuste jurídico de la propiedad al Plan, lo que incluso comporta no ya modificaciones en la configuración física de las fincas, o imposición de servidumbres, sino incluso su propia desaparición con subrogación real de las antiguas
fincas por las nuevas.
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Bilbao
Sección: 2
Nº de Recurso: 3115/2003
Nº de Resolución: 527/2005
Procedimiento: CONTENCIOSO

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